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1. Consecuencias económicas de la guerra

   mayo 15, 2026 8:43 pm Comentarios desactivados en Consecuencias económicas de la guerra

   Mientras las bombas caen sobre Irán, sembrando destrucción y miseria, puede parecer fuera de lugar centrarse en las consecuencias económicas de la guerra, en particular en aquellas que afectan a sociedades alejadas del conflicto. Sin embargo, en este caso, las posibilidades de frenar la escalada dependen de los intereses contrapuestos que han sido arrastrados a ella, incluidos los de las clases dominantes en el núcleo del sistema capitalista.

   La actual ola de agresión imperial ha suscitado escasa oposición por parte de estas clases, en parte porque uno de sus efectos ha sido redistribuir aún más la riqueza hacia arriba. Cuando se interrumpe el comercio del petróleo, muchos gigantes petroleros aumentan su poder de negociación, pudiendo elevar sus márgenes de beneficio mientras los compradores se apresuran a adquirir cualquier barril disponible. Esto es lo que Isabella Weber y Evan Wasner—apoyados en el concepto de Abba Lerner—, han descrito como «inflación de los vendedores«. Como han demostrado, los efectos distributivos de la crisis energética de 2022, desencadenada por la guerra en Ucrania, beneficiaron a Estados Unidos ya que las empresas con sede en ese país representaron alrededor de un tercio de los ingresos netos totales obtenidos por las empresas petroleras y gasísticas que cotizan en bolsa ese año.

   Los ganadores fueron los que se encuentran en la cima: más de la mitad de los beneficios petroleros de 2022 fueron acaparados por el 1 por ciento más rico de la población de Estados Unidos, mientras que la mitad más pobre de la sociedad solo logró obtener el 1 por ciento del total. Un desequilibrio obsceno: el 50 por ciento para el 1 por ciento más rico, el 1 por ciento para el 50 por ciento más pobre. En una serie de artículos recientes escritos junto con Gregor Semieniuk, Weber ha defendido que, a falta de una respuesta política radicalmente diferente, la actual guerra en Irán está abocada a producir resultados similares. 

   Sin embargo, aquí debemos hacer una pausa para considerar una cuestión relacionada. Dado que el petróleo es un sector de importancia sistémica, su precio afecta al de muchos otros bienes y servicios. Cualquier cambio influye rápidamente en la tasa general de inflación y empuja a los bancos centrales a actuar. La herramienta convencional de las autoridades monetarias—el aumento de los tipos de interés—contribuye poco a resolver la crisis energética. Se limita a trasladar la carga del ajuste hacia las clases trabajadoras, aumentando el desempleo para intentar mitigar la subida del nivel de precios.

   En regiones de la periferia global como América Latina, los tipos de interés tienden a aumentar aún más (véanse las figuras a continuación), ya que los países se apresuran a defender sus monedas frente al agotamiento de la liquidez global. Allí, el impacto de la política monetaria sobre el desempleo suele ser menos pronunciado, pero los tipos de interés más altos influyen en la lucha de clases de otra manera: aumentan la parte de los ingresos que recae en los rentistas, transfiriendo cada vez más los ingresos recaudados por los sistemas fiscales regresivos hacia los ricos, al tiempo que agravan la servidumbre por deudas de la gran mayoría. Así pues, tanto en el Norte como en el Sur, las crisis petroleras conducen a una redistribución al alza de los ingresos y la riqueza, tanto directamente a través de los beneficios del petróleo, como indirectamente a través de los efectos de la política monetaria.

   

   Explorar las repercusiones económicas de las guerras y de los choques petroleros puede permitirnos imaginar políticas alternativas—más allá del régimen de metas de inflación—que protejan a quienes se encuentran en la base y trasladen la carga hacia quienes están en la cúspide. Si tales medidas fueran implementadas, las guerras podrían dejar de ofrecer beneficios tan fáciles y elevados rendimientos financieros, y las fuerzas que las han impulsado quizá podrían debilitarse. En este artículo se analizará brevemente el razonamiento teórico que sustenta la política monetaria convencional, que tiende a ofrecer la misma solución problemática ante cualquier crisis de precios. 

   En esta contribución se examina la reacción de los bancos centrales ante la crisis energética de 2022, tanto en los países ricos como en los países latinoamericanos con regímenes consolidados de metas de inflación (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, según la clasificación de la CEPAL). Esto ayudará a arrojar luz sobre nuestra actual situación, poniendo de manifiesto lo que podría suceder en los próximos meses si los Estados redoblan la apuesta por la misma estrategia.

   Inflación salarial

   La teoría económica dominante lleva más de medio siglo proporcionando munición para una política monetaria contraria a los intereses de los trabajadores, al centrarse en una interpretación particular de la inflación plasmada en la «curva de Phillips». En el artículo de 1958 que dio inicio a este debate, el economista A. W. Phillips no se ocupaba de la inflación de precios, sino más bien de la relación entre el desempleo y las variaciones salariales. Su análisis se centraba en un argumento muy plausible: que un bajo nivel de desempleo fortalece la posición de los trabajadores, creando condiciones favorables para aumentos salariales. «Cuando la demanda de mano de obra es alta y hay muy pocos desempleados», escribió, «cabría esperar que los empleadores subieran los salarios con bastante rapidez, ya que cada empresa y cada sector se verían continuamente tentados a ofrecer un poco más que los salarios vigentes para atraer a la mano de obra más adecuada de otras empresas y sectores». Casi un siglo antes, en El capital, Marx había destacado el mismo mecanismo, al examinar la dinámica cíclica del ejército de reserva industrial de mano de obra.

   En 1960, cuando Paul Samuelson y Robert Solow bautizaron una curva con el nombre de Phillips, introdujeron una modificación crucial en su análisis. La relación que analizaron no era la existente entre el desempleo y la inflación salarial, sino más bien entre el desempleo y la inflación. La hipótesis subyacente era que, siempre que la escasez en el mercado laboral impulsara al alza los salarios nominales, las empresas simplemente trasladarían esos mayores costos a precios más altos. El poder de los trabajadores para apropiarse de una mayor parte de los ingresos se veía efectivamente contenido por el poder de mercado de las empresas. Y, lo que es más importante, se consideraba que la inflación estaba impulsada fundamentalmente por la inflación salarial.

   Para aclarar las cosas, resulta útil comparar esta visión con otra opuesta, planteada por Richard Goodwin en 1967. En su modelo—un intento explícito de formalizar el análisis de Marx—partió de la regularidad empírica original de Phillips (entre el desempleo y las variaciones salariales) y prescindió de las variaciones de precios. Como resultado, durante los períodos de auge, cuando el ejército de reserva industrial de mano de obra se agota, los trabajadores reducen los beneficios. La crisis que se produce a continuación restablece el excedente de población y, con él, los beneficios. Los ciclos económicos, según esta interpretación, son ciclos de rentabilidad y desempleo.

   En las economías capitalistas contemporáneas, abstraerse por completo de la inflación—como hizo Goodwin—resulta engañoso, ya que las luchas distributivas se reflejan, al menos en parte, en las variaciones de precios. Sin embargo, Samuelson y Solow fueron demasiado lejos en la dirección opuesta, al descartar la posibilidad de que los trabajadores incrementaran sus salarios reales, con lo cual ignoraron las reducciones cíclicas de las ganancias. Al hacerlo, sentaron las bases para el argumento de que la política antiinflacionaria que actúa a través del mercado laboral no perjudica a los trabajadores, ya que sus intentos de presionar por salarios más altos resultarían inútiles: los aumentos salariales nominales serían completamente absorbidos por la inflación.

