Comentarios desactivados en La Amazonía como campo de batalla
En noviembre de 2025 se celebró la primera cumbre de la COP en la selva tropical amazónica. Como era de esperar, la preservación de las selvas tropicales ocupó un lugar destacado en la agenda, con todo tipo de debates sobre planes de financiación multilateral y garantías para los pueblos indígenas. Sin embargo, estas conversaciones de alto nivel dejaron de lado muchas de las políticas locales y de las formaciones políticas que resultan igualmente críticas para el futuro del bioma. Para llenar este vacío, pensé que podría ser útil explorar la economía política del medioambiente en Brasil: un país que alberga aproximadamente un tercio de las selvas tropicales que quedan en el mundo y alrededor del 60 por ciento de la Amazonia. Esta es una historia que posee dos dimensiones. Por un lado, la disminución sustancial de la deforestación que, durante un tiempo, convirtió a Brasil en el principal país contribuyente a la reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la aparición de un movimiento de extrema derecha que niega el cambio climático y que ha puesto en peligro estos frágiles logros.
“Este es un campo de batalla disfrazado de naturaleza salvaje”. El diario The Guardian utilizó esta frase el año pasado para describir el brutal homicidio de Dom Phillips y Bruno Pereira, asesinados por ayudar a proteger a las comunidades indígenas de la Amazonía de actividades ilegales. De hecho, esta gran biosfera se considera a menudo un lugar crítico en la batalla contra el colapso climático, mientras que la lucha contra el crimen organizado—desde el tráfico de drogas hasta el acaparamiento de tierras y la minería ilegal—se considera crucial para evitar que la selva tropical alcance su punto de inflexión. Se considera que las políticas medioambientales deben diseñarse para “imponer la ley” a los «ecocriminales». Mientras que el enfoque adoptado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en la década de 2000 con respecto al Amazonas se denominó “campaña de represión y control”.
Aunque esta represión logró reducir la deforestación en el corto plazo, también provocó una reacción que posteriormente anuló gran parte de esos avances—especialmente durante la presidencia de Jair Bolsonaro—y que hoy pone en riesgo la supervivencia misma de la selva tropical. Hoy en día, los defensores de la estrategia original del PT están intentando restablecerla bajo el tercer mandato de Luís Inácio Lula da Silva. Su narrativa de las últimas dos décadas encaja perfectamente con el marco del “campo de batalla”: obtuvieron avances en la primera década del nuevo siglo, luego perdieron terreno en la década de 2010, antes de lanzar una contraofensiva en la década de 2020, que esperan que conduzca a una victoria decisiva.
Sin embargo, estas metáforas militares no siempre reflejan la realidad sobre el terreno. Es cierto que existe una intensa lucha entre los destructores de bosques—el crimen organizado, las empresas agrícolas depredadoras—y los defensores de los bosques—las comunidades indígenas, quilombolas y ribereñas, junto con sus aliados en el aparato estatal—. No obstante, muchos de los 30 millones de personas que viven en la Amazonía brasileña no pueden clasificarse fácilmente en ninguna de estas dos categorías. Al alienar a una parte significativa de esta población, la represión basada en el mando y el control sembró las semillas de su propia ruina. No solo enfrentó a las élites agrarias, sino que también incitó a una “contra-movilización” entre un amplio sector de pequeños y medianos propietarios de tierras. En este sentido, estas políticas medioambientales pueden ser en parte responsables del auge de una política de extrema derecha respaldada por el capital agroindustrial, que en las últimas décadas ha pasado de ser un mero conjunto de intereses sectoriales a convertirse en un movimiento cada vez más asertivo que compite por la hegemonía en la escena nacional.
Para mostrar cómo se desarrolló este proceso histórico, recapitularé brevemente el auge y la caída de la estrategia medioambiental del PT y cómo comprometió al Gobierno con un enfoque erróneo conocido como “ahorro de tierra”, en el que se asumió que existía una compensación de suma cero entre la conservación y la ocupación humana. Aferrándose a una imagen de la Amazonía como una selva virgen, esta orientación contribuyó al giro político hacia la derecha en el país, al tiempo que descuidó los modelos de conservación más prometedores.
Teatro de conflicto
Tras décadas de preocupación mundial por la selva tropical, dramáticos asesinatos de defensores del bosque y desastrosos planes de “colonización” por parte del gobierno militar brasileño, la Amazonía experimentó un cambio notable durante la década del 2000. El período comprendido entre 2004 y 2012 se conoce, en la literatura especializada, como la “construcción de instituciones climáticas”, “el auge de los reformistas” o como la ya mencionada “represión del mando y control”. La historia suele comenzar con el ascenso de Lula a la presidencia en 2003 y la introducción del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAm) al año siguiente. El primer gobierno del PT, alineado con los movimientos ecologistas e indígenas, se embarcó en un activo proceso de construcción institucional, rompiendo con las tímidas políticas de la década anterior y con el apoyo deliberado del Estado a la deforestación bajo la dictadura militar, entre 1964 y 1985.
La represión basada en el mando y el control no puede entenderse sin tomar en cuenta el DETER, un sistema gubernamental de datos en tiempo real sobre la deforestación, obtenidos a través de imágenes satelitales, que se puso en marcha en 2004. Hasta entonces, los esfuerzos de aplicación de la ley se habían visto comprometidos por el hecho de que los datos solo estaban disponibles con periodicidad anual. Con un nuevo sistema que ofrecía información con mayor frecuencia, los organismos gubernamentales podían imponer con mayor precisión embargos, multas y confiscaciones de maquinaria sobre los implicados en la deforestación ilegal.
Los límites a la deforestación legal en la Amazonía ya se habían endurecido a principios del milenio, cuando el Gobierno aumentó la «reserva legal» mínima en la región —es decir, la parte de una propiedad que no puede ser deforestada—del 50 al 80 %. Aunque esta norma se suavizó con diversas excepciones, la fuerte oposición de los propietarios de tierras sugiere que fue parcialmente eficaz. Además, el Gobierno estableció una serie de unidades de conservación federales y protegió las tierras indígenas, lo que supuso un aumento total de las hectáreas de áreas protegidas de aproximadamente una cuarta parte entre 2004 y 2008. Estas áreas se conocieron como las «barreras verdes» contra la deforestación.
Luchando por adaptarse a este nuevo contexto y sometidos a una intensa presión por parte de los grupos ecologistas, los gigantes del comercio de cereales que se habían convertido en dominantes en la cadena de suministro de la soja—ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus—acordaron una moratoria sobre la soja en 2006. A partir de entonces, se impuso la prohibición de comprar soja procedente de tierras deforestadas. Posteriormente se adoptaron iniciativas similares de autorregulación en la cadena de suministro de la carne de vacuno. Por esa misma época, el Gobierno comenzó a probar herramientas adicionales para cumplir sus objetivos medioambientales. En 2007 empezó a publicar una lista anual de municipios amazónicos con tendencias preocupantes de deforestación, lo que otorgó al Estado federal un mayor poder sobre ellos; y en 2008 se introdujo la prohibición de conceder créditos a los propietarios de tierras que no cumplieran la normativa medioambiental. Los resultados fueron impresionantes. Entre 2004 y 2012, la deforestación en la Amazonia Legal—es decir, la parte brasileña de la selva tropical y partes de la sabana circundante—se redujo de 27,8 a 4,6 mil km2 al año.
Reacción
Sin embargo, al pasar de la década de 2000 a la de 2010, se empezó a observar lentamente un cambio en las tendencias. El número de notificaciones de infracción y confiscaciones de equipos disminuyó de forma continua entre 2008 y 2012. Los embargos también disminuyeron entre 2008 y 2009, antes de recuperarse a partir de 2010. Se podría pensar que estas herramientas se hicieron menos necesarias a medida que se generalizó el cumplimiento de la normativa, pero eso solo sería cierto si las tasas de deforestación se mantuvieran bajas, cuando en realidad comenzaron a aumentar en 2013, deshaciendo más de un tercio de los avances del PT para 2021 (véase la figura siguiente). Esto se debió en parte a que el Congreso cedió a la presión de la industria agroalimentaria y aprobó un nuevo Código Forestal en 2012, que, entre otras medidas regresivas, ofrecía amnistía para una parte significativa de la deforestación ilegal del pasado.
Sin embargo, estos fueron solo los primeros indicios de un cambio más profundo. Tras la destitución del PT de la presidencia en 2016, en un proceso de impeachment impulsado con el apoyo crucial de algunos intereses agrarios, la nueva administración inició un proceso gradual de desmantelamiento de las instituciones medioambientales de la era anterior. Este proceso alcanzó su punto álgido bajo el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro. Se debilitaron los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se redujeron las áreas protegidas y se nombró a defensores de la deforestación para ocupar puestos clave en el Gobierno. En plena pandemia, el ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro argumentó, en una reunión que posteriormente se filtró a la prensa, que la COVID ofrecía una distracción perfecta que les permitiría desmantelar las políticas medioambientales: una oportunidad para passar a boiada.1[N.T.] Esta frase significa, textualmente, “dejar pasar al ganado”, y se ha utilizado en Brasil para referirse a la instrumentación de un momento de crisis por parte del gobierno de Bolsonaro para reinstalar el sistema de devastación de la selva amazónica en favor de intereses económicos y agroindustriales
La reacción no disminuyó tras el regreso de Lula al poder en 2023. El ejemplo más significativo es la aprobación por parte del Congreso de una ley para eliminar las licencias medioambientales obligatorias y la consulta pública para una serie de actividades, entre las que se incluyen la mayoría de las iniciativas agrícolas, ganaderas y mineras. Lo que los críticos han calificado como la “Ley de la Devastación”, es el acto de desmantelamiento institucional más significativo hasta la fecha, que probablemente acelerará una serie de proyectos propensos a aumentar la deforestación, como la perforación petrolera en la desembocadura del río Amazonas y la construcción de ferrocarriles y autopistas para transportar soja a los puertos del norte de Brasil y Perú. Aunque Lula vetó inicialmente las medidas más perjudiciales, el grupo de presión de la agroindustria ha conseguido restablecerlas, revocando 56 de los 63 vetos.
La legislación a nivel subnacional también ha avanzado en una dirección similar. Desde 2024, varios estados brasileños han aprobado leyes que impiden a las empresas que cumplen la moratoria de la soja, acceder a incentivos fiscales. Aunque estos incentivos estatales son muy limitados en comparación con los federales, las leyes dieron a los grandes comerciantes una excusa conveniente para poner fin a la moratoria el mes pasado.
Es difícil encontrar explicaciones detalladas para la fuerza de este “movimiento antiecológico”. Esto puede deberse, en parte, a la orientación predominante de la literatura sobre políticas medioambientales en Brasil que, como señala Gregory Thaler, se centra principalmente en las diferentes herramientas políticas y su interacción, pero no ofrece una “explicación política que vaya más allá de los factores inmediatos y se centre en los actores y los intereses que generan el entorno político”. Como él mismo afirma, “el carácter político-económico de la transición de la Amazonia brasileña no se ha teorizado de forma eficaz”.
El trabajo de Kathryn Hochstetler es una de las pocas excepciones. Según ella, el énfasis del PT en las medidas represivas no logró crear una base política que garantizara la supervivencia de su proyecto medioambiental. Por el contrario, fomentó una oposición violenta: “Las herramientas de mando y control fueron fundamentales para reducir las tasas de deforestación, pero su propio éxito a la hora de limitar el comportamiento económico privado también impulsó estrategias políticas que contribuyeron a socavar esas mismas herramientas y las instituciones que las respaldaban”. Como ejemplo, cita el aumento del tamaño del grupo de presión de la agroindustria, que pasó de 120 escaños en la legislatura de 2007-2010 a 160 después de 2011: del 23 al 31 por ciento del total.
No obstante, aun cuando la marcha de las fuerzas a favor de la deforestación hacia las esferas del poder fue una parte crucial de la historia, el panorama completo solo se revela cuando se examinan los dilemas de la represión de mando y control a nivel local. Los estudios de municipios específicos, como los realizados por Thaler, Viana y Toni, revelan las líneas de fractura creadas por la presión medioambiental de la década de 2000 y hasta qué punto el empoderamiento político de la agroindustria desde la década de 2010 se basó en el descontento generalizado con la represión.
La conservación de la tierra y sus descontentos
La combinación de políticas medioambientales de la década de 2000 incluía una serie de herramientas con diferentes orígenes, diseñadas para satisfacer las demandas de diferentes grupos: apoyo a las prácticas agroecológicas, políticas centradas en la soberanía alimentaria y reparaciones históricas para las poblaciones indígenas, entre otras. Sin embargo, la lógica general de la represión era la de la conservación de la tierra: contener la deforestación protegiendo algunas zonas de cualquier uso humano, al tiempo que se permitía la “intensificación sostenible” de la agricultura intensiva en capital en otras zonas. La idea de la intensificación sostenible lleva bastante tiempo circulando como una solución técnica para hacer compatible la agricultura capitalista a gran escala con las políticas medioambientales. Su encarnación más reciente se denomina “agricultura climáticamente inteligente”.
Las políticas medioambientales de ahorro de tierra resultaron muy útiles para los gobiernos de Lula en la década de 2000, ya que se enfrentaban a la difícil tarea de satisfacer las demandas de redistribución y medioambientales mediante un modelo de acumulación basado en las exportaciones agroindustriales, dependiente de una integración subordinada a la economía china. Las cifras que figuran a continuación muestran la magnitud del cambio en el caso de la soja, el producto agrícola más comercializado a nivel mundial en términos de valor. La expansión de las tierras de cultivo de soja y las explotaciones ganaderas no solo transformaron el panorama geográfico del país, sino que también proporcionaron acceso a divisas extranjeras. La soja, la carne de vacuno y los productos relacionados representaron alrededor de una quinta parte de las exportaciones de Brasil en los últimos años, frente a menos del 10 por ciento hace dos décadas.
De acuerdo con Thaler, los intereses de las empresas agroindustriales, los funcionarios gubernamentales y los ecologistas convergieron en el Brasil de la década de 2000 para dar lugar a un “complejo de ahorro de tierras”. Su proyecto no tenía un lugar claro para la enorme población de pequeños y medianos propietarios de tierras que pueblan las zonas agrícolas centrales de Brasil. Dados los costes que suponía adaptarse a las nuevas políticas y la dificultad percibida para acceder a las ayudas gubernamentales, el enfoque de ahorro de tierra condujo a lo que Thaler describe como “despojo de los pequeños agricultores”, ya que “mientras los pequeños agricultores luchan, los grandes terratenientes consolidan sus propiedades”. Junto con este sesgo político, la llamada intensificación sostenible tuvo considerables repercusiones en la salud de los pequeños agricultores, provocando lo que Fábio Zuker describió como su expulsión por asfixia, a través de la violencia química de la agricultura intensiva con glifosato. (El complejo de ahorro de tierra también tuvo efectos cuestionables sobre la biodiversidad, según la amplia literatura sobre los efectos rebote y otras consecuencias de la intensificación del cultivo de soja).
Al medir las consecuencias de las medidas del PPCDAm en dos municipios amazónicos, Thaler sostiene que “las medidas punitivas sin los incentivos correspondientes perjudican a los pequeños agricultores, que tienen menos recursos para hacer frente a las multas o invertir en la intensificación”. Hochstetler coincide: “en la medida en que las nuevas políticas agrícolas y de deforestación lleguen a los pequeños agricultores, será su lado punitivo”. Las políticas de ahorro de tierra promovieron así los objetivos de los grandes terratenientes y del gran capital agrario al invadir las propiedades de los grupos menos poderosos, en una forma indirecta de acaparamiento verde.
En su detallado estudio etnográfico sobre la política agroindustrial en Brasil, Caio Pompeia mostró cómo estos “grupos de empleadores agrícolas subordinados política y económicamente” formaron la base de lo que él denomina “agrobolsonarismo”: la unión impía de los intereses agrícolas y la política de extrema derecha. Pompeia describe cómo estos grupos radicalizados, descontentos con la represión del mando y control, se apoderaron de las organizaciones políticas rurales, una tras otra, desde las asociaciones estatales de productores de soja hasta el grupo de presión agroindustrial en el Congreso. Inicialmente, las grandes empresas agroindustriales se resistieron a este movimiento, ya que habían aprendido a convivir con las políticas del Gobierno y a sacar provecho de ellas. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a verlo como una oportunidad para eliminar las restricciones medioambientales y ejercer una mayor influencia política. Por lo tanto, comenzaron a colaborar, al principio entre bastidores, con la movilización de extrema derecha desde la base.
En la estructura social brasileña, estos «grupos subordinados de empleadores agrícolas»»» se sitúan por encima de un sector demográfico más amplio cuyos medios de vida se ven más directamente amenazados por el auge de la agroindustria, ávida de tierras: los grupos indígenas, las comunidades ribereñas y quilombolas, y los trabajadores agrícolas, clases populares que alimentan las filas de los defensores de la selva. Sería un error suponer que la represión del PT representó una victoria de sus intereses frente a los de las élites agrícolas. Aquí se desmorona el planteamiento de la «Amazonia como campo de batalla». De hecho, la política de ahorro de tierras fue inicialmente aceptada por las empresas agroindustriales y muchos de los grandes terratenientes, en mayor o menor medida, porque se dieron cuenta de que podían explotarla para acumular más tierras. En lugar de empoderar a los defensores de la selva frente al capital agroindustrial, el programa acabó enfrentando a los primeros con los empleadores agrícolas relativamente subordinados, creando una división política con profundas consecuencias históricas.
Mientras las empresas agroindustriales reforzaban su control sobre el Estado brasileño, aprovechando la creciente dependencia económica de las materias primas, el “agrobolsonarismo” proporcionó una sólida base territorial para una política nacional antiecológica. Cuando el apoyo al PT disminuyó a mediados de la década de 2010, la extrema derecha aprovechó el momento para movilizar al interior del país a los empresarios y los pequeños agricultores. Logró un notable éxito electoral en las zonas dominadas por la soja y la ganadería. Aunque muchos factores complejos contribuyeron a configurar la dinámica electoral, los patrones geográficos del mapa que se muestra a continuación apunta a una conclusión sorprendente: el auge del “agrobolsonarismo” provocó la desaparición, casi total, de los municipios que se inclinaban por el PT en el cinturón agrícola que se extiende desde el sur de Brasil hasta la selva amazónica.
Reacción en los trópicos
Hoy en día, parece estar produciéndose una paradoja persistente en diversos ámbitos de la política climática: abundan los medios tecnológicos para abordar los retos climáticos, pero no existen las condiciones políticas para ponerlos en práctica. Esta tendencia, que algunos han denominado “contraataque verde” se produjo en la Amazonía en la primera década del siglo: la sofisticada identificación por satélite y la detallada legislación lograron frenar la deforestación, pero también desataron fuerzas políticas que han puesto a la selva tropical en una situación aún más precaria.
No hace falta decir que la alternativa no es abandonar el futuro de la selva tropical. El objetivo debe ser construir una nueva alianza que la mantenga en pie. Esta debería incluir a grupos subalternos que van desde los defensores indígenas de los bosques hasta los empleadores agrícolas subordinados, unidos en su oposición a la agricultura corporativa. Concretamente, esto significa comprometerse con alternativas al ahorro de tierra que partan de las múltiples posibilidades de interacción armoniosa del ser humano con la naturaleza. Los biólogos conservacionistas han acuñado el término “compartir la tierra” para describir esta práctica, que implica “el difícil y complicado proceso de armonización agroecológica a través de paisajes de trabajo diversificados”.
Compartir la tierra es mucho más difícil políticamente que conservarla, ya que supone un desafío directo a la agroindustria, pero también es mucho más prometedor. Abre la perspectiva de conciliar las dimensiones ecológicas y sociales de la formulación de políticas para la Amazonía: no partiendo de cero, sino basándose en las prácticas sociales y tradiciones existentes que ya se han aprovechado para resistir la embestida del gran capital agrario. “La agroecología implementada en los proyectos de colonización”, escribe Felipe Milanez, “así como la gestión colectiva de los bosques de nueces de Brasil, las reservas extractivas y la demarcación de las tierras indígenas constituyen espacios de uso común que se enfrentan materialmente a los cercamientos y la expansión de los latifundios”. Esto significaría abandonar la metáfora del “campo de batalla” y re-imaginar un futuro para la Amazonía que deje espacio tanto para la selva tropical como para sus pueblos.
Hace más de tres décadas, John Ruggie ofreció una definición de uno de los términos más controvertidos de la ciencia política. El multilateralismo, escribió, era un conjunto de “formas institucionales que coordinan las relaciones entre tres o más Estados sobre la base de principios de conducta generalizados” y que operan “sin tener en cuenta los intereses particulares de las partes ni las exigencias estratégicas que puedan existir en cualquier caso concreto”. Hoy en día, en medio del rápido resurgimiento del nacionalismo económico y el aumento de la tensión geopolítica, ha quedado claro que el sistema de instituciones multilaterales de la posguerra está siendo objeto de un ataque directo y sostenido, a menudo por parte de sus antiguos patrocinadores.
En el ámbito comercial, la obstrucción del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de Estados Unidos ha hecho que el régimen mundial deje de funcionar, lo que ha contribuido a profundizar el proteccionismo y a multiplicar las restricciones comerciales. En materia de seguridad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que “la parálisis del Consejo de Seguridad y las deliberaciones de los órganos de desarme, así como las persistentes rivalidades geopolíticas, son señales alarmantes de un multilateralismo que ha perdido fuerza”. La credibilidad del derecho internacional se ha hundido, conforme Israel y Rusia han desestimado abiertamente las resoluciones y los mandamientos judiciales de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. El secretario general de la ONU ha afirmado que la institución se enfrenta a un “colapso financiero inminente”, ya que más del 80 por ciento de los Estados no han pagado sus cuotas de membresía a la organización.
La OTAN también se enfrenta a amenazas existenciales desde dentro de sus propias filas, mientras que la remilitarización ha profundizado la fragmentación de los acuerdos de seguridad. En materia de salud mundial, la politización de la distribución de vacunas durante la pandemia del Covid puso de manifiesto la promesa vacía del multilateralismo a la hora de responder a las grandes crisis mundiales. La gobernanza climática está en peligro, con las conferencias medioambientales de la ONU capturadas por los intereses de los combustibles fósiles y la segunda Administración Trump avanzando un prolífico obstruccionismo climático.
En resumen, la cooperación multilateral se ha visto sumida en un caos visible que se extiende en varios ámbitos, ya que los principales Estados persiguen cada vez más acciones unilaterales, obstruyen los mecanismos y eluden o se desvinculan de las instituciones tradicionales. ¿Cómo se explica este giro contra el multilateralismo y qué podría surgir en su lugar? Aquí rastrearemos la causa de la ruptura hasta la crisis del orden neoliberal, marcada por el declive hegemónico de Estados Unidos, el auge del capitalismo de Estado, la erosión de las normas internacionalistas liberales y la “Segunda Guerra Fría”. Esta crisis ha dado lugar a un orden mundial no hegemónico en el que se anima a los actores poderosos a reconfigurar el multilateralismo o abandonarlo por completo. El mundo post-multilateral emergente, según nuestro argumento, se asemeja a la concepción de Colin Crouch de la “posdemocracia”: las instituciones persisten, pero con su lógica y sus funciones internas vaciadas de contenido.
Orden en declive
Cada ciclo de desarrollo capitalista genera nuevos órdenes hegemónicos: nuevas constelaciones de ideas, Estados y estructuras sociales que legitiman su aparato de gobierno y coaccionan a las clases subordinadas en el sistema. El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial fue construido por los Estados Unidos y se mantuvo gracias a una combinación de coacción y consentimiento. Por un lado, se basaba en la represión interna de los comunistas y los movimientos obreros radicales, y en el apoyo a los golpes militares y las intervenciones en el mundo recién descolonizado. Por otro lado, las normas de las instituciones de Bretton Woods se desarrollaron mediante medios multilaterales, negociadas entre los principales Estados y enmarcadas como promotoras del bien colectivo, en lugar de promover los intereses particulares de los Estados Unidos.
El orden multilateral fue, por tanto, un fenómeno históricamente contingente, moldeado también por la estructura bipolar del sistema internacional, ya que Estados Unidos y las principales fuerzas sociales otorgaron concesiones a los Estados subordinados y a las coaliciones interclasistas ante la alternativa soviética. Aunque esas concesiones disminuyeron significativamente después de la Guerra Fría, el orden conservó cierto grado de consentimiento y siguió centrándose en Estados Unidos como arquitecto y árbitro de las normas y reglas internacionales.
Pero los órdenes hegemónicos se desmoronan periódicamente, a medida que las nuevas formas de producción y las nuevas relaciones sociales erosionan sus fundamentos institucionales e ideológicos. La coyuntura actual representa uno de esos períodos de crisis orgánica. En todo el mundo, el modelo de acumulación del neoliberalismo está agotado, sus instituciones están siendo atacadas y sus ortodoxias están siendo derribadas. Sin embargo, a pesar de ello, ningún actor ha articulado una alternativa global, lo que ha dado lugar a una situación apolar y no hegemónica caracterizada por múltiples centros de poder. Ninguno tiene la capacidad de proporcionar el liderazgo hegemónico ni los bienes públicos necesarios para un orden regional estable, y mucho menos global.
En este contexto, la intensificación de las rivalidades geopolíticas, junto con el resurgimiento del capitalismo de Estado, ha alterado la estructura de incentivos para que los Estados apoyen y se comprometan con las instituciones multilaterales. El resultado es la proliferación de orientaciones post-multilaterales, en las que los Estados atacan o eluden cada vez más las instituciones que perciben como una limitación a su acción estratégica.
Esta situación es el resultado de dos crisis hegemónicas sucesivas. La primera, que tuvo lugar en la década de 1970, desafió elrégimen de posguerra de acumulación fordista centrado en la producción y el consumo mecanizados y estandarizados de bienes de consumo. Del declive de este orden surgió un nuevo consenso neoliberal que reactivó el crecimiento y la rentabilidad mediante la deslocalización, la desregulación financiera, la privatización, la mercantilización y un nuevo régimen laboral flexible.
Sin embargo, el propio éxito del neoliberalismo creó las condiciones para su desmoronamiento. Surgieron nuevos polos de acumulación en toda la economía mundial, especialmente en el Sur Global, donde la integración en las cadenas de valor mundiales y las redes transnacionales de finanzas, comercio y propiedad empoderaron a nuevas clases empresariales. La creciente presencia internacional de empresas transnacionales, empresas estatales y fondos soberanos de estas regiones reconfiguró la competencia mundial y generó tensiones geoeconómicas. Aunque estos actores no desafiaron directamente la primacía de Estados Unidos, exigieron una mayor representación en las instituciones de gobernanza mundial. A pesar de algunas adaptaciones, como la creación del G20 tras la crisis financiera mundial de 2008, las instituciones multilaterales se vieron cada vez más bloqueadas, incapaces de dar cabida a la creciente variedad de intereses.
La crisis financiera mundial también puso de manifiesto las contradicciones de la acumulación basada en la deuda y las finanzas especulativas, lo que provocó el estancamiento de la economía productiva. Las respuestas políticas posteriores agravaron la desigualdad, la precariedad y la polarización política, allanando el camino para las fuerzas “antiglobalistas” y los líderes populistas que, aunque seguían comprometidos con los principios neoliberales, rechazaban la propia gobernanza mundial.
La gobernanza mundial, ya paralizada por el estancamiento, se fragmentó aún más en la década de 2010 con la proliferación de instituciones informales y asociaciones de múltiples partes interesadas, tanto como respuestas pragmáticas a los fracasos del multilateralismo como mecanismos para gestionar la disidencia dentro de un marco neoliberal. Con el auge del populismo de derecha, Estados Unidos se mostró cada vez más reacio a asumir los costos del liderazgo mundial, resistiéndose a las reformas del FMI y el Banco Mundial que reconocerían a las potencias emergentes y, en cambio, utilizando estas instituciones para externalizar los costos de su propia recuperación posterior a la crisis al Sur Global.
Gobernanza dirigida por el Estado
La secuencia histórica que siguió ha profundizado esta crisis orgánica a través de dos transformaciones interrelacionadas. En primer lugar, el capitalismo ha entrado en una fase de disminución del dinamismo, caracterizada por el exceso de capacidad industrial en múltiples sectores, la saturación de los mercados mundiales de productos, la lentitud de la productividad laboral y el débil crecimiento de la industria manufacturera. Estas tendencias han acentuado la rivalidad geoeconómica en el comercio, la inversión y el liderazgo tecnológico, ya que las empresas compiten por unas oportunidades de mercado cada vez más escasas en un entorno marcado por dos perturbaciones: la transición ecológica y la proliferación de tecnologías digitales de uso general.
En segundo lugar, los Estados del Norte y del Sur han respondido a este entorno tenso, marcado por crisis como el Covid y la guerra de Rusia contra Ucrania, reinventando sus funciones como actores de la política industrial, inversores-accionistas y propietarios directos de capital y activos, lo que algunos han denominado un nuevo capitalismo de Estado. Bajo este régimen, las entidades corporativas estatales que combinan mandatos comerciales y geopolíticos (como fondos de inversión, bancos de política, empresas estatales y empresas de capital riesgo respaldadas por el Estado) han ampliado enormemente sus activos en una amplia gama de sectores, entre los que se incluyen la tecnología avanzada, la fabricación, el sector inmobiliario, los medios de comunicación, la banca, la energía limpia y las infraestructuras.
Estas entidades estatistas se han convertido en vectores clave de la acumulación de capital global. Los gobiernos también han vuelto al estatismo muscular, desplegando políticas industriales, estrategias de desarrollo espacial, nacionalismo económico y restricciones al comercio y la inversión para remodelar las redes económicas transnacionales que sustentan la globalización. En consecuencia, el tejido conectivo de la economía mundial —sus redes financieras, comerciales, productivas, energéticas y tecnológicas— se ha convertido en el centro de una intensa disputa entre las potencias establecidas, los rivales no occidentales y los Estados de rango medio.
A diferencia de su predecesora del siglo XX, esta Segunda Guerra Fría no se define por la rivalidad entre bloques o la contención territorial, sino por las luchas lideradas por los Estados para controlar las redes estratégicas del capitalismo global. Asegurar los nodos clave dentro de estas redes permite configurar los términos de la interdependencia y conferir ventaja competitiva, cuota de mercado, acceso a los recursos y rendimientos financieros, al tiempo que los Estados erigen barreras para sus rivales. A medida que los gobiernos amplían la propiedad estatal y la intervención para perseguir sus objetivos geopolíticos, este nuevo capitalismo de Estado se convierte en la característica definitoria de la economía mundial contemporánea.
Estos cambios plantean importantes retos para la gobernanza mundial multilateral. Dado que las instituciones económicas mundiales no se diseñaron para un mundo en el que los Estados desempeñaban un papel económico activo, han tenido dificultades para adaptarse a esta nueva realidad capitalista de Estado, al tiempo que intentan preservar la regulación centrada en el mercado. Su capacidad de adaptación se ve aún más limitada por intereses estatales diversos y a menudo contradictorios que ahora se desarrollan dentro y a través de ellas. Al mismo tiempo, las nuevas formas de competencia geoeconómica basadas en redes, hacen cada vez más difícil armonizar los intereses capitalistas transnacionales, incluso en áreas aparentemente técnicas como el establecimiento de normas.
Se han formado nuevas coaliciones de élites, que unen a los principales capitalistas de la tecnología, la energía y la fabricación avanzada con las instituciones de defensa y seguridad nacional. Estas alianzas fusionan imperativos económicos y de seguridad, pero muestran pocos indicios de construir proyectos hegemónicos entre clases mediante el compromiso con los trabajadores. Esto, a su vez, intensifica las contradicciones de clase del neoliberalismo.
A nivel mundial, Estados Unidos ha abandonado en gran medida su rol hegemónico. Ahora, simplemente dominante, se muestra cada vez más reacio a asumir los costos de proporcionar los bienes públicos que antes sustentaban el multilateralismo, y en su lugar utiliza su poderío económico para promover intereses mercantilistas a expensas de sus aliados y rivales, de una manera que acelera la decadencia del orden neoliberal.
Sin embargo, dado que otros Estados están igualmente envueltos en la crisis del neoliberalismo, ninguno es capaz de llenar este vacío de poder. El resultado es una estructura geopolítica cada vez más «apolar» y un orden mundial no hegemónico definido por capitalismos estatales competitivos y conflictivos. Como vestigio del antiguo orden, el sistema multilateral se percibe cada vez más como un obstáculo para los intereses nacionales y capitalistas, lo que lleva a los Estados a sabotear, eludir, desviar o desvincularse de sus normas.
Estrategias para socavar el multilateralismo
Estategia
Definición
Sabotaje
Esfuerzos deliberados para debilitar, obstruir o desmantelar las instituciones, normas o principios multilaterales.
Elusión
Creación o uso de instituciones o marcos alternativos, no multilaterales, para eludir los procesos multilaterales.
Desviación
Cooptación o captura de instituciones multilaterales, redirigiendo sus recursos y agendas hacia intereses estrechos o provincianos.
Desvinculación
Retirada parcial o total de las principales potencias de las instituciones multilaterales, desde la no asistencia hasta la salida completa.
Desarrollo post-multilateral
Las respuestas de los Estados a esta crisis estructural han tenido un profundo impacto en el multilateralismo en diversos ámbitos. Tomemos como ejemplo el desarrollo. Las instituciones internacionales de desarrollo han sido deliberadamente saboteadas mediante recortes profundos en los presupuestos y organismos de ayuda exterior, junto con esfuerzos persistentes por vaciar de contenido las normas multilaterales sobre la prestación de ayuda. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el mayor proveedor de ayuda exterior, o asistencia oficial para el desarrollo; en 2024 contribuyó con 63 mil millones de dólares del total de 213 mil millones de dólares asignados a los receptores de ayuda y a las organizaciones multilaterales.
Sin embargo, el año pasado, la administración Trump, adoptando la visión de la ayuda exterior como “un programa de prestaciones globales masivo y sin límite capturado por la izquierda progresista, a la que enriquece”, emitió órdenes ejecutivas que congelaron los fondos, se retiró de varios organismos multilaterales de desarrollo (incluida la OMS y múltiples foros de la ONU) y suspendió las contribuciones al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, el principal foro multilateral para la cooperación occidental en materia de ayuda.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también se ha visto mermada, ya que el 86 por ciento de sus proyectos finalizarán en 2025. Esto representa una amenaza existencial para el régimen multilateral de desarrollo. Dada la centralidad de los Estados Unidos en el sistema, el desmantelamiento de USAID y los recortes más amplios de la asistencia oficial para el desarrollo han privado de financiación a más del 40 por ciento de la red mundial de ayuda humanitaria, siendo las agencias de la ONU las más afectadas. Más allá de retirar fondos, la Administración está reorientando la ayuda como una “herramienta para desmantelar la gobernanza mundial”, ya que las encuestas de USAID ahora exigen a los beneficiarios que confirmen que sus programas no dependen de organizaciones internacionales —principalmente la ONU— consideradas como una restricción de la soberanía y los intereses de Estados Unidos. El apoyo al compromiso multilateral ha sido sustituido por un régimen de “aplicación transaccional de la soberanía”, en el que la alineación con los intereses de Estados Unidos es una condición previa para acceder a lo que queda de la ayuda estadounidense.
Más allá de Estados Unidos, los principales donantes occidentales también han anunciado importantes recortes en la ayuda para canalizar los recursos hacia el creciente gasto en defensa. En febrero de 2025, el Reino Unido anunció que reduciría el gasto en ayuda al 0,3 por ciento del ingreso nacional bruto en 2027 (el nivel más bajo desde 1999). Desde entonces, se han rumoreado nuevos recortes, entre ellos recortes a la contribución del Reino Unido al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. En julio de 2025, Francia anunció un recorte “histórico” de 700 millones de euros en su presupuesto de ayuda (aproximadamente el 5 por ciento del total), mientras que Alemania, Suecia, los Países Bajos y Bélgica también están tomando decisiones similares. Como señalan Sam Huckstep y sus coautores, “es probable que 2025 pase a la historia como el año en que los donantes prendieron fuego a sus compromisos de desarrollo internacional”. Al igual que en Estados Unidos, estos recortes reflejan la “nacionalización de la ayuda”, que ha aumentado en la última década en medio de una creciente antipatía pública hacia este tipo de programas.
Esta reducción fiscal se cruza con una creciente proporción de la Ayuda Oficial para el Desarrollo que ahora se destina a cuestiones de interés nacionalista, como el apoyo a instrumentos del sector privado y las contribuciones a las propias instituciones financieras de desarrollo de los donantes, lo que les permite buscar oportunidades comerciales en países de ingresos medios. Mientras tanto, los costes de gestión de los refugiados en los países donantes han absorbido una parte cada vez mayor de los presupuestos de la Ayuda Oficial para el Desarrollo durante la última década. En 2024, el Reino Unido gastó cuatro veces más en acoger refugiados en su territorio que en salud global o ayuda humanitaria.
Estos cambios han socavado la credibilidad del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y han erosionado el estatus de la Ayuda Oficial para el Desarrollo como recurso claramente concesional. Como señala Oxfam, “los donantes han convertido sus promesas de ayuda en una farsa. No solo han incumplido sus compromisos en más de 193 mil millones de dólares, sino que también se han embolsado casi 30 mil millones de dólares al etiquetar erróneamente lo que se considera ayuda”. Mediante recortes y revisiones de las normas, los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo han tratado de sabotear deliberadamente el régimen de desarrollo en consonancia con sus intereses particulares.
Junto a estas estrategias de sabotaje, ha habido una dinámica persistente de desvinculación. En los últimos quince años, los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo se han retirado progresivamente de las agendas multilaterales colectivas de la era posterior a la Guerra Fría, sobre todo de la agenda de la eficacia del desarrollo, cuyos principios solían ser respaldados por unanimidad. El compromiso de los donantes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas también está en entredicho. La Administración Trump ha declarado que “Estados Unidos rechaza y denuncia los ODS, y ya no los reafirmará como algo habitual”. Estas declaraciones se basan en la retórica populista de derecha de que la ayuda exterior debe anteponer los intereses nacionales a las necesidades globales.
Los avances hacia los ODS se están estancando: solo el 35 por ciento de los objetivos están actualmente “en camino o progresando moderadamente”, mientras que “casi la mitad avanzan demasiado lentamente y, lo que es alarmante, el 18 por ciento están retrocediendo”. La ambición de aprovechar miles de millones en ayuda para movilizar billones en financiación privada ha fracasado en gran medida. Para Adam Tooze, los ODS “parecen menos un nuevo amanecer que el último suspiro de una fantasía unipolar y del fin de la historia”; la “era de una agenda de desarrollo políticamente neutral y universalmente respaldada ha terminado”.
Sin embargo, estos actos de sabotaje y desvinculación no implican necesariamente la interrupción total de la prestación de ayuda. Los fondos se han redirigido hacia canales nacionales o estratégicos, eludiendo las estructuras multilaterales y reformulando la cooperación en términos explícitamente geopolíticos. Lo que queda del presupuesto de ayuda de Estados Unidos se ha canalizado hacia instituciones nacionales como la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC, por sus siglas en inglés), que no proporciona financiación en condiciones favorables, sino que ofrece préstamos a tipos de interés casi comerciales e inversiones de capital alineadas con los intereses geopolíticos y capitalistas estatales de Estados Unidos. La DFC, por ejemplo, ha apoyado a empresas estadounidenses que extraen cobre en la República Democrática del Congo, está explorando proyectos de metales raros en Groenlandia y se le ha encomendado la financiación de centros de datos en Estados Unidos y otros países.
La reorientación de las operaciones de la DFC pone de manifiesto los rápidos cambios en la composición del Estado estadounidense, con la creciente presencia e influencia de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, que trabajan en estrecha colaboración con las agencias de seguridad nacional, los contratistas de defensa y los conglomerados energéticos y mineros en la consecución de objetivos geopolíticos, económicos y de seguridad. La solicitud presupuestaria del Departamento de Estado para el año fiscal 2026, por ejemplo, afirma que “la DFC ofrece un enfoque rentable para lograr un impacto estratégico significativo y contrarrestar la influencia de China y otros competidores estratégicos en todo el mundo”.
Si bien los intereses propios y las preocupaciones geopolíticas siempre formaron parte de la ayuda al desarrollo, la prestación de ayuda durante la Guerra Fría se basó, al menos, en la premisa de permitir el desarrollo del Sur Global como medio para combatir la expansión del comunismo. En este sentido, se trataba de una concesión hegemónica y, de hecho, la dimensión de desarrollo de Bretton Woods surgió, en cierto grado, como resultado de las demandas del Sur.
Por el contrario, en la emergente era post-multilateral, la ayuda al desarrollo está cada vez más subordinada a las prioridades geopolíticas o comerciales, abandonando cualquier pretensión de promover el desarrollo como una concesión hegemónica. Los llamamientos a la ”reforma” de las instituciones multilaterales de desarrollo se basan en argumentos de contención y competencia. D.J. Nordquist, exdirector ejecutivo del Banco Mundial por Estados Unidos y recién nombrado director general adjunto de la OMC, ha argumentado recientemente que “es hora de que las naciones democráticas y capitalistas, lideradas por Estados Unidos, dejen de creer en la ficción de que China puede ser una fuerza productiva y responsable en organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI. En cambio, a través de estas organizaciones, Estados Unidos debería tratar de desafiar y marginar a China”. Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha tratado de utilizar el Banco Mundial, aparentemente multilateral, para contrarrestar a China y su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), al tiempo que la presiona para que reduzca sus compromisos climáticos y amplíe la financiación de los combustibles fósiles en consonancia con los intereses materiales de Estados Unidos.
Aunque el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas ha sido el principal objetivo multilateral de los recortes de USAID, se ha asegurado al FMI y al Banco Mundial que seguirán contando con el apoyo de Estados Unidos “siempre y cuando se reformen”, es decir, siempre y cuando ayuden a Estados Unidos a “reducir el superávit comercial de China”. Del mismo modo, aunque la Unión Europea puso en marcha la iniciativa Global Gateway con múltiples socios en 2023 para promover ostensiblemente la inversión en infraestructuras globales basada en la “confianza”, la “asociación en pie de igualdad” y la “transparencia”, en realidad la iniciativa está diseñada para promover los intereses económicos, geopolíticos y de seguridad del bloque, en un contexto de competencia estratégica con China y otros rivales. De hecho, el comisario de la Unión Europea para las asociaciones internacionales y supervisor de Global Gateway, Jozef Síkela, puede declarar al mismo tiempo que “cree profundamente en el valor del sistema multilateral” y que su objetivo actual es competir con la BRI de China, defender los intereses de la UE, garantizar “la seguridad económica y el acceso a las materias primas” y “abordar las causas profundas de la migración irregular”.
En términos más generales, la “desviación” se ha intensificado con el aumento de los préstamos “asignados” a organismos multilaterales durante la última década: la asignación de Ayuda Oficial para el Desarrollo con la condición de que los fondos se gasten en proyectos y agendas determinados a nivel nacional por los donantes. Aunque la asignación de fondos se remonta a la Guerra Fría, su rápido aumento y su prevalencia actual indican un cambio “de los enfoques colaborativos centrados en la eficacia de la ayuda hacia un paradigma impulsado por los intereses nacionales y las estrategias geopolíticas”. Esta tendencia socava la capacidad burocrática multilateral al añadir cargas administrativas y de presentación de informes, mientras que las contribuciones básicas se estancan o disminuyen. También acelera la “bilateralización” del sistema multilateral.
A medida que la financiación básica sigue disminuyendo junto con los recortes en los presupuestos de ayuda, la normalización de la asignación de fondos consolida aún más la instrumentalización de las instituciones multilaterales con fines nacionalistas. Es decir, este cambio refleja y refuerza la condición post-multilateral, ya que los organismos multilaterales se convierten en herramientas para los intereses de los donantes en lugar de para la resolución colectiva de problemas.
Hacia un multilateralismo del Sur
Como hemos argumentado, la gobernanza global contemporánea se define cada vez más por una condición post-multilateral, caracterizada por el vaciamiento de las normas y principios multilaterales. Sin embargo, existen esfuerzos simultáneos para resistir el deterioro institucional y reforzar las estructuras existentes mediante su reforma y revisión. El protagonista más importante en este sentido es China. En el ámbito del desarrollo global, China ha manifestado explícitamente su ambición de liderar a través de iniciativas como la Iniciativa de Desarrollo Global (GDI, lanzada en 2021), la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la Iniciativa de Gobernanza Global, de carácter transversal. Estas iniciativas se integran simultáneamente en los actuales acuerdos de gobernanza global (como los ODS) y reflejan la visión más amplia de China sobre el orden mundial, enmarcada como “verdadero multilateralismo”: un sistema de gobernanza basado en las Naciones Unidas que da prioridad al pluralismo y a la ampliación de la soberanía estatal.
Como intento de poner en práctica la visión china del orden mundial a través de su “Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad”, la GDI puede interpretarse como un esfuerzo por revisar la agenda de desarrollo multilateral alejándola de los principios liberales, entre otras cosas, dando prioridad al “derecho al desarrollo” sobre las normas cívico-políticas. Por lo tanto, la visión de China promueve un multilateralismo “minimalista” basado en el pluralismo, la no injerencia y el papel de China dentro de la ONU como primus inter pares. Sin embargo, la escala del multilateralismo chino y, en general, del Sur sigue limitándose a llenar los vacíos dejados por la retracción occidental. En general, los países del Sur Global se enfrentan a un régimen de desarrollo cualitativamente diferente: menos multilateral, más fragmentado y apolar, y carente del proyecto hegemónico colectivo que en su día proporcionó un mínimo de cohesión y estabilidad.
Un año después del inicio del segundo mandato de Donald Trump, el orden económico mundial está experimentando un cambio de imagen que no desentonaría en su club de playa de Mar-a-Lago. El presidente ha convertido su famosa afición por los aranceles —»la palabra más bonita del idioma inglés»— en una agenda para la renovación nacional, imponiéndolos tanto a aliados como a enemigos. Los comentaristas, atónitos, han intentado interpretar de diversas maneras estas drásticas restricciones comerciales: como una ruptura con el papel de Estados Unidos en la supervisión del capitalismo mundial, como una herramienta para intimidar a los distintos Estados a fin de que firmen acuerdos favorables o como una afirmación irreflexiva del poder bruto. Sin embargo, aún no hay consenso sobre la naturaleza de este cambio ni sobre sus implicaciones a largo plazo.
Algunos han buscado respuestas en la obra del antiguo asesor económico de Trump, Stephen Miran, ahora miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, cuyo documento político AUser’s Guide to Restructuring the Global Trading System(Guía del usuario para la reestructuración del sistema comercial mundial) se publicó en vísperas de las elecciones de 2024. El documento expone la lógica que sustenta muchas de las decisiones que se han tomado desde entonces, en las que se aboga por un “cambio generacional” para “situar a la industria estadounidense en condiciones más justas frente al resto del mundo”, con los aranceles como principal vehículo. La fortaleza del dólar durante el último medio siglo, escribe Miran, ha hecho que las exportaciones estadounidenses sean demasiado caras para el resto del mundo, mientras que las importaciones son demasiado baratas para que los consumidores estadounidenses las dejen pasar. El resultado ha sido la degradación de la producción industrial y manufacturera estadounidense. Se dice que la “persistente sobrevaloración del dólar” se deriva de la forma en que “los activos en dólares funcionan como moneda de reserva mundial”. Es simplemente demasiado oneroso para Estados Unidos “financiar el suministro de activos de reserva y el paraguas de defensa, ya que los sectores manufacturero y comercial soportan la mayor parte de los costes”.
Miran no es el único que aboga por la devaluación del dólar. La creencia de que el papel global de la moneda coloca a Estados Unidos en una desventaja estructural tiene una larga historia que se remonta a las primeras décadas de la posguerra. Sin embargo, el hecho de que esta opinión haya sobrevivido al mundo de los tipos de cambio fijos y la convertibilidad del oro, y que recientemente haya sido adoptada por muchos en el entorno de Trump, revela un profundo malentendido sobre cómo funciona realmente el sistema monetario internacional del siglo XXI. Mientras que antes se asumía que la dinámica comercial constituía la base de los tipos de cambio, la situación ha cambiado radicalmente, ya que las obligaciones monetarias se han vinculado al creciente mundo de las finanzas.
Hoy en día, la mayoría de las obligaciones en dólares se extienden más allá de las fronteras tradicionales del Estado-Nación. La creación de dólares en el extranjero es tan frecuente que podemos considerar el dólar como una moneda privatizada y, en cierta medida, “desnacionalizada”. La vasta red de creación, comercio y préstamo de dólares fuera de los Estados Unidos constituye un sistema de dólares en el extranjero que desempeña un papel crucial en el mantenimiento del poder estadounidense. Una comprensión precisa de este sistema echa por tierra la idea de Miran de que la condición de deudor de Estados Unidos es en cierto modo un síntoma de declive y que la devaluación de la moneda mediante aranceles es el camino hacia la recuperación.
A continuación, describiremos el desarrollo del sistema monetario internacional desde la era de Bretton Woods hasta la era del dólar offshore. Luego explicaremos cómo es probable que se cambie este sistema en los próximos años, a medida que el erróneo programa arancelario de Trump provoque guerras comerciales sin precedentes e intensifique la competencia con China. ¿Cuáles son las implicaciones de este desorden cada vez más profundo? Es posible imaginar cuatro escenarios divergentes, cada uno de ellos favorecido por diferentes coaliciones políticas: el surgimiento de bloques monetarios competidores con sus propias alineaciones geopolíticas distintivas; la continuación de la globalización financiera, con Estados Unidos asumiendo un papel aún más coercitivo; el colapso del orden monetario en un estado de anarquía; y el establecimiento de una nueva unión transnacional de pagos.
Orígenes en la posguerra
El sistema de Bretton Woods, diseñado hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, vinculaba el dólar estadounidense al oro, mientras que todas las demás unidades de cuenta tenían tipos de cambio fijos pero ajustables al dólar. La figura 1 ofrece una visión esquemática de este sistema y sus diversas “áreas monetarias”, caracterizadas por “unidades de cuenta” o monedas nacionales. Todas las áreas monetarias, incluida la de Estados Unidos en la cúspide, dependían del dinero del banco central (billetes y reservas) y del dinero de los bancos comerciales (depósitos).1Ver Steffen Murau y Tobias Pforr, (<)a href='https://www.cambridge.org/core/journals/finance-and-society/article/what-is-money-in-a-critical-macrofinance-framework/CE9C7DEB74D0D402686C172839078CFC'(>)“What is Money in a Critical Macro-Finance Framework?”(<)/a(>), (<)em(>)Finance and Society. (<)/em(>)2020; 6(1): 55–66.
Al comienzo de este período, las reformas bancarias del New Deal supusieron la supresión de gran parte de la actividad financiera estadounidense fuera del sistema bancario regulado. Los estados individuales desempeñaban un papel dominante en el sistema monetario y financiero. La creación de dinero, como la creación de depósitos contra préstamos, se producía predominantemente en el país, dentro del espacio legal de la jurisdicción monetaria. Por lo tanto, existía una «triple coincidencia» de áreas políticas, económicas y monetarias. A pesar de la convertibilidad del oro, Bretton Woods era esencialmente un sistema de dinero crediticio, con los balances de la Reserva Federal y los bancos estadounidenses funcionando como su núcleo dinámico.
La administración Nixon argumentó que el sistema de Bretton Woods, con el dólar en su centro, estaba amañado en contra de Estados Unidos. Señaló que, bajo este acuerdo, Estados Unidos había pasado de tener el mayor superávit comercial del mundo a tener el mayor déficit. Así pues, cuando el sistema de tipos de cambio fijos se vio presionado por las salidas de oro y la volatilidad del mercado, Washington se negó a defenderlo y puso fin unilateralmente a la convertibilidad del oro en 1973. Esto marcó el comienzo de una era de tipos de cambio flotantes entre las monedas nacionales.2Robert McCauley y Catherine Schenk (2020) (<)em(>)Central Bank Swaps Then and Now. Swaps and Dollar Liquidity in the 1960s(<)/em(>), (<)a href='https://www.bis.org/publ/work851.pdf'(>)https://www.bis.org/publ/work851.pdf(<)/a(>).
Sin embargo, el dólar siguió siendo la unidad de cuenta internacional. Para preservar su papel como moneda de referencia, los bancos centrales fuera de Estados Unidos tuvieron que mantener instrumentos denominados en dólares —billetes, depósitos y valores del Tesoro estadounidense— en sus reservas de divisas. Las instituciones financieras privadas también comenzaron a crear sus propios instrumentos denominados en dólares estadounidenses y a utilizarlos para realizar pagos transfronterizos, sin la intermediación de otras monedas nacionales. Así, se crearon dólares en el extranjero y se pusieron en circulación fuera de la jurisdicción formal de la Reserva Federal. La triple coincidencia se había desmoronado.
Después de Bretton Woods
La gráfica 2 ofrece una visión general de cómo se expandió la creación de dólares en el extranjero. El mercado del eurodólar —es decir, los dólares creados de forma privada y offshore— comenzó a surgir a finales de la década de 1950, cuando Bretton Woods aún estaba en vigor. En ese momento, muchos banqueros centrales lo consideraban una amenaza para su soberanía monetaria e intentaron combatir su auge. Sin embargo, tras la crisis de Nixon de 1973, cambiaron de rumbo y respaldaron activamente la creación de dólares offshore por parte de bancos no estadounidenses, lo que aumentó considerablemente en las décadas siguientes. A medida que se liberalizaron los mercados financieros, se desarrollaron nuevos instrumentos financieros en Estados Unidos para desempeñar el papel de sustitutos de los depósitos o dinero ficticio: participaciones en fondos del mercado monetario (MMF), acuerdos de recompra (repos) y pagarés comerciales respaldados por activos. 3Morgan Ricks (2011) (<)em(>)Regulating Money Creation after the Crisis(<)/em(>), (<)a href='https://journals.law.harvard.edu/hblr/wp-content/uploads/sites/87/2014/09/Regulating-Money-Creation.pdf'(>)https://journals.law.harvard.edu/hblr/wp-content/uploads/sites/87/2014/09/Regulating-Money-Creation.pdf(<)/a(>).A partir de la década de 1980, estos mismos instrumentos financieros aparecieron cada vez más en el extranjero.
Gráfica 2—La emergencia de la creación de dólares offshore
ABCP: papel comercial respaldado por activos; MMF: fondo del mercado monetario; repos: acuerdos de recompra.
La crisis financiera de 2007-2008 resultó ser un punto de inflexión: tanto una retirada onshore del sistema bancario paralelo centrado en Estados Unidos como una retirada offshore del mercado del eurodólar. La Reserva Federal tomó medidas para salvar el sistema offshore del dólar reintroduciendo líneas de swap y acordando proporcionar liquidez de emergencia en dólares al resto del mundo, en ocasiones en cantidades ilimitadas. Desde entonces, los instrumentos offshore denominados en dólares han seguido expandiéndose, con la Fed actuando como respaldo global, dispuesta a intervenir y proporcionar dólares en condiciones muy favorables cada vez que el sistema flaquea, como ocurrió durante la crisis del euro y la pandemia del Covid.
En la gráfica 3 podemos ver la relación jerárquica entre las diferentes áreas monetarias del sistema posterior a Bretton Woods. El dólar sigue estando en la cúspide, con otras monedas distribuidas por debajo de él según su acceso a la liquidez en dólares. La zona del euro, Japón y el Reino Unido se sitúan inmediatamente por debajo de Estados Unidos, dado su acceso ilimitado a las líneas de swap de la Reserva Federal. Los países BRICS se encuentran un nivel más abajo, ya que no disponen de líneas de swap, pero pueden acceder a liquidez de emergencia en dólares estadounidenses por otros medios. 4Pueden hacerlo a través del (<)a href='https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/2022/epr_2022_fima-repo_choi.pdf'(>)servicio de repos(<)/a(>) de FIMA, gracias a su considerable volumen de valores del Tesoro de Estados Unidos que pueden aportar como garantía. En el siguiente nivel se encuentran los países del Sur Global, cuya mejor opción para obtener liquidez de emergencia en dólares es el sistema de derechos especiales de giro (XDR) gestionado por el Fondo Monetario Internacional.
Gráfica 3—La estructura del sistema offshore de dólares estadounidenses
A diferencia de Bretton Woods, el sistema offshore del dólar no se creó de forma deliberada, sino a través de una serie de acontecimientos contingentes. Aunque los políticos han promovido a menudo el papel del dólar en el extranjero, los principales agentes en este caso fueron los actores del mercado, que intentaron eludir el control de los responsables políticos mediante la producción de dólares offshore y diversos instrumentos financieros denominados en dólares. Sus actividades no reguladas provocaron crisis repetidas, que los tecnócratas y los responsables políticos intentaron contener mediante una serie de medidas ad hoc, como las líneas de swap, que, a su vez, pasaron a formar parte de la arquitectura monetaria mundial.
A pesar de esta falta de planificación previa, no hay duda de que el sistema ha otorgado a Estados Unidos inmensos privilegios. Situadas en la cima de la pirámide, las autoridades estadounidenses pueden utilizar como arma el acceso a las finanzas internacionales para los países situados más abajo: un medio crucial para ejercer influencia sobre la periferia mundial. El Tesoro también puede vender su deuda en el extranjero a compradores que se ven obligados a aceptar sus condiciones. Todo ello beneficia a las instituciones financieras estadounidenses y preserva el estatus de Nueva York como centro financiero mundial.
Como hemos visto, el sistema del dólar offshore depende de la Reserva Federal para mantenerse unido en momentos de crisis. Las crisis del sistema suelen provocar que los actores del mercado trasladen sus dólares offshore a territorio nacional, momento en el que la Reserva Federal se convierte en el prestamista de última instancia en el extranjero. Sin embargo, dado que la Reserva Federal no tiene el mandato formal de desempeñar este papel como banco central mundial, siempre debe enmarcar su oferta de liquidez de emergencia a otros países en términos de consideraciones nacionales.
Se trata de una inversión directa de la relación real. Sería más exacto decir que el dominio del dólar —como moneda parcialmente desnacionalizada— es lo que da a Estados Unidos la libertad de importar mucho más de lo que exporta. Aunque el país se ha endeudado enormemente con el resto del mundo, su deuda está denominada en una moneda cuyo medio de liquidación definitivo controla. Estados Unidos también puede financiar este déficit en parte vendiendo su propia deuda soberana, que Washington ha logrado calificar como “activo seguro global”, a contrapartes internacionales. Esto otorga al Gobierno estadounidense y a las clases propietarias de activos diversas ventajas únicas, entre ellas la capacidad de mantener bajos los impuestos, compensando los ingresos relativamente bajos con la emisión de deuda soberana y un elaborado sistema para mantener el mercado de valores del Tesoro estadounidense profundo y con liquidez. El efecto de esta compleja configuración sobre la valoración externa del dólar sigue siendo muy especulativo, ya que el tipo de cambio depende de muchos factores además de la posición de la cuenta corriente. La infravaloración o sobrevaloración del dólar no tiene una única causa, lo que significa que la ambición de Miran de restaurar su valor adecuado simplemente ajustando la balanza comercial es errónea.
Cuatro futuros
¿Cómo influirán las ideas de Miran en el futuro del sistema monetario? Se pueden prever cuatro resultados. El primero es que los aranceles persistentes conduzcan a una reducción del comercio mundial y las cadenas de valor se regionalicen cada vez más. Esto provocaría una ralentización del proceso de globalización financiera que ha avanzado a buen ritmo durante las últimas cuatro décadas. Es probable que el déficit comercial de Estados Unidos se reduzca, ya que sus socios se verían presionados a firmar acuerdos comerciales preferenciales para Washington, y el sistema del dólar offshore podría perder su alcance global. A medida que se retrae, el aumento de los pagos regionales permitiría la internacionalización de otras monedas, lo que reduciría el dominio del dólar.
Si es así, podríamos asistir al auge de bloques monetarios competidores, con diferentes jurisdicciones monetarias agrupadas en torno a monedas regionales clave. Es probable que Estados Unidos forme un bloque con otros Estados anglófonos como el Reino Unido y Australia, lo que aumentaría su desvinculación de la UE y socavaría la cooperación transatlántica en materia de seguridad (como ha ocurrido recientemente con las amenazas de Estados Unidos a Groenlandia). El resultado sería animar a China a continuar con la internacionalización del renminbi, convirtiéndolo en una importante moneda regional. Presionados por la creciente competencia entre Estados Unidos y China, los responsables políticos europeos podrían acelerar sus esfuerzos para mantener su posición tanto en la geopolítica como en los asuntos monetarios internacionales, por ejemplo, mediante nuevas iniciativas para promover la creación de euros offshore.
El segundo escenario es que el Acuerdo de Mar-a-Lago, promovido por Miran y aún sin materializar, permita que la globalización financiera continúe, al tiempo que hace que otras monedas sean más competitivas con el dólar. Este es el resultado preferido por la facción de Wall Street dentro de la segunda administración Trump, que es la que más se beneficia de la situación actual. Permitiría al dólar mantener su posición hegemónica, al tiempo que trasladaría algunas de sus desventajas percibidas a sus socios comerciales. La red de swaps de la Reserva Federal podría utilizarse aún más como arma, concediendo acceso solo a aquellos países que se sometan a las exigencias de Washington, mientras que el peso global del dinero offshore y del dinero de los bancos en la sombra seguiría creciendo.
Escenario 2—Continuación de la globalización financiera
Sin embargo, aunque los escenarios uno y dos asumen que la administración Trump evitará una crisis monetaria importante, esto no se puede dar por sentado. Dado que el sistema del dólar offshore se basa en la condición de los valores del Tesoro de Estados Unidos como activos seguros, la situación cambiaría drásticamente si las agencias de calificación rebajaran la calificación del Tesoro de Estados Unidos como emisor de deuda soberana. Miran sugiere en su Guía del usuario que los valores del Tesoro de Estados Unidos podrían convertirse por la fuerza en «bonos especiales del siglo», lo que equivaldría a un impago técnico de la deuda soberana estadounidense. Si la Reserva Federal decidiera que ya no actuará como último respaldo del sistema del dólar —una perspectiva plausible teniendo en cuenta el nombramiento del acólito de Trump, Kevin Warsh, como presidente—, esto podría provocar una retirada masiva de los instrumentos offshore en dólares estadounidenses, desmoronando el sistema monetario internacional tal y como lo conocemos.
En este escenario, el orden actual de las monedas, las instituciones y los instrumentos se desestabilizaría radicalmente. El sistema del dólar offshore llegaría a su fin, pero sin una estructura clara que lo sustituyera, caeríamos rápidamente en una situación de anarquía. Esto sería bien recibido por la facción de las grandes tecnológicas de la administración Trump, que espera una reducción drástica del Estado estadounidense. La eliminación de la red de swaps de la Reserva Federal sería el evento «motosierra» definitivo, a un nivel que el DOGE de Musk ni siquiera llegó cerca a alcanzar.
El siguiente esquema expone las principales características de este futuro hipotético en el que existe una gran variedad de acuerdos monetarios diferentes: El país A mantiene un sistema similar al actual (aunque con menos dinero en la sombra y componentes offshore); el país B vuelve a un sistema regulado onshore similar al de la década de 1950, con solo dinero del banco central y comercial; el país C adopta un sistema totalmente público que existe exclusivamente onshore; El país D crea un sistema bancario totalmente privado con un componente offshore potencialmente fuerte. Otro grupo de estados experimenta más allá de los sistemas monetarios crediticios establecidos: el país E podría ser una de las «zonas libertarias» de Quinn Slobodian, introduciendo un sistema de criptomonedas puro; el país F vuelve a una moneda basada en el oro; el país G se sumerge en un estado de naturaleza hobbesiano en el que la «confianza» necesaria para un sistema monetario se ha desmoronado por completo y en su lugar ha surgido una economía de trueque.
En esta eventualidad, las nuevas formas de soluciones de pago transfronterizo podrían beneficiar a las grandes tecnológicas. En 2019, la Libra de Facebook acaparó los titulares por su intento de monetizar la red global de la empresa de redes sociales conectándola con servicios de pago. El plan fue rechazado por los reguladores, pero en circunstancias más anárquicas podría haber tenido éxito.