   Samuelson y Solow escribían en una época en la que los macroeconomistas creían que su principal reto era garantizar el pleno empleo. La sombra del desempleo masivo de la década de 1930 y sus consecuencias políticas—el fascismo, ante todo—aún se cernían con fuerza. Con su Curva de Phillips, sugirieron que el pleno empleo era alcanzable, pero que podía tener un coste en términos de inflación. Los responsables políticos, afirmaban, tenían un «menú de opciones«: bajo desempleo con mayor inflación, o baja inflación con mayor desempleo.

   A finales de la década de 1960, Milton Friedman y Edmund Phelps cuestionaron esta visión, alegando que, una vez que los gobiernos comenzaran a aprovechar ese menú, las expectativas de inflación se ajustarían y la propia inflación subiría aún más. Su trabajo marca el momento en que los macroeconomistas abandonaron el pleno empleo como objetivo. A partir de entonces, la mayoría aceptó que mantener el desempleo cerca de su «tasa natural«, como la denominaba Friedman, era el único objetivo real. Se consideraba que cierto nivel de desempleo era inevitable o, al menos, no estaba sujeto a la política macroeconómica. Para reducir dicha «tasa natural», los gobiernos tendrían que recurrir a otras medidas, principalmente recortando los derechos laborales. Este cambio de política sería una de las características clave del neoliberalismo: la política económica debía centrarse en la estabilidad de precios, más que en el pleno empleo, y la política de empleo implicaba reformas estructurales de las instituciones del mercado laboral.

   Un efecto poco señalado sobre el giro propuesto por Friedman respecto a la política monetaria fue la consolidación de una visión limitada de la inflación, heredada de Samuelson y Solow, según la cual esta se debe simplemente a la inflación salarial. El sistema de objetivos de inflación que se impuso en la década de 2000—es decir, el régimen de política monetaria en el que los bancos centrales modifican los tipos de interés para intentar alcanzar un objetivo predefinido de tasa de inflación—adoptó precisamente esta teoría. Desde esta perspectiva, cada vez que la inflación aumenta, incluso si está impulsada, por ejemplo, por una crisis del petróleo procedente del extranjero, la única solución posible es aumentar el desempleo para reducir la inflación salarial y, de este modo, volver a llevarla hacia su objetivo.

   En un influyente análisis, Olivier Blanchard y Ben Bernanke afirmaron que «la inflación de la era pandémica se debió principalmente a las interrupciones en el suministro y a los fuertes aumentos de los precios de los alimentos y la energía». Sin embargo, las implicaciones políticas que extraen parecen curiosamente ajenas a esto: «devolver la inflación de precios al objetivo puede requerir un período de desempleo ligeramente más alto». Aunque se niegan a ver la reciente inflación como un clavo, no pueden evitar argumentar que lo que se necesita es el proverbial martillo de las subidas de tipos de interés que provocan desempleo.

   Si la inflación fuera causada habitualmente por mercados laborales ajustados, los objetivos de inflación funcionarían bastante bien en sus propios términos. Pero ahora que la inflación es mucho más a menudo el resultado de perturbaciones en la oferta—geopolíticas o relacionadas con el clima—los límites de la teoría tradicional de la inflación son aún más evidentes, y la necesidad de teorías y políticas alternativas es más acuciante. Se podría empezar por examinar los cuatro factores diferentes que impulsan la inflación, como han sugerido Lance Taylor y Nelson Barbosa-Filho: los costes salariales, los beneficios, los precios de importación y los impuestos indirectos.

   Una vez que la inflación es interpretada desde esta perspectiva, podemos imaginar una variedad de políticas para abordar las crisis del petróleo u otras perturbaciones de los precios, haciendo frente a la emergencia y abordando sus causas más profundas: desde gravar los beneficios extraordinarios hasta nacionalizar el sector energético, desde controles de precios selectivos hasta una descarbonización planificada. La cuestión se convierte entonces en un asunto político: ¿cómo se repartirá el mayor coste del petróleo entre los trabajadores, las industrias consumidoras de petróleo, las empresas petroleras y el Gobierno? No hay una respuesta fácil en el contexto de nuestras sociedades adictas al petróleo. Sin embargo, una combinación de políticas cuidadosamente diseñada podría atenuar de forma plausible el impacto de las crisis sobre los más vulnerables, al tiempo que aumenta la resiliencia a largo plazo de la economía y aborda la crisis climática.

   Culpar a la víctima

   Volvamos a 2022. ¿Cómo afrontaron los países ricos la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania y las posteriores sanciones a Rusia? Ante el aumento de la inflación con respecto al año anterior, como consecuencia de las interrupciones en el suministro provocadas por la COVID-19, los bancos centrales intentaron inicialmente esperar a que la situación se resolviera por sí sola, con la esperanza de que se produjera un rápido cambio de tendencia. Sabían que su herramienta habitual—los tipos de interés—no era la más adecuada para la tarea que tenían entre manos. Y temían que subir los tipos de interés en medio de la frágil recuperación pospandémica pudiera desencadenar una caída repentina de los precios de los activos que amenazara la estabilidad financiera. De hecho, tras más de una década comprando activos en grandes cantidades para evitar la deflación cuando los tipos de interés habían alcanzado el llamado límite inferior cero, los bancos centrales se encontraban ahora ante otra burbuja de activos y se vieron obligados a actuar como creadores de mercado de último recurso.

   En ese momento, sin embargo, un poderoso bloque deflacionista movilizó a los halcones de la inflación para empujar a las autoridades monetarias a actuar. Argumentaban que una reacción lenta de los bancos centrales podría desanclar las expectativas de inflación, que se habían mantenido firmemente estables gracias a décadas de adhesión al régimen de metas de inflación. Una vez que se pierde ese anclaje, los precios y los salarios tenderían a dispararse, repitiendo episodios como la estanflación de la década de 1970, y el control de la inflación se vería comprometido. Más allá de gestionar las expectativas, sostenían, sería necesaria una política monetaria restrictiva para contener los efectos de segunda ronda derivados del aumento del precio del petróleo y evitar su propagación al conjunto de la economía.

   Estos argumentos técnicos ignoraban en general la ineficacia del tipo de interés como herramienta. Sin duda, unos tipos más altos en Nueva York, Londres y Fráncfort no pondrían fin a la guerra en Ucrania y, por lo tanto, no abordarían la fuente última de la inflación. Tampoco tendrían un efecto significativo sobre la demanda de energía que pudiera moderar el aumento de los precios. (De hecho, una investigación reciente del FMI concluyó que los países con objetivos de inflación no obtuvieron mejores resultados que los que no los tenían en 2022-23, a pesar de haber «endurecido la política monetaria de forma más rápida y decisiva»). Por lo tanto, insistir en una política monetaria restrictiva como respuesta a una crisis de oferta implicaba, en esencia, gestionar una media: dado que no se esperaba que los precios del petróleo y el gas bajasen, para volver a situar la inflación en el objetivo era necesario que los precios de otros bienes y servicios se redujeran en términos reales.

   Se suponía que esta reducción debía lograrse a través del mercado laboral: aumentando el desempleo y reduciendo el poder de negociación de los trabajadores, de modo que ellos asumieran la carga mientras que los márgenes de beneficio quedaran en gran medida protegidos, en consonancia con el marco teórico analizado anteriormente. Era poco habitual que esta estrategia de desinflación se reconociera abiertamente, ya que sus efectos son, por naturaleza, impopulares, pero hubo excepciones. En 2022, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, declaró que los trabajadores debían contribuir al esfuerzo de desinflación moderando sus reivindicaciones salariales. Sin «moderación en la negociación salarial», afirmó, la inflación «se descontrolará». ¿Culpar a la víctima?

   Sin duda, los gobiernos no dejaron la tarea exclusivamente en manos de los bancos centrales, como hubieran deseado los economistas convencionales. En cambio, en muchos países se introdujo un conjunto de medidas para amortiguar el golpe. Tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea se impusieron límites máximos a los precios de la energía, y Westminster los financió en parte mediante los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras. Sea como fuere, los defensores de la lucha contra la inflación acabaron imponiéndose y estas políticas se combinaron con la habitual subida de los tipos de interés.

   A mediados de 2023, poco más de un año después del inicio de la guerra en Ucrania, el tipo de interés oficial en Estados Unidos y el Reino Unido subió de poco más del cero al 5 por ciento, un nivel que no se alcanzaba desde el periodo previo a la crisis financiera de 2008. En la zona del euro, el tipo de interés oficial alcanzó un máximo del 4 por ciento: una cifra sin precedentes desde la introducción del euro. Los efectos sobre el mercado laboral eran previsibles: en Estados Unidos la tasa de desempleo siguió una tendencia al alza a partir de 2023, mientras que en el Reino Unido continuó la trayectoria ascendente que había comenzado el año anterior. Los responsables de los bancos centrales volvieron a hacer que Friedman y Phelps se sintieran orgullosos, utilizando los instrumentos contundentes a su disposición para disciplinar a las clases trabajadoras.

   El paraíso de los rentistas

   Esta abrupta contracción monetaria marcó el inicio de una fase bajista en el ciclo financiero mundial. En momentos como este, tal y como argumentaba Adam Tooze, la política monetaria se ve sujeta a un «efecto de arrastre«: «Una vez que la Reserva Federal toma medidas y el dólar se fortalece, los demás países o bien suben sus tipos de interés o se enfrentan a una fuerte devaluación, lo que aviva aún más la inflación». Esta vez, sin embargo, asistimos nada menos que a «la endurecimiento de la política monetaria más exhaustivo que ha visto el mundo».

   Los países latinoamericanos que se rigen por objetivos de inflación actuaron de forma decisiva. En Perú y Chile, las tasas de política monetaria, que se habían situado por debajo del 1 por ciento tras la pandemia de COVID, aumentaron hasta alcanzar, respectivamente, el 7,75 por ciento y el 11,25 por ciento en 2023. En Brasil y Colombia, el nivel mínimo posterior a la pandemia había sido algo más elevado—2 por ciento y 1,75 por ciento, respectivamente—, mientras que el endurecimiento monetario llevó las tasas por encima del 13 por ciento en 2023. En México, el aumento fue del 4 por ciento al 11,25 por ciento. En cierto sentido, la estrategia pareció funcionar, aunque con un enorme costo fiscal y distributivo. Mientras que el dólar se apreció a nivel mundial en 2022, alcanzando un «máximo de 20 años«, el real brasileño, el peso mexicano y el sol peruano se desmarcaron de la tendencia, fortaleciéndose frente al dólar. En Chile y Colombia, la moneda se depreció, pero en menor medida que en muchas otras economías periféricas. Al haber evitado depreciaciones masivas, estas economías latinoamericanas cosecharon los beneficios en términos de sus tasas de inflación. Entre 2021 y 2022, la tasa de inflación media cayó en Brasil, subió solo moderadamente en México y Perú, y alcanzó los dos dígitos únicamente en Chile y Colombia.

   En los países ricos, se espera que el aumento de los tipos de interés oficiales desincentive el endeudamiento de las empresas y los consumidores, reduciendo la demanda y debilitando el mercado laboral. En la periferia, por su parte, los tipos de interés estructuralmente más altos, los mercados de crédito segmentados y el papel relativamente más restringido que desempeña el endeudamiento hacen que este canal de transmisión sea por lo general más débil. La política monetaria espera influir en la inflación principalmente a través del tipo de cambio, gestionando las entradas y salidas de capital. De hecho, según las estimaciones de la CEPAL, la desinflación se produjo tanto en Brasil como en México sin que se produjera una desaceleración de la producción entre 2022 y 2024. En Colombia y Chile, por el contrario, la depreciación empujó la demanda a la baja, reduciendo la inflación de la forma habitual. (Perú fue la excepción en este caso, ya que evitó la depreciación pero se enfrentó a una desaceleración de la producción).

   ¿Es posible, por tanto, afirmar que en el caso de Brasil y México la política monetaria no trasladó los efectos negativos de la crisis a los trabajadores? En realidad, no. La redistribución al alza en este caso no fue impulsada por capitalistas que se aprovechan de la debilidad del mercado laboral, sino por rentistas que aumentaron sus ingresos a través de sus carteras de bonos del Estado y la expropiación de los trabajadores endeudados. (En las economías periféricas, el mercado laboral tiende a ser estructuralmente más débil que en las economías centrales, dada la mayor proporción de contratos de trabajo precarios y la informalidad generalizada. La cuestión es simplemente que el endurecimiento monetario de 2022-23 no debilitó el mercado laboral de forma significativa con respecto a 2021).

   Regularmente se supone que un aumento de los tipos de interés tiene un impacto negativo en los activos de quienes poseen deuda pública, ya que reduce el valor de mercado de los bonos existentes con tipos prefijados. Sin embargo, en el caso de Brasil, no solo una parte significativa de los bonos públicos tiene tipos variables, lo que significa que se ven favorecidos por el endurecimiento monetario; el mantenimiento estructural de tipos de interés extraordinariamente altos también crea abundantes oportunidades para que los ricos se apropien de una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales. De tal forma, en las economías financieramente subordinadas, cuando la política monetaria logró defender el valor de la moneda tras la crisis de 2022, los trabajadores fueron expropiados tanto directa como indirectamente por la clase rentista, aunque se haya preservado el mercado laboral. Estas economías latinoamericanas solo podrán desarrollar métodos menos perjudiciales para hacer frente a las crisis de precios si gestionan sus cuentas de capital de manera que reduzcan su vulnerabilidad frente al ciclo financiero mundial.

   Ormuz y los ricos

   ¿Podemos esperar que el año 2026 sea como el 2022 en relación con la inflación y la redistribución? La magnitud del impacto provocado por los bloqueos del estrecho de Ormuz parece ser mayor que la causada por la guerra en Ucrania. El alcance de su impacto depende de cuánto duren los bloqueos y de cómo actúen los responsables políticos a esta perturbación. En cuanto a los precios, la comparación es inevitable: tan pronto como comenzaron los ataques en marzo, el precio del petróleo se disparó por encima de los 100 dólares, tal y como ocurrió en 2022. Y no se trata solo del petróleo: la grave perturbación también ha afectado al suministro de gas natural, fertilizantes, aluminio, helio, azufre y muchas otras materias primas.

   El aumento de los precios volverá a plantear la cuestión de si el régimen convencional de metas de inflación está a la altura de las circunstancias. Si los bancos centrales deciden que lo está, es probable que pongan fin a la actual flexibilización monetaria iniciada en 2024 y, una vez más, trasladen la carga a los trabajadores, sin abordar ni la urgencia inmediata ni sus causas profundas.

   En América Latina, mucho depende de los mercados de divisas. Incluso economías como la de Brasil y México, que podrían beneficiarse de los precios más altos obtenidos por sus exportaciones de petróleo, se verían afectadas si la crisis provocara un cambio de tendencia en el ciclo financiero mundial. Hasta ahora, las monedas brasileña y colombiana se han apreciado, pero la peruana se ha depreciado ligeramente. Las turbulencias en los tipos de cambio y las depreciaciones más significativas se han limitado a Chile y México. Si los bancos centrales del Norte optan por la contracción, es probable que las presiones de depreciación se extiendan por toda la región, y los bancos centrales suban los tipos de interés, canalizando los ingresos fiscales ganados con tanto esfuerzo hacia los rentistas, mientras que los pobres pagan la factura de otra “guerra lejana”.