Escenario tres—anarquía monetaria internacional
El último escenario, que también podría materializarse en medio de una crisis monetaria, es una unión de pagos que implique la cooperación transnacional entre tecnócratas monetarios. Naturalmente, la cuestión de cómo sería un sistema monetario alternativo da pie a todo tipo de especulaciones, pero la figura siguiente esboza una posibilidad que no supondría una ruptura con las instituciones existentes. La idea general es que, tras el fracaso de la red de swaps y la liquidación a gran escala del dólar estadounidense offshore, los bancos centrales acordarían rediseñar las cimas del sistema monetario internacional. Para ello, trasladarían la compensación y liquidación de los pagos internacionales —que ya no estarían protegidos por un prestamista de última instancia estadounidense— a una institución internacional. El candidato más claro sería el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en Basilea, que es también donde la comunidad bancaria central internacional se reúne periódicamente para debatir asuntos monetarios internacionales. El BPI fue en su día la institución máxima de la Unión Europea de Pagos, que existió entre 1950 y 1958 y utilizaba su propia unidad de cuenta para operar la compensación y liquidación de pagos transfronterizos.
Si el BIS gestionara una Unión Internacional de Pagos no denominada en dólares estadounidenses, probablemente utilizaría los derechos especiales de giro (XDR), una cesta que comprende las principales monedas del mundo, como unidad de cuenta, ya que ya los utiliza internamente. En este escenario, en el que los pagos transfronterizos tendrían que compensarse a través del BIS, ya no sería necesario crear dinero offshore en unidades de cuenta nacionales.
El alcance de las monedas se restringiría de nuevo a jurisdicciones monetarias específicas. Esto supondría un cierto retorno a la soberanía monetaria en el sentido «westfaliano».Dado que un sistema centrado en los bancos centrales difícilmente puede permitirse relegar la determinación de los tipos de cambio a las fuerzas del mercado, es probable que también vuelvan los tipos de cambio fijos pero ajustables determinados políticamente, como los que vimos durante la era de Bretton Woods.
La administración Trump nunca aceptaría tal unión, ni contaría con el apoyo de ninguna parte de la coalición política gobernante. Este resultado solo sería concebible si el régimen MAGA fuera sustituido por un gobierno que buscara reconstruir las instituciones internacionales, respaldado por tecnócratas monetarios estadounidenses dispuestos a participar en la cooperación monetaria internacional. En la actualidad, esto parece muy lejano.
Escenario cuatro—unión internacional de pago
BIS: Banco de Pagos Internacionales; EUR: Euro; GBP: Libra esterlina; JPY: Yen japonés; RMB: Renminbi chino; USD: Dólar estadounidense; XDR: Derechos especiales de giro; ZAR: Rand sudafricano
El argumento de Trump y Miran sobre la necesidad de debilitar el valor del dólar revela un malentendido fundamental de la dinámica del sistema monetario mundial. Quienes quieren traducir su política nativista en preceptos monetarios no han tenido en cuenta la naturaleza del dinero actual, basada en el crédito y a menudo creada en el extranjero. Aún no está claro qué surgirá de este campo de fuerza ideológico, pero es probable que se produzcan varias escisiones. Los nacionalpopulistas acérrimos lucharán por un sistema global menos integrado con la esperanza de recuperar los puestos de trabajo manuales; Wall Street se mantendrá más fiel al statu quo, sin querer matar a la gallina de los huevos de oro; y los libertarios de Silicon Valley verán una oportunidad para promover soluciones fintech alternativas arrebatando el control de las redes de pago globales. En cada caso, los intentos de cambiar el marco existente seguramente causarán más problemas de los que resuelven. A medida que Estados Unidos erosiona un sistema internacional estructurado a su favor, corre el riesgo de agravar su condición de declive imperial. El futuro orden monetario que ahora nos está imponiendo a todos vendrá acompañado de cierto remordimiento por parte de los compradores.
El 27 de noviembre de 2024, poco más de un año después de haber declarado una “unidad de frentes” contra las atrocidades israelíes en Gaza, Hezbolá firmó un acuerdo de alto al fuego con su rival regional. Para entonces, Hezbolá había perdido a su secretario general, Hassan Nasrallah, y a su sucesor, Hashem Safieddine, junto con la mayor parte de su cúpula militar y alrededor de 2 mil combatientes regulares. El acuerdo de paz estaba claramente inclinado a favor de Israel, gracias a una serie de cláusulas secretas negociadas entre Tel Aviv y Washington. Dichas cláusulas exigían que Hezbolá cesara sus ataques y se replegara al norte del río Litani, abriendo así un camino hacia el eventual desarme del grupo. A cambio, Israel debía retirarse de posiciones estratégicas dentro del Líbano; sin embargo, hasta ahora no ha cumplido este compromiso, y tampoco ha habido ninguna reducción de los bombardeos israelíes que se han llevado a cabo casi a diario durante los últimos catorce meses. Los asesinatos selectivos de dirigentes de Hezbolá también han continuado a un ritmo sostenido.
Las ambiciones últimas de Washington para el Líbano van más allá de someter a Hezbolá. Su objetivo es imponer un acuerdo más amplio que pacifique a las poblaciones inquietas —en Beirut, en el este y en el sur del país— a las que Hezbolá representa. Su socio más probable para esto es el Estado libanés. Beirut está deseoso de cumplir con esta tarea y ha fijado como plazo el final de año para tener la región bajo su control, desplegando fuerzas de seguridad para desmantelar infraestructuras militantes y sofocar posibles disturbios. Si tiene éxito, se le ha prometido una compensación en forma de un programa de reconstrucción financiado por los países del Golfo y un nuevo paquete de financiación para el Ejército libanés. Con el nuevo régimen sirio ahora alineado con Estados Unidos, y con Irán significativamente debilitado, Washington se encuentra en una posición aún más fuerte que cuando se firmó el acuerdo de alto al fuego de noviembre. Hay indicios de que podría optar por eludir ese acuerdo —todavía en proceso de plena implementación— y podría presionar al Líbano para que normalice sus relaciones con Israel. Un nuevo ataque estadounidense contra Irán no haría sino acelerar estos esfuerzos. Ya sea negociado o impuesto por la fuerza, el desarme de Hezbolá parece ahora cada vez más probable.
La ambición más amplia de pacificar el Sur, sin embargo, es más difícil de lo que podría parecer. Esto se debe al carácter político distintivo del sur del Líbano: históricamente ha sido un espacio de subdesarrollo, empobrecimiento rural y abandono estatal, en tensión tanto con el gobierno central al norte como con los ocupantes israelíes al sur. Su población tiene una larga historia de resistencia que no será fácilmente olvidada y que aún puede frustrar los designios de quienes aspiran a gobernarla. Esta dinámica es fundamental para comprender no solamente las perspectivas futuras del Líbano, sino también la viabilidad de las ambiciones imperiales de Estados Unidos en Oriente Medio, mientras Washington intenta asestar un golpe definitivo al eje iraní y normalizar las relaciones entre Israel y el Golfo. Para dimensionar la plena significación del sur del Líbano —tanto internamente como a nivel internacional— debemos describir cómo se desarrolló como un espacio de incubación de una política antimperial, desde la lucha por la independencia en el siglo XX hasta las campañas armadas del siglo XXI.
Periferia nacional, línea de fractura imperial
La situación actual en el sur del Líbano tiene sus raíces en las peculiaridades de su formación moderna. La región de Yabal ‘Amil es a veces incluida dentro del conjunto de tierras altas que conforman Galilea, y a lo largo de su historia estuvo claramente vinculada a ella en el plano comercial. Sus límites serían difíciles de establecer de no ser por la cultura distintiva de su población, una de las comunidades chiíes duodecimanas más antiguas del mundo musulmán. A comienzos del siglo XX, la región estaba poblada principalmente por pequeños campesinos propietarios y aparceros sin tierra que cultivaban trigo, tabaco y seda para el consumo de Beirut, Damasco y, cada vez más, del mercado mundial. Gobernando sobre el campesinado se encontraba una clase de notables rurales terratenientes y familias mercantiles ubicadas sobre todo en las ciudades portuarias de Sidón y Tiro. Una amplia oposición interclasista al dominio otomano se cristalizó con el estallido de la guerra en 1914, y la región participó activamente en la Revuelta Árabe de 1916. Sin embargo, las visiones contrapuestas sobre el orden posotomano darían lugar tanto a la resistencia como a la acomodación frente al dominio francés, impuesto a través del Mandato en el periodo inmediatamente posterior a la guerra.
En términos prácticos, el nacionalismo en Yabal ‘Amil implicaba la unión con Siria. Nunca existió un verdadero consenso sobre la naturaleza exacta ni sobre los límites de la nación árabe, pero a finales de 1918 el comandante de la Revuelta Árabe, Faisal (hijo de Huséin, jerife de La Meca), había entrado en Damasco y consolidado su liderazgo sobre un prometido reino árabe que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. La administración de Faisal envió rápidamente misivas a Yabal ‘Amil, a tan solo ochenta kilómetros y medio de Damasco, nombrando a miembros de las élites tradicionales como representantes del nuevo gobierno árabe. Los franceses tenían otros planes: querían crear un Gran Líbano —Grand Liban en el francés original— que vinculase Beirut con las periferias rurales vecinas, transformándolas en zonas de abastecimiento y reduciendo al mismo tiempo la dependencia del pequeño Estado de las importaciones agrícolas procedentes del interior sirio.
Aunque finalmente se impusieron los designios franceses, con la derrota decisiva de las fuerzas de Faisal en Maysalún, a las afueras de Damasco, en julio de 1920, el dominio colonial fue precario. Aunque turbulento y de corta duración en Siria, el Mandato francés sí logró consolidar la separación libanesa de Damasco. Yabal ‘Amil pasó a convertirse en el sur del Líbano, un proceso que no podría haberse producido sin la mediación de las principales familias de la región, que en la década de 1930 lograron pacificar las aspiraciones populares mediante redes de patronazgo personal y la negociación de inversiones procedentes de Beirut, al tiempo que mantenían su control sobre el orden social local.1La autoridad y el liderazgo consolidados de los Asaʿad, por ejemplo —una familia que históricamente había recaudado los impuestos de la región para los otomanos—, sobrevivieron bien entrados los años setenta. Esta clase de notables suele calificarse como feudal, pero su trasfondo era en realidad heterogéneo: algunos actuaban como recaudadores fiscales subcontratados por el Estado otomano (cargos que, en los siglos XVII y XVIII, se habían vuelto de facto hereditarios), mientras que otros eran capitalistas mercantiles procedentes de los puertos de Saida y Tiro. La confusión se debe en gran medida a los intentos de comprender a las élites del Sur en términos de autoridad hereditaria y de relaciones de dependencia personal propias, con mayor rigor, de formaciones sociales adyacentes, en particular del Monte Líbano. A una escala regional más amplia, Samir Amin rechaza el feudalismo como caracterización general de las relaciones de clase del período otomano tardío. En su lugar, identifica una burguesía compradora y una burguesía agraria latifundista, que se corresponden de manera general con los dos grupos en cuestión en el Sur. Véase Samir Amin, La nation arabe: Nationalisme et lutte de classes, Dakar, 1975, pp. 8–9. A finales de los años treinta, el dominio francés se volvió insostenible incluso para aquellas fuerzas sociales que antes lo habían defendido como garante de sus intereses. Beirut y la clase política del Monte Líbano habían superado el amplio sistema de propiedad pública y de monopolios concesionarios sobre el que se basaba la economía colonial. El Líbano independiente que emergió en 1943 no introdujo ningún cambio en los límites territoriales del Estado del Mandato; de hecho, en términos prácticos, formalizó la anexión de Yabal ‘Amil por parte de Beirut.
El Sur y sus ciudades portuarias habían sido, al menos desde comienzos de siglo, parte de los territorios que el sionismo reclamaba como hogar nacional judío. Las fronteras de Israel establecidas por la Organización Sionista Mundial en la Conferencia de Paz de París de 1919 incluían tierras tan al norte como Sidón y la región siria meridional de Haurán. Chaim Weizmann había visitado la comunidad judía de Sidón en 1907, regresando con un plan para desarrollar la industria de la ciudad de cara a su futura incorporación a un Estado judío2 Y. Mizrahi-Arnaud, “The Israelite Community Council of Sidon, 1914-1948” (<)em(>)Israel/Palestine Review(<)/em(>), 1/2, p. 463. Sin embargo, Gran Bretaña y Francia serían los árbitros finales de la frontera norte de Palestina. La presión francesa dio lugar, finalmente, a que se trazaran líneas justo al norte del acuerdo preliminar alcanzado por Sykes y Picot en 1916; seis aldeas chiíes situadas en la vertiente occidental del valle de Hula —Abil al-Qamh, Hunin, Qadas, Nabi Yusha‘, Malikiyya y Salha—, inicialmente incluidas en el Gran Líbano, pasaron a la administración británica en marzo de 1923. Estas seis, junto con Tarbikha al oeste y numerosas otras aldeas palestinas de Galilea, fueron despobladas como parte de la Operación Hiram, una de las campañas de limpieza étnica más brutales llevadas a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel —Israel Defense Forces (IDF) en el inglés original— en la guerra de 1948–1949. Unos 120 mil palestinos, en su mayoría procedentes de Haifa, ‘Akka y Galilea, fueron desplazados hacia el norte, al Líbano, durante la Nakba. Los más afortunados —un porcentaje muy reducido— pudieron reconstruir sus vidas y negocios en Beirut, que se convirtió en un refugio acogedor para el capital palestino en fuga. Alrededor de 60 mil refugiados fueron instalados en campamentos en las afueras de las principales ciudades del Sur: ‘Ain el-Hilweh, el mayor del Líbano, al este de Sidón; Burj al-Shemali, a las afueras de Tiro, y en zonas del interior en torno a Nabatieh (destruido en 1974 por bombardeos israelíes). A estos se sumaron dos antiguos campos de refugiados armenios establecidos por los franceses a finales de los años treinta en Tiro: al-Bass, en la década de 1950, y Rashidieh, en 1963.
La creación de Israel en 1948 bloqueó de forma permanente el acceso de las industrias urbanas del Sur a los mercados palestinos de los que dependían. Bint Jbeil, por ejemplo, estaba especializada en la producción de calzado, destinado principalmente al mercado de Galilea.3 Ahmad Beydoun, “The South Lebanon Border Zone: A Local Perspective” (<)em(>)Journal of Palestine Studies(<)/em(>), 21/3 (1992) p. 50. Yabal ‘Amil también produjo sus propios refugiados; la Nakba inició una ola de migración hacia el norte, hacia la llanura costera que se estaba transformando rápidamente en los suburbios meridionales de Beirut. La periferización del Sur llevaba ya algunas décadas en marcha, pero 1948 marcó el inicio de una crisis estructurada por la acción combinada tanto del Estado libanés como del Estado israelí, que las fuerzas políticas progresistas del Sur pronto entenderían como dos vehículos distintos pero interrelacionados de la gobernanza imperial en la región.
Bagdad-Bandung
Una visión diferenciada sobre el lugar del Líbano en la economía mundial comenzó a tomar forma en la década de 1950. Esta era compartida por la burguesía libanesa, por las élites de los Estados árabes vecinos y por la nueva potencia hegemónica imperial de la región: Estados Unidos. Camille Chamoun, abogado y diputado por el Monte Líbano, quien había sido ministro de Finanzas durante el periodo del Mandato, dominó la presidencia durante la mayor parte de la década. A finales de los años cuarenta, se produjo la derogación de la unión aduanera y monetaria con Siria; el sector bancario libanés —ya sólido— creció de manera vertiginosa gracias a la oleada de nacionalizaciones que tuvo lugar en el mundo árabe a comienzos de los años cincuenta. Entre 1949 y 1954, el valor de los depósitos en los bancos libaneses se duplicó. La distribución de esta riqueza acumulada fue, por supuesto, profundamente desigual. La mitad de la fuerza laboral del país seguía empleada en la agricultura, mientras que un sector comercial que generaba alrededor de un tercio del ingreso nacional empleaba a poco más del 10 por ciento de la población4 Fawwaz Traboulsi, “Social Classes and Political Power in Lebanon”, (<)em(>)Heinrich Böll Stiftung (<)/em(>)(Beirut, 2014) p. 80.
Deseosos de afirmar su predominio tras la retirada británica y francesa de la región, los Estados Unidos se movieron rápidamente para incorporar al Líbano a su órbita. El Sur, en particular, despertaba un gran interés en los estadounidenses. En 1947 se inició la construcción de un oleoducto en Arabia Oriental, concebido para transportar petróleo saudí hacia el oeste, a través del norte de Jordania y los Altos del Golán, hasta la costa libanesa. El oleoducto transarábigo, o Tapline, desembocaba en el mar en la terminal de Zahrani, al sur de Sidón, donde descargaba hasta 300 mil barriles diarios de crudo. En su apogeo, durante la posguerra, el Tapline y otra terminal en el norte del Líbano le suministraban a Europa occidental más de un tercio de su petróleo5 El éxito de la (<)em(>)Tapline(<)/em(>) fue, de hecho, uno de los objetivos del primer golpe de Estado de la CIA en su ya ilustre historial: el gobierno sirio del nacionalista Shukri al-Quwwatli se había mostrado reticente a conceder a la compañía los derechos de tránsito necesarios para su proyecto. Husni al-Zaʿim, el coronel que lo sucedió, autorizó el uso del territorio sirio por parte de la empresa a los pocos días de tomar el poder. Miles Copeland Jr., jefe de estación de la Agencia en Damasco, que se reunió en numerosas ocasiones con Zaʿim antes del golpe, pasaría después a ser uno de los principales arquitectos del golpe iraní de 1953. Los ingresos procedentes de las tasas de tránsito, a su vez, reforzaron el floreciente sector financiero libanés, contribuyendo a estabilizar la moneda y a financiar el régimen fiscal laxo del Estado.
Los vínculos de dependencia también se reforzaron al identificar al Líbano como un receptor privilegiado de los préstamos estadounidenses para el desarrollo.6Este fue el caso del proyecto —finalmente abortado— de la presa hidroeléctrica del río Litani, concebida para atender la demanda de electricidad de la capital a costa de las comunidades locales que perdieron el acceso al agua para el riego. Ver Owain Lawson, “Organised Abandonment in Lebanon’s Litani River Basin” in (<)em(>)Environment and Planning E: Nature and Space(<)/em(>), (2024) pp. 1-19. A escala regional, las alianzas de la Guerra Fría solamente se consolidaron realmente en la segunda mitad de la década de 1950. Los intentos estadounidenses de atraer a Gamal Abdel Nasser a la causa antisoviética fracasaron, lo que situó al Estado libanés —oficialmente neutral, aunque cada vez más entrelazado con Estados Unidos— en una posición de enfrentamiento con el nacionalismo árabe, que seguía siendo dominante en el Sur. En febrero de 1955, dos meses antes de la Conferencia de Bandung, se firmó en Bagdad un acuerdo de defensa entre Pakistán, Irán, Irak, Turquía y el Reino Unido, con el objetivo de contrarrestar la influencia soviética. Silencioso durante la agresión tripartita de 1956, Chamoun terminó por acoger favorablemente, a comienzos del año siguiente, el anuncio de la Doctrina Eisenhower, que prometía asistencia estadounidense a cualquier Estado de Oriente Medio que se considerara amenazado por fuerzas alineadas con la Unión Soviética. El clima en el sur del Líbano era lo suficientemente receloso respecto del gobierno central como para que, cuando en febrero de 1958 Nasser anunció la formación de la República Árabe Unida (la unión política entre Egipto y Siria), estudiantes y trabajadores llenaran las calles en apoyo de la iniciativa y en protesta por la alineación del Líbano —prácticamente explícita— con el campo imperialista. La represión posterior por parte de la policía, el ejército y las guardias armadas personales de notables locales aliados de Chamoun llevó a diversos grupos que componían el movimiento nacionalista en Tiro a tomar las armas. La ciudad, al igual que gran parte del Sur, pasó pronto a estar bajo el control efectivo de una coalición de fuerzas nasseristas, baazistas y comunistas. Para mayo de ese mismo año, los nacionalistas árabes controlaban dos tercios del país.
Paralelamente, los acontecimientos regionales proporcionaron el impulso final para la intervención estadounidense. El 14 de julio de 1958, Oficiales Libres encabezados por Abdel Karim Qasim derrocaron con éxito a la monarquía hachemita en Irak, un instrumento ampliamente detestado de dependencia colonial y un pilar del imperialismo estadounidense de posguerra en la región. Al día siguiente, temiendo una caída adicional —la del Líbano—, la administración Eisenhower ordenó el inicio de la Operación Blue Bat. Esa misma tarde, 1.800 infantes de marina desembarcaron en Khaldé, al sur de Beirut: el primer despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en Oriente Medio. Apenas encontraron resistencia. Su presencia sobre el terreno, respaldada por la Sexta Flota de la Armada, alentó a Nasser y a sus aliados libaneses, Kamal Jumblatt y Rashid Karami, a entablar negociaciones para acordar un sucesor viable de Chamoun, considerado ya para entonces una carga incluso por sus propios aliados. La experiencia adquirida por los estadounidenses en el Líbano, combinada con sus exitosos esfuerzos por impedir que el golpe de Estado iraquí se extendiera a Jordania, sentaría las bases de un giro duradero en la política regional de Washington. Irak estaba perdido; el Líbano y Jordania eran, desde la perspectiva estadounidense, tan débiles que requerían asistencia activa para sobrevivir. Los esfuerzos por mantenerlos a flote habían estado a punto de provocar un enfrentamiento frontal con Nasser. Estados Unidos había fracasado en su intento de pacificar y cooptar el nacionalismo árabe mediante protección y financiación. Lo que necesitaba, más que nunca, era un delegado regional que pudiera librar la contrarrevolución en su nombre.
La crisis de 1958 suele recordarse como un preludio de la posterior guerra civil libanesa; el origen, según algunos, de una violencia política generalizada entre un sector cristiano comprometido con un Líbano independiente y una facción musulmana favorable al unionismo árabe. En ciertas zonas del país, la confrontación sí adoptó la forma de un conflicto intercomunitario. En otras, puso en tensión los pactos específicos que las élites regionales habían establecido con Beirut décadas atrás. Sin embargo, una línea de fractura mucho más significativa fue la que separó a una burguesía sectaria, al frente del Estado y cliente del imperio estadounidense, de las fuerzas alineadas con el proyecto de Nasser de transformar el orden regional. En la ciudad sureña de Tiro, la lucha fundamental para los nacionalistas no fue contra los cristianos, sino contra notables chiíes asentados desde hacía mucho tiempo —de manera destacada, la familia Jalil—, en quienes el Estado libanés se apoyaba para gobernar el Sur. Estas familias sobrevivirían a las convulsiones del cierre de la década de 1950, pero al término de la década siguiente su legitimidad y autoridad serían finalmente sustituidas.
Antiimperialismos del Sur
Fundador y comandante de las Fuerzas Armadas Libanesas desde la independencia, Fuad Chehab emergió como sucesor de Chamoun en 1958. Su candidatura fue la expresión de un punto muerto entre Estados Unidos y Egipto tras la crisis; Estados Unidos pudo haber impuesto su voluntad mediante la fuerza, pero el nacionalismo árabe estaba lejos de haber sido derrotado en el Líbano. Ni nacionalista árabe ni nacionalista libanés, el antídoto de Chehab contra el “faccionalismo” consistió en fortalecer el Estado, tanto en su dimensión represiva como en la de provisión: ampliar el ejército y los servicios de inteligencia, así como crear nuevos ministerios con competencias ampliadas.7 En los últimos años ha surgido una investigación importante sobre este periodo de desarrollo impulsado por el Estado. Para una historia oportuna del Banco Central del Líbano, fundado en 1964, véase Hisham Safieddine, (<)em(>)Banking on the State: The Financial Foundations of Lebanon(<)/em(>) (Stanford, 2021). Para un estudio de las amplias actividades del Ministerio de Planificación del Líbano en la década de 1960, véase Zeead Yaghi, (<)em(>)Planning National Disunity: Modernization and Development in Rural Lebanon, 1958–1970(<)/em(>) (tesis doctoral, Universidad de California en San Diego, 2024). En 1964 fue sucedido por un aliado, Charles Helou, quien permaneció en el cargo hasta 1970. En el Sur, a pesar de las moderadas ganancias en representación política obtenidas por la coalición antiimperialista tras la crisis, la miseria rural y el abandono estatal persistieron, y no llegó a materializarse una política regional duradera.8 Salim Nasr, “Backdrop to Civil War: The Crisis of Lebanese Capitalism”, (<)em(>)MERIP Reports(<)/em(>), 73 (1978) pp. 3-13.Esto no hizo sino profundizar una desconfianza ya generalizada hacia el Estado, ahora compartida en igual medida por la derecha cristiana, excluida del gobierno tras la derrota de Chamoun. El chehabismo buscó ofrecer estabilidad mediante la tecnocracia, pero en la práctica presidió una “paz civil fría” a lo largo de la década de 1960, cuyo rasgo más destacado fue la militarización de la derecha al margen del Estado que anteriormente había dominado9 Para retomar una expresión de Waddah Charara, en su (<)em(>)al-Silm al-ahli al-barid: Lubnān al-mujtamaʿ wa-l-dawla 1964–1967(<)/em(>) (Beirut, 1980) En este creciente revanchismo cristiano se encuentran las raíces de la posterior guerra civil, que estallaría a mediados de la década de 1970.
Se estima que, a mediados de la década de 1960, los palestinos en el sur del Líbano representaban hasta una cuarta parte de la población total de la región. La naturalización (y con ella el acceso a la mayoría de las formas de empleo regular) siempre había sido considerada una línea roja por los nacionalistas cristianos, siempre atentos a su precario predominio demográfico en el país. Desde su llegada, los palestinos habían desempeñado un papel fundamental en la agitación nacionalista árabe en el Líbano. Maarouf Saad, el veterano diputado nasserista por Sidón, quien había servido como voluntario en la revuelta palestina de 1936, se apoyaba en una base social compuesta por trabajadores libaneses y palestinos del cercano campo de ‘Ain el-Hilweh. Particularmente exitosa en Tiro fue el Movimiento Nacionalista Árabe (MNA) —Arab Nationalist movement (ANM) en el inglés original—, fundado en 1951 por un grupo de estudiantes de la Universidad Americana de Beirut, entre ellos George Habash y Wadie Haddad, quienes una década y media más tarde liderarían el Frente Popular para la Liberación de Palestina. (Un joven Ghassan Kanafani, reclutado por Habash a comienzos de la década de 1950, formó parte del consejo editorial del periódico del MNA). La política del retorno palestino seguía estando, durante la mayor parte de las décadas de 1950 y 1960, ampliamente integrada en un programa más amplio de unidad árabe, liberación y socialismo, ya fuera de inspiración nasserista o baazista10 Se podía encontrar a militantes del MNA en todos los frentes de la lucha nacionalista en el mundo árabe durante las primeras décadas del período poscolonial, con células activas en Siria, Irak, Jordania, Gaza (bajo administración egipcia), Dhofar y Yemen del Sur. Para una introducción útil al MNA, véase Sayigh, “Reconstructing the Paradox: The Arab Nationalist Movement, Armed Struggle, and Palestine, 1951–1966”, (<)em(>)Middle East Journal(<)/em(>), 45, 4 (1991), pp. 608–629.
No obstante, pese al amplio consenso del que gozaba la causa nacionalista, las grietas en su entramado regional comenzaron a hacerse visibles desde 1961. La República Árabe Unida se había disuelto y Egipto, Siria e Irak seguían trayectorias cada vez más divergentes; la escisión sirio-iraquí dentro del Baaz en 1966, por ejemplo, generó una desconfianza mutua y una hostilidad abierta entre ambos regímenes que nunca llegarían a resolverse.11 La temprana e influyente evaluación de Anouar Abdel Malek sobre el experimento del nacionalismo árabe —centrada en la composición social y de clase (pequeña burguesía, militares y burócratas) del régimen egipcio— conserva todavía un notable poder explicativo a la hora de analizar los fracasos del arabismo; una línea de argumentación que Hanna Batatu prolongó y amplió a los contextos sirio e iraquí. Véanse Anouar Abdel Malek, (<)em(>)Égypte, société militaire(<)/em(>) (París, 1964), y Hanna Batatu, (<)em(>)The Egyptian, Syrian and Iraqi Revolutions: Some Observations on their Underlying Causes and Social Character(<)/em(>) (Washington, 1983), así como las monografías individuales (<)em(>)The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq(<)/em(>) (Londres, 1978) y (<)em(>)Syria(<)/em(>)’(<)em(>)s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics(<)/em(>) (Princeton, 1999). En este sentido, la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967 fue tanto una consecuencia como una causa de la desintegración del nacionalismo árabe. Tres años antes, Nasser había contribuido a la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), lo que constituía en muchos aspectos un reconocimiento del cambio en la naturaleza del movimiento de liberación nacional árabe, desde una revolución regional dirigida por Estados hacia una insurgencia guerrillera mucho más localizada. El Partido Comunista Libanés (PCL) —Lebanese Communist Party (LCP) en el inglés original—, con profundas raíces en el Sur, logró presentarse con éxito como un puente entre el antiimperialismo árabe —momentáneamente derrotado— y las luchas obreras, campesinas y estudiantiles que se desarrollaban en el plano nacional. En este sentido, el Sur no solamente representó la síntesis orgánica de las luchas sociales y nacionales que se desplegaron en el Líbano durante la década de 1960, sino también su frente más avanzado.
La militancia obrera y estudiantil en el Sur se mantuvo con intensidad durante la década de 1960, al mismo ritmo que en el resto del país. Tiro siguió recibiendo la parte más dura de la represión estatal; la policía y el ejército eran desplegados de manera rutinaria para sofocar el movimiento estudiantil, que continuaba movilizándose tanto a nivel local como nacional. La dependencia económica respecto de Beirut se profundizó aún más debido al aumento de la migración hacia el norte; a finales de la década de 1960, la mitad de la población chií del Líbano vivía en Beirut, una ciudad mal preparada para absorberla plenamente. Muchos de los que permanecieron en el campo sureño continuaron trabajando en el tabaco, el cultivo dominante de la región desde la época del Mandato francés, regulado por un monopolio estatal de origen colonial conocido como la Régie. Tras la independencia, la empresa mantuvo su monopolio sobre las licencias, para las cuales había surgido un mercado especulativo controlado por terratenientes intermediarios. Este fue el objeto de sucesivas luchas, sobre todo en y alrededor de Nabatieh, y que culminaron con la sindicalización de los agricultores a comienzos de la década de 1970.
A partir de estas luchas, los congresos sucesivos del Partido Comunista en 1968 y 1974 elaboraron un programa integral de reforma agraria orientado a las periferias rurales del país (que incluía, de manera fundamental, la redistribución de la tierra, un mayor control público del monopolio del tabaco y un salario mínimo para los trabajadores agrícolas). El partido también se comprometió de nuevo con la resistencia al sionismo, una postura que había tenido dificultades para sostener públicamente hasta la Guerra de los Seis Días, debido a la posición soviética hacia Israel durante las décadas de 1950 y comienzos de 1960.12 Los pasajes traducidos de los dos programas pueden encontrarse en Tarek Y. Tareq y Jacqueline S. Ismael, (<)em(>)The Communist Movement in Syria and Lebanon(<)/em(>) (Gainesville, 1998), pp. 81–136. El brazo militar del PCL, el Haras ash-Sha‘abi (Guardia Popular), se formó como un medio para defender el sur del Líbano frente a las crecientes incursiones israelíes; actuaba codo a codo con las facciones palestinas, que a finales de noviembre de 1969 obtuvieron el control exclusivo de los campamentos de refugiados del país. En ese contexto, emergió una nueva generación militante: si no estaban ya organizados como cuadros en partidos nacionalistas o de izquierda locales, decenas de jóvenes sureños se incorporaron a las filas de los fedayines, donde apenas se hacía distinción entre libaneses y palestinos.13Las memorias de Soha Bechara, una de las presas políticas más destacadas del Líbano, originaria de la aldea fronteriza meridional de Deir Mimas, resultan ilustrativas a este respecto, pues exponen el papel de las organizaciones juveniles —en este caso, la Unión de la Juventud Democrática, afiliada al Partido Comunista Libanés (PCL)—en la organización de cuadros que posteriormente combatirían la ocupación israelí del sur del Líbano en la década de 1980. Véase: (<)em(>)Resistance: My Life for Lebanon(<)/em(>) (Nueva York, 2003). A lo largo de la década de 1970, la lucha contra el colonialismo sionista y contra el Estado libanés fueron, en la práctica, una sola, entendidas ambas como manifestaciones diferenciadas de un mismo orden imperial más amplio.