2. Repúblicas de la Soya

   abril 16, 2026 6:57 pm Comentarios desactivados en Repúblicas de la Soya

   A principios de este año, en la Amazonía brasileña, una coalición de 14 grupos indígenas se rebeló contra un decreto gubernamental que buscaba la privatización de la vía navegable entre Itaituba y Santarém —dos localidades del estado de Pará— y contra un proyecto público para dragar el río Tapajós. La gigantesca empresa comercializadora de materias primas Cargill controla los puertos de ambas ciudades, que actúan como nodos clave de la infraestructura logística a través de la cual la soya cultivada en la selva tropical y la sabana se envía a los mercados mundiales, principalmente en Europa y el norte de África. En 2022, alrededor del 13 por ciento de toda la soya exportada por Cargill desde Brasil se envió desde Santarém, incluyendo casi dos tercios de los granos cultivados en la selva tropical.

   Los grupos iniciaron la protesta acampando frente a una terminal de Cargill en Santarém y exigiendo que el Gobierno cancelara tanto la privatización del río como su dragado. Las comunidades alegaron que los planes, sobre los que no se les había consultado, suponían una amenaza directa tanto para sus medios de vida como para la rica biodiversidad de la región, con el riesgo de que se liberara mercurio nocivo desde el lecho del río. En su momento álgido, el campamento contó con más de mil personas. Tras poco más de un mes, el Gobierno accedió a satisfacer sus demandas. La reacción de la prensa dominante fue de conmoción y horror.

   El episodio pone de relieve el papel fundamental que desempeñan las empresas multinacionales en los conflictos en torno a la Amazonía. Al analizar el auge de la soya sudamericana en el bioma y más allá, podemos empezar a comprender las formas en que la concentración empresarial en una de las principales actividades de exportación de la región ha contribuido tanto al surgimiento de un bloque agroindustrial de extrema derecha como a las movilizaciones populares en defensa del medio ambiente. Mientras que en una de mis columnas anteriores analicé cómo las políticas orientadas al «ahorro de suelo» ayudaron a crear las condiciones para el bolsonarismo, aquí abordaré otro factor crucial en la evolución política de Sudamérica: las relaciones de poder dentro de las cadenas de suministro.

   Capital en la Amazonía

   El interés del capital global por la selva tropical no es nada nuevo. En la década de 1920, por ejemplo, Henry Ford compró una enorme extensión de tierra en el bioma a la que llamó Fordlândia y esperaba transformarla en una plantación de árboles de caucho de la que obtener la materia prima para los neumáticos de sus coches fabricados en serie. Sin embargo, la importancia relativa de la inversión extranjera ha fluctuado a lo largo del tiempo.

   Los estudiosos críticos de la región han afirmado en general que sería engañoso convertirlo en un tema central, ya que los principales problemas de la Amazonía se han derivado de factores políticos y económicos internos. «El papel del capital internacional en la deforestación de la Amazonía ha sido relativamente menor», escribieron Susanna Hecht y Alexander Cockburn en The Fate of the Forest en 1990. Más tarde, Hecht criticó los intentos de vincular la deforestación con la demanda internacional de carne de vacuno. «La llamada conexión de la hamburguesa«, argumentó, «simplemente no se da en el contexto amazónico actual». (La bibliografía sobre esta cuestión, de ese periodo, fue resumida por Andrew Hurrell.)

   En las últimas tres décadas, sin embargo, la situación ha cambiado hasta quedar irreconocible. La reestructuración de la economía mundial en torno a China convirtió a Sudamérica en un proveedor clave de materias primas para la producción global y transformó el papel de las empresas transnacionales en la región, incluida la selva tropical. Se han llevado a cabo varios esfuerzos sofisticados para cartografiar este fenómeno de forma empírica. Una estimación reciente indica que el 56 por ciento de la deforestación amazónica impulsada por los cultivos de soya entre 2020 y 2022 puede atribuirse al consumo internacional, más que al nacional. En un artículo de 2018, Víctor Galaz y sus coautores argumentaron que los principales impulsores del cambio en el uso de la tierra en la selva tropical son la producción de soya y de carne de vacuno, y que estas dos actividades económicas están dominadas por solo ocho empresas: cuatro gigantes del comercio de cereales (ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, a las que se suele denominar ABCD), el mayor productor privado de soya del mundo (una empresa brasileña, Amaggi) y tres empresas brasileñas de procesamiento de carne (JBS, Marfrig y Minerva). Galaz y otros también demostraron que muchas de estas empresas están estrechamente vinculadas a las 16 entidades financieras más implicadas en actividades que amenazan los biomas críticos para el clima de la Tierra, y especialmente a las «tres grandes» gestoras de activos (BlackRock, Vanguard y State Street, todas con sede en Estado Unidos).

   La conexión de ADM, Bunge y Minerva con estas 16 entidades financieras se da principalmente a través de la propiedad de acciones, mientras que en el caso de JBS y Marfrig, la «influencia latente de los inversores» opera predominantemente a través de la deuda. (Las tres empresas restantes —Amaggi, Cargill y Louis Dreyfus— son de propiedad privada, lo que significa que los datos sobre su entrelazamiento con el capital financiero son limitados).

   Los autores llegan, por tanto, a una conclusión contundente: «los “gigantes financieros», a través de su poder común de participación accionarial, tienen una influencia potencial, hasta ahora ignorada pero considerable, en empresas que configuran biomas críticos para la estabilidad del sistema climático. El año pasado, investigadores del University College London y de la Universidad de Exeter fueron aún más lejos, rastreando los flujos financieros —incluidos los préstamos y la emisión de acciones y deuda— hacia 24 corporaciones, entre ellas las 8 empresas mencionadas anteriormente, que han estado «vinculadas a cambios significativos en el uso del suelo y a la degradación» en la Amazonía brasileña entre 2014 y 2023

   Los académicos también han realizado esfuerzos puntuales para que estas empresas transnacionales cambien sus prácticas. En 2019, un grupo de 21 destacados investigadores propuso «ampliar el enfoque de la “responsabilidad social corporativa” a la “gestión corporativa de la biosfera”», abogando por «una nueva lógica empresarial con el propósito de guiar y salvaguardar la resiliencia de la biosfera para el bienestar humano».

   Otros hicieron un llamamiento a los bancos centrales y a los reguladores financieros, argumentando que es su mandato hacer frente a la degradación de los ecosistemas que «plantea riesgos sistémicos cada vez mayores para los sistemas económicos y financieros». Restringir una «parte sustancial» de los flujos financieros a las empresas que amenazan los puntos de inflexión de la Amazonía brasileña y las turberas indonesias «solo requeriría la coordinación entre relativamente pocos centros financieros».

   La esperanza implícita en esta literatura se hace eco de la observación de Rudolf Hilferding de que la concentración provocada por el capital financiero podría aprovecharse para superar el propio capitalismo: «tomar posesión de seis grandes bancos de Berlín», escribió en 1910 en El capital financiero, «significaría tomar posesión de las esferas más importantes de la industria a gran escala y facilitaría enormemente las fases iniciales de la política socialista»—excepto que el objetivo aquí ya no es instaurar el socialismo, sino simplemente salvar un planeta habitable evitando que se alcancen los puntos de inflexión de los ecosistemas.

   ¿No puedes vencerlos? Únete a ellos

   La expectativa de que los bancos centrales pudieran acudir al rescate en una crisis climática cada vez más grave se basaba evidentemente en una coyuntura efímera, que llegó a su fin con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado. Sin embargo, incluso si esta iniciativa hubiera tenido éxito, podría haber tenido efectos secundarios problemáticos. Como argumentó Yannis Dafermos, «los intentos de la financiación privada de protegerse de los riesgos climáticos» —y los intentos de las autoridades monetarias de empujarlos a hacerlo— podrían exacerbar la injusticia de la financiación climática al aumentar los costes de endeudamiento a los que se enfrentan los países del Sur Global y agravar su vulnerabilidad financiera.

   Por lo tanto, la investigación sobre el papel del capital global en la crisis climática debe tener en cuenta los impactos de la concentración empresarial en la política a nivel nacional, investigando las alianzas forjadas por las empresas transnacionales con las élites nacionales y la posible resistencia con la que pueden encontrarse. Visto desde esta perspectiva, el caso del auge de la soya en Sudamérica ofrece información útil. Desde finales de la década de 2010, Sudamérica ha sido responsable de más de la mitad de la producción mundial de sojya y de casi dos tercios de las exportaciones mundiales de este producto básico. En 2024, Argentina, Brasil y Paraguay representaron el 61 por ciento de todas las exportaciones.

   Los datos facilitados por Trase.earth dejan claro el dominio de los gigantescos comerciantes de cereales en las exportaciones de soya brasileñas y argentinas, como se muestra en las figuras siguientes.

   (Los datos incluyen la soya y «el equivalente en materia prima de los subproductos comercializados», es decir, «la torta de soya y el aceite de soya se convierten a toneladas equivalentes de soya»). Las estadísticas de Brasil comienzan en 2004, cuando las empresas del ABCD representaban el 48,2 por ciento del total de las exportaciones de soya, en toneladas. En 2009, su cuota alcanzó un máximo del 59,8 por ciento, antes de descender gradualmente en los años siguientes, hasta el 42,2 por ciento en 2022 —la información más reciente disponible—. A pesar del descenso, las cuatro empresas siguieron controlando una cuota considerable de un negocio en auge: en 2022, las exportaciones ascendieron a 93,7 millones de toneladas de soya, frente a las 36,2 de 2004. Los datos de Argentina se limitan al periodo comprendido entre 2015 y 2019 y muestran que la cuota de las empresas ABCD osciló entre una cuarta parte y un tercio del total. Si se añade una quinta gigante comercializadora de materias primas, Glencore, esta cifra supera el 40 por ciento.

   

   

   Fundadas en el siglo XIX o a principios del XX, las empresas ABCD vieron aumentar su influencia global a principios del milenio, en paralelo a la expansión del comercio de futuros de materias primas. Jennifer Clapp argumentó que esta financiarización del comercio de materias primas les permitió «ejercer un enorme poder en la configuración de los sistemas alimentarios». Aprovechándose de la volatilidad que provocó hambre y rebeliones populares en todo el mundo, estas corporaciones eran conocidas, según Gustavo de Oliveira y Mindi Schneider, por «desviar buques de carga en pleno océano para obtener beneficios marginales sobre grandes volúmenes, y especular en los mercados de futuros con la información privilegiada que resulta del control de cuotas significativas de mercados no transparentes».

   En Sudamérica, su dominio se consolidó en la década de 1990 a través de la oleada de adquisiciones que formó parte del proceso de neoliberalización. Al ampliar la subordinación de los productores de soya, pusieron en marcha un proceso acumulativo que reforzó aún más el control de las empresas. Redujeron los precios pagados a los productores y, de este modo, los empujaron a combinar el uso intensivo de herbicidas con semillas modificadas genéticamente, «para no incurrir en deducciones de precio en el punto de entrega, lo que agravó la trampa tecnológica y la necesidad de financiación de los agricultores». A principios de la década de 2000, habían llegado a controlar «toda la logística de transporte… así como las terminales portuarias, los buques de carga y las instalaciones de procesamiento que finalmente trituraban la soya para convertirla en harina y aceite vegetal».

   El gran capital sudamericano no opuso mucha resistencia a esta tendencia. En Brasil, Amaggi mantuvo su poderosa posición, controlando más del 8 por ciento de las exportaciones de soya de Brasil en 2022 y alrededor del 1,6 por ciento de las tierras de cultivo de soya a mediados de la década de 2010, en parte gracias a la coordinación con los comerciantes globales. Estableció empresas conjuntas con Bunge y Dreyfus y obtuvo financiación de Mitsui (un gran comerciante japonés). También tenía una influencia política significativa. Su propietario, Blairo Maggi, fue gobernador del principal estado productor de soya de Brasil (Mato Grosso) entre 2003 y 2010, senador entre 2011 y 2016, y ministro de Agricultura entre 2016 y 2019.

   En Argentina, los impuestos sobre las exportaciones de soya sin procesar fortalecieron a los grandes capitalistas agroindustriales nacionales que producían aceite de soya, lo que les permitió mantener una cuota de las exportaciones totales similar a la de las empresas ABCD (véase la figura anterior). Las tres mayores empresas argentinas (Vicentin, AGD y Pérez Companc) controlaron entre una cuarta parte y un tercio del total de las exportaciones entre 2015 y 2019. (Envuelta en una serie de escándalos tras 2019, Vicentin acabaría siendo rescatada por un empresario argentino con el apoyo de Cargill.)

   El capital estatal chino planteó un desafío más significativo. Tras la denominada «crisis de la soja de 2004» en China, cuando un cambio repentino en el precio mundial de la materia prima llevó a la quiebra a varias empresas procesadoras chinas, las empresas ABCD vieron cómo se disparaba su control del mercado chino. En respuesta, el Gobierno dio prioridad al crecimiento de los comerciantes chinos, especialmente COFCO, en una disputa bautizada como la «batalla de los frijoles«. (Véase el detallado relato de Tomaz Fares.) Las repercusiones acabaron notándose en Sudamérica: en Brasil, COFCO comenzó a exportar soja en 2005 y, desde 2014, pasó a ser responsable de una cuota de entre el 5 y el 8 por ciento del total de las exportaciones; en Argentina, su cuota fue incluso mayor, en torno al 10 por ciento, entre 2015 y 2019. Una parte sustancial del descenso de la cuota controlada por la ABCD en Brasil a partir de 2009 se explica por el auge de COFCO. Sin embargo, el cambio en las cuotas de mercado puede exagerar el desafío real. Al ser tratada inicialmente con «especial hostilidad» por parte de la ABCD, cuyo objetivo era «mantener su control oligopolístico sobre las exportaciones de soya», COFCO se vio obligada a forjar alianzas con los operadores tradicionales, llegando a un acuerdo preferencial con ADM. Si no puedes vencerlos, únete a ellos.

   Concentración empresarial y política sudamericana

   Es poco probable que el auge de COFCO traiga una competencia efectiva al sector, ya que simplemente amplía de cuatro a cinco el número de empresas al frente del oligopsonio de la soya sudamericana. Dado su enfoque en la transformación, la comercialización y la logística, el proceso material real del cultivo de la soya sigue estando en manos de una multitud de agricultores, grandes y pequeños. Una pequeña minoría, normalmente respaldada por capital financiero extranjero y nacional, posee vastas extensiones de tierras de cultivo y logra mantener cierta autonomía frente a los comerciantes. Las estimaciones basadas en datos de mediados de la década de 2010 indicaban que siete gigantescas empresas de gestión agrícola —pools de siembra, como se las denomina en Argentina— controlaban casi el 7 por ciento de todas las hectáreas sembradas de soya en Argentina, Brasil y Paraguay. Solo en Brasil, cinco de ellas (incluida Amaggi) representaban alrededor del 5 por ciento de la superficie de cultivo de soya.