Síntesis sectaria
De manera paralela a estas transformaciones, una fuerza política muy distinta comenzó a tomar forma en el sur del Líbano. Musa al-Sadr llegó por primera vez al país en 1959, invitado a suceder a su pariente ‘Abdel Huséin Sharaf ad-Din como imán de Tiro. Criado entre Irán e Irak en el seno de una familia de destacados clérigos, al-Sadr se formó en los dos principales seminarios teológicos chiíes, Qom y Nayaf, que, en respuesta a la amenaza del anticolonialismo secular, habían comenzado a elaborar, desde dentro de las tradiciones chiíes de teoría política y de gobierno, respuestas a la dominación imperial. Sus dos principales corrientes tendían a diferir en torno a la cuestión de la soberanía: el jomeinismo, predominante en Irán, se cristalizó en torno a la autoridad última del jurista sobre el Estado y la sociedad; otra línea de pensamiento, derivada de Muhammad Baqir al-Sadr en Irak, estaba más comprometida con la soberanía popular. El activismo de Musa al-Sadr, desarrollado desde su posición como principal autoridad religiosa de la región, nunca se adscribió explícitamente a ninguna de las dos. Su gran logro residió, más bien, en la tarea pragmática de explotar la marginación histórica de los chiíes libaneses utilizando el andamiaje sectario ya existente del arreglo constitucional libanés.
¿Cuál era la solución propuesta por al-Sadr al problema de su comunidad? A pesar de la estrategia de desarrollo estatal más proactiva de la década de 1960, la pobreza y la privación rural persistían en Yabal ‘Amil. La brillantez del programa de al-Sadr consistió en canalizar la marginación histórica de los chiíes —que hasta entonces solía expresarse políticamente a través de corrientes que cuestionaban explícitamente la legitimidad del Estado libanés, desde el unionismo árabe hasta el comunismo— y reorientarla hacia un horizonte político que respetaba profundamente, e incluso reforzaba, el carácter sectario del sistema. Ni la Constitución de 1926 ni el Pacto Nacional de 1943 habían distinguido plenamente a los chiíes del conjunto más amplio de los musulmanes en el Líbano. Formalmente, los chiíes eran indistinguibles de la comunidad suní, social y políticamente dominante; en la práctica, ello se traducía en una subrepresentación sistémica de los chiíes en el Estado confesional, desde las cuotas de empleo público y cargos gubernamentales hasta la inversión regional. Para al-Sadr, la miseria en el Sur era menos el resultado estructural del capitalismo libanés (como sostenían los comunistas) que un mal funcionamiento del sistema confesional. La tarea pendiente, por tanto, era fortalecer las redes de patronazgo y redistribuir más recursos desde la capital hacia la periferia. Para al-Sadr, las incursiones israelíes contra la OLP eran reprobables sobre todo por constituir violaciones de la soberanía libanesa. La importancia de este giro difícilmente puede exagerarse. Aunque se oponía al sionismo, el fundamento de esa oposición pasó a ser su amenaza a la soberanía del Líbano, una naturalización tácita de aquello que hasta entonces había sido objeto de la oposición nacionalista árabe. Según se informó, los estadounidenses, que seguían de cerca el ascenso del clérigo, estaban encantados14Uno de los estudiosos más destacados del movimiento (<)em(>)Amal(<)/em(>) y de la historia política más reciente del sur del Líbano fue el ya fallecido Dick Norton, profesor durante muchos años en el departamento de ciencia política de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Sobre el anticomunismo de al-Sadr, véase Augustus Richard Norton, (<)em(>)Amal(<)/em(>) (<)em(>)and the Shi’a: Struggle for the Soul of Lebanon(<)/em(>) (Austin, 1988), pp. 42–46.
En 1967, el chiismo fue reconocido oficialmente como una confesión distinta en la legislación libanesa. Dos años más tarde, al-Sadr se situó al frente del recién creado Consejo Islámico Superior Chií. Los notables del Sur y la burguesía chií emigrada —cuyo capital se concentraba principalmente en África Occidental— miraron inicialmente con recelo al clérigo advenedizo, pero pronto aceptaron su liderazgo; las clases terratenientes con mayor reticencia que la comunidad expatriada, que gracias a al-Sadr accedía ahora a una escena política interna que hasta entonces le había sido en gran medida impermeable. Nabih Berri, el hábil sucesor laico de al-Sadr, pertenecía a esta clase de nuevos empresarios empoderados. Nacido en Sierra Leona, hijo de un próspero comerciante de diamantes emigrado de la localidad sureña de Tibnin, la entrada de Berri en la política se produjo a través del movimiento estudiantil nacional, en el que participó mientras estudiaba Derecho en la Universidad Libanesa. Tras intentos fallidos de incorporarse a la lista electoral de Kamel Asa‘d, Berri pasó un tiempo trabajando en Estados Unidos y se unió a Amal a su regreso al Líbano como portavoz del partido en 1975, poco después de su fundación.
A comienzos de la década de 1970, la OLP y sus aliados en el Líbano habían sintetizado sus visiones de transformación social y antisionismo en un compromiso amplio con la abolición del orden político confesional. Así se constituyó el Movimiento Nacional Libanés (MNL)15 Sobre las implicaciones revolucionarias del programa del MNL, véase Nate George, “‘Our 1789’: The Transitional Program of the Lebanese National Movement and the Abolition of Sectarianism, 1975–77”, (<)em(>)Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East(<)/em(>), 42, 2 (2022), pp. 470–488. En rigor, el programa de reforma constitucional del MNL constituyó una ruptura importante con el unionismo árabe de las décadas anteriores; para los años setenta, cualquier ambición de unidad equivalía en lo esencial a aceptar una forma de suzeranía, especialmente en relación con el régimen de Assad, hasta el punto de que los servicios de inteligencia sirios terminarían por asesinar al líder del MNL, Kamal Jumblatt, en marzo de 1977.Desde el inicio, este entró en conflicto con al-Sadr, cuyo movimiento político en expansión se basaba en la aceptación no solamente de la integridad del Estado libanés, sino también de su carácter sectario. A comienzos de 1974, al-Sadr anunció la creación del Movimiento de los Desposeídos —Movement of the Deprived en el inglés original—ante una multitud de 75 mil personas en Baalbek16 Joe Stork sugiere que (<)em(>)Amal(<)/em(>) nunca estuvo tan arraigado en el Sur como lo estuvo el LNM, al menos antes de 1982. Véase Joe Stork, “The War of the Camps, the War of the Hostages”, (<)em(>)MERIP(<)/em(>), 133 (1985). Para entonces, el clérigo ya había comenzado a acoger en Tiro a varias figuras influyentes de la revolución iraní, entre ellas Mostafa Chamran —futuro ministro de Defensa del Irán posrevolucionario y colaborador de ‘Ali Shariati—, quien contribuyó a la creación y al entrenamiento de los Regimientos de la Resistencia Libanesa (Amal, según el acrónimo árabe). Esta milicia armada pronto se volvería sinónimo del propio movimiento. Al-Sadr pudo haber presentado su iniciativa como insurgente, pero en la práctica hizo más que ningún intento previo —ni por parte de gobiernos centrales ni de representantes locales— para afianzar la hegemonía del Estado libanés en el Sur. El movimiento podía reivindicar, mediante su compromiso con la reforma social y la lucha antisionista, una atención genuina a la situación del Sur; sin embargo, su papel histórico y duradero fue el de desvincular la lucha contra el sionismo de cualquier proyecto antiimperialista más amplio que pusiera en cuestión la legitimidad del Estado confesional libanés.
La toma del Sur
La memoria histórica sitúa el inicio de la guerra civil libanesa en abril de 1975, cuando una masacre en Beirut Oriental, perpetrada por el brazo armado de la derecha cristiana, asesinó a veintisiete palestinos que viajaban en autobús entre los campamentos de refugiados de la ciudad. Otro foco temprano de conflicto se produjo en Saida aproximadamente un mes antes, entre pescadores locales y una empresa propiedad de la familia Chamoun, que buscaba imponer un control exclusivo sobre la actividad pesquera de la ciudad. Durante una manifestación contra los planes de la empresa, a finales de febrero, Ma‘arouf Saad —líder histórico nasserista de la ciudad y veterano de la revuelta palestina de 1936— fue abatido por el Ejército libanés. Dada la naturaleza de las coaliciones que conformaron los dos bandos enfrentados, la guerra se desarrolló de manera desigual en las distintas regiones del país. En un primer momento, los combates se concentraron en torno al control de Beirut y sus alrededores. En el Sur, el equilibrio que se había establecido entre la OLP e Israel a finales de la década de 1960 permaneció en líneas generales inalterado durante las primeras fases del conflicto. Incluso la invasión israelí de una semana en marzo de 1978 cambió relativamente poco la situación, ya que la OLP recuperó rápidamente el territorio al sur del Litani tras la retirada israelí. Los efectos de la invasión de 1982 serían, en cambio, mucho más duraderos y transformadores. A partir de entonces, el antisionismo en el sur del Líbano pasaría de manos de la coalición liderada por los palestinos a otra dominada crecientemente por islamistas militantes. Paralelamente, el entonces líder de Amal, Nabih Berri, aprovecharía el vacío generado por la invasión israelí para extender gradualmente su control sobre la economía del Sur.
Hezbolá surgió a partir de una fractura interna en Amal. Tras el asedio de Beirut, que se prolongó durante tres meses en el verano de 1982, la OLP fue derrotada y expulsada del Líbano. Berri había participado en un gobierno de salvación nacional junto a Bashir Gemayel, líder de las Falanges cristianas —un colaborador notorio y el candidato preferido de Israel para la presidencia de la República17 En agosto de 1978, Musa al-Sadr viajó a Libia por invitación de Gaddafi. No volvió a ser visto nunca más. Las circunstancias que rodean su desaparición siguen siendo, hasta el día de hoy, un misterio. Casi con toda seguridad fue ejecutado por orden del coronel, pero aún no ha surgido un motivo convincente para su asesinato —más allá de vagas referencias a su rivalidad con Jomeini—. Sectores del estamento clerical chií, de orientación jomeinista y con base en la Bekaa bajo control sirio (Subhi al-Tufayli, ‘Abbas al-Musawi, Hassan Nasrallah), se agruparon en una corriente disidente dentro de Amal y pronto comenzaron a coordinarse con decenas de jóvenes militantes, en su mayoría hijos del Sur, ahora bajo ocupación directa y privados de la infraestructura organizativa de la OLP o del MNL. (Imad Mughniyeh y su primo Mustafa Badreddine, dos célebres comandantes de Hezbolá en años posteriores, habían sido reclutas de Fatah en su juventud). Aunque adoptaría su nombre en años posteriores, Hezbolá se dio a conocer por primera vez ante los israelíes mediante dos ataques contra el cuartel general de las FDI en Tiro en 1982 y 1983. Los intereses estadounidenses también figuraron entre los primeros objetivos: el 18 de abril de 1983, la embajada de Estados Unidos sufrió graves daños en un atentado. Poco después tuvo lugar un ataque coordinado contra los cuarteles que albergaban un batallón de infantes de marina, en el que murieron más de 300 personas.
Amal, con el respaldo de Siria, fue el principal beneficiario de la invasión israelí, aunque ahora enfrentaba la competencia de Hezbolá, que demostraba una eficacia creciente en la resistencia a la ocupación del Sur. Frente a un Hezbolá emergente se encontraban las fuerzas seculares reconstituidas (y mermadas) del MNL, encabezadas principalmente por el PCL y otras facciones comunistas, ahora separadas de los escasos contingentes palestinos armados, en su mayoría confinados a los campamentos urbanos. La eficacia de estas fuerzas convenció pronto a las FDI del alto costo de mantener una presencia permanente en el sur del Líbano, vigente desde la invasión del verano de 1982. En 1985, Israel se retiró finalmente a posiciones a lo largo de la frontera, manteniendo el control militar a través del Ejército del Sur del Líbano, una unidad de contrainsurgencia subcontratada que había comenzado a entrenar a mediados de la década de 1970 y que estaba compuesta por hombres —muchos de ellos desertores del Ejército libanés— procedentes de aldeas cristianas del Sur.
Si bien la expulsión de la presencia israelí en el Sur constituía un objetivo común, poco más unía a los grupos que la perseguían. Quizá más significativos que las operaciones contra Israel llevadas a cabo durante la década de 1980 fueron los enfrentamientos internos dentro del propio frente, integrado ahora por Amal, Hezbolá y las facciones palestinas y libanesas de izquierda reconstituidas tras el asedio de Beirut. Lo que estaba en juego era el control de la lucha contra Israel, librada con mayor agresividad por una alianza entre el régimen sirio y Amal: una convergencia entre la ambición histórica de Siria de depurar cualquier frente de resistencia en el Líbano de amenazas potenciales a su propia estabilidad y el deseo de Amal de expandir su papel como principal partido sectario de los chiíes libaneses. Los palestinos en el Líbano fueron objeto de una sangrienta campaña de tres años, la infame Guerra de los Campamentos —War of the Camps en el inglés original—, entre 1985 y 1988. Figuras destacadas de la izquierda secular también fueron blanco de ataques18 El asalto contra el Partido Comunista Libanés fue particularmente brutal. Entre las figuras más destacadas asesinadas entre 1986 y 1987 se encuentran el ya mencionado Mahdi Amel (n. Hassan Hamdan, 1926–87), reconocido teórico social; Hussein Mroueh (1910–87), crítico literario y editor de la revista del PCL, (<)em(>)al-Tariq(<)/em(>); Khalil Nʿaous (1935–86) y Suheil Tawileh (1941–86), ambos escritores, editores y miembros del Buró Político del partido.Para la alianza sirio-amalista, Hezbolá representaba otra fuente de inestabilidad. El fratricidio entre Amal y Hezbolá, que se prolongó durante más de dos años, debe entenderse tanto como una expresión de las prioridades sirias de contener las consecuencias de una colisión cada vez más intensa entre Irán y Estados Unidos en una zona considerada vital para su seguridad, como, simultáneamente, un intento de Berri de domesticar cualquier fuerza insurreccional que pudiera poner en cuestión la futura integridad del Estado libanés y el papel que él mismo ocupaba ya en su seno.
El creciente dominio de Berri en el plano nacional fue inseparable del control personal que él y su partido lograron ejercer sobre el Sur durante la segunda mitad de la década de 1980. En cierto sentido, esto no difería de lo ocurrido en otras regiones del país: la competencia violenta entre milicias por el control de los activos estatales y de las fuentes de ingresos marcó en gran medida la lógica de la guerra en sus fases finales, al tiempo que sentó las bases del orden posbélico emergente.19Un útil recuento de la economía de guerra puede encontrarse en Fawwaz Traboulsi, (<)em(>)A History of Modern Lebanon (<)/em(>)(London, 2007) pp. 220-238. La posición de Berri en el Estado se vería ampliada y consagrada al ser elegido, tras el fin de la guerra, como primer presidente del Parlamento libanés, cargo que ha ocupado desde entonces y que ha ejercido como una plataforma de intermediación nacional extraordinariamente poderosa y lucrativa. Desde la función pública hasta los sindicatos, pasando por el sector inmobiliario y la banca, apenas existe un ámbito de la política o de la economía en el que no se haga sentir su influencia. La contrarrevolución de Musa al-Sadr estaba prácticamente consumada: el antiimperialismo revolucionario que había dominado el Sur en las décadas de 1950 y 1960 había sido sustituido por un movimiento que aún podía presentarse como representante de “los desheredados” y oponerse al expansionismo sionista, pero que en la práctica solo utilizaba esos sentimientos para beneficiarse como socio del nacionalismo libanés y del orden imperial más amplio.
(Neo-) liberación
A finales de la década de 1980, los dos grandes bloques que habían desencadenado la guerra civil libanesa eran apenas reconocibles, transformados y reconfigurados por la derrota, el desgaste y los enfrentamientos internos. La derecha se había fragmentado, pero la transformación de la izquierda fue más profunda y rigurosa. Hafez al-Assad, impulsado por los temores en torno a la estabilidad de su propio régimen en Siria, había buscado durante años limitar la autonomía de la OLP y de las facciones libanesas de izquierda aliadas. Con Amal y Hezbolá sustituyendo de facto a la izquierda secular en el Sur, Assad emergió como uno de los principales beneficiarios del conflicto.
El acercamiento sirio-estadounidense tras la Guerra del Golfo parece haber sido decisivo para permitir a Assad y a su jefe de seguridad en el Líbano, Ghazi Kanaan, actuar con libertad en la configuración de un acuerdo posbélico. Los Acuerdos de Taif, firmados en 1989, reconocieron oficialmente a Hezbolá como la única fuerza legitimada para ejercer la resistencia armada contra Israel en el Sur, por lo que quedó exento del desarme general estipulado por la paz. El programa político del grupo, a su vez, se volvió mucho más acomodaticio respecto del arreglo constitucional libanés, que —salvo ajustes menores— sobrevivió a la guerra intacto. La revolución islámica siguió siendo un compromiso teórico, pero perdió centralidad en las prioridades políticas del movimiento. A lo largo de la década de 1990, las operaciones de resistencia en el Sur contra los israelíes no solamente aumentaron en número, sino también en sofisticación, acompañadas de una expansión de las capacidades comunicativas, con emisiones de radio y televisión que proyectaban directamente los avances de la resistencia hacia su base social. En mayo de 2000, tras años de presión militar sostenida, Israel se retiró unilateralmente. En una reunión organizada en Bint Jbeil para celebrar la liberación del Sur, Nasrallah consolidó su posición, tanto a nivel interno como internacional, como el adversario más eficaz de Israel desde Nasser. Su discurso perseguiría la imaginación israelí durante el siguiente cuarto de siglo: “Este Israel que posee armas nucleares y la fuerza aérea más poderosa de la región”, proclamó, “por Dios, es más débil que una tela de araña”.
Tras la liberación, los primeros esfuerzos de recuperación económica emprendidos por la clase política surgida tras Taif alimentaron una sensación general de optimismo, incluso de euforia. Un subconjunto completamente nuevo de la burguesía libanesa se había consolidado como fuerza política coherente durante la década de 1990: Rafiq Hariri, que dominaría la política libanesa durante una década y media, fue quizá el más exitoso de estos contratistas, muchos de los cuales habían amasado sus fortunas como emigrantes en el Golfo. Sus imperios privados en los sectores inmobiliario, de las telecomunicaciones y financiero pronto sustituyeron al debilitado Estado como principal motor de la reconstrucción posbélica. En la práctica, esto supuso la absorción de buena parte de la riqueza libanesa —pública y privada— en sus feudos personales. La propia empresa de Hariri, Solidere, supervisó el desarrollo depredador del centro de Beirut —antiguo corazón comercial de la ciudad y hogar de decenas de miles de residentes— en un lujoso centro comercial; quizá el ejemplo más visible y duraderamente escandaloso de la “acumulación a escala urbana” posibilitada por este nuevo equilibrio entre clase y poder estatal.20 Hannes Baumann (2019), “The Causes, Nature, and Effect of the Current Crisis of Lebanese Capitalism”, (<)em(>)Nationalism and Ethnic Politics(<)/em(>), 25:1, p. 65. Para un análisis del trabajo migrante del que dependió gran parte de esta reconstrucción (y del que el Líbano sigue dependiendo), véase John Chalcraft, “Labour in the Levant”, (<)em(>)New Left Review(<)/em(>), 45 (mayo/junio de 2007).
Habiendo sido uno de sus principales arquitectos, Nabih Berri se benefició enormemente de la nueva lógica rentista que sustentó la economía libanesa de posguerra. Las relaciones entre Amal y Hezbolá eran sólidas, a pesar de su competencia por el control del Sur. Pronto emergió una división del trabajo. Hezbolá, con su derecho continuado a portar armas, asumió la responsabilidad principal de la insurgencia contra la ocupación israelí. Amal, en cambio, gozó de una primacía casi incontestada sobre los resortes de la economía política del Sur. Berri fue central en este proceso. En 1993, su estrecho aliado Nassif Saklaoui fue nombrado director de la Régie y canceló las licencias preexistentes para el cultivo de tabaco en manos de la clase terrateniente que había actuado como intermediaria entre la empresa y los cultivadores en las décadas anteriores. Las licencias pasaron a concederse directamente a los agricultores que habían permanecido en sus aldeas durante la guerra y la ocupación, lo que contribuyó a frenar la despoblación del campo21Munira Khayyat, (<)em(>)A Landscape of War: Ecologies of Resistance and Survival in South Lebanon(<)/em(>) (Oakland, 2022) pp. 99–100.
El Consejo del Sur, fundado por Musa al-Sadr a finales de la década de 1960 y que desde entonces había permanecido bajo control de Amal, recaudó más de 850 millones de dólares para proyectos de reconstrucción y desarrollo en toda la región. Los resultados de estas políticas fueron considerables. Las concesiones otorgadas a los cultivadores lograron, en parte, contener la intensificación de la emigración desde el Sur, que constituía una amenaza evidente para la viabilidad misma de la resistencia. La redistribución sectaria parece también haber fomentado un cierto grado de crecimiento: entre 1997 y 2004, el distrito meridional de Nabatiyeh registró el mayor aumento nacional del consumo privado per cápita (5,82 por ciento), aunque esta cifra indica con mayor fiabilidad el enriquecimiento dentro —y entre— las redes clientelares de Amal, expresión de la consolidación de Berri como el principal empresario sectario del Sur22 Más allá de los matices, no debería subestimarse, desde una perspectiva histórica, la novedad que ponen de relieve estos datos: ʿAkkar —y no el Sur— se ha situado, durante la última década y media, como la región más pobre del Líbano en términos generales. Véase Nisreen Salti y Jad Chaaban, “The Role of Sectarianism in the Allocation of Public Expenditure in Postwar Lebanon”, (<)em(>)International Journal of Middle Eastern Studies(<)/em(>), 42, 4 (2010), pp. 637–655. Durante su ascenso en la década de 1970, Berri solía presentar su programa político como una alternativa más justa al de las familias notables que habían lastrado durante décadas el desarrollo del Sur. En la práctica, Berri no hizo sino sustituir los intereses dispersos y la influencia de esas familias por los suyos propios, y elevar la representación chií a una posición mucho más central (y lucrativa) dentro del aparato estatal libanés. En lo que respecta al pacto de clase entre Beirut y las familias del Sur surgido con la formación del Estado libanés, los habitantes de la región obtuvieron poco más que un patrón más influyente y más rico.23 Esta ciclicidad parece ajustarse bien a los planteamientos de Mahdi Amel sobre el “modo de producción colonial”, teorizado como un apéndice estructuralmente distinto, aunque vital, del capitalismo global. El concepto fue empleado por primera vez por ʿAmel para intervenir en los debates en torno al subdesarrollo en el mundo colonizado y poscolonial. El modo de producción colonial no solo depende de una “solidaridad de clase inusualmente profunda entre facciones de comerciantes y terratenientes”, como se observa en la integración del Sur en el Gran Líbano, sino que también parece dar cuenta de la supervivencia del Estado y de la derrota de la liberación nacional a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, lo que ʿAmel denomina “una interrupción del movimiento del desarrollo de estos países de acuerdo con la lógica de su devenir interno”. Véase Amel, «Colonialism and Underdevelopment”, en (<)em(>)Marxism and National Liberation(<)/em(>), pp. 23–39.
Absorber la resistencia
La liberación del Sur por parte de Hezbolá fue un hecho extraordinario, probablemente el mayor triunfo logrado hasta la fecha por una fuerza armada frente a Israel (sobre todo si se consideran las diferencias de medios entre Nasser en 1956 y Sadat en 1973, por un lado, y las de las guerrillas del Sur, por otro). No obstante, la victoria planteó inevitablemente más preguntas que respuestas a una organización cuya razón de ser, durante casi una década, había sido la resistencia nacional. ¿Cuál debía ser el papel de Hezbolá después de la liberación? La persistente ocupación israelí de las Granjas de Shebaa —un territorio de unos 20 km² a lo largo de la frontera libanesa con los Altos del Golán— difícilmente podía justificar la permanencia del grupo ante el amplio abanico de adversarios políticos que reclamaban su desarme, desde la derecha cristiana y los progresistas anti-autoritarios en el ámbito interno, hasta las presiones internacionales de Estados Unidos y Arabia Saudí. Hezbolá reorientó entonces su misión hacia la liberación de Palestina propiamente dicha.
El verdadero dilema para la dirigencia de Hezbolá era cómo garantizar la supervivencia y la reproducción del partido más allá de la tarea insurreccional, especialmente frente a la competencia de Berri. Hezbolá podía, desde luego, contar con el apoyo continuo de Irán para financiar sus operaciones (las estimaciones sitúan estas transferencias en torno a los 100–200 millones de dólares anuales durante la década de 2000), pero mientras el partido rehusara asumir el poder estatal seguiría siendo vulnerable a las fuerzas interesadas en erosionar tanto su arsenal como su base social.
La respuesta de Hezbolá fue asumir la tarea de gobernar. El partido había mantenido una presencia constante en el Parlamento desde comienzos de la década de 1990, pero hasta entonces se había autoexcluido de los sucesivos gabinetes por razones ideológicas. En 2002, Naim Qassem, histórico adjunto de Nasrallah y su eventual sucesor, publicó un libro concebido como una actualización de la visión política y estratégica del movimiento. En lugar de descartar de plano la participación en el gobierno, el grupo pasaría a evaluar sus opciones en función de su propio interés. El cambio de tono constituía, en la práctica, una apertura casi definitiva a la participación. “La discusión sobre la pertenencia al Consejo de Ministros —escribe Qassem— se planteará en cada ronda de formación del gobierno, en la que se examinen los hechos, las ventajas y los inconvenientes. Tal discusión se considerará más pertinente que una respuesta definitiva a priori”24 Naim Qassem,(<)em(>) Hizbullah: The Story from Within(<)/em(>) (London, 2002) pp. 250–265.
Tres años después, el 14 de febrero de 2005, Rafiq Hariri fue asesinado en una enorme explosión dirigida contra su comitiva en el centro de Beirut. El atentado se produjo en un contexto de deterioro de las relaciones entre el Líbano y el régimen sirio, a raíz de la propuesta de prorrogar el mandato de Emile Lahoud como presidente de la República (Lahoud era un aliado incondicional de Assad). Casi con toda seguridad, Siria estuvo detrás del ataque, y muy probablemente recurrió a operativos de Hezbolá para ejecutarlo. Las consecuencias del atentado condujeron finalmente a la retirada siria del Líbano ese mismo año, pero la alineación o la oposición a Damasco siguió siendo durante años la principal línea de fractura a través de la cual se canalizaría el conflicto político. En cualquier caso, la integración de Hezbolá en el Estado apenas se ralentizó: ese mismo año, Trad Hamadeh y Muhammad Fneish se convirtieron en los primeros ministros del partido, como parte de un efímero gobierno de unidad nacional, a cargo respectivamente de las carteras de Trabajo y Energía.
En julio de 2006, Hezbolá llevó a cabo una incursión transfronteriza con el objetivo de capturar soldados israelíes para negociar un canje de prisioneros. La operación causó la muerte de ocho soldados israelíes y la captura de otros dos. Israel respondió de inmediato con bombardeos aéreos contra objetivos militares y civiles en todo el país. En la guerra que siguió, y que duró poco más de un mes, Israel puso en práctica una estrategia de destrucción máxima de barrios residenciales e infraestructuras públicas mediante un uso abrumador del poder aéreo; una novedad en aquel momento, que desde entonces se ha convertido en práctica militar estándar de las FDI. El intento de invasión terrestre fue menos exitoso y no logró cumplir ninguno de sus objetivos principales ni controlar ningún gran núcleo urbano (la defensa de Bint Jbeil, donde cien combatientes de Hezbolá repelieron tres oleadas de ataque de una fuerza israelí de cinco mil efectivos, es recordada como uno de los mayores logros militares de la resistencia). La incapacidad de Israel para mantener el control de ningún territorio significativo en el Sur del Líbano después de 2006 otorgó una credibilidad real a los principales factores disuasorios de la resistencia: la amenaza de una incursión en Galilea y de ataques contra Tel Aviv. Sin embargo, el precio impuesto a la población civil, especialmente en Beirut y en el Sur, fue enorme. (Se dice que Nasrallah, marcado por la destrucción que Israel infligió a Beirut y al Sur, se inclinó posteriormente, tras el 7 de octubre, por una relativa contención para evitar la repetición de un escenario similar).
Igualmente decisivo fue que Hezbolá asumiera, a través de empresas contratistas vinculadas al partido, la reconstrucción de barrios y aldeas dañados durante la guerra. El resultado neto de este proceso fue doble. En la reconstrucción del sur de Beirut, amplias zonas de la ciudad que se habían desarrollado de forma informal en las décadas anteriores fueron privatizadas mediante la redistribución y regularización de los derechos de propiedad de los residentes, consolidando una clase media en ascenso, leal a la resistencia.25 “Mi mejor estimación —escribe Mona Fawaz— es que al menos un tercio de los títulos privados que se consideraban ‘dados’ en Haret Hreik habían sido creados entre 1983 y 1994 como ocupaciones de diversas formas de propiedad pública, a través de múltiples arreglos informales. En aquel momento, los promotores inmobiliarios subdividieron grandes extensiones agrícolas en lotes más pequeños y transformaron los huertos de naranjos de este lejano suburbio de Beirut en el denso barrio residencial en el que se había convertido para 2006”. Mona Fawaz, “The Politics of Property and Planning: Hezbollah’s Reconstruction of Haret Hreik (Beirut, Lebanon) as Case Study”, (<)em(>)International Journal of Urban and Regional Research(<)/em(>), 38, 3 (2014), p. 928. Esto, a su vez, no habría sido posible sin un sector aliado de la burguesía contratista, que se benefició ampliamente de la creciente integración del partido en la maquinaria del Estado.26 Joseph Daher enumera cuatro grandes empresas afiliadas —cinco si se incluye a Jihad al-Binā’, que existía desde la década de 1990—: Tajco, al-Inmaa, Meamar y Arch Consulting. Véase Daher, (<)em(>)Hezbollah(<)/em(>), pp. 83-88. Todo ello tuvo como consecuencia una transformación profunda de la función social de la organización: Hezbolá pasó a representar simultáneamente la resistencia antisionista y una disposición a actuar dentro del marco del Estado nacional. Aunque seguía reivindicando el legado del internacionalismo islamista militante, puede decirse que 2006 “libanizó” plenamente a Hezbolá; fue en la posguerra cuando demostró que, al igual que las demás fuerzas políticas que habían dado forma al arreglo de posguerra, podía funcionar no solamente como un eficaz vehículo de redistribución sectaria para su base, sino también como garante de la acumulación de capital para los rentistas de su propia comunidad.
Estas imbricaciones financieras no hicieron sino intensificarse a lo largo de la década siguiente, de la mano de una participación cada vez mayor en la gestión del Estado. En 2008, el gobierno de Fouad Siniora intentó apoderarse de la red de telecomunicaciones independiente de Hezbolá, acusando a la resistencia de espiar a sus adversarios políticos internos. En cuestión de días, Hezbolá movilizó su superior infraestructura militar para someter de facto a un cerco a los dirigentes del gobierno y ocupar zonas afines en distintos puntos del país, incluida la mayor parte de Beirut occidental. Una mediación impulsada por Catar para resolver la crisis consagró un poder de veto efectivo de Hezbolá dentro del Ejecutivo, que el movimiento utilizaría en su beneficio en sucesivas crisis políticas en los años siguientes. Para cuando estallaron las protestas masivas en respuesta al colapso económico de finales de 2019, Hezbolá ya no era simplemente una fuerza militar con presencia parlamentaria: se situaba en el centro de una coalición gobernante, como auténtico hacedor de reyes del entonces presidente Michel Aoun. Sin embargo, aquella crisis representó también, probablemente por primera vez, la identificación plena e inequívoca de Hezbolá con los intereses comprometidos en la preservación de la oligarquía libanesa.