   Sin embargo, estas son las excepciones, por gigantescas que sean. La gran mayoría de los productores de soya son significativamente más pequeños, incluyendo un gran número de medianos y pequeños agricultores, que debido a su tamaño están profundamente subordinados al oligopsonio comercial. No solo son tomadores de precios, sino que han perdido la mayor parte del control de sus propias operaciones. «La naturaleza y la autonomía de la agricultura» están cada vez más disciplinadas y estructuradas por formas externas de gestión basadas en la aplicación de paquetes tecnológicos y la logística de los servicios agrícolas», escribieron Oliveira y Hecht. En Argentina, esta transformación de la agricultura se conoce como sojización, caracterizada «por mayores niveles de capitalización, mecanización, inversión extranjera y economías de escala».

   El electorado representado por esta multitud de agricultores, vinculado al sector más dinámico de las economías de la región, podría, en principio, haberse movilizado contra el oligopsonio, exigiendo una organización diferente de la cadena de suministro. Pero, en cambio, los grupos rurales subordinados, recelosos de los gobiernos de centroizquierda que presidieron la consolidación del oligopsonio comercial, dieron un giro brusco hacia la derecha. En Brasil, estos productores de soya radicalizados ascendieron en las filas de las asociaciones estatales de productores de soya hasta hegemonizar la política rural de todo el país, proporcionando a Bolsonaro una base electoral clave. Esto marcó el nacimiento de lo que Caio Pompeia denomina agri-bolsonarismo.

   En Argentina se observa una evolución similar. En 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner tomó medidas para aumentar los impuestos sobre las exportaciones de soya, fue derrotado rotundamente por una amplia coalición en una lucha que ahora se conoce como la «crisis del campo», que Diana Córdoba y sus coautores describieron como una «protesta rural de una magnitud sin precedentes en la que intereses rurales dispares e históricamente fracturados se unieron en una protesta común que duró meses».

   A continuación, explicaron cómo terratenientes, contratistas, trabajadores, transportistas y otros actores rurales —en representación de la élite rural, los pequeños agricultores y la clase trabajadora rural— participaron juntos, utilizando camiones y maquinaria agrícola para instalar bloqueos en las carreteras rurales e interrumpir el transporte de productos agrícolas (y de otro tipo) en toda la región agrícola principal.

   Algunos han argumentado que los orígenes del giro hacia la derecha en Argentina —primero con la elección de Mauricio Macri en 2015, luego con la victoria de Javier Milei en 2023— se encuentran mejor en esta crisis de 2008.

   Tanto en Argentina como en Brasil, pues, la transformación económica liderada por los gigantescos comerciantes de cereales aumentó la vulnerabilidad exterior de los países al tiempo que sembró las semillas de la política antidemocrática. Estos ejemplos de la historia reciente de Sudamérica revelan que la concentración empresarial en el sistema industrial alimentario mundial no solo amenaza la seguridad alimentaria y alimenta el cambio climático, sino que también debilita las instituciones democráticas. Cuando los grupos indígenas se enfrentaron a Cargill a principios de este año, no solo estaban en juego sus medios de vida.

3. Cuba bajo asedio

   abril 2, 2026 4:03 pm Comentarios desactivados en Cuba bajo asedio

   El gobierno cubano anunció recientemente que la isla está siendo objeto de un “bloqueo petrolero”, luego de la Orden Ejecutiva del 26 de enero de 2026, que planteó un arancel adicional a los productos importados desde países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. La interrupción total de este suministro ha agravado las molestias de la población con los prolongados apagones y sus efectos en la vida cotidiana. El déficit de combustible ha sido un factor causante de mayor inestabilidad en el sistema electroenergético nacional (SEN), lo que provocó en el mes de marzo dos desconexiones totales y una parcial, llevando a una interrupción del servicio eléctrico en todo el país.

   Es la última de muchas de las medidas coercitivas que Estados Unidos ha intentado con el fin de asfixiar económicamente a la isla. Entre 2017 y 2020 fueron lanzadas 243 medidas con ese propósito, lo cual arroja como promedio cinco medidas por mes, que se superponían al bloqueo, a lo que se sumó la inclusión de Cuba a la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo—que no fue revertida por la administración Biden hasta sólo unos días antes de su salida de la Casa Blanca—y su designación, en enero de 2026, como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos.

   Estas líneas de acción se inscriben en una política sistemática orientada al cambio de régimen en Cuba, a lo que ahora se suma el esfuerzo casi desesperado por contener a China. La amenaza de incrementos arancelarios a los que violen el bloqueo energético se acompañó de presiones para que los países de la región rescindan la colaboración médica con Cuba. Resulta clara la intención de abatir la imagen de resistencia y práctica internacionalista desarrollada por el gobierno y pueblo cubano por más de seis décadas, así como la de cortar las fuentes de ingresos derivadas del turismo y los contratos de colaboración.

   El saldo es una sensible erosión en las condiciones de vida de la población que sufre recurrentes cortes de electricidad, deterioro de las redes de servicio público como los de salud, educación y transporte, carencia de medicamentos y elevados precios en los alimentos, así como problemas para su cocción y conservación. Por su parte, el gobierno ha acelerado acciones para el cambio de la matriz energética hacia fuentes renovables de energía y la ampliación del crudo nacional.

   Esta vez, sin embargo, el bloqueo llega en un momento paradójico para Cuba: mientras la fragmentación del orden unipolar propicia un entorno más favorable para su inserción global, también la coloca en una posición central en la disputa estratégica entre Estados Unidos y sus adversarios sistémicos. Ante ello, se endurece la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe y, una vez “resuelto” el problema Venezuela, Cuba queda como el objetivo a abatir. Esto ocurre en un contexto en el que los gobiernos de la región han perdido, al menos momentáneamente, capacidad de resistencia articulada frente a las presiones imperiales.

   El nuevo orden

   La Revolución Cubana se ha desarrollado en tres momentos del orden internacional: la bipolaridad, la unipolaridad y la transición hacia un nuevo orden eventualmente multipolar. Para Cuba el factor común en esos tres momentos ha sido la permanencia del bloqueo y los intentos de revertir el proceso revolucionario.

   El bloqueo es un complejo entramado de sanciones económicas, financieras y comerciales que, con una tendencia incremental, se aplica desde 1962 y que en 1996 fue codificado por el Congreso de Estados Unidos en la ley Helms-Burton. Supone prohibiciones de financiamiento, limitaciones al uso del dólar, restricciones a la importación de bienes desde terceros países cuya composición tenga más del 10 por ciento de contenido estadounidense. Así como una prohibición a los buques que transporten mercancías a Cuba para tocar puerto de Estados Unidos hasta después de 180 días, entre otras medidas. Todas ellas incrementan los costos de transacción y desincentivan a terceros a invertir, comerciar o hacer préstamos a Cuba.

   Por su parte, la inclusión de Cuba en la lista de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo activa restricciones financieras más severas (vigilancia sobre transacciones, ampliación de prohibiciones para recibir asistencia económica, etc.). Esa designación genera que bancos y empresas eviten el vínculo con Cuba por temor a sanciones, multas o pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense, lo que suscita un efecto de sobreprotección por temor a la sanciones. 1Múltiples bancos e instituciones financieras europeas han sido multadas por el Departamento del Tesoro por realizar operaciones con Cuba, entre las que se encuentran el BNP Paribas de Francia (8.900 millones de dólares), Standard Chartered de Reino Unido (1.100 millones), Credit Agricole de Francia (787 millones), ING de Países Bajos (619 millones), Credit Suisse de Suiza (536 millones), entre otras (Cubadebate, 2012; OnCuba, 2019)

   El contexto internacional actual se caracteriza por la crisis del orden liberal internacional (unipolar) y del multilateralismo; el declive relativo de Estados Unidos y el ascenso de China como potencia global desafiante; la reconfiguración hacia un orden multipolar asimétrico; el retorno de la geopolítica y la geoeconomía como criterios estructurantes del orden global. A lo cual se suman la securitización y politización de las relaciones económicas; el desarrollo de guerras proxy; la utilización de medidas coercitivas unilaterales como instrumentos privilegiados de la política exterior por parte de las potencias occidentales; la emergencia de espacios en los que potencias regionales en ascenso del Sur Global demandan mayor participación en la toma de decisiones y conformación de las reglas globales, y la relación contradictoria entre intereses geoeconómicos y afinidades políticas.