Sueños estadounidenses, preguntas del Sur
Salvo por intercambios de fuego ocasionales y breves, la década de 2010 fue relativamente tranquila para el sur del Líbano. Durante esos años, Siria constituyó la principal línea de fractura del equilibrio regional de poder. Su revolución frustrada se transformó en una oportunidad —aprovechada por distintos actores— para obtener ventajas en la pugna creciente entre Irán y los Estados del Golfo (y, por extensión, Estados Unidos). La guerra en Siria desplazó a doce millones de personas y causó más de seiscientas mil muertes, hasta la mitad de ellas civiles. El objetivo estratégico de Hezbolá a lo largo de esta tragedia fue asegurar la continuidad de las líneas de suministro que conectan Irán con el sur del Líbano a través de Irak y Siria. El amplio respaldo entre sectores antiimperialistas que Hezbolá había cosechado durante la Guerra de Julio se dilapidó en gran medida en Siria. La participación del grupo en la destrucción de Qusayr, Zabadani y Alepo en nombre del régimen de Assad dañó de forma permanente esa reputación. Por necesaria que haya sido para su supervivencia, la intervención en Siria consolidó una serie de transformaciones que terminarían comprometiendo estratégicamente al movimiento en los años posteriores. Hezbolá nunca había combatido en una campaña de la magnitud y duración de la guerra civil siria. A medida que aumentaban las bajas, el reclutamiento se volvió menos selectivo y el entrenamiento, menos riguroso. Una formación militar forjada en la resistencia frente a la invasión y la ocupación por parte de un enemigo muy superior pasó a liderar asaltos terrestres contra ciudades sirias con el apoyo de bombardeos aéreos rusos. Para toda una generación de nuevos cuadros, esta fue la primera experiencia de guerra abierta, una preparación difícilmente adecuada para las reglas de enfrentamiento en el frente del Sur. La ampliación del teatro de operaciones incrementó también la probabilidad de brechas de seguridad y de vigilancia, así como lo que algunos observadores cercanos han descrito como un aumento del “ruido” producido por una fuerza que anteriormente había hecho del sigilo su principal ventaja estratégica. Es muy posible que este factor haya sido decisivo para otorgar a Israel la ventaja en su confrontación con Hezbolá tras el 7 de octubre27Un reportaje del (<)em(>)Financial Times(<)/em(>) ofrece un recuento de cómo los servicios de inteligencia israelíes lograron infiltrarse en las operaciones de Hezbolá como resultado de su implicación en Siria. Mehul Srivastava, James Shotter, Charles Clover y Raya Jalabi, “(<)a href='https://www.ft.com/content/6638813e-e246-4409-9a38-95bf60a220a8'(>)How Israeli spies penetrated Hezbollah(<)/a(>)”, (<)em(>)Financial Times(<)/em(>), 29 de septiembre de 2024.
Esto no significa que el desenlace de la guerra fuera un resultado inevitable. Nasrallah dedicó un esfuerzo considerable a evitar la ampliación del frente durante los primeros doce meses del conflicto. Al optar por esta línea más paciente, entró en contradicción con altos mandos militares, entre ellos Ibrahim Aqil, que buscaban aprovechar la entrada israelí en Gaza para establecer un nuevo equilibrio en el frente meridional. Que Hezbolá hubiera podido sostener realmente una ofensiva más allá de la frontera sigue siendo una cuestión abierta. Sin embargo, cuando decidió no escalar tras el asesinato en Beirut, a comienzos de enero de 2024, del alto dirigente de Hamás Saleh al-Arouri, la cautela fue interpretada como debilidad. Todo indica que la función de los nueve meses siguientes fue mantener una ilusión de disuasión, una señal para Hezbolá de que su implicación, por prudente que fuese, estaba teniendo algún efecto en la contención de Israel. En septiembre, esa ilusión se hizo añicos. Gracias a su abrumadora superioridad aérea y a sus capacidades de inteligencia, Israel infligió a Hezbolá una derrota que hasta entonces había sido difícil de imaginar. Como era previsible, la invasión terrestre logró escasos avances, pero con la organización efectivamente descabezada, ello resultó en gran medida irrelevante.
Por concluyente que pueda parecer el resultado de la guerra reciente, las transformaciones en el papel y el funcionamiento de Hezbolá como organización durante las dos últimas décadas serán igualmente determinantes para su futuro. Sus operaciones en Siria a lo largo de la década de 2010 reflejan el papel estructural que pasó a desempeñar en el plano interno, caracterizado sobre todo por una exposición creciente a un conjunto de presiones en gran medida ajenas al grupo que había encabezado con éxito la insurgencia contra la ocupación israelí del Sur en los años noventa. Tal fue el coste de la gobernanza y de una mayor inserción en el Estado: supervivencia y expansión, pero también nuevas responsabilidades y restricciones. Los esfuerzos de reconstrucción posteriores a 2006 contribuyeron a consolidar una base social al tiempo que abrían vías de acumulación para la fracción sectaria de la burguesía libanesa vinculada a Hezbolá. Estos intereses, sin duda, condicionarán cualquier compromiso futuro. El movimiento no tiene otra opción que mantener públicamente su firmeza en defensa de su arsenal, pero si en efecto se está barajando discretamente una posible vía de salida, la continuidad de sus actividades no militares representa a la vez un incentivo considerable y una forma de justificación ante su base para una eventual entrega de armas. Si la esfera de influencia de Irán se viera recortada como parte de un acuerdo forzado bajo el actual y enorme peso de la presión estadounidense, Hezbolá podría, en teoría, justificar la entrega de su armamento pesado en nombre de la preservación de su papel como representante político de su comunidad28 De qué manera exacta los planes actuales del partido en torno a la reconstrucción tras la guerra más reciente se inscriben en estas consideraciones es una cuestión que aún requiere mayor esclarecimiento. Ya se han anunciado compromisos iniciales por parte del mismo conjunto de empresas e instituciones que supervisaron los esfuerzos de reconstrucción después de 2006. Véase Fouad Bazzi, “(<)a href='https://en.al-akhbar.com/news/hezbollah-steps-in-with--3-billion-reconstruction-plan-as-st'(>)Hezbollah Steps in With $3 Billion Reconstruction Plan(<)/a(>)”, (<)em(>)al-Akhbar(<)/em(>), 7 de septiembre de 2025. En este sentido, resulta revelador que los pronunciamientos recientes de Estados Unidos sobre el Sur hayan comenzado a distinguir entre las operaciones militares de Hezbolá y su ala política. La parte más inflexible en las negociaciones ha sido, de hecho, Israel, suficientemente confiado en su creciente supremacía regional como para considerar el desarme una casi inevitabilidad, y desde luego no un resultado sujeto a negociación.
En conjunto, Estados Unidos e Israel parecen haber alcanzado en el sur del Líbano un nivel de dominación sin parangón entre las potencias imperiales del último siglo. Sin embargo, existe una diferencia entre el desarme de Hezbolá —la prioridad inmediata de Washington— y la pacificación a largo plazo de la región —su horizonte último—. Esta última constituye un proceso más complejo, que depende del uso del Estado libanés como instrumento del poder estadounidense. Sus múltiples contradicciones, evidentes desde hace más de un siglo, lo convierten en una herramienta poco adecuada para una tarea de ese tipo.
El país continúa paralizado por la misma oligarquía sectaria que condujo al colapso económico masivo de finales de 2019. Al igual que en la década de 1990 y a mediados de los años 2000, es probable que la reconstrucción de posguerra en la década de 2020 vuelva a ser un mecanismo central para la reproducción de esa misma clase. Más allá de ello, el Estado tiene poco más que ofrecer que securitización, lo que difícilmente disuadirá nuevas incursiones israelíes. Allí donde sí resultará más útil será en la labor de vigilar internamente cualquier eventual acuerdo. El plan del enviado especial estadounidense Tom Barrack para el establecimiento de una “zona económica especial Trump” en el sur, que quedaría bajo una suzeranía sionista efectiva, fue con razón objeto de burla cuando salió a la luz en los últimos meses. No obstante, la propuesta sí revela algo de las reservas de Washington a la hora de entregar el control al Estado libanés. Pese a sus grandilocuentes compromisos con la soberanía del Líbano, se reconoce que, en las condiciones actuales, Beirut no puede aspirar a ejercer ninguna hegemonía duradera en el Sur. A lo sumo, podría esperar una forma frágil de dominación.
Desde luego, si la tradición antiimperialista del sur del Líbano logra sobrevivir, su manifestación más reciente será distinta de sus predecesoras. No existe hoy ningún equivalente regional al internacionalismo iraní de la década de 1980, ni tampoco un actor capaz de sustituir a Hezbolá como fuerza fuertemente armada y altamente coordinada. Una nueva fuerza de resistencia estaría más aislada que cualquiera de sus antecesoras, tanto en el plano interno como en el internacional, y se enfrentaría a un expansionismo israelí envalentonado. Sin embargo, pese a este desfavorable equilibrio de fuerzas, resulta casi inevitable que la fase actual del proyecto sionista suscite una resistencia feroz. La tesis de la coexistencia pacífica nunca ha sido menos verosímil. La necesidad de protección frente al régimen genocida del país vecino nunca ha sido tan apremiante. Una oposición volverá a emerger, adopte la forma que adopte. La derrota del Sur en 2024 todavía no puede presentarse como una victoria duradera para el imperio.
En agosto de 2021, mientras el Covid azotaba al mundo, el FMI decidió ofrecer un salvavidas financiero a los países en desarrollo. Distribuyó $650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), un instrumento financiero sumamente eficaz que puede convertirse fácilmente en moneda fuerte. Estados de todo el Sur Global pudieron utilizar estos activos, reconocidos internacionalmente, para adquirir importaciones esenciales —incluyendo vacunas y otros bienes de salud pública—, así como para impulsar sus economías y reforzar sus reservas internacionales. Sin embargo, un país latinoamericano que ya enfrentaba una grave crisis económica fue impedido de acceder a este recurso vital.
Demos un salto a enero de 2026, cuando ese mismo país fue objeto de un ataque criminal por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Su presidente y la primera dama fueron secuestrados y recluidos en una cárcel en Nueva York, donde esperan un juicio por cargos vagos y cuestionables, como el de “narcoterrorismo”. Tras el ataque, la nación enfrenta un bloqueo asfixiante, amenazas de una mayor intervención militar y la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de su industria petrolera.
Sin embargo, en un giro extrañamente «esperanzador», funcionarios de la Administración Trump han comenzado ahora a discutir la eliminación de las sanciones dirigidas al sector petrolero y el descongelamiento de los DEG del país, pese a que el gobierno chavista —bajo el liderazgo de la exvicepresidenta Delcy Rodríguez— sigue en pie. Las implicaciones podrían ser importantes. Si se permite que los ingresos petroleros vuelvan a fluir hacia los bancos en Caracas, ello podría sentar las bases para una recuperación económica que, a largo plazo, salvaría muchas vidas. Y si se liberan miles de millones de dólares en DEG para Venezuela, esto podría proporcionar un alivio económico inmediato y ayudar a mitigar la crisis humanitaria en curso. ¿Cómo interpretar este aparente giro por parte de Washington?
Las sanciones se impusieron inicialmente durante la Administración Obama, mediante una orden ejecutiva que declaró —sin mayor explicación— que Venezuela representaba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional. Luego, la Administración Trump se apoyó en esa orden para imponer sanciones económicas de amplio alcance entre 2017 y 2019, como parte de una política de “máxima presión” destinada a sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Esto incluyó sancionar al Banco Central de Venezuela, incautar activos en el extranjero, prohibir el acceso al endeudamiento en los mercados financieros estadounidenses y golpear el pilar más crucial de la economía: el sector petrolero.
Incluso antes de que las sanciones empezaran a sentirse con fuerza, la economía venezolana ya atravesaba graves dificultades debido a la caída de los precios del petróleo y a políticas gubernamentales desacertadas. La guerra económica de Estados Unidos agravó dramáticamente la situación, desembocando en la depresión más profunda de la historia fuera de un contexto de guerra. El primer año de las sanciones de Trump se asocia directamente con la muerte de miles de personas. Hubo un marcado aumento de la desnutrición y de la mortalidad, especialmente entre los infantes lactantes. El nivel de vida se desplomó y millones emigraron a países vecinos.
Maduro, sin embargo, se mantuvo firmemente en el poder. Así, a comienzos de 2019, los dirigentes más duros de la oposición venezolana —en coordinación con Marco Rubio y altos funcionarios de la Administración, como John Bolton y Mike Pompeo— obtuvieron la aprobación de Trump para un nuevo plan destinado a derrocar al presidente. Juan Guaidó, que acababa de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional (un cargo que rota anualmente), se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela pese a no contar con un mandato nacional. Estados Unidos lo reconoció de inmediato, seguido por los gobiernos de derecha de América Latina y por la mayoría de los Estados europeos.
En cuestión de días, se rompieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. A Guaidó y sus aliados se les concedió acceso a miles de millones de dólares en activos estatales venezolanos retenidos en Estados Unidos. La Administración Trump trabajó para cortar los vínculos del gobierno de Maduro con diversas organizaciones internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo— y logró que la Organización de los Estados Americanos otorgara estatus de Estado miembro al “gobierno” de Guaidó. Mientras se emitían sanciones estadounidenses más duras contra el sector petrolero venezolano, Bolton y otros funcionarios lanzaban amenazas de intención militar y llamaban a las fuerzas armadas venezolanas a sublevarse.
En medio de estos acontecimientos vertiginosos, pasó casi desapercibido que el FMI había suspendido sus relaciones con Venezuela debido a la “falta de claridad” sobre el liderazgo del país. Dado que una mayoría del poder de voto dentro de la institución —compuesta principalmente por Estados Unidos y los Estados europeos— ya no reconocía a las autoridades venezolanas, el Fondo siguió esa línea y retiró también su propio reconocimiento.
En medio de estos acontecimientos vertiginosos, pasó casi desapercibido que el FMI había suspendido sus relaciones con Venezuela debido a la “falta de claridad” sobre el liderazgo del país. Dado que una mayoría del poder de voto dentro de la institución —compuesta principalmente por Estados Unidos y los Estados europeos— ya no reconocía a las autoridades venezolanas, el Fondo siguió esa línea y retiró también su propio reconocimiento.
Al principio, Maduro mostró poco interés en retomar vínculos con la institución. Venezuela había mantenido relaciones mínimas con el Fondo desde comienzos de los años 2000 y no tenía un programa de financiamiento desde 1997. Pero eso cambió cuando la Junta de Gobernadores del FMI decidió emitir una cantidad sin precedentes de DEG para sus países miembros. Esa asignación proporcionó a los países en desarrollo la liquidez que tanto necesitaban para hacer frente al impacto económico del Covid: 42 canjearon sus DEG por moneda fuerte, otros los utilizaron para saldar deudas con el FMI y al menos 69 los emplearon con fines fiscales.
Para Venezuela, la asignación ascendió a 3.568 millones de DEG, el equivalente a cinco mil cien millones de dólares en ese momento. Pocos países la necesitaban tanto. Durante unas negociaciones de corta duración entre el gobierno venezolano y la oposición durante el mes de septiembre, ambas partes coincidieron en que acceder a esa asignación de DEG era una prioridad máxima. Pero los recursos siguieron embargados y la economía continuó su espiral descendente.
Hoy, bajo la segunda presidencia de Trump, el descongelamiento de los DEG de Venezuela vuelve a estar sobre la mesa, al igual que la posibilidad de un importante préstamo del FMI. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo dijo. Les ha referido a periodistas que la Administración Trump está “levantando sanciones al petróleo que se va a vender”, y se ha reunido con los jefes del FMI y del Banco Mundial para impulsar el restablecimiento de relaciones. Cabe señalar que los motivos de Washington distan mucho de ser puros: Trump está obsesionado con reactivar el golpeado sector petrolero del país para luego entregarlo a empresas estadounidenses. Pero eso requerirá, entre otras cosas, un retorno a la estabilidad económica del país en su conjunto; de ahí la aparente disposición de la Administración a apartarse —al menos por ahora— de la anterior estrategia de “máxima presión”.
A lo largo de la historia del FMI, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lo general ha impuesto su criterio, gracias a su poder de veto sobre decisiones clave y a la tendencia de sus aliados occidentales a alinearse con Washington en cuestiones de política del Fondo. En este caso, pareció por un momento que el desenlace podría ser distinto. Para que Venezuela pudiera reanudar vínculos con el FMI, haría falta que una mayoría dentro de la institución respaldara el reconocimiento de las autoridades estatales venezolanas. Según algunos reportes, varios gobiernos europeos se mostraron reticentes a plegarse a esta directriz, en parte por las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia. Pero ahora que Trump está promocionando un “acuerdo marco” sobre Groenlandia con los europeos, podría estarse abriendo una ventana de oportunidad para que cambien de postura.
Si se liberan los casi cinco mil millones de dólares en DEG, esto podría ayudar al Banco Central de Venezuela a combatir la inflación —que se ha disparado tras el ataque estadounidense y el bloqueo petrolero— y a evitar un nuevo episodio de hiperinflación. Los DEG también podrían utilizarse para comprar necesidades urgentes como alimentos y medicinas, encauzando al país hacia la reconstrucción y creando condiciones más favorables para el diálogo entre sus principales actores políticos. En medio de este ataque sin precedentes contra su soberanía, Venezuela podría, paradójicamente, respirar por primera vez en años.
Sin embargo, para que esto ocurra, también debe permitirse que Venezuela reestructure y reprograme su asfixiante deuda externa, que se disparó tras el colapso económico del país. Aquí el peligro es que Washington y los acreedores internacionales presionen a Caracas para que utilice sus DEG y empiece de inmediato a pagar la deuda externa. Trump también podría intentar desviar la totalidad de los ingresos petroleros hacia sus amigos multimillonarios, en lugar de permitir que ese dinero regrese al país. Aún no está claro qué rumbo tomará la Casa Blanca. Pero resulta imprescindible exigir tanto el fin del régimen de sanciones como del congelamiento de los DEG de Venezuela.
Los recientes disturbios en Irán marcan el cuarto levantamiento importante desde 2017.1La fundamentación empírica de este artículo viene de mi libro (<)a href='https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526195579/'(>)(<)em(>)Capitalism in Contemporary Iran: Capital accumulation, state formation and geopolitics(<)/em(>)(<)/a(>) (Manchester University Press, 2024; paperback edition Enero 2026). Provocados por los comerciantes de Teherán, que cerraron sus tiendas en protesta por la fuerte caída de la moneda, los disturbios pronto se extendieron por todo el país, atrayendo a una amplia representación de la población —desde estudiantes hasta empresarios y pobres urbanos— que se enfrentaron a las autoridades estatales, cada vez más represivas. Durante las tres semanas siguientes, la agitación no hizo más que intensificarse: un apagón de Internet, un número creciente de víctimas mortales, la aparente infiltración del Mossad en las protestas, amenazas de bombardeos y de cambio de régimen por parte de Washington.
Y entonces, en cuestión de días, el impulso decayó y el Gobierno pareció recuperar el control, utilizando lo que un analista describió como una «estrategia sistemática para rodear y agotar el movimiento de protesta». Por ahora, parece que el establishment clerical se mantendrá en su sitio; la oposición interna no es lo suficientemente fuerte como para desalojarlo y Estados Unidos no está dispuesto a arriesgarse a una intervención importante en esta fase.
Sin embargo, la represión no ha servido para abordar las causas del levantamiento, que residen en la economía política y la estructura social del país. Estas han sido remodeladas, en las últimas décadas, por dos fuerzas principales: la neoliberalización del Estado posrevolucionario desde principios de la década de 1990 y la drástica expansión de las sanciones internacionales desde 2012. Estos procesos han reconfigurado los patrones de acumulación de Irán y han permitido que un reducido grupo de actores —principalmente el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y las fundaciones religiosas revolucionarias consoliden su poder.
Mientras tanto, para todos los demás, las condiciones se han deteriorado. La desigualdad y la pobreza van en aumento. La precariedad y la represión salarial son omnipresentes. El bienestar se ha visto erosionado, la clase media se ha vaciado y un estrato cada vez mayor de jóvenes con estudios superiores está desempleado o subempleado. El resultado es una crisis patente de legitimidad, que ahora estalla de forma abierta. A continuación, mostraré cómo las profundas transformaciones político-económicas crearon el contexto para los acontecimientos de este mes y analizaré su significado para el futuro del régimen iraní. Agitado desde dentro y amenazado desde fuera, ¿qué posibilidades tiene de sobrevivir?
Estado de bienestar y de guerra
Tras el derrocamiento del Sha en 1979, las fuerzas islamistas, leales al carismático ayatolá Jomeini y apoyadas por un amplio sector de la población, se movieron para aplastar a sus rivales revolucionarios, utilizando métodos violentos para reprimir a los comunistas, los liberales nacionalistas y las minorías nacionales. El recién creado Estado revolucionario islámico tenía tres cargos principales: el Líder Supremo, el presidente y el primer ministro. Mientras que el presidente era elegido directamente por el pueblo, el poder ejecutivo real recaía en gran medida en el primer ministro, que dirigía el gobierno.
Este aparato de gobierno desarrolló una agenda económica con dos objetivos principales: lograr la independencia de Estados Unidos y redistribuir la riqueza para promover la justicia social para los “oprimidos” (mostazafan). Considerando la nacionalización como esencial para estos objetivos, el Consejo Revolucionario lanzó una ola de expropiaciones estatales, en las que se confiscaron y redistribuyeron los activos de las antiguas élites. Se clasificaron como propiedad gubernamental (dolati), para ser gestionados directamente por los ministerios estatales, o como propiedad pública (omumi), bajo la autoridad del Líder Supremo.
Los activos dolati —que abarcaban desde bancos privados y compañías de seguros hasta industrias pesadas— quedaron así bajo el control de los nuevos ministerios revolucionarios, entre ellos los de Petróleo, Minas y Metales, Industria Pesada e Industria, todos ellos pertenecientes al poder ejecutivo y cuyos dirigentes eran nombrados por el primer ministro. Los activos omumi, sin embargo, se transfirieron a fundaciones conocidas como bonyads: organismos nominalmente públicos que operaban bajo la autoridad personal del Líder Supremo y que, por lo tanto, quedaban totalmente fuera de la supervisión del Gobierno. El objetivo de estas bonyads —como la Fundación Mostazafan, la Fundación de los Mártires, el Comité de Ayuda al Imán Jomeini, la Fundación Quince Khordad y Setad (Ejecución de la Orden del Imán Jomeini)— era promover la causa de la justicia social mediante la mejora de la situación de los mostazafan.
El acceso de los bonyads a los recursos y su autonomía respecto al Gobierno les permitió crecer rápidamente. Durante la guerra entre Irán e Irak, sus actividades se ampliaron para abarcar esfuerzos de ayuda y reconstrucción a gran escala. En pocos años, se habían convertido en monopolios semipúblicos en expansión que ejercían una importante influencia económica y social.
Esto dio lugar a una división faccional dentro del bloque de poder revolucionario. Por un lado, estaban los burócratas que controlaban las empresas estatales bajo la autoridad de los ministerios del Gobierno. Esta facción burocrática estatal defendía la subordinación de los derechos de propiedad individuales a los intereses percibidos del Estado. Políticamente, esta perspectiva estaba representada por la izquierda islamista. Por otro lado, estaba el grupo que se aglutinaba en torno a los bonyads, con sus estrechos vínculos institucionales y sociales con la clase mercantil tradicional del bazar. Este nexo bonyad-bazar favorecía una interpretación conservadora de la ley islámica y la actividad caritativa, y se resistía a la intervención gubernamental ampliada en sus asuntos económicos. Esta facción estaba representada por la derecha tradicional.
Ambas facciones competían por el apoyo de las clases subalternas, prometiendo cada una cumplir las promesas de la revolución. Sin embargo, aunque la revolución había sustituido a los antiguos gobernantes por otros nuevos, no había alterado fundamentalmente la política industrial del Sha de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). La economía de Irán seguía dependiendo en gran medida de las industrias nacionales que producían bienes de consumo, que a su vez dependían de la tecnología y los materiales importados para los bienes intermedios y de capital. Este modelo no tardó en encontrarse con serios problemas. El conflicto con Irak obligó a Irán a desviar una gran parte de sus ingresos petroleros al esfuerzo bélico, al tiempo que llevaba a cabo una redistribución masiva de la riqueza entre los pobres, mediante raciones de alimentos, subsidios en efectivo y un acceso más amplio a los servicios públicos. Esto dio lugar a un estado de bienestar y de guerra expansivo, sin una base económica sólida para mantenerlo.
A medida que la infraestructura petrolera del país se veía dañada por la agitación política y las sanciones de Estados Unidos, se hizo difícil generar suficientes divisas para financiar las importaciones. La producción agrícola se mantuvo estancada, la capacidad industrial se infrautilizó y el desempleo aumentó considerablemente. Entre 1976 y 1989, el PIB real per cápita cayó un 46 por ciento. Ante la crisis de acumulación de capital, un poderoso grupo dentro de la facción burocrática estatal, liderado por el presidente Hashemi Rafsanjani, abogó por la liberalización del mercado y la integración en la economía global posterior a la Guerra Fría como la única vía viable para avanzar. Para marginar a los burócratas que seguían comprometidos con el ISI, Rafsanjani y sus aliados formaron una poderosa alianza con el nexo bonyad-bazar. A partir de principios de la década de 1990, lograron marginar a la izquierda islamista y establecer una dirección económica completamente nueva para Irán.
El giro neoliberal
El primer plan quinquenal de desarrollo de Irán, aprobado en junio de 1990, marcó el comienzo de esta era neoliberal. Bajo el mandato de Rafsanjani, que gobernó hasta 1997, y su sucesor Mohammad Khatami, cuyo mandato duró hasta 2005, el Estado puso en marcha una serie de políticas favorables al mercado. Se abolió el sistema de tipos de cambio múltiples de Irán, que se había mantenido anteriormente para diferentes sectores y transacciones, y se creó un tipo de cambio único basado en el mercado. Se procedió a reestructurar el sector financiero, racionalizar los precios y eliminar gradualmente los subsidios energéticos para reducir las presiones fiscales. Se hicieron esfuerzos para sustituir las barreras no arancelarias por aranceles y reducir los tipos arancelarios medios en consonancia con las normas emergentes de la OMC. Se introdujeron reformas legales e institucionales para atraer la inversión extranjera directa. Se reabrió la Bolsa de Teherán. Se diseñó un conjunto de políticas para promover las exportaciones no petroleras.
La privatización fue la piedra angular de esta nueva estrategia. Las industrias controladas por el Estado se abrieron a las multinacionales occidentales con la esperanza de atraer capital, tecnología y acceso al mercado para estimular la industrialización orientada a la exportación. Rafsanjani supervisó la venta de 391 empresas estatales, pero la mayoría de ellas simplemente se transfirieron a empresas de inversión del sector bancario y a fondos de pensiones que se disfrazaban de grupos empresariales no gubernamentales. Estas empresas se convirtieron así en algunos de los conglomerados diversificados más grandes de Irán, controlando docenas de participaciones y cientos de filiales. Khatami aceleró la tendencia privatizando otras 339 empresas y concediendo licencias a nuevas empresas privadas en sectores competitivos. Durante este periodo, se crearon más de un centenar de empresas derivadas de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo como empresas nominalmente privadas, aunque continuaron operando con capital estatal.
Así pues, en lugar de una privatización total, Irán asistió a la proliferación de empresas “semiprivadas”: filiales de ministerios y organizaciones gubernamentales, a menudo vinculadas a burócratas y sus familiares, que podían llegar a acuerdos con fuerzas poderosas del Gobierno. El resultado no fue el desmantelamiento del control estatal, sino más bien su reconstitución a través de una red de conglomerados semiprivados. Esto permitió a las élites políticas y burocráticas consolidar su poder bajo el pretexto de la reforma del mercado. El resultado fue la mutación de lo que antes era la facción revolucionaria estatal-burocrática original, ahora reconvertida en una nueva facción de la élite orientada hacia Occidente. Su principal objetivo era integrar a Irán en las redes financieras, comerciales e institucionales de las economías de la OCDE, principalmente en Europa occidental y América del Norte. Encontró representación política en la Nueva Derecha, sobre todo en el Partido de los Servidores de la Reconstrucción, así como en partidos reformistas como el Frente de Participación y la Organización de los Muyahidines de la Revolución Islámica.
El complejo militar-bonyad
Sin embargo, bajo este nuevo régimen, algunas de las instituciones clave del antiguo orden permanecieron intactas. El nexo entre los bonyad y los bazares conservó su influencia y logró obtener una exención del programa de privatizaciones. El IRGC también reforzó su papel tanto en el Estado como en la sociedad civil, participando en la reconstrucción y otras actividades económicas tras la guerra con Irak. Ni siquiera Jatamí fue capaz de frenar el poder de estos actores autónomos, cuya orientación oriental estaba en contradicción con el programa de apertura al Occidente del Estado. Estas fuerzas se afianzaron aún más tras la llegada al poder de Mahmud Ahmadineyad en 2005, lo que provocó un cambio radical en la economía política de Irán, que despojó de poder tanto a la derecha tradicional como a la nueva derecha.
Ahmadinejad, antiguo comandante del IRGC, tenía estrechos vínculos tanto con la Guardia como con los bonyads. Casi dos tercios de su primer gabinete procedían del aparato militar y de seguridad, compuesto principalmente por antiguos oficiales del IRGC y Basij (paramilitares del IRGC). Creó las condiciones para que los bonyads ampliaran su papel económico transformándose en grandes conglomerados, de los que no solo se esperaba que obtuvieran beneficios, sino que también contribuyeran al desarrollo nacional, como parte de un enfoque explícitamente inspirado en las estructuras corporativas a gran escala de Asia Oriental. Había comenzado una nueva fase de privatización más agresiva.
Esto fue posible gracias a la reforma del artículo 44 de la Constitución de 1979. Esta cláusula establecía originalmente que la economía de Irán estaba controlada principalmente por el Estado, lo que limitaba los sectores cooperativo y privado a funciones periféricas. Sin embargo, una reinterpretación del artículo, ratificada por el líder supremo en 2004, modificó el papel del Gobierno: sustituyó la propiedad y la gestión directas por la elaboración de políticas, la supervisión y la vigilancia. Dos años más tarde, esto se amplió para autorizar a “entidades y órganos públicos no gubernamentales, al sector cooperativo y al privado” a invertir, poseer y gestionar hasta el 80 por ciento de las acciones de las principales industrias estatales, incluidas la banca, los seguros, la energía, las telecomunicaciones, el transporte e incluso la defensa. De este modo, la administración Ahmadineyad dispuso de un marco legal para transferir importantes activos estatales de los ministerios del Gobierno a empresas afiliadas al IRGC y a los bonyads.
Aunque la ley seguía exigiendo que los activos estatales se subastaran de forma competitiva en la bolsa de valores, el Gobierno argumentó que no se habían presentado licitadores y que, por lo tanto, tenía que llevar a cabo transferencias directas, utilizando un mecanismo conocido como “liquidación de pasivos”. Esto significaba, en la práctica, entregar las grandes empresas a sus acreedores, muchos de los cuales eran bonyads y empresas afiliadas al IRGC. Lo que se presentó como un reembolso de la deuda funcionó en realidad como una forma de transferencia de activos.
Los activos también se transfirieron a través de las denominadas “acciones de justicia”, en las que el Gobierno asignó el 40 por ciento de las acciones de las principales empresas a hogares con bajos ingresos, veteranos de guerra, familias de mártires y miembros de la Basij. Se repartieron con grandes descuentos o, en ocasiones, de forma gratuita, y se suponía que el reembolso se produciría a lo largo de diez años a través de los beneficios de la empresa. Aproximadamente 49 millones de personas fueron consideradas aptas para el plan y se crearon 30 empresas provinciales de inversión en acciones de justicia para administrarlo. Una vez más, la gestión de las acciones se concentró en instituciones vinculadas a los bonyad, como el Comité de Ayuda al Imán Jomeini y la Fundación Mostazafan. La distribución de las prestaciones sociales se convirtió así en otra forma más de vender el Estado, lo que reforzó aún más el control de los bonyad y los militares sobre la economía.
Entre 2005 y 2013, el Gobierno de Ahmadineyad transfirió activos a un ritmo casi cincuenta veces superior al de la privatización llevada a cabo por Jatamí. Esto se enmarcó como parte de la misma campaña de “liberalización” perseguida por las administraciones anteriores. Pero sus efectos fueron totalmente diferentes. En lugar de cumplir los sueños de la facción prooccidental, que quería convertir Irán en una nación neoliberal modelo, las reformas de Ahmadineyad afianzaron el poder de los actores paraestatales tradicionalistas y aumentaron su importancia económica, lo que permitió a los elementos conservadores y pro-orientales de la República Islámica tomar la delantera. El IRGC actuó con rapidez para aprovechar esta nueva fase de privatización a través de su red de empresas financieras afiliadas. Grupos como la Fundación Cooperativa Sepah, la Institución Financiera y Crediticia Ansar y la Organización de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas adquirieron participaciones importantes en la Bolsa de Teherán. Sepah llegó a controlar grupos de inversión como Tose’eh E’temād Mobin; la AFSWO se hizo con el control de docenas de empresas; y Ansar se convirtió en una red de crédito de 600 sucursales que prestaba servicio a seis millones de clientes. Incluso la Basij, que en su día fue una fuerza paramilitar callejera, se reinventó como actor del mercado bursátil. Los ingresos de todas las empresas del IRGC quedaron exentos de impuestos y supervisión con el pretexto de financiar iniciativas contra la pobreza.2El conglomerado constructor Ghorb, afiliado al IRGC, encarnaba este auge. En 2017, Ghorb afirmaba haber completado más de 2500 proyectos, entre los que se incluían autopistas, líneas de metro, presas, hospitales y planes agrícolas. En lugar de perjudicar la posición de Ghorb, el régimen de sanciones contribuyó a consolidarla. Cuando Shell y Total se retiraron de South Pars, las filiales de Ghorb obtuvieron contratos sin licitación. Oculto tras una densa red de filiales, empresas ficticias y organizaciones benéficas, es difícil medir la verdadera magnitud de las operaciones de Ghorb, pero en 2010 controlaba, según se informa, más de 800 empresas registradas.
Los bonyads siguieron una trayectoria similar. La Fundación Mostazafan recortó las empresas más pequeñas y reinvirtió en sectores estratégicos, creando el Banco Sina y la Compañía Financiera y de Inversiones Sina. Con diez grandes participaciones y más de 200 filiales, estableció una sólida base en los sectores de la agricultura, la energía, la minería, la construcción, los servicios y las finanzas. Persiguiendo una diversificación similar, la Fundación del Santuario del Imán Reza extendió su control a más de 150 empresas y 400 mil hectáreas de tierra, mientras que la Fundación de los Mártires profundizó sus vínculos políticos bajo Ahmadineyad al tiempo que se expandía hacia las finanzas y la industria. Setad se transformó en una gran sociedad de cartera con una rama de inversión que abarcaba las finanzas, los productos farmacéuticos y la agricultura. Defendió sus privilegios de exención fiscal alegando que contribuía al desarrollo rural.
Así, lo que se presentaba como privatización, caridad y desarrollo nacional era, en realidad, la consolidación de este vasto imperio paraestatal. A través de acuerdos de deuda, exenciones fiscales y redes opacas, el IRGC y las fundaciones aliadas convirtieron la retirada del Estado en un poder monopolístico, difuminando la línea entre el bienestar y la depredación. En el proceso, marginaron a sus aliados tradicionales: las clases mercantiles del bazar (el mismo grupo que empujó las protestas de 2026). Las sanciones contribuyeron a estos cambios en las relaciones de poder, ya que Irán se vio obligado a desarrollar una red de rutas de contrabando para eludir las restricciones comerciales, lo que permitió al IRGC aprovechar los puertos y aeropuertos bajo su control.
A finales de la década de 2000, el auge de estos conglomerados y filiales entrelazados había creado una facción extremadamente poderosa: el complejo militar-bonyad, cuyos representantes políticos se conocen como los principistas. Mientras que la derecha tradicional mantuvo sus vínculos con el bazar, este nuevo grupo llegó a dominar tanto la clase dirigente como el aparato estatal, forjando estrechos vínculos con el propio líder supremo.
Sanciones y geopolítica
Existen áreas de solapamiento entre la facción orientada hacia Occidente y el complejo militar-bonyad: ambos ganaron poder explotando las instituciones estatales para canalizar los activos públicos hacia conglomerados “semiprivados”, borrando de hecho la línea divisoria entre el capital estatal y el privado. Sin embargo, la línea divisoria entre ambos radica en sus enfoques del capital internacional y las relaciones exteriores. La facción orientada hacia Occidente apoya un mayor papel de las empresas multinacionales, en particular las europeas, en las industrias estratégicas dominadas por el Estado, ya que considera que esta es la fuente más viable de financiación, tecnología y acceso a los mercados de exportación para Irán.
Esta perspectiva empuja naturalmente la política exterior hacia una dirección más favorable a Occidente, como lo demuestran las administraciones de Rafsanjani, Jatamí y, más tarde, Hasán Rouhani. También se alinea con una lectura más “democrática” del islam, que enfatiza el “pluralismo” y el “buen gobierno” como eufemismos para la integración en el orden mundial posterior a la Guerra Fría. Entre esta facción, el apoyo a las elecciones libres y a la reforma institucional es más táctico que ideológico: se trata esencialmente de un intento de contrarrestar el poder dominante del complejo militar-bonyad, que se beneficia de la estructura híbrida de la República Islámica, en la que una serie de órganos no elegidos —el poder judicial, el Consejo de Guardianes, los bonyads, las fuerzas armadas— están controlados por el líder supremo.
Mientras tanto, el complejo militar-bonyad se presenta a sí mismo como el guardián de la revolución de 1979, argumentando que una mayor implicación con el capital occidental supondría una amenaza para el ideal revolucionario de “autosuficiencia”. Rechaza la idea de que las empresas extranjeras aporten tecnología o reduzcan los costes de producción, y presenta las políticas favorables a la IED como instrumentos de dominación occidental. A diferencia de los gobiernos de Rafsanjani y Jatamí, que buscaban un acercamiento con Europa y Estados Unidos, Ahmadineyad aplicó una política exterior basada en la seguridad y diseñada para limitar una mayor integración con Occidente. Desestimó las nuevas sanciones de Washington calificándolas de “papel sin valor”, mientras que el líder supremo las promocionó como una oportunidad para cultivar la independencia económica.El complejo militar-bonyad también ve el auge económico de China y la creciente asertividad geopolítica de Rusia como un respiro bienvenido del período de dominación estadounidense sin control, lo que podría presentar a Irán nuevas oportunidades para aprovechar su posición estratégica. La administración Ahmadinejad trató de convencer a Pekín de la importancia de las reservas energéticas de Irán, promocionándose como el único proveedor “independiente y seguro” de la región, fuera del control de Estados Unidos. A medida que el complejo militar-bonyad ampliaba su presencia en el sector de la construcción, la contratación, el desarrollo y las telecomunicaciones, y llegaba a dominar los grandes proyectos de infraestructura, como ferrocarriles, autopistas y presas, se presentaba como el socio ideal para el capital chino, mientras que este último se embarcaba en la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. Los principalistas vieron el potencial del auge de Oriente para reforzar su asediado Estado revolucionario.
Declive
Desde que Ahmadineyad dejó el cargo, estas dos facciones han seguido luchando por el control. En 2012, las sanciones sin precedentes de Estados Unidos y la Unión Europea contra los sectores energético y bancario de Irán redujeron drásticamente las exportaciones de petróleo, sumiendo al país en una crisis que allanó el camino para que el “reformista” Rouhani, orientado hacia Occidente, ganara la presidencia y se embarcara en el Plan de Acción Integral Conjunto con la Casa Blanca de Obama. Sin embargo, tras la elección de Donald Trump, quedó claro que había pocas esperanzas de apaciguar a Washington, que lanzó una campaña de “máxima presión” contra Teherán con la esperanza de desestabilizar y, en última instancia, derrocar al régimen.
Esto provocó un giro del péndulo político en contra de los reformistas, lo que reforzó el control del complejo militar-bonyad y aceleró el giro “Mirar hacia Oriente”. Esta reorientación culminó con la firma por parte de Irán de un acuerdo de cooperación de 25 años con China en 2021, la adhesión a la Organización de Cooperación de Shanghái en 2023, la entrada en el BRICS en 2024 y la conclusión de un tratado de asociación estratégica de 20 años con Rusia en 2025. Aunque el actual presidente, Masoud Pezeshkian, pertenece al bando prooccidental, no ha podido ni querido invertir esta tendencia, debido tanto al equilibrio de fuerzas en Irán como a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Israel contra este país.
Sin embargo, ni el bloque prooccidental ni el prooriental han logrado cumplir sus planes de regeneración económica. Desde el principio, ha existido una contradicción entre mantener los privilegios de estas élites gobernantes y cumplir la promesa original de la revolución de apoyar a los trabajadores y a los pobres: un problema que se ha intensificado a medida que la economía se ha visto asediada. Los grupos de interés profundamente arraigados, vinculados tanto a los reformistas como a los conservadores, garantizan que este dilema no pueda resolverse a favor de la población en general.
En cambio, se han aferrado a un programa de neoliberalización que ha redistribuido la riqueza hacia arriba. Bajo la bandera de la reforma del mercado, los activos estatales se han transferido a conglomerados paraestatales. Bajo la presión de las sanciones, el acceso al comercio, las finanzas y las infraestructuras ha sido monopolizado por instituciones protegidas de la supervisión. Bajo la bandera de la “autosuficiencia” y la “resistencia económica”, el poder coercitivo se ha fusionado con los privilegios económicos. El efecto ha sido una profunda remodelación de las clases subalternas.
La desregulación del mercado laboral ha dado lugar a una población precaria que ahora constituye el segmento más grande de la población activa: mientras que en 1990 sólo el 6 por ciento de los trabajadores tenían contratos temporales, esta cifra aumentó al 90 por ciento a finales de la década de 2000. En 2021, un sorprendente 97 por ciento de los trabajadores tenía contratos de menos de seis meses de duración. La reestructuración económica también ha aumentado considerablemente el desempleo, especialmente entre los jóvenes de entre 15 y 30 años con estudios universitarios. En un país con una edad media de 32 años, este grupo constituye la mayor parte de la población. La proporción de este grupo social emergente dentro de la población total desempleada ha aumentado de forma constante, pasando del 10 por ciento en 2001 al 20 por ciento en 2005, y del 42 por ciento en 2015 a más del 50 por ciento a finales de la década de 2010.
La privación de los pobres tradicionales sigue agravándose. Los recortes de las subvenciones para alimentos básicos y energía, la inflación persistente y la depreciación de la moneda nacional han afectado de manera desproporcionada a los hogares de las zonas rurales, las pequeñas ciudades y los migrantes rurales en las grandes ciudades. Aunque algunos siguen estando parcialmente cubiertos por organizaciones de asistencia social, la erosión de las subvenciones y el poder adquisitivo ha socavado gravemente su nivel de vida.
El resultado es un aumento de la desigualdad. Desde 1994, el 10 por ciento más rico de la población ha ganado, en promedio, alrededor de quince veces más que el 10 por ciento más pobre, mientras que el 20 por ciento más rico ha acaparado casi la mitad de los ingresos totales, frente a sólo el 5,5 por ciento del 20 por ciento más pobre. A finales de la década de 2010, las estimaciones oficiales mostraban que el 25 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de pobreza extrema (se considera que la cifra real es mucho mayor).
A lo largo del período neoliberal, los trabajadores iraníes han participado en huelgas y protestas, luchando contra los despidos, los contratos temporales y de corta duración, las malas condiciones laborales y los bajos salarios. También se han producido disturbios como consecuencia de los recortes de subsidios, la inflación y el descenso del nivel de vida. Sin embargo, después de 2017 se produjo un cambio cualitativo y cuantitativo en la oposición iraní, marcado por un aumento de los conflictos laborales y el estallido de cuatro levantamientos a nivel nacional.
La primera ola, conocida como las protestas de Dey, comenzó en Mashhad y se prolongó desde diciembre de 2017 hasta enero de 2018, catalizada por un repentino aumento del 40 por ciento en los precios de los alimentos básicos. En segundo lugar, las protestas de Aban de noviembre de 2019 comenzaron en la provincia de Juzestán tras el repentino anuncio del Gobierno de un aumento del precio del combustible. En tercer lugar, el movimiento Mujeres, Vida, Libertad de septiembre de 2022 se inició en Kurdistán tras la muerte de Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Moral. Y, por último, la ola más reciente comenzó el 28 de diciembre de 2025 en el histórico bazar de Teherán, precipitada por el colapso de la moneda.
De una revuelta a otra, hemos visto un aumento tanto del alcance geográfico de las protestas como del nivel de sentimiento antigobernamental. Mientras que las protestas de 2017 tuvieron lugar en unas 75 ciudades y pueblos, las más recientes se han extendido a 200 localidades de las 31 provincias. Paralelamente, ha aumentado la represión estatal, acompañada de un bloqueo casi total de las comunicaciones. Mientras que en 2017 se produjeron alrededor de 20 muertes y 4 mil detenciones, estas cifras han aumentado a un estimado de 3.300 muertes y 24 mil detenciones en 2026. La tendencia al alza sugiere una crisis estructural creciente, causada por décadas de neoliberalización, mala gestión económica y sanciones internacionales. Estos procesos han fortalecido un complejo militar-bonyad que no rinde cuentas, han desmantelado las limitadas protecciones sociales del Estado posrevolucionario y han generado una vasta y precaria población de trabajadores y jóvenes vulnerables a las crisis económicas.
Cada ola de protestas, ya sea provocada por el aumento de los precios de los alimentos, el incremento del combustible, la brutalidad de la policía moral o el colapso de la moneda, ha expresado la frustración social acumulada. Cada una de ellas ha sido más amplia, más dispersa geográficamente y más diversa socialmente que la anterior. La respuesta de la República Islámica ha puesto de manifiesto su formidable capacidad coercitiva, que parece haber logrado recuperar las calles por ahora. Sin embargo, la represión por sí sola no puede restablecer la estabilidad ni garantizar la viabilidad a largo plazo del régimen.
Tras ordenar el secuestro de Nicolás Maduro, Donald Trump declaró que a partir de ese día Estados Unidos “dirigiría” Venezuela. “No nos costará nada”, ya que:
el dinero que sale de la tierra es muy sustancial… Las compañías petroleras van a entrar. Van a gastar dinero. Vamos a recuperar el petróleo que, francamente, deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo. Hay mucho dinero saliendo de la tierra.
En el pasado, cuando Washington afirmaba actuar en nombre del humanitarismo, la democracia o la libertad, nos correspondía a nosotros, los economistas políticos, revelar sus motivos ocultos, los intereses materiales que se escondían tras la manipulación mediática. Ahora, como ha escrito TJ Clark, la propia hipocresía política parece estar amenazada. Si se reconoce abiertamente la apropiación imperialista de los recursos, ¿qué nos queda por analizar?
Durante la última semana, gran parte del debate sobre el ataque de Estados Unidos ha cuestionado si el petróleo es realmente el factor determinante. Algunos argumentan que el crudo pesado de Venezuela es demasiado caro de extraer y que, dada la situación actual del mercado y la improbabilidad de que los precios aumenten en un futuro próximo, sería una inversión irracional para las empresas estadounidenses. Otros, por su parte, señalan que aproximadamente la mitad de las reservas de petróleo de Venezuela no son del tipo pesado que se encuentra en la Faja del Orinoco, y afirman que en los yacimientos petrolíferos de las cuencas de Maracaibo y Monagas todavía existe el potencial de «ganancias rápidas» para las grandes empresas petroleras y las empresas de servicios petroleros.
En cualquier caso, hay muchos otros motivos plausibles para la agresión estadounidense. Podría concebirse como una apropiación de recursos no en un sentido estratégico a largo plazo, sino más bien como un acto puntual de extorsión en beneficio de actores específicos de la coalición de élite de Trump: saquear Venezuela para pagar la espuria indemnización reclamada por ConocoPhillips y ExxonMobil, por ejemplo, o para beneficiar a las refinerías estadounidenses especializadas en petróleo pesado. También se podría ver como un espectáculo para el público nacional: una demostración de fuerza imperial para galvanizar a la base de MAGA y a la derecha latina, que llevan mucho tiempo presionando para que Estados Unidos patrocine un cambio de régimen en Cuba y Venezuela.
Todo esto podrá empezar a aclararse a medida que la situación en Venezuela se desarrolle en los próximos meses. Pero, por ahora, la pregunta que quiero plantear se refiere a la relación entre la operación militar y la política de larga data orientada a contener el ascenso de China. Aquí debemos evaluar no solo el impacto inmediato del ataque, sino también la advertencia que envía a toda América Latina. Junto con los aranceles, el control de las inversiones extranjeras y los controles a la exportación, el restablecimiento de la Doctrina Monroe podría interpretarse como un nuevo pilar de la estrategia antichina que han seguido tanto los gobiernos demócratas como los republicanos desde la crisis financiera de 2008. Aunque para muchos el secuestro de Maduro pareció un acto de locura, aún es posible vislumbrar las líneas generales de un método.
Antes de pasar a esta hipótesis, sin embargo, resultan importantes unas palabras sobre la propia Venezuela. El objetivo de esta columna no es evaluar las fortalezas y debilidades de los gobiernos bolivarianos. Hay muchas razones para argumentar que las esperanzas creadas por el ascenso de Hugo Chávez se habían desvanecido hacía tiempo y que los efectos combinados de las decisiones de Maduro y las sanciones extranjeras fueron profundamente trágicos. Pero no hace falta decir que el ataque de Estados Unidos solo empeorará la crisis. El historial fallido de los «cambios de régimen», desde Irak hasta Afganistán, Libia y más allá, es prueba de ello. La propia Casa Blanca ha hablado mucho más de extraer el petróleo venezolano que de liberar a los venezolanos, como si admitiera que las fantasías de la administración Bush ya no pueden mantenerse en 2026.
«Nuestro hemisferio«
Tres días después del ataque a Caracas, el Departamento de Estado de EE. UU. tuiteó una foto en blanco y negro de Trump con la leyenda «ESTE ES NUESTRO HEMISFERIO». No se andan con matices ni sutilezas. Esto no fue una sorpresa para quienes habían leído la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca publicada el pasado mes de noviembre, en la que se mencionaba un «corolario de Trump» a la Doctrina Monroe. Esta última, por supuesto, se propuso en 1823, cuando la descolonización se afianzó en América Latina, y afirmaba que la intervención de potencias extranjeras en cualquier lugar del hemisferio era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Aunque no se aplicó hasta finales del siglo XIX, a partir de entonces se utilizó para justificar todo tipo de intervenciones violentas: en Panamá, en Cuba, en los países que sufrieron golpes militares respaldados por la CIA en los años sesenta y setenta… Venezuela fue objeto de intentos fallidos de cambio de régimen en 2002 y de nuevo en 2019.
La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump afirma que la Doctrina Monroe debe revitalizarse ahora «tras años de abandono». Uno de sus objetivos declarados es desalentar «la migración masiva a Estados Unidos». Otro es expulsar a China de América Latina: «Queremos un hemisferio que siga libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye las cadenas de suministro críticas; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a lugares estratégicos clave».
El Corolario de Trump también destaca la necesidad de colaboración entre Washington y los gobiernos latinoamericanos para combatir a los llamados «narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales», de ahí las acusaciones falsas de tráfico de drogas contra Maduro. En los últimos años, los gobiernos de derecha de la región han incluido cada vez más a las organizaciones criminales en listas de terroristas, convirtiéndolas en objetivos legítimos para la intervención estadounidense, de acuerdo con la Convención de Barbados.Si la futura acción militar estadounidense quiere mantener una apariencia de legalidad, aunque sea mínima, seguramente se justificará sobre la base de la nueva legislación sobre narcoterrorismo.
China y América Latina
No es una fantasía trumpiana decir que China, un «competidor no hemisférico», ha forjado profundos lazos con América Latina durante las últimas dos décadas. A medida que China se convirtió en el taller del mundo, dominando las redes de producción de Asia Oriental, pasó a depender de cantidades masivas de minerales, combustibles y productos agrícolas. El resultado fue un aumento del precio de las materias primas—el llamado superciclo de las materias primas—que reconfiguró el papel de muchos países del Sur Global en la división internacional del trabajo. Sudamérica, con su inclinación a exportar productos primarios, desempeñó un papel crucial en este proceso.
Durante este período, incluso los países que más habían avanzado en el aumento de la proporción de productos manufacturados en sus exportaciones cayeron rápidamente en el extractivismo. En la década de 2000, las exportaciones manufactureras representaban, en promedio, el 50 por ciento del total de las exportaciones en Brasil, el 35 por ciento en Colombia y el 32 por ciento en Uruguay. Si observamos los promedios de la década de 2010, vemos que estas cifras habían descendido al 33 por ciento, 20 y 22 por ciento. Este cambio trascendental también se puede observar en los datos sobre el destino de las exportaciones. En el conjunto de Sudamérica, la cuota de exportaciones con destino a China pasó de alrededor del dos por ciento, a finales de la década de 1990, a casi una cuarta parte desde 2019. Mientras que la cuota destinada a Estados Unidos descendió de forma correspondiente. Sudamérica consolidó así su papel como proveedor de bienes de bajo valor añadido para las redes de producción chinas.
Esta dinámica se pone de manifiesto cuando se analizan determinadas materias primas. En promedio, el 53 por ciento de las exportaciones mundiales de mineral de cobre proceden de Sudamérica desde 2004. China importó algo más del 10 por ciento del total en 2000, mientras que en 2023 representó el 62 por ciento de todas las importaciones de mineral de cobre. La cuota de mineral de hierro que exporta Sudamérica ha disminuido en los últimos años, pero sigue siendo superior a una quinta parte del total mundial; desde 2019, China importa más de dos tercios de todo el mineral de hierro que se comercializa a nivel internacional. Los minerales que se espera que desempeñen un papel importante en el desarrollo de tecnologías de energía renovable—litio, níquel y tierras raras—también se concentran en gran medida en América Latina. Como ha observado Helen Thompson, «el intento de revolución energética mundial está empezando a manifestarse como un conflicto entre China y Estados Unidos por los recursos metálicos del hemisferio occidental».
En relación con el petróleo, la cuota de América Latina dista mucho de ser insignificante. Su nivel de producción en términos de barriles, cuando se combina con el de Canadá y Estados Unidos, coincide en líneas generales con el de Oriente Medio, y podría aumentar si se reconstruye la infraestructura petrolera venezolana. En este momento, no se puede garantizar que la transición energética deje de lado el petróleo, pero incluso si eso ocurriera, es probable que el petróleo siga siendo crucial para las operaciones militares de Washington. Como argumenta Javier Blas, al controlar la producción en América, Estados Unidos podría romper el vínculo entre sus guerras en el extranjero y los precios internos de los combustibles:
Durante décadas, el aventurerismo militar estadounidense se vio limitado por el impacto de cualquier guerra en los costes energéticos. Hoy en día, la Casa Blanca tiene primacía sobre sus aliados y adversarios productores de petróleo, ya sea Arabia Saudí o Irán, Nigeria o Rusia. Los últimos 18 meses ya han demostrado lo que estas nuevas riquezas de hidrocarburos significan para la política exterior estadounidense. La administración Trump ha tomado medidas antes impensables: desde bombardear instalaciones nucleares iraníes hasta ayudar a Ucrania a atacar refinerías de petróleo rusas. La captura de Nicolás Maduro en su refugio a las afueras de Caracas fue el ejemplo más impactante hasta ahora de lo que sucede cuando el petróleo ya no limita al Pentágono.
En medio de las consecuencias de 2008, la conexión entre China y América Latina pasó más allá del comercio para abarcar las finanzas y las infraestructuras, con un crecimiento significativo de la inversión directa china en la región y la participación de empresas chinas en diversos proyectos de construcción. Un ejemplo destacado es el megapuerto de Chancay en Perú, que probablemente impulsará aún más los flujos comerciales. Una serie de países latinoamericanos también optaron por solicitar préstamos chinos para evitar las condiciones que suelen imponer el Banco Mundial o el FMI. Luego, en 2018, China invitó a América Latina a unirse a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, lo que enredó aún más a la región en sus redes de diplomacia y finanzas internacionales. La relación de Pekín con Brasil, consolidada a través de una serie de instituciones del BRICS, forma parte de este panorama más amplio.
Doux Commerce
¿Qué motiva la participación china en la región? China se unió a la OMC en 2001 y trazó una estrategia de desarrollo que le exigía integrar su economía en el circuito del capitalismo global: una decisión que fue bien recibida por los responsables de la política exterior estadounidense, que esperaban que pusiera en marcha un proceso inexorable de liberalización china y subordinación al orden global liderado por Estados Unidos. Esta suposición podría interpretarse como un vestigio de la antigua doctrina deldoux commerce, asociada a Montesquieu, según la cual el comercio «puliría y suavizaría las costumbres bárbaras». Los funcionarios estadounidenses que negociaron la adhesión a la OMC impusieron condiciones extraordinariamente estrictas, exigiendo a China que «abriera sustancialmente sus mercados en los sectores bancarios, de seguros, valores, gestión de fondos y otros servicios financieros».
La reordenación del capitalismo global que se produjo a continuación fue aceptable para Estados Unidos en gran medida debido a la dinámica del consumismo impulsado por la deuda. En 2001, la economía estadounidense ya había atravesado más de una década de desindustrialización, con el traslado de la producción manufacturera a Asia. Esto, combinado con el debilitamiento de los sindicatos, tuvo como efecto el estancamiento de los salarios. Para que esto fuera compatible con lo que David Harvey denominó la «regla de oro del consumismo sin fin», hubo que movilizar las finanzas: con la excepción de los que se encontraban en la base de la pirámide de ingresos, la mayoría de los hogares estadounidenses pudieron, durante un tiempo, seguir mejorando su nivel de vida con la ayuda del endeudamiento. El flujo de productos manufacturados baratos procedentes de China contribuyó a mantener baja la inflación.
Esto duró hasta 2008, cuando la crisis financiera puso de manifiesto la insostenibilidad del endeudamiento de los trabajadores. A partir de entonces, quienes tenían empleos precarios—que vivían en ciudades empobrecidas de las zonas industriales en declive de Estados Unidos y luchaban por pagar sus deudas—comenzaron a sentir el coste de la reestructuración de la división global del trabajo.
Con el ascenso de Trump a la presidencia en 2016, el culto al libre comercio fue sustituido por la guerra comercial y tecnológica con China. No se trató de un cambio efímero. La administración Biden intensificó esas medidas comerciales y las convirtió en la piedra angular de lo que denominó su «política exterior para la clase media». Otros dos acontecimientos consolidaron esta transición. El primero fue la COVID-19, que desorganizó las cadenas de suministro y empujó el debate político hacia la necesidad de una mayor resiliencia nacional. El segundo fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en particular sus efectos en los mercados energéticos europeos. En ese momento, incluso los defensores más acérrimos del laissez faire prestaron atención. La revista The Economist argumentó en 2022 que «la guerra de Rusia demuestra que es necesario rediseñar las cadenas de suministro para evitar que los países autocráticos intimiden a los liberales». Existía una tensión, como ellos mismos señalaban, entre el libre comercio y la libertad. La desilusión con el doux commerce era generalizada.
Uno delos pilares de la política exterior de Washington durante la última década ha sido la prohibición de exportar tecnología estadounidense a China, lo que impide a las empresas estadounidenses hacer negocios con numerosas contrapartes chinas y restringe la venta de determinados productos de alta tecnología. (Seans Starrs y Julian Germann ofrecieron una descripción detallada de estas medidas). Las recientes negociaciones sobre los chips de Nvidia son la última iteración de este proceso que comenzó con la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones en 2018. Sin embargo, este enfoque se encuentra con un problema: una vez que se compromete la capacidad de producción de China en un intento de frenar su ascenso, es necesario encontrar fuentes alternativas de productos importados.
¿Una hegemonía frágil?
Aquí es donde entra en juego el rediseño de las cadenas de suministro y todo el debate sobre la relocalización y la «friendshoring». Pero entre los muchos obstáculos que se interponen a esta reorganización se encuentra el hecho de que la mayor parte de los recursos naturales del mundo se venden a China y son refinados por este país. Eso, a su vez, nos lleva de vuelta a América Latina y al interés de Estados Unidos por controlar sus recursos.
Tras el ataque a Caracas, parece que Estados Unidos está dispuesto a llevar a cabo su próxima demostración de poderío militar, centrando su atención en Groenlandia y quizás en Irán. Sin embargo, independientemente de si Trump lleva a cabo su plan de «dirigir» Venezuela, creo que el contexto geopolítico más amplio indica que la lógica de la rivalidad imperial es de vital importancia en este caso. La hipocresía está pasando de moda; el imperialismo descarado por los recursos parece estar de vuelta. Venezuela fue la primera en estar en el punto de mira; Colombia y Cuba podrían ser las siguientes. Las próximas elecciones presidenciales en la región—Perú, Colombia y Brasil—podrían presentar a Trump nuevas oportunidades para afirmar su dominio hemisférico, quizás a través de los mismos métodos de interferencia financiera que utilizó en las elecciones argentinas del año pasado.
Sin embargo, si el regreso de la Doctrina Monroe ayudará a reordenar las cadenas de suministro mundiales es otra cuestión. Estados Unidos es consciente de sus debilidades económicas, tanto en recursos como en ciertas tecnologías clave, y parece inclinado a compensarlas haciendo gala de su poderío militar. Sin embargo, en el cuarto de siglo transcurrido desde que China se incorporó a la OMC, se han desarrollado profundas interdependencias entre Occidente y Oriente, y los esfuerzos por desmantelarlas podría resultar contraproducente.
Otros actores tampoco se van a quedar de brazos cruzados. Bajo una presión cada vez mayor, China está reforzando su control sobre las exportaciones de minerales críticos. Cuando Trump impuso aranceles a Brasil, en represalia por el encarcelamiento de Bolsonaro, Lula se mantuvo firme y Estados Unidos acabó cediendo, probablemente debido al riesgo de que los aranceles aumentaran los precios internos del café y la carne, al tiempo que empujaban a Brasil aún más cerca de China. En el caso de Venezuela, la extorsión de Estados Unidos a punta de pistola hace que la resistencia sea más difícil. Pero la coerción, por sí sola, no es una forma que asegure ganar el conflicto entre las grandes potencias.
El 30 de septiembre, cientos de agentes federales realizaron una redada en un complejo de 130 apartamentos en el barrio de South Shore, en Chicago. Tras descender desde un helicóptero Black Hawk, los agentes, armados con rifles, lanzaron granadas aturdidoras, derribaron puertas y sacaron a los residentes de sus apartamentos, atándolos y deteniéndolos durante horas. La operación, que aparentemente tenía como objetivo un supuesto bastión de la banda venezolana Tren de Aragua, se saldó con treinta y siete detenciones, en su mayoría de inmigrantes venezolanos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó unas dramáticas imágenes en las redes sociales junto con un pie de foto ominoso: «A todos los extranjeros ilegales delincuentes: la oscuridad ya no es su refugio. Los encontraremos». Más tarde, el DHS admitió que solo dos de los detenidos pertenecían realmente a alguna banda.
La redada de South Shore es un microcosmos del nuevo régimen impuesto por los partidarios de la línea dura en materia de inmigración del DHS, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Las comunidades afectadas por esta campaña de represión conocen bien sus características, desde el uso indiscriminado de la fuerza hasta el abandono del debido proceso, pasando por acusaciones vacías de criminalidad y violencia teatral. Las consecuencias de estas tácticas están bien documentadas: un veterano atacado y arrastrado a una oficina local del ICE en Portland; la candidata al Congreso Kat Abughazaleh tirada al suelo fuera de un centro de tramitación de inmigración en Chicago; un ciudadano mexicano tiroteado mortalmente mientras huía de los agentes del ICE; un hombre de 79 años empujado violentamente por agentes de la Patrulla Fronteriza; el contralor de Nueva York Brad Lander y el alcalde de Newark Ras Baraka arrestados por agentes del ICE bajo falsos pretextos. Y ahora, el brutal asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis, seguido de los intentos de la administración Trump de difamarla como «terrorista doméstica».