   La ruptura con las formas funcionales del orden global unipolar favorece la ampliación de espacios de interacción de Cuba con el Sur Global y, particularmente, con actores que ganan peso en la configuración mundial de poderes. Sin embargo, este proceso se produce en un escenario de competencia estratégica en el que Estados Unidos se resiste a perder su hegemonía e intenta reafirmar su control sobre el hemisferio occidental. Para lo cual apela a una actualización de la Doctrina Monroe en términos, incluso, más duros que la formulada en 1823. 

   Desde esa perspectiva, Cuba ostenta una doble condición: la de constituir un aliado de las potencias retadoras y la de llevar adelante un proceso político antiimperialista que desafía los intereses de dominación de Estados Unidos en su área de influencia más inmediata. En esa lógica, la administración Trump, tras intervenir en Venezuela a inicios de 2026, ha reforzado los mecanismos de presión para aislar a Cuba y provocar inestabilidad interna a partir del recrudecimiento de las restricciones económicas, una estrategia influida por la agenda personal de su Secretario de Estado.

   A diferencia de la Guerra Fría, cuando era esperable que una agresión a Cuba fuera respondida como una amenaza al campo socialista, en la actualidad hay potencias con presumible capacidad de respuesta pero, hasta el momento, su actuación se ha movido en el plano político y en el alivio de algunos efectos de la crisis. Sin que esto se traduzca en el enfrentamiento de las causas que la motivan.

   El contexto regional latinoamericano y caribeño también ha experimentado cambios a los que la realidad cubana es sensible. En las primeras dos décadas del siglo XXI confluyeron en la región gobiernos que, identificados con el progresismo y la izquierda, se caracterizaron por políticas sociales de redistribución del ingreso y por una proyección externa que favoreció posiciones de autonomía y el auge de mecanismos de integración, concertación política y cooperación. Tras la caída del campo socialista, Cuba amplió sus relaciones económicas y políticas con la región y, durante ese ciclo progresista, integró mecanismos regionales como la Alternativa Bolivariana para losa Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Ese escenario político le otorgó una mayor vocería a la región en el sistema internacional y Cuba pudo reinsertarse en el espacio regional articulando un consenso en contra de su exclusión y de la política hostil de Estados Unidos.

   El escenario regional se ha caracterizado por la alternancia en los ciclos políticos que, en los años más recientes, ha favorecido la emergencia de gobiernos de derecha y ultraderecha. La fragmentación política predominante en la actualidad ha erosionado los foros más autónomos de concertación regional. La derechización se expresa en posiciones más alineadas con el gobierno de Estados Unidos, lo que se ha evidenciado incluso en la votación de 2025 contra la resolución relativa al bloqueo en Naciones Unidas, rompiendo así una tradición de apoyo unánime latinoamericano y caribeño a la demanda cubana. 2 En dicha votación, Argentina y Paraguay votaron en contra, y Ecuador y Costa Rica se abstuvieron

   Por su parte, el progresismo en la región se ubica en países con un peso económico y político no despreciable como México, Brasil y Colombia. Los dos últimos están abocados a una dinámica electoral compleja cuyos resultados son inciertos, bajo presiones externas de un decidido apoyo a fuerzas alineadas con Estados Unidos. En México, quien también está bajo la presión de una relación tensa con su vecino del norte, Cuba ha encontrado un apoyo solidario que trasciende la retórica y ha implicado declaraciones de soberanía y enfrentamientos abiertos de su gobierno con la administración Trump. México ha planteado que continuará insistiendo por la vía diplomática para hacer llegar petróleo a Cuba, a lo que se suma una relevante ayuda humanitaria sostenida. 

   Las presiones estadounidenses han alcanzado a subregiones como Centroamérica y el Caribe con las cuales Cuba ha desarrollado áreas de cooperación en educación, salud y gestión de desastres. Dada la sensibilidad de su relación con Estados Unidos en temas como seguridad, migración, financiamiento y gestión de desastres, algunos países han optado por no renovar los convenios de cooperación médica con Cuba. Para no pocos, esa decisión implicaría poner en riesgo las capacidades de sus sistemas de salud domésticos si no se ofrecen alternativas sostenibles a la presencia de personal médico cubano en la región.

   Los cambios políticos en el espacio de la Comunidad del Caribe (Caricom), fundada en 1973, y las presiones que acompañan la reaproximación estadounidense han fracturado el tradicional consenso en política exterior del bloque. 3 CARICOM, a diferencia de otros esquemas asociativos, ha tenido como sello distintivo la coordinación de posiciones en temas relevantes para sus miembros en materia de política exterior, lo que en muchas ocasiones se reflejó en votaciones en bloque sobre esos temas en mecanismos multilaterales y regionales Ello se ha reflejado en las posiciones diferenciadas frente a la agresión estadounidense a Venezuela y, en el caso de Cuba, frente al bloqueo energético y respecto a la colaboración médica. También es necesario hacer una distinción entre las posiciones de los gobiernos y las muestras de solidaridad que desde la sociedad civil se han expresado en defensa de la soberanía venezolana y el derecho de Cuba a desarrollarse libremente.

   Hasta marzo de 2026, el gobierno de México ha enviado a Cuba cuatro cargamentos de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos básicos y artículos de primera necesidad provenientes tanto de agencias gubernamentales como de colectas realizadas por organizaciones sociales. Esto evidencia una continuidad en la política de solidaridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado se mantendrá en el futuro como parte del ejercicio de soberanía del Estado mexicano. 

   También ha destacado la ayuda recibida por parte de otros gobiernos como el de China, en especial alimentos y paneles solares que están siendo instalados en instituciones que ofrecen servicios públicos y comunidades a lo largo de todo el país. Otros gobiernos que han enviado o anunciado su disposición a contribuir con ayuda humanitaria son Rusia, Chile, Brasil, Vietnam, España, Canadá, entre otros. De hecho, la llegada de un cargamento con 730 mil barriles de petróleo proveniente de Rusia el pasado 31 de marzo, representa el primer gesto de ruptura del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde que profundizó el cerco energético contra la isla, tras el envió que hizo México el pasado 9 de enero. 

   Una mención especial merece la llegada en marzo de 2026 del convoy Nuestra América, compuesto por alrededor de 600 integrantes de Estados Unidos, Europa y América Latina y el Caribe, fundamentalmente, que llegaron por aire y mar a Cuba para mostrar su solidaridad con la isla y llevar toneladas de alimentos, medicamentos y paneles solares comprados gracias a donaciones de muchas personas en el mundo que se identifican con esta causa. 

   Interrupción del suministro energético

   El impacto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela desde el 3 de enero de 2026 plantea un escenario totalmente nuevo para la región. Hasta ese momento, la República Bolivariana de Venezuela había sido un actor central en los esquemas de cooperación energética y social impulsados en el Caribe y América Latina. No obstante, aún no se dispone de la información necesaria para aquilatar la magnitud de los cambios internos en Venezuela en sus relaciones bilaterales y regionales.

   En el caso particular de los suministros de combustible a Cuba, la participación de Venezuela en la factura importadora se había reducido gradualmente, con caídas significativas desde 2023. Las importaciones de Rusia también disminuyeron tras el conflicto en Ucrania. En 2025 el principal suministrador de crudo a la isla fue México, como muestra el gráfico.

   

   Aunque a partir de 2023 se produjo un discreto repunte de la producción petrolera venezolana, atribuible fundamentalmente a la actividad extractiva de Chevron facilitada por una flexibilización parcial de la política estadounidense, esos incrementos no se tradujeron en una recuperación de los niveles previos de las exportaciones destinadas a Cuba.

   Las caídas en la entrega de combustible venezolano a distintos destinos regionales se explican por dos factores principales: la prolongada descapitalización de Pdvsa y las sanciones de Estados Unidos, que determinaron una contracción sostenida de la producción petrolera. A lo interno de Venezuela, la descapitalización de Pdvsa puede atribuirse tanto a las sanciones como a una decisión política que dio prioridad a la eficacia social por sobre la eficiencia económica. De múltiples maneras, Pdvsa fue el soporte financiero y técnico de las misiones sociales que reivindicaron injusticias históricas en el tejido social venezolano. La empresa asumió costos asociados a una política de reparaciones frente a un empresariado que en los primeros años optó por el boicot y el distanciamiento del gobierno.

   Por su parte, la política de Estados Unidos estuvo claramente dirigida a sabotear el crecimiento de la producción petrolera con el deliberado propósito de erosionar los ingresos que sostenían la política social venezolana y su cooperación energética con otros países de la región, especialmente del Caribe. En la lucha contra iniciativas consideradas “disidentes” de la política de Washington, además de las acciones orientadas a debilitar la industria petrolera venezolana, se sumó el lanzamiento en 2014 de la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI, por sus siglas en inglés).

   En enero de 2015, el investigador de Brookings Institution, Harold Trinkunas reconocía que varias naciones del Caribe habían gestionado altos costos energéticos con la asistencia de PetroCaribe, un programa que proporcionaba facilidades financieras para la compra de petróleo a Venezuela. Sin embargo, ponía en duda la viabilidad futura del esquema, aludiendo a la crisis económica venezolana, aunque omitiendo las causas externas que la agravaban. En materia energética, los países caribeños enfrentan un doble dilema: la dependencia de combustibles fósiles para sostener la actividad económica y, simultáneamente, la necesidad de reducir el impacto ambiental mediante la diversificación de la matriz energética.

   En este contexto se inscribe PetroCaribe. Mientras se mantuvo funcionalmente operativo (2005-2015), tuvo un impacto positivo para las pequeñas economías caribeñas. Garantizó de manera relativamente estable el suministro de combustible bajo formas concesionales y liberó financiamiento para infraestructura energética. Al amparo de este esquema se construyeron refinerías en Dominica y Belice; se ampliaron las refinerías de Kingston (Jamaica) y Cienfuegos (Cuba); se edificó una planta de llenado de GLP en San Vicente y las Granadinas; se instalaron plantas de distribución de combustible en Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Granada; y se construyeron tanques de almacenamiento en Belice y Granada, entre otros beneficios. Asimismo, se desarrollaron programas sociales de alivio a la pobreza.

   Sin embargo, PetroCaribe fue perdiendo vitalidad por la caída de la producción de PDVSA, el desplome de los precios del petróleo desde 2014—lo que reducía el componente concesional del financiamiento—, y las sanciones impuestas por Estados Unidos a partir de 2017. A ello se sumó el lanzamiento del CESI con el objetivo de contrarrestar la influencia venezolana en un área considerada sensible para la seguridad estadounidense.

   En resumen, PetroCaribe constituyó una experiencia relevante de cooperación Sur-Sur basada en la solidaridad, la complementariedad y el reconocimiento de las asimetrías. Su sostenibilidad, no obstante, dependía de un factor altamente volátil: los precios internacionales del petróleo. La CESI prometió más de lo que estaba en capacidad de ofrecer y, en ese escenario, China devino un actor central en el desarrollo de energías renovables en el Caribe, sin renunciar a proyectos extractivos, como tampoco lo han hecho otras potencias.

   La cooperación entre Cuba y Venezuela se insertó en este entramado regional. Al amparo del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado en el 2000 durante el primer año de mandato del presidente Hugo Chávez, se estableció un mecanismo de intercambio de combustibles por servicios que sustentó la política de inclusión social del proyecto bolivariano y para Cuba significó una estabilidad con los suministros petroleros.

   Cientos de miles de profesionales cubanos ofrecieron servicios de salud, educación, deporte y asistencia técnica en Venezuela como parte de misiones sociales como Barrio Adentro, Sucre, Milagro, Robinson, Ribas, Vuelvan Caras, entre otras. Gracias a estas misiones, con la participación de colaboradores cubanos, se ofreció asistencia médica a millones de venezolanos; se pusieron en funcionamiento miles de centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación y centros de diagnóstico de alta tecnología; se desarrollaron campañas de alfabetización, que aplicando el método pedagógico cubano Yo sí puedo, beneficiaron a más de un millón de venezolanos. También se formaron miles de médicos y asistentes comunitarios integrales venezolanos y se amplió el acceso a la educación en todos los niveles de enseñanza. 4 L. M. Regueiro Bello, Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense: Visiones desde el Mercosur y el ALBA (Buenos Aires: CLACSO, 2008)

   Hasta fines de 2024, sólo en el campo de la salud, más de 255 mil colaboradores cubanos habían realizado más de mil millones de consultas médicas y le habían salvado la vida a más de un millón quinientas mil personas. El convenio bilateral fue antecedente directo del ALBA, iniciativa concebida como alternativa de integración orientada a combatir la pobreza, compensar asimetrías y fortalecer la soberanía regional.

   A contrapelo de las opiniones que plantean que los envíos de petróleo venezolano subsidiaban el sistema político cubano, conviene precisar que el intercambio de petróleo por servicios se sustentaba en un acuerdo contractual basado en precios de mercado. Muchas potencias occidentales importan combustibles y los pagan con bienes y servicios. Sin embargo, en el caso cubano, esa práctica se ha convertido en eslogan político, minimizando además la condición de país bloqueado.

   Durante los tres primeros lustros del siglo XXI se desarrollaron procesos de concertación regional no asentados exclusivamente en lógicas mercantiles. Washington identificó a Cuba y Venezuela como el núcleo duro generador de posiciones contrarias a su política hemisférica, en un contexto en el que proliferaron, en los marcos y con los límites de la democracia burguesa, gobiernos de carácter popular con proyecciones antiimperialistas y antineoliberales. Ello explica el endurecimiento de la política hacia Caracas y La Habana orientada a limitar sus márgenes de autonomía y proyección regional.

   Entre las medidas que caracterizaron la intensificación y ampliación del menú de opciones de la política estadounidense hacia estos dos países, especialmente desde el 2017 pueden mencionarse el sabotaje y obstaculización a la producción petrolera venezolana, y el reconocimiento gubernamental a la disidencia venezolana de Juan Guaidó, María Corina Machado y Edmundo González. También el reforzamiento de medidas coercitivas unilaterales como el congelamiento de activos a empresas que comercian con Cuba y confiscación de sus activos en el extranjero y la persecución a fondos y operaciones relacionadas con los envíos de petróleo. Con las medidas más recientes también vino la amenaza de imposición de aranceles adicionales como política de intimidación para limitar el suministro de combustibles a Cuba 5 Si bien el 3 y el 29 de enero de 2026 marcan fechas críticas para el suministro petrolero a Cuba es importante subrayar que antes de esas fechas tuvo lugar una campaña de intercepción física de buques petroleros en el Caribe y otras regiones. El Comando Sur de los Estados Unidos y el Comando del Indo-Pacífico coordinaron la captura de al menos diez tanqueros vinculados a la red de suministro cubana entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 (Razones de Cuba, 2026) y