Las medidas represivas y las operaciones de choque y pavor del ICE se llevan a cabo junto con redadas más rutinarias, en las que los algoritmos de reconocimiento facial y los caprichos de los agentes —en lugar de la situación legal, los documentos de identificación o el proceso judicial— deciden cada vez más quién es detenido y deportado. Dado que la oposición pública a la agencia alcanza su punto álgido en muchas ciudades, vale la pena detenerse a preguntarse si este aterrador espectáculo representa algo realmente nuevo. Desde una perspectiva, el actual régimen de aplicación de la ley refleja métodos tradicionales de la política estadounidense, acentuados por la guerra global contra el terrorismo, que incluyen la interiorización de la frontera en el territorio continental de Estados Unidos, la vigilancia policial racializada, el uso de la deportación contra enemigos ideológicos y las frecuentes invocaciones de emergencias o estados de excepción mal definidos.
Sin embargo, estos mismos métodos se han transformado en las últimas décadas por las culturas organizativas de extrema derecha que operan dentro del Estado. La segunda administración Trump los ha aprovechado para crear una fuerza policial nacional omnipotente, con sede en el DHS y dotada de enormes recursos por el «One Big Beautiful Bill». Al reconfigurar las líneas de autoridad y distorsionar las funciones de las agencias, está planteando un desafío existencial a los términos de orden existentes que rigen los derechos de los no ciudadanos, al tiempo que convierte la ciudadanía en sí misma en una categoría más flexible. ¿Cómo debemos entender esta última mutación del aparato de seguridad interna creado por la administración Bush, ampliado por Obama y mantenido por Biden? ¿Qué dinámicas institucionales están impulsando la escalada de la guerra contra los migrantes?
Para responder, primero debemos examinar el programa de inmigración de Trump hasta la fecha: hasta qué punto el marco existente ha sido remodelado por este reciente aumento de las detenciones y deportaciones. A continuación, podemos analizar cómo las propias agencias sentaron las bases para este proyecto durante las últimas décadas, a medida que se transformaban en actores rebeldes con sindicatos cada vez más radicalizados, lo que contribuyó al avance de la extrema derecha a nivel nacional.
Ofensiva interior
La primera medida del Gobierno en la transformación de la policía federal consistió en eliminar sistemáticamente las barreras legales e institucionales para la aplicación de la ley de inmigración. Las medidas ejecutivas desmantelaron las agencias de control, expusieron datos y espacios sensibles a las autoridades de inmigración, ampliaron la expulsión «acelerada» e ignoraron el debido proceso para los residentes legales y los ciudadanos. Millones de personas han quedado inelegibles para las audiencias de fianza y asilo, mientras que se ha revocado el estatus de protección temporal (TPS) a un grupo tras otro. Estas medidas se produjeron junto con una ruptura con la tendencia de quince años de alejamiento de la aplicación de la ley en el interior. El ICE ha desplazado ahora su atención de la frontera entre Estados Unidos y México a las grandes ciudades, aumentando la tasa de detenciones en el interior a un ritmo alarmante, y los datos del Gobierno muestran que el ICE está en camino de deportar a más de 300 mil no ciudadanos este año.1Muchos comentaristas han señalado que los datos recientes del Gobierno deben considerarse poco fiables e imposibles de verificar. Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Nacional de Inmigración, señala que un comunicado de prensa del DHS de diciembre en el que se presumía de 605 mil «deportaciones» desde enero está (<)a href='https://x.com/ReichlinMelnick/status/1983226102521712752'(>)inflado(<)/a(>) artificialmente por las devoluciones administrativas en la frontera y las salidas autodeclaradas mediante la aplicación CBP Home, ninguna de las cuales constituye una «expulsión» formal. No obstante, una cifra más realista reflejada en un informe de agosto sugiere que las expulsiones en el primer año de Trump han superado con creces la media anual de (<)a href='https://bipartisanpolicy.org/article/interior-enforcement-under-the-trump-administration-by-numbers-part-one-removals/'(>)218(<)/a(>) mil expulsiones internas durante el primer mandato de Obama.
Estos ataques institucionales se complementaron con nuevas inversiones masivas en el aparato de control interno. El verano pasado, el emblemático proyecto de ley nacional de Trump destinó la asombrosa cifra de 171 mil millones de dólares al control de la inmigración hasta 2029. Un vistazo a las partidas presupuestarias revela la magnitud de la inversión: 46 mil millones de dólares para completar el muro fronterizo; 45 mil millones para ampliar los centros de detención de inmigrantes; 18.200 millones para instalaciones e iniciativas fronterizas; y 30 mil millones además del presupuesto base de 9.600 millones del ICE para reforzar las operaciones de deportación y expulsión. El presupuesto anual del ICE se triplicó hasta alcanzar unos 28 mil millones de dólares hasta 2029, lo que lo convierte en la mayor agencia federal encargada de hacer cumplir la ley del país.2Esta cifra aumentará a 30 mil millones de dólares anuales si se aprueba el presupuesto del presidente para el año fiscal 2026
La legislación resolvió la inminente «crisis de liquidez» del ICE, al tiempo que aumentó su ejército de abogados, funcionarios de deportación y otro personal de apoyo. Reforzó los vínculos materiales que conectan a las agencias de control de la inmigración de Estados Unidos como grupo de interés con las industrias de defensa, tecnología y prisiones privadas, y ahora promete involucrar más profundamente a la policía estatal y local de los distritos cooperativos en la labor de control de la inmigración.
El DHS no perdió tiempo en hacer uso de los nuevos fondos. Se anunciaron una serie de generosos incentivos de contratación, entre los que se incluyen la condonación de préstamos estudiantiles y una bonificación por firma de 50 mil dólares, para facilitar la contratación de 10 mil nuevos agentes del ICE.3Los solicitantes de la Patrulla Fronteriza también reciben incentivos de hasta 30 mil dólares, dependiendo de su destino. En octubre, el ICE tenía dificultades para examinar a más de 150 mil solicitantes en su proceso de contratación. Suponiendo que se cumplan los objetivos de contratación federales, el número total de agentes de deportación del ICE aumentará de 6 mil a 16 mil, mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza pasarán de unos 20 mil a 23 mil. Estos aumentos se ajustan en gran medida a la historia de las agencias de aumentos periódicos de financiación en momentos en que la política fronteriza ocupa los titulares; sin embargo, marcan una nueva era para el equipo de Ejecución y Retirada (ERO) de ICE, cuyo nivel de personal se había estancado desde el anterior aumento de la aplicación de la ley en el interior bajo los mandatos de Bush y Obama.
Los registros de gasto federal muestran que, en octubre, el ICE también había aumentado el gasto en armas en un 600 por ciento en comparación con 2024, principalmente en armas pequeñas y blindajes. Otros 25 millones de dólares en contratos se han destinado a software de reconocimiento facial y vigilancia para localizar y detener a la creciente lista de objetivos de la agencia. Estas inversiones reflejan no solo una fuerza en expansión, sino también una fuerza cada vez más militarizada y tecnificada, que planifica operaciones sostenidas en ciudades estadounidenses. Se ha convertido en una práctica habitual que los agentes de inmigración y los agentes federales aliados utilicen tácticas de control de multitudes, como gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y balas de goma, junto con una fuerza física excesiva para «controlar»a los manifestantes y detener a los objetivos no ciudadanos.
De la cantidad a la calidad
Aunque las cifras anteriores son impresionantes desde cualquier punto de vista, el cambio aquí no es meramente cuantitativo. El nuevo régimen de aplicación de la ley fusiona a las fuerzas del orden federales y a otro personal en un todo interoperativo, centrado en las deportaciones masivas y la vigilancia ideológica. La Casa Blanca ha destinado al menos 33 mil empleados federales adicionales a las funciones del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), procedentes del Departamento de Justicia, la Oficina de Prisiones, la Administración para el Control de Drogas, el FBI, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Los empleados de la FEMA ahora tienen la tarea de clasificar miles de solicitudes de empleo del ICE, mientras que los fondos de emergencia de la agencia han sido desviados para financiar los campos de detención. Un informe publicado en diciembre por los demócratas del Senado muestra que se han desviado 2 mil millones de dólares de los fondos del Pentágono para la aplicación de la ley de inmigración. El número de agentes de inmigración adjuntos es aún mayor si se cuentan las tropas de la Guardia Nacional que ocupan ciudades estadounidenses o la policía local que ha sido incorporada a los grupos de trabajo de inmigración.
Estas medidas ya han comprometido otras obligaciones del DHS, incluidas las más alineadas con las justificaciones morales de la propia administración para las deportaciones masivas, como la lucha contra las redes de tráfico de drogas o de personas con fines sexuales. Incluso los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia encargada de tramitar las solicitudes de ciudadanía, asilo y permisos de trabajo, se han transformado en un brazo ejecutor, sin reparos en detener incluso a los inmigrantes cuando acuden a las ceremonias de naturalización.
La represión también se beneficia de la flexibilidad que desde hace tiempo existe en las competencias del ICE y de la propia Patrulla Fronteriza. En teoría, la jurisdicción del ICE es el «interior» —cárceles, lugares de trabajo y comunidades—, mientras que la de la CBP es la «frontera». Sin embargo, en la práctica, sus actividades a menudo se solapan. Mientras que Biden envió rápidamente recursos del interior a la frontera, Trump ha desviado recursos de allí para impulsar las expulsiones en el interior. Esto no solo permite disponer de mano de obra adicional, sino que los agentes de la Patrulla Fronteriza también pueden operar con poca transparencia o supervisión, disfrutando de una autoridad especial para interrogar y detener a personas dentro de una amplia «zona fronteriza» de 100 millas ocupada por más de 200 millones de personas. En otras palabras, mientras la situación en la frontera se mantenga tranquila, esta fluida interoperabilidad permite a ambas agencias centrar sus esfuerzos al interior.
Los datos sobre detenciones indican el alcance total de este aumento. Cuando se desglosan las cifras de detenidos por agencia de detención, vemos que la proporción de detenciones del ICE aumentó del 28 por ciento del total de detenidos en enero al 82 por ciento al 13 de diciembre. Los mismos datos muestran que el número total medio de detenidos alcanzó los 50 mil en junio, una cifra que no se veía desde 2019, y superó los 65 mil a finales del año pasado, la más alta de la historia.
Hasta ahora, los nuevos detenidos han sido hacinados en lo que ya era un sistema extenso de centros de detención mal mantenidos y improvisados, superando con creces la capacidad máxima de 41.500 personas justificada por el presupuesto anterior del ICE. Si bien se estima que los 45 mil millones de dólares de financiación adicional ampliarán la capacidad de detención en «al menos 116 mil camas», es poco probable que estos recursos mejoren las condiciones de los reclusos. El trato atroz está integrado en el diseño institucional del sistema de detención. Dado que los procedimientos de inmigración pueden durar meses o incluso años, las audiencias de fianza suspendidas están canalizando ahora a más detenidos hacia centros de detención ya superpoblados. Esto, a su vez, supone una mayor presión para los equipos de gestión de la custodia y servicios sanitarios del ICE. Supuestamente responsables de mantener los estándares de detención y administrar la asistencia médica, tienen un largo historial de negligencia y abuso, que sin duda se agravará a medida que los socios con ánimo de lucro del ICE se apresuren a contratar personal para las prisiones privadas en rápida expansión.
Las nuevas líneas de financiación también han marcado el comienzo de una era de federalismo en materia de inmigración. El ICE depende en gran medida de la cooperación de las oficinas policiales estatales y locales para realizar su trabajo (de ahí la frustración expresada por el «zar de la frontera», Tom Homan, con las medidas de las ciudades santuario). Programas como los acuerdos 287(g) crean esos vínculos entre el ámbito federal y el local, subvencionando los costes de detención y facultando a las autoridades locales para realizar detenciones por motivos de inmigración. En la práctica, estas iniciativas multiplican los posibles lugares —como controles de tráfico, espacios públicos y cárceles— en los que una persona puede encontrarse con las autoridades de inmigración. Además de los 10 mil millones de dólares en reembolsos para los «estados fronterizos», otros 3.500 millones de dólares en reembolsos estatales y locales hasta 2029 están permitiendo a los estados cooperantes invertir en la aplicación de la ley de inmigración. La avalancha de recursos podría financiar miles de iniciativas de control en condados republicanos con escasos recursos económicos, con al menos 730 nuevos acuerdos firmados desde enero de 2025. 4Esto supone un total de 866, frente a los 135 acuerdos activos al final del año fiscal 2024. Muchas localidades han (<)a href='https://www.americanimmigrationcouncil.org/fact-sheet/287g-program-immigration/'(>)tenido dificultades(<)/a(>) en el pasado debido a la insuficiencia de los reembolsos federales por los gastos de policía y detención generados por estas asociaciones federales. Para poner esta cifra en perspectiva, los condados de Mecklenburg y Alamance, en Carolina del Norte, gastaron 5,3 y 4,8 millones de dólares respectivamente en su primer año de funcionamiento del programa 287(g), mientras que en el condado de Prince William, en Virginia, los costes anuales de control de la inmigración, que ascendieron a 6,4 millones de dólares, obligaron a la ciudad a aumentar los impuestos sobre la propiedad y a recurrir a un fondo de reserva.
Redefiniendo la criminalidad
En abril, Homan intentó chantajear a las ciudades prometiendo más detenciones colaterales si las autoridades locales no cooperaban con el ICE: «Las ciudades santuario van a obtener exactamente lo que no quieren: más agentes en su comunidad porque… ahora tenemos que enviar a todo un equipo a buscar al malo». Esta oferta era claramente falsa. La idea de que las ciudades santuario podían escapar del ICE sacrificando a los inmigrantes «delincuentes» se veía contradicha tanto por las asombrosas cuotas de deportación de la administración Trump —estadísticamente imposibles sin detenciones de personas no delincuentes— como por el alto porcentaje de detenidos sin antecedentes penales. De las personas detenidas y encarceladas por el ICE desde principios de octubre, el 72 por ciento no ha cometido ningún delito. Muchos más detenidos han sido atrapados en la mira por infracciones menores, como multas de estacionamiento o cargos no violentos relacionados con drogas. Las recientes amenazas de la administración de «desnaturalizar» a los ciudadanos nacidos en el extranjero por motivos ideológicos sugieren que los actos de protesta o desobediencia civil podrían significar pronto la deportación de decenas de millones de estadounidenses.
Esto forma parte de un intento sistemático más amplio de redefinir la criminalidad para implicar a un mayor número de inmigrantes y activistas, por ejemplo, ampliando la definición legal de «terrorismo» para incluir diversas formas de disidencia política, o designando el fentanilo como «arma de destrucción masiva». Junto con estos juegos de palabras, el nuevo régimen de aplicación de la ley ha adoptado una visión más amplia del trabajo policial en materia de inmigración. Como se jactó un director de campo del ICE en un evento de contratación en Arlington el año pasado, lo que diferencia a la agencia de otras fuerzas del orden es que «[el ICE] es experto en impedir que se creen víctimas… impedimos que las cosas sucedan… antes de que sucedan».
La «criminalidad» ha sido durante mucho tiempo el eje conceptual de las contradicciones del sistema de inmigración. Durante décadas, los legisladores proinmigración lograron reformas parciales separando a los inmigrantes «malos» de los «buenos», aplicando a los primeros duras sanciones penales o la deportación, mientras aumentaban la entrada de los segundos. Este enfoque tenía dos ventajas: en primer lugar, las medidas legislativas contra los inmigrantes «delincuentes» permitían a los responsables políticos aplicar políticas de inmigración expansionistas a costa de los derechos de los no ciudadanos; en segundo lugar, otorgaba a los ejecutivos una mayor discrecionalidad administrativa para utilizar las deportaciones como moneda de cambio política: aumentando o disminuyendo la tasa en función de lo que resultara conveniente en un momento dado. Este acuerdo convenía a los empresarios que dependían de los migrantes, ya que les permitía seguir teniendo acceso a una gran reserva de trabajadores no ciudadanos. Sin recurso a la ley, los más de nueve millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos están en gran medida bajo el poder de los empleadores.
Esta dinámica profundizó la división legal entre ciudadanos y no ciudadanos en las décadas previas a la guerra contra el terrorismo. A partir de entonces, las nuevas inversiones en seguridad fronteriza permitieron que las agencias de inmigración florecieran como incubadoras irresponsables de una agenda de extrema derecha dentro del DHS. Esta es la base sobre la que se ha construido la administración Trump. Ahora que el capital organizado ya no ejerce una influencia moderadora sobre la política de inmigración, sino que favorece los recortes fiscales, la desregulación y los acuerdos secretos sobre la aplicación de la ley de inmigración, las fuerzas que ahora manejan la maquinaria del Estado han abandonado el statu quo de la aplicación selectiva de la ley y han dado un giro hacia una estrategia de deportaciones masivas. Para comprender plenamente esta transición, debemos examinar más de cerca la política institucional del ICE y la Patrulla Fronteriza, tal y como se ha desarrollado desde la era Bush en adelante.
Agencias rebeldes
La supervisión laxa y los controles internos débiles han plagado al DHS desde su fundación. Más allá de llevar a cabo políticas públicamente controvertidas, como la separación de familias, los agentes de la Patrulla Fronteriza se han visto implicados en numerosos escándalos, entre ellos secuestros y violencia sexual, uso irracional de la fuerza, abusos de menores, publicación de mensajes racistas en páginas privadas de redes sociales y corrupción generalizada.
La crisis de disciplina es una consecuencia del estado de seguridad interna que se reformó para satisfacer las exigencias de la guerra contra el terrorismo. Como ha documentado el periodista de investigación Garrett Graff, la rápida expansión del ICE, que pasó de 9 mil agentes antes del 11-S a 21 mil durante la presidencia de Obama, provocó una drástica reducción de los criterios de contratación, mientras que la CBP careció de un proceso coherente de asuntos internos hasta 2014. Un informe de ProPublica señala que las investigaciones por conducta indebida se convirtieron en una competencia entre «los supervisores locales de la CBP; la unidad de asuntos internos de la CBP a nivel nacional; el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional; la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional; y, en ciertos casos, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos». El propio departamento de asuntos internos de la CBP, con falta de personal, no estaba preparado para manejar el creciente volumen de investigaciones disciplinarias de la agencia.
La ausencia de rendición de cuentas coincidió con una crisis de autoridad en el DHS. Si bien tanto el ICE como la CBP se han beneficiado de la remodelación del estado de seguridad por parte del DHS, sería erróneo considerar a estas agencias como beneficiarias pasivas de las reformas puestas en marcha por la guerra contra el terrorismo. En todo caso, la relación ha sido a menudo al revés: los actores militantes dentro del ICE y la Patrulla Fronteriza han explotado la controversia política sobre la inmigración para aumentar sus recursos, autonomía y poder dentro del DHS, configurando activamente el Departamento a su imagen y semejanza. Esta movilización política se llevó a cabo principalmente a través de sus respectivos sindicatos, el Consejo Nacional del ICE (NIC) y el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC). Como organizaciones encargadas de promover los intereses materiales de los agentes de base, ambas se convirtieron en incubadoras de proyectos de extrema derecha. Ambas también encontraron un aliado obvio en Trump, quien a su vez veía a los sindicatos como una base de poder potencial en el DHS.
Las energías insurreccionales dentro del NIC y el NBPC se hicieron especialmente pronunciadas durante el primer mandato de Obama, cuando el precario equilibrio entre la protección y el castigo de los inmigrantes comenzó a tambalearse. A pesar de que Obama ordenó un número récord de expulsiones internas en un intento inútil de crear una coalición en torno a una reforma migratoria integral, figuras clave dentro del ICE y la Patrulla Fronteriza se rebelaron contra lo que consideraban políticas de «fronteras abiertas» excesivamente complacientes. Esta división sentó las bases para una prolongada lucha de poder dentro de las agencias de inmigración entre las facciones más pragmáticas y las radicales, que ya no veían lugar para la amnistía en el cálculo más amplio del sistema de inmigración de Estados Unidos.
En 2010, el jefe del sindicato del ICE, Chris Crane, presentó una moción de «desconfianza» contra el entonces director del ICE, John Morton, alegando su apoyo a las reformas de amnistía, así como la insuficiencia de personal. Más tarde, Crane demandó a la administración Obama por la orden ejecutiva de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y tuvo que ser escoltado a la fuerza fuera de una rueda de prensa del Senado en 2013 en la que se anunciaba una ley de compromiso en materia de inmigración. Mientras tanto, la Patrulla Fronteriza se sentía cada vez más maniatada por las restricciones institucionales, ya que se veía afectada por repetidos escándalos de corrupción y abusos, lo que provocó un aumento de las tensiones con la Casa Blanca de Obama.
El punto de inflexión se produjo en 2016, en medio de la creciente politización de los agentes de base, cuando el NIC y el NBPC decidieron apoyar a Trump: su primer respaldo político. «Todas las personas responsables de los problemas que azotan hoy a Estados Unidos se oponen al Sr. Trump», afirmó la NBPC, advirtiendo que «si no protegemos nuestras fronteras, las comunidades estadounidenses seguirán sufriendo a manos de las bandas, los cárteles y los delincuentes violentos que se aprovechan de los inocentes». La NIC también denunció a Hillary Clinton como una «radical de las fronteras abiertas» cuyas políticas obligarían a los agentes a «violar su juramento de defender la ley».
La estrategia dio sus frutos cuando Trump ganó las elecciones y recompensó a las agencias con mayores poderes de ejecución, recursos y prestigio. Pero, aunque veía a la nueva administración como un aliado, el NIC no dudó en criticar a Trump cuando supuestamente cedió ante las fuerzas proinmigración. Los representantes sindicales afirmaron que la administración Trump había «traicionado» sus promesas al mantener el equipo de ICE de Obama (esto incluía a Homan, entonces director en funciones de ICE, acusado de despilfarro y mala gestión). Crane publicó una carta abierta en la que afirmaba que Trump continuaba con las políticas de la era Obama de falta de personal, corrección política y acuerdos con las ciudades santuario. «No creo que haya un grupo de agentes del orden», escribió, «más odiado por sus propios líderes y directivos que los agentes de las Operaciones de Control y Expulsión del ICE».
En 2017, la NBPC ejerció su ahora considerable influencia para destituir a Mark Morgan, un director reformista y el primer director externo de la agencia, tras solo siete meses, resentida por su supuesto apoyo a las disposiciones de la Reforma Migratoria Integral sobre el camino hacia la ciudadanía. En ese momento, el presidente del sindicato, Brandon Judd, comentó en una entrevista con Fox News que los inmigrantes son «peores que los animales, en mi opinión… Los animales no tratan a otros animales como la MS-13 trata a otros seres humanos». Este compromiso inquebrantable con la política antimigrante por parte de estas poderosas organizaciones contribuyó sin duda a empujar aún más a la derecha a la primera administración Trump.
De hecho, la crisis de autoridad en el DHS había comenzado a preocupar incluso a los más fervientes defensores de la guerra contra el terrorismo. En el punto álgido de las protestas de Black Lives Matter en junio y julio de 2020, el jefe del DHS de la era Bush, Michael Chertoff, advirtió del creciente politismo dentro de su antigua agencia, advirtiendo que el personal del DHS había comenzado a «operar con uniformes de camuflaje sin insignias identificativas claras». Chertoff también afirmó que los funcionarios de inmigración habían estado ignorando deliberadamente las solicitudes de DACA, en abierto desafío a una sentencia del Tribunal Supremo.
Esta opinión fue respaldada discretamente por un grupo bipartidista de varios exsecretarios y secretarios en funciones de Seguridad Nacional que actuaron como asesores en un estudio del Atlantic Council de 2020 sobre el «Futuro del DHS«. El informe detallaba una crisis de moral derivada de las críticas a la separación de familias, el descontento interno con las llamadas políticas de «captura y liberación» y el despliegue de ICE y CBP en las protestas de Black Lives Matter. También se planteaba si «sería beneficioso un cambio en la cultura de la Patrulla Fronteriza», citando la denuncia de Graff de 2019 sobre la disidencia entre las bases de la CBP:
La mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza que prestan servicio en la actualidad se alistaron para realizar un trabajo duro en una agencia cuasi militar que protege al país contra terroristas y traficantes de drogas. En cambio, se han encontrado sirviendo como una agencia humanitaria más mundana: la primera línea de acogida del país para las familias de migrantes que se entregan con mucho gusto tras cruzar la frontera. La CBP no tiene la cultura necesaria para afrontar este reto, ni cuenta con el personal ni el apoyo del resto del Gobierno.
Tras las elecciones de 2020, la administración Trump intentó utilizar los sindicatos de ICE y CBP como palanca para socavar la administración entrante de Biden.5El sindicato de ICE elogió a Trump por promover «las políticas fundamentales necesarias para restaurar la seguridad migratoria, incluyendo… el aumento de la aplicación de la ley en el interior y la seguridad fronteriza, el fin de las ciudades santuario, el fin de la política de captura y liberación, las detenciones obligatorias… y la cancelación de la amnistía ejecutiva y las directivas de no aplicación». El subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, futuro artífice del Proyecto 2025, declaró unilateralmente que todos los cambios en la política del DHS que afectaran a los agentes tendrían que ser aprobados por el sindicato del ICE. Cuando esa estrategia fracasó, los agentes del ICE continuaron desafiando las directrices federales de la nueva administración en materia de aplicación de la ley. En 2022, el NIC presentó una queja ante el Departamento de Trabajo en la que solicitaba «autonomía» de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y pedía una auditoría de su organización matriz, la AFL-CIO, que Crane calificó de «organizaciones de extrema izquierda» con sesgos «contrarios a la aplicación de la ley».
Hipertrofia
¿Cómo debemos entender la etapa final de los sindicatos del ICE y la Patrulla Fronteriza? Lo que llama la atención de estas organizaciones es hasta qué punto sus inversiones materiales e ideológicas en la vigilancia de la inmigración tienden a reforzarse mutuamente. Los detractores de la inmigración llevan mucho tiempo argumentando que restringir el número de inmigrantes ayudará a proteger los intereses laborales de los ciudadanos nativos. A menudo, la conexión entre ambos es muy incierta. Pero para los agentes del ICE y de la frontera, cuyo sustento depende literalmente del nivel de aplicación de la ley de inmigración, no podría estar más claro. Para quienes están en primera línea de la guerra contra los inmigrantes, la política nativista se combina con incentivos materiales directos para apoyar políticas de tolerancia cero que buscan eliminar todas las formas de amnistía. Esta es precisamente la cultura institucional que la administración Trump ha tratado de aprovechar al cerrar la división de derechos civiles del DHS y la oficina del defensor del pueblo para detenidos.
A finales de octubre de 2025, una importante purga de los dirigentes del ICE en todo Estados Unidos —que, según se dice, fue orquestada por el asesor informal de Trump, Corey Lewandowski— otorgó un mayor control de las operaciones de deportación al personal de la Patrulla Fronteriza. Como resultado, el hombre que ahora lidera la carga es Gregory Bovino, un veterano de la Patrulla Fronteriza que ejemplifica la cultura cowboy de la agencia y cuyas redadas de inmigración sin límites en las zonas rurales de California habían impresionado a la administración. Con la bendición del Tribunal Supremo, Bovino ha llevado su característico estilo de detenciones indiscriminadas y perfiles raciales agresivos a las ciudades santuario «enemigas».
El cambio se produjo en medio de unas cifras de expulsiones que no alcanzaron el objetivo declarado por la Administración. Esto sugiere que, aunque el ICE acumula cifras de detenciones formales en el interior de Estados Unidos, es la Patrulla Fronteriza la que se convertirá en la fuerza dominante dentro del régimen de control ampliado. La expansión numérica del ICE servirá como vehículo para extender la mentalidad paramilitar de la CBP por todo el interior. Como señaló un portavoz del DHS a NBC News: «la administración cree que el ICE no está haciendo su trabajo», mientras que la CBP «hace lo que se le dice».
La estrecha relación entre el ICE/CBP y Trump ha comenzado ahora, paradójicamente, a limitar el margen de maniobra del propio Trump. Su instinto de aislar a los agricultores y hoteleros de una aplicación excesiva de la ley fue frustrado por Stephen Miller, quien rápidamente retiró una orden de «suspender la aplicación de la ley en los lugares de trabajo». Poco después, la Casa Blanca dio un giro de 180 grados y destacó la necesidad de «ampliar masivamente» la aplicación de la ley en los lugares de trabajo, a falta de un «acuerdo» del Congreso. El episodio sugirió que las líneas de autoridad que conectan a Trump con la aplicación de la ley de inmigración han socavado las propias directivas del presidente. Ahora, con Bovino tomando las riendas, esta dinámica seguramente se profundizará.
Aunque la realidad del sistema de inmigración ha estado oculta durante mucho tiempo a gran parte de la población estadounidense, los cambios en la opinión pública sugieren que muchos están viendo ahora lo radical que es realmente el marco existente. Los recientes acontecimientos en Minneapolis y otros lugares reflejan sus excesos extrajudiciales, con tácticas que exceden las exigencias de la misión y castigos impuestos por el simple hecho de castigar. La agenda de Trump en materia de inmigración —la ilegalidad lograda mediante la hipertrofia de la aplicación de la ley— ha quedado al descubierto. A medida que el ICE y la CBP siguen creciendo en fuerza y autonomía, diversos grupos (residentes legales, trabajadores federales, activistas) se han convertido en los objetivos tradicionales de las medidas de control de la inmigración, sin poder confiar en normas que puedan limitar el poder duro del Estado.
Las prácticas tradicionales de estas agencias se adaptan bien a nuestro momento actual de ciudadanía flexible y desaparición del debido proceso. Su espectacular expansión supone una mejora sin precedentes del aparato de seguridad nacional. Pero, aunque esta evolución es profundamente preocupante, no es repentina ni inexplicable, ni se trata simplemente de un proyecto impuesto desde arriba por la administración Trump. El flujo incondicional de dinero, equipos y recursos hacia el DHS y sus subagencias de inmigración —supervisado por múltiples administraciones anteriores— ya les había permitido operar con una responsabilidad mínima durante décadas. Esto, a su vez, alimentó una política antimigrante cada vez más asertiva entre las bases de la agencia, cuyos sindicatos militantes lucharon para anular la resistencia tanto de los empleadores como de los responsables políticos. Tanto los demócratas como los republicanos, siguiendo esta lógica bipartidista, pasaron años inclinándose hacia la derecha en materia de inmigración. Los recursos ilimitados han permitido así el crecimiento del régimen de aplicación de la ley de extrema derecha; para detenerlo será necesario tener en cuenta sus fundamentos presupuestarios e institucionales.
En 2020, Bruno Latour señaló que «Brasil es hoy lo que España fue en 1936 durante la guerra civil: es donde se vislumbra todo lo que será importante en las próximas décadas». En un momento en el que el destino de la humanidad pareciera depender del resultado de las disputas entre Estados Unidos y China, esto podría considerarse fácilmente una exageración. Los profundos cambios de las últimas tres décadas han puesto en primer plano las redes de producción de Asia Oriental y su conflictiva relación con los países del antiguo núcleo capitalista, relegando a Brasil y América Latina a un segundo plano.
Sin embargo, Latour podría haber dado en el clavo. Muchas de las líneas divisorias decisivas del capitalismo contemporáneo son especialmente evidentes en América Latina, cuya economía política es, en este sentido, una ventana sobre cuestiones que afectan al mundo entero. Roberto Dainotto ha descrito el Sur Global como el «límite del Norte», «el lugar donde todas sus contradicciones se vuelven imposibles de ocultar». Los dilemas latinoamericanos son críticos para los latinoamericanos, por supuesto, pero también pueden arrojar luces sobre acontecimientos más lejanos.
Meridional será un intento por reflexionar sobre esta región en el contexto de la fragmentación global y la crisis climática. Estos boletines mensuales pretenden compartir los resultados de las investigaciones en curso, plantear cuestiones teóricas y explorar nuevo material empírico con la esperanza de estimular conversaciones fructíferas. Dado que «la economía política de América Latina» puede significar cosas muy diferentes, vale la pena dedicar un momento para exponer el enfoque general que guía la redacción de esta columna.
Comencemos con la cuestión del clima. Dado el estado actual de las tecnologías, la próxima electrificación del mundo—una de las condiciones para la descarbonización—dependerá de un aumento masivo del suministro de los llamados minerales críticos, para producir baterías que almacenen la energía renovable intermitente y otros componentes de la transición climática. La distribución geográfica de estos minerales es muy desigual. Algunas estimaciones sugieren que más de la mitad de las reservas probadas de litio se concentran en el llamado «triángulo del litio» que componen Argentina, Bolivia y Chile. Tres de los cinco países con las mayores reservas probadas de cobre también se encuentran en la región—Chile, Perú y México, en ese orden—, mientras se estima que Brasil posee más del 15 % de las reservas mundiales de níquel y tierras raras.
El auge de la demanda de estos productos es considerado una oportunidad económica tanto por los conglomerados mineros como por los defensores de los cárteles de minerales dirigidos por el Estado. Pero uno de sus efectos más preocupantes podría ser el resurgimiento de los fantasmas del pasado en la región. Las anteriores oleadas de extracción han provocado la degradación ecológica, el desplazamiento de las comunidades indígenas y una mayor dependencia. En las memorables palabras de Eduardo Galeano:
La división del trabajo entre las naciones consiste en que unas se especializan en ganar y otras en perder. Nuestra parte del mundo, conocida hoy como América Latina, fue precoz: se ha especializado en perder desde aquellos tiempos remotos en que los europeos del Renacimiento se aventuraron a cruzar el océano e hincaron los dientes en la garganta de las civilizaciones indígenas.
Si la dotación de minerales críticos de la región resulta ser una bendición o una maldición sigue siendo una pregunta sin respuesta. Esta dependerá de cómo se construyan y movilicen las coaliciones políticas, y de cómo hagan frente a las presiones extranjeras y nacionales. No obstante, aun cuando el destino final del «extractivismo verde» esté lejos de decidirse, la experiencia histórica de América Latina —sus tensiones de larga data entre las empresas multinacionales, el nacionalismo de los recursos y las luchas indígenas— ofrece pistas sobre lo que está por venir.
Los minerales críticos son solo un ejemplo de la importancia de América Latina. La región también alberga la selva amazónica, un bioma clave con implicaciones para el clima global, ya que la deforestación nos lleva hacia un «punto de inflexión» a escala planetaria en el que el ecosistema podría perder su capacidad de reproducirse, con efectos exponenciales. Además, algunas partes de la región han caído presas de la tendencia mundial del negacionismo climático de extrema derecha, lo que ha dificultado aún más el trazo de un rumbo político que pueda abordar simultáneamente las crisis contemporáneas de la democracia, la desigualdad y el cambio climático.
América Latina tampoco es un mero espectador en el conflicto geopolítico cada vez más profundo entre Estados Unidos y China. Más bien es un escenario crucial. China ha tratado de involucrar a la región en su Iniciativa de la Franja y la Ruta, basándose en las conexiones comerciales y financieras que ha establecido allí desde la década de 2000. Esto ha dividido la opinión entre los latinoamericanos: algunos depositan sus esperanzas en lo que consideran una cooperación Sur-Sur, mientras que otros temen que pueda crear una nueva forma de dependencia. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha abandonado cualquier pretensión de diplomacia pacífica y ha vuelto a la fuerza bruta y la injerencia política directa. Ha inclinado descaradamente la balanza en las recientes elecciones argentinas y perpetrado ataques mortales contra barcos en el Caribe y el Pacífico Oriental, lanzados como parte de una operación abierta de cambio de régimen contra Venezuela, con una escalada militar que parece inminente.
Si la importancia de comprender América Latina está fuera de toda duda, la siguiente pregunta es cuál es la mejor manera de hacerlo. Los enfoques convencionales suelen tener un trasfondo colonial, ya que presentan a la región como un lugar plagado de corrupción y populismo, rezagado con respecto a otras partes del mundo debido a la insuficiencia de sus instituciones. Tony Wood resume así las implicaciones de este marco: «apoyo incondicional a las prerrogativas de los inversores extranjeros y las élites nacionales, junto con un énfasis implacable en la necesidad de mantener la política firmemente dentro de los límites de la ortodoxia reinante». No se hace ningún esfuerzo por comprender las realidades latinoamericanas. En cambio, simplemente se da rienda suelta a la frustración por la negativa de la región a seguir el guión: lo que Dipesh Chakrabarty describe de forma pintoresca como «el «fracaso» de una historia para cumplir con su destino».
Hay alternativas a esta perspectiva. Los intentos de los latinoamericanos por liberarse de los dogmas eurocéntricos no son nada nuevo. En su manifiesto fundacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, Raúl Prebisch afrontó este reto de frente, argumentando que «una de las deficiencias más notorias de la teoría económica general, desde el punto de vista de la periferia, es su falso sentido de universalidad». Junto con sus colegas de la comisión, desarrolló formas de analizar América Latina —por ejemplo, a través de la lente del sistema centro-periferia— que se encontraban entre los puntos álgidos de los inicios de la economía del desarrollo. Al mismo tiempo, los pensadores marxistas reaccionaron contra los intentos vulgares de aplicar el esquema de la transición del feudalismo al capitalismo en Europa al período colonial de América Latina, insistiendo en la dinámica particular de este último.
El resultado de estos esfuerzos es que América Latina, así como el Sur Global en general, se concibe ahora a veces como la «negación del Norte (el «otro» lugar que promete una vida mejor)». El reciente aumento del interés por los conocimientos ancestrales, las prácticas agroforestales y los enfoques largamente olvidados de la relación entre la naturaleza y la sociedad refleja este intento de «ir a contracorriente de la historia» y derrocar las ideas tradicionales sobre el progreso. Sin embargo, si el Sur también debe ser visto como el «límite del Norte», entonces pensar en América Latina en sus propios términos no puede consistir simplemente en enfatizar la particularidad o describir la región como un mundo aparte, aislado de los centros de acumulación. El objetivo del estructuralismo y el marxismo latinoamericano era, de hecho, arrojar luz sobre los procesos de desarrollo desigual y combinado: los diversos impactos del capital en todo el mundo. A medida que el mercado mundial se expandía y se rompían las barreras espacio-temporales, el capital transformó las sociedades de este a oeste, de norte a sur, aunque no todas siguieron la misma ruta ni llegaron al mismo destino.
Siguiendo estas huellas, la economía política contemporánea tiene mucho que ofrecer: investigar las conexiones entre las cadenas de producción latinoamericanas y los mercados más amplios. Y evaluar las estructuras de clase cambiantes dentro de los países, como medio para interpretar la agitación que aflige a la región (junto con gran parte del mundo). Al trazar un mapa sobre los intentos locales para resistir a las tendencias de mercantilización global y las prácticas financieras, podemos comenzar a identificar los sujetos políticos emergentes. Al examinar los efectos concretos del cambio climático global y las políticas climáticas, podemos evaluar los obstáculos para una transición justa y las perspectivas de superarlos. Meridional contribuirá al debate en curso sobre estas cuestiones, que abarcan desde productos básicos concretos hasta controversias teóricas, pasando por países específicos y tendencias regionales.
En 1926, Gramsci redactó una serie de notas sobre lo que denominó la «cuestión meridional» (o «cuestión del sur», como decidieron llamarla los traductores ingleses). En este caso, «meridional» se refería al sur de Italia, la región de donde procedía el autor y que desempeñaba un papel periférico en el capitalismo europeo de la década de 1920, aunque también tenía aplicaciones mucho más amplias—incluidas en su propia obra posterior—para describir el irregular proceso de acumulación que se estaba produciendo en todo el mundo. En estos famosos pasajes, Gramsci entrelazó múltiples hilos—la dinámica desigual del desarrollo italiano, la política de una alianza entre trabajadores y campesinos, la posición de los intelectuales—y se negó a explicarlos mediante fórmulas heredadas. Buscó, en cambio, fisuras en el statu quo que permitieran dar forma a una política emancipadora. Aunque las cuestiones meridionales actuales son muy diferentes a las del Mezzogiorno de Gramsci, esta columna se basará en esta tradición de pensamiento crítico como brújula para interpretar nuestro momento actual.
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En su célebre ensayo de 1918, The crisis of the tax state, Joseph Schumpeter capturó como nadie la esencia de la sociología fiscal.Ahí, el economista austriaco argumentaba que “el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, los hechos que puede preparar su política, todo esto y más está escrito en su historia fiscal […]. Aquel que sabe escuchar su mensaje percibe el trueno de la historia con más claridad que en cualquier otro lugar”. En México, sin embargo, ese principio parece haberse suspendido. Aquí el trueno schumpeteriano no se escucha. El proyecto político de la Cuarta Transformación (4T), liderado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continuado por Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030) ha buscado —y en buena medida, conseguido— reordenar el poder político, redefinir la narrativa nacional y reestructurar las prioridades del gasto público, todo sin alterar de manera significativa la estructura tributaria heredada del pasado.
Este silencio fiscal resulta aún más sorprendente si se compara con otras experiencias recientes de gobiernos de izquierda en América Latina. En Bolivia, Evo Morales combinó nacionalizaciones estratégicas con una expansión agresiva del aparato fiscal. En Brasil, los sucesivos gobiernos del PT ampliaron la base impositiva mientras transferían ingresos hacia los ciudadanos más pobres. Incluso en contextos de alta informalidad y desconfianza institucional, como es también el mexicano, estos proyectos entendieron que sin nuevos recursos difícilmente pueden materializarse nuevos derechos. El México de la 4T, en cambio, ha intentado encontrar la cuadratura del círculo: llevar a cabo una reorientación distributiva sin entrar en un conflicto en torno a los impuestos.
Esa anomalía es el punto de partida de este ensayo. Su intención no es evaluar el desempeño financiero de la 4T, sino interrogar su decisión de no impulsar una reforma fiscal progresiva, a pesar de contar con las mayorías legislativas para concretarla. Esta decisión no puede explicarse sólo en términos técnicos o electorales, sino como expresión de un modelo de legitimidad profundamente arraigado en la historia mexicana: el de unEstado que busca adhesión sin exigir contribución, y una ciudadanía que reclama derechos sin internalizar la noción de tributación como un deber cívico.
Este modelo parece estar llegando a su límite. El cambio de gobierno ocurrido en 2024 no implicó una ruptura con la herencia de AMLO, sino una especie de continuidad con conciencia de agotamiento. Claudia Sheinbaum ha heredado no sólo el legado simbólico de la 4T, sino también su restricción estructural más severa: la incapacidad del Estado para financiar con suficiencia su propio proyecto transformador. El déficit fiscal latente, la presión en las finanzas públicas por la ampliación de derechos sociales, y los conflictos distributivos cada vez más visibles configuran un escenario que mostrará en qué medida es posible transformar un país sin cambiar de fondo su régimen fiscal.
Historia de una omisión
En América Latina, los grandes proyectos de transformación nacional suelen tener una dimensión fiscal explícita. Los procesos de independencia en el siglo XIX, la construcción de Estados-nación, las reformas sociales del siglo XX, incluso los experimentos neoliberales más radicales, todos han ido acompañados de disputas sobre quién paga al fisco, cuánto y para qué. La historia tributaria de México, en cambio, está marcada por el silencio, la evasión y la excepcionalidad. Es la historia de un país que ha ensayado múltiples refundaciones sin generar un consenso estable en torno a las fuentes de los ingresos públicos.
Desde el periodo de la Colonia, la relación entre tributo y legitimidad fue ambigua. La Corona española desarrolló un sistema impositivo altamente estratificado, sustentado en castas, fueros y tributos diferenciados. Sin embargo, al mismo tiempo, el pago de impuestos se negociaba continuamente, y la exención —no la contribución— era el símbolo de estatus. Cuando estalló la guerra de Independencia, lo que estaba en disputa no era solo la soberanía política, sino también la propiedad de los flujos fiscales: el tributo indígena, las aduanas, el diezmo eclesiástico. Como ha documentado la historiografía económica, las tensiones fiscales fueron catalizadores del conflicto armado, pero el nuevo Estado independiente no logró traducir esa tensión en un sistema fiscal moderno. 1 Morales Oyarvide, César. “Fiscalidad e insurgencia: el papel de los impuestos como incentivo a la Independencia de México”, (<)em(>)Circunstancia. Revista de ciencias sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset(<)/em(>), 32 (2023) La guerra destruyó el aparato colonial sin reemplazarlo por una estructura más eficaz.
Durante el periodo de Reforma, a mediados del siglo XIX, el componente fiscal volvió a estar presente en el proyecto de modernización. La nacionalización de los bienes del clero y la desamortización de la tierra tuvieron efectos fiscales de corto plazo, pero no generaron una cultura tributaria ni consolidaron una base impositiva sostenible. El Estado liberal, más preocupado por el control territorial que por la equidad fiscal, dejó intactos muchos de los mecanismos de evasión. En lugar de crear una nueva relación entre ciudadanía y contribución, el liberalismo decimonónico se apoyó en préstamos externos, concesiones mineras y endeudamiento estructural. 2 Marichal, Carlos. “Debt and development in nineteenth century Latin America: economic strategies and foreign loans in Mexico, 1888–1910”, (<)em(>)Debate y perspectivas: cuadernos de historia y ciencias sociales(<)/em(>) No. 5 (2006): 59–74
La Revolución Mexicana de principios del siglo XX, por su parte, representa quizá la expresión más acabada de esta omisión. Fue una revolución social sin reforma fiscal.3 Retchkiman Kirk, Benjamin. “La ‘reforma’ fiscal en México”, (<)em(>)Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía(<)/em(>), vol. 5 núm. 19, 1974. La Constitución de 1917 consagró derechos laborales, tierra para los campesinos y un Estado interventor, pero no propuso una transformación profunda del sistema tributario. Se crearon monopolios estatales (como Petróleos Mexicanos, la empresa pública dedicada a los hidrocarburos) y se construyó un aparato redistributivo centralizado, pero la base del financiamiento siguió siendo estrecha. El sistema fiscal posrevolucionario se caracterizó por su dependencia de rentas extraordinarias —principalmente recursos naturales— y por su bajo nivel de imposición directa sobre las clases altas y los patrimonios acumulados.
Esta continuidad ha tenido consecuencias estructurales. México ha sido históricamente un Estado de baja presión fiscal, con una recaudación que, en 2024, representaba menos del 18 por ciento del PIB, muy por debajo del promedio de América Latina y de cualquier país de la OCDE. Sin embargo, no se trata solo de una debilidad cuantitativa. Hay una dimensión cualitativa más profunda: el Estado mexicano parece haber renunciado a construir un vínculo cívico en torno a la tributación. La idea de que los impuestos son el precio de la vida en común, que son nuestro contrato social, no ha cuajado ni en las élites ni en el resto de la ciudadanía. Lo que ha dominado es una lógica de excepción: quien puede, evade; quien no puede, simula; y el Estado, consciente de su debilidad, administra resignado, esperando remesas de los paisanos migrantes o, quizá, encontrar un nuevo yacimiento petrolero para “administrar la abundancia”.
Gráfica 1. Recaudación como porcentaje del PIN en los países de la OCDE
En el siglo XX, el Estado mexicano y los gobiernos del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) pudieron sostener su legitimidad durante décadas mediante el gasto —en educación, infraestructura, subsidios— sin tocar los intereses fiscales de las élites. Esto provino de la presencia constante de recursos naturales como el petróleo, y de la oportunidad que esos mismos recursos le dieron al gobierno para acceder al crédito internacional. Ahora bien, la “maldita bendición” del excedente petrolero tuvo, por lo menos, dos consecuencias negativas en clave de sociología fiscal.
Por un lado, se hizo innecesaria la construcción de un consentimiento fiscal, es decir, la formación de un discurso y un imaginario colectivo sobre cómo se usan los impuestos, quién los paga y, principalmente, sobre cuál es la naturaleza de la relación de derechos con los que deberían estar emparejados en una sociedad moderna. Por otro lado, este arreglo sentó las bases para el florecimiento de la relación de connivencia entre el poder político y el económico que AMLO denunció como candidato presidencial y durante su gobierno. La relativa holgura del empresariado mexicano frente al fisco se transformó, rápidamente, en una relación de parasitismo: lo público se usó para estabilizar, rescatar y “desarrollar” monopolios, bancos y destinos turísticos de particulares.
A finales de la década de 1970, este modelo mostró signos de agotamiento. El estallido de la crisis de la deuda, la apertura comercial y las caídas de los precios del petróleo marcaron el inicio de una nueva etapa: un Estado sin recursos suficientes, pero también sin voluntad de reconstruir el pacto fiscal desde sus cimientos debido, en gran medida, a los compromisos contraídos con agentes económicos que pasaron de ser gorrones para fungir como gerentes de lo público en la época de oro de la llamada Nueva Gestión Pública. Fue en este trayecto en el que se introdujo (1980) y se incrementó (1995) el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el emblema de la fiscalidad neoliberal: un impuesto regresivo que traslada la carga tributaria al consumo generalizado sin distinguir capacidad de pago, de forma que alivia la presión fiscal para las rentas altas y el capital mientras se ceba con los más pobres.
Con la alternancia que terminó con siete décadas de gobiernos del PRI en 2000, el sistema fiscal mexicano no vivió una refundación democrática, sino una prolongación tecnocrática de su fragilidad histórica. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), lejos de confrontar los pilares regresivos del régimen tributario, optaron por administrarlo con racionalidad contable y timidez política. Ambas administraciones se decantaron por la mejora regulatoria para cerrar las fisuras del sistema en general, pero se replegaron ante cualquier intento serio de progresividad. Las exenciones siguieron siendo moneda de cambio, la informalidad laboral se trató como anomalía cultural más que como fenómeno estructural y la lógica de gobernar sin incomodar a los grandes contribuyentes se mantuvo intacta. En lugar de cimentar una ciudadanía fiscal, se reforzó el gasto como único mecanismo de legitimación.
En 2012, el PRI regresó a la presidencia. Su último presidente, Enrique Peña Nieto, impulsó una reforma fiscal en 2013 que rompió parcialmente con esa inercia, ya que buscó ampliar la base gravable, eliminar privilegios e incrementar la recaudación no petrolera en un contexto de caída de los precios del crudo. Sin embargo, se trató de una reforma sin contenido político: no pretendía transformar la relación entre ciudadanía y Estado, sino estabilizar los ingresos del gobierno sin modificar el orden social implícito. Por ello, no se articuló una pedagogía del deber tributario ni una narrativa de redistribución. Lo anterior culminó en una estructura tributaria más estable pero políticamente estéril, cuyos frutos quedaron opacados por los numerosos escándalos de corrupción que plagaron el sexenio.
Ese es el telón de fondo sobre el que surge la Cuarta Transformación. Un gobierno que se define como ruptura histórica, pero que hereda y reproduce el patrón fiscal de la excepción, en el que “transformar sin tributar” no parece ser solo una estrategia política, sino la expresión de una cultura profundamente instalada.
Gasto sin conflicto
Desde su origen, el proyecto político de López Obrador se propuso como una ruptura con el neoliberalismo, entendido no tanto como ideología, sino como conjunto de prácticas asociadas a la corrupción, el despojo y la subordinación del Estado al interés privado. En ese sentido, la 4T no fue formulada como un programa económico en sentido estricto, sino como una narrativa restauradora: devolver el Estado al pueblo, eliminar los privilegios y redistribuir el poder sin mediaciones tecnocráticas. En ese marco, el tema fiscal se presentó siempre de forma ambigua. Si bien había una crítica al uso clientelar del presupuesto, no se articuló una propuesta clara sobre la necesidad de aumentar la recaudación. El discurso de López Obrador operó en clave moral más que estructural: el problema no era cuántos impuestos se recaudaban, sino su destino: las élites o el pueblo; el “caño de la corrupción” o el desarrollo nacional.
Esa ambigüedad se convirtió en doctrina. El nuevo gobierno adoptó una estrategia que podría denominarse de “austeridad con eficiencia”: se trataba de recortar gastos superfluos, eliminar condonaciones fiscales a grandes contribuyentes, y demostrar que un uso virtuoso del presupuesto bastaba para financiar la transformación del país. La figura del “agricultor” paciente, utilizada por el economista Diego Castañeda, encaja con esta visión: antes de “sembrar” nuevos gravámenes, el gobierno debía primero limpiar la tierra, mejorar la gestión, y cosechar legitimidad a través de un gasto eficiente y honesto. La promesa, entonces, era doble: que los recursos existentes alcanzarían si se utilizaban correctamente, y que los sectores económicos poderosos no serían tocados mientras cumplieran con la ley. Esta estrategia produjo efectos visibles. Entre 2019 y 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incrementó la recaudación efectiva sin necesidad de reformas legales mayores. Se fortalecieron capacidades administrativas, se enfrentó abiertamente a empresas evasoras, y se logró —en el discurso al menos— desvincular el aumento de ingresos públicos de la creación de nuevos impuestos. En lugar de conflictividad tributaria, se produjo una campaña de ejemplaridad: se combatió la condonación y la evasión, se auditó a grandes contribuyentes, y se presentó la recaudación casi como un acto de higiene moral. De acuerdo con el SAT, durante el gobierno de AMLO la recaudación se incrementó alrededor de 60 por ciento (en términos nominales), al pasar de 2 billones 299 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2018 a 3 billones 697 mil millones de pesos en el mismo lapso de 2024, ello si se cuenta solamente la tributación de grandes contribuyentes sin ingresos petroleros.
Gráfica 2. Ingresos tributarios 2018-2024
Sin embargo, esta lógica tenía límites. Por un lado, dependía de un tipo de consentimiento empresarial implícito: mientras no se cuestionaran los pilares estructurales del régimen fiscal, algunos sectores aceptarían el nuevo trato. Por otro, trasladaba el costo de la transformación hacia el gasto, sin preguntarse si este era estructuralmente sostenible. Programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida” o la pensión universal a adultos mayores fueron financiados sin aumentar la base tributaria, confiando en una elasticidad del presupuesto que comenzaba a tensarse a medida que se expandían las nuevas obligaciones sociales del Estado en la 4T.
La pandemia del Covid-19 expuso esa tensión con crudeza. Mientras otros países recurrieron al endeudamiento y a estímulos fiscales en el marco de la crisis, el gobierno mexicano insistió en mantener el equilibrio presupuestal. No hubo rescates masivos, ni ayudas directas universales, ni aumento en la inversión pública para mitigar el golpe económico. El gobierno mexicano afianzó la imagen del país durante ese periodo con los Derechos Especiales de Giro que el FMI puso a disposición de México en agosto de 2021 por su buen manejo durante la pandemia. Debido a lo anterior, la austeridad se mantuvo como principio rector, aun en estas circunstancias excepcionales. Esa decisión, aunque coherente con la narrativa, tuvo efectos ambivalentes: si bien protegió los equilibrios macroeconómicos, sacrificó el ingreso disponible de millones de familias.
En términos políticos, la estrategia funcionó. El gobierno mantuvo niveles altos de aprobación, conservó su imagen de honestidad fiscal y logró evitar una confrontación directa con las élites empresariales —salvo con algunas figuras emblemáticas, como ha sido el caso de Ricardo Salinas Pliego. Pero el precio a pagar fue alto. No se avanzó hacia un sistema más progresivo ni se creó una cultura tributaria ciudadana. Al contrario, el modelo fiscal de la 4T terminó consolidando una ortodoxia histórica, ahora en su vertiente popular: una administración disciplinada, minuciosa casi a un grado obsesivo con el control del gasto, pero renuente a plantear el conflicto redistributivo como elemento central de una transformación duradera. 4 No obstante lo anterior, una consecuencia, así fuese no intencional, del conflicto con personajes como Salinas Pliego, centrada en su negativa a pagar su deuda con el fisco, podría abrir la puerta a una redefinición del discurso fiscal hegemónico en el país, que durante muchos años se ha fincado en la idea de que sólo los ricos y la clase media “trabajan y pagan impuestos”.
En retrospectiva, el primer gobierno de la 4T no sólo evitó una reforma fiscal ambiciosa y progresiva por cálculo político: la evitó por convicción. La idea de que el pueblo ya paga mucho —aunque la carga tributaria efectiva sea baja— y que el Estado debe demostrar su eficacia antes de exigir más se convirtió en un mantra. Esa convicción impidió aprovechar el capital político acumulado entre 2018 y 2021 para iniciar una discusión seria sobre impuestos a la riqueza, herencias, plataformas digitales o activos ociosos. Se eligió administrar el sistema heredado con mayor eficacia antes que disputarlo en sus fundamentos. La autoridad presidencial, en vez de fungir como palanca de reforma, se convirtió en garante de la ortodoxia: transformar sin tocar intereses, gobernar sin exigir contribución. Pese a que las mejoras recaudatorias del gobierno de AMLO fueron percibidas entre sus partidarios como una especie de “reforma fiscal en los hechos”, el propio presidente habló explícitamente de lo innecesario que resultaba un cambio de gran calado en esta materia, argumentando que “si hay ahorros por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos […]. Sólo que no se permita la evasión fiscal, que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados […] los ingresos alcanzan”.
Este desfase entre capacidad y voluntad dejó huella. La posibilidad de reconstruir el contrato social y fundar un auténtico consentimiento fiscal se disolvió sin confrontación dejando intacta una arquitectura impositiva desfasada. Mientras la política social de la 4T se movía ambiciosamente hacia la ampliación de derechos, el andamiaje fiscal seguía atado a inercias pasadas. No se trató de una omisión técnica ni de simple cautela política ante la falta de condiciones, sino de una decisión estratégica: renunciar al conflicto tributario como eje de legitimación y pilar de la transformación. Esa renuncia es el vacío que la presidenta Sheinbaum heredó y debe enfrentar, al tiempo que las obligaciones sociales se multiplican y el margen de maniobra se reduce.
Punto de quiebre
La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al poder con el peso de una promesa doble: continuar el proyecto de la 4T y corregir las cosas que haya que cambiar. En ese sentido, se presenta como heredera legítima de una política popular, pero también como una tecnócrata ilustrada, capaz de garantizar estabilidad sin traicionar la narrativa fundacional de su movimiento. Su perfil científico, su trayectoria en el gobierno de la Ciudad de México y su lenguaje institucional han generado expectativas distintas: mientras los sectores populares la ven como garantía de continuidad, los sectores medios esperan racionalidad económica y cierta apertura internacional. En ese equilibrio, el tema fiscal reaparece con urgencia.
Desde su campaña, Sheinbaum adoptó la posición oficial de no impulsar nuevos impuestos. Reiteró que la transformación seguiría sin gravámenes adicionales, y que la disciplina fiscal era condición de soberanía. Esa postura, sin embargo, ha comenzado a crujir desde los primeros meses de su mandato. La exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) —un sindicato magisterial disidente con una larga historia contenciosa— de cambiar el régimen de las pensiones de maestras y maestros e incrementar sus salarios evidenció un hecho incómodo: el margen fiscal heredado está agotado, ello en gran medida por la carga financiera de organismos como Pemex, cuyo servicio de deuda abarca 20 por ciento del total para 2025. En un acto que rompió con la ambigüedad discursiva, la presidenta declaró abiertamente que el dinero “no alcanza”. Fue la primera admisión explícita, desde 2018, de que los recursos no bastan para sostener todas las demandas. No hay que olvidar que, además de mantener políticas como la pensión no redistributiva para adultos mayores, la presidenta ha impulsado tres nuevos ambiciosos programas sociales: una pensión especial para mujeres de entre 60 y 64 años, un esquema universal de becas para estudiantes de educación secundaria y un programa en el que personal médico y enfermería brinda atención sanitaria a domicilio a población vulnerable, además de diversos proyectos de obra pública.
El episodio fue significativo no solo por lo que se dijo, sino por lo que expuso: la tensión entre un proyecto que promete más derechos y un Estado que no puede financiarlos sin tocar intereses. Esa tensión se agravó con otro incidente simbólicamente potente. Recientemente, en una de sus conferencias matutinas, la presidenta prometió reembolsar a los mexicanos residentes en Estados Unidos el 1 por ciento de impuestos a los envíos de remesas aprobado por el Congreso estadounidense. Aunque posteriormente la propuesta fue retirada, su mera discusión muestra una vez más la separación entre las promesas del Estado y su capacidad tributaria. El pueblo mexicano sigue esperando beneficios sin interiorizar la lógica de corresponsabilidad fiscal.
Gráfica 3. Inversión para financiar los nuevos programas sociales de la presidenta Sheinbaum Pardo
A esta situación se suma el conflicto con uno de los empresarios más visibles y combativos del país: el ultraderechista Ricardo Salinas Pliego. El litigio en torno a su deuda con el SAT se ha vuelto una especie de teatro político, en el que el gobierno busca mostrarse firme frente a los poderosos sin que ello signifique embarcarse en la agresiva agenda redistributiva que sus críticos le achacan. Este enfrentamiento podría ser la oportunidad perfecta para que Sheinbaum marque un giro: romper con la política de no conflicto y lanzar una ofensiva fiscal progresiva. Hasta ahora, ese giro no ha ocurrido.
Por el contrario, el gobierno ha dado señales de que priorizará otras batallas. La propuesta de reforma judicial presentada apenas iniciada la administración o la anunciada reforma electoral son ejemplos de ello. Ambos casos repiten, en cierto sentido, el patrón del sexenio de AMLO. Mientras se debate la elección popular de jueces y la manera en la que el principio de representación proporcional debe incluirse en la legislación mexicana. La discusión sobre impuestos a la riqueza, al patrimonio o a los ingresos altos sigue sin abrirse.
Durante los últimos meses, el país fue testigo de una prueba más de dicha tendencia. En México, el gobierno presenta al Poder Legislativo su propuesta de ingresos y egresos para el año siguiente durante el mes de septiembre. Este año, la Secretaría de Hacienda había reiterado ya que en sus planes no estaba impulsar una reforma fiscal, pese a que en el mediano o incluso corto plazo la debilidad fiscal del Estado podría amenazar la sostenibilidad de acciones que han contribuido a reducir la desigualdad. La presentación del llamado Paquete Económico confirmó lo esperado. Aunque algunas medidas como el fortalecimiento de los llamados “impuestos saludables” (por ejemplo, a las bebidas azucaradas) generaron cierto debate, lo cierto es que, al menos para 2026, el gobierno de la presidente Sheinbaum decidió mantener una estrategia muy similar a la de su antecesor: fortalecer la eficiencia recaudatoria a través del combate a la evasión y elusión fiscal.
Futuros fiscales
En ese contexto, el concepto de “segundo piso de la transformación” se ha convertido en una interrogante. ¿Se trata de una ampliación programática o solo de una consolidación institucional? Si el “segundo piso” no incluye una reforma tributaria, ¿qué lo distingue del primero? Esta ambigüedad puede resultar funcional: permite mantener un discurso de continuidad sin comprometerse de lleno con el conflicto fiscal. Pero también encierra un riesgo: que el proyecto de la presidenta Sheinbaum se convierta en un gobierno de administración sin transformación, sostenido por la inercia del discurso y por una recaudación estancada.
El punto de quiebre, entonces, no es solo económico sino político. El nuevo gobierno debe decidir si persiste en la lógica de la eficiencia sin conflicto o si asume el costo de una reconfiguración fiscal sustantiva. Cualquier intento de progresividad tributaria encontrará resistencias: en las élites económicas, en los sectores informales, incluso entre las clases medias beneficiadas por el statu quo. Pero evitar esa disputa implica renunciar al núcleo de toda transformación duradera: la redistribución de los recursos.
Lo que está en juego no es solo el financiamiento de programas sociales, que la presidenta se ha comprometido a mantener y ampliar, sino la posibilidad de que los derechos a la educación, a la salud, incluso a la vivienda, hoy consagrados en la Constitución, se materialicen de forma sostenible. La 4T ha sido extraordinariamente exitosa a la hora de cambiar el andamiaje político del Estado mexicano, pero no ha querido remodelar su base financiera. De cara a las próximas elecciones de 2027, todo sugiere que la correlación de fuerzas favorable a la ortodoxia fiscal se mantendrá.
Pensando en el futuro fiscal de la 4T, la duda no es realmente ya si la actual base fiscal actual permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos planteados por la presidenta Sheinbaum, sino cuánto tardará la coalición gobernante en interiorizar una verdad incómoda, pero ineludible: no se puede transformar sin tributar.
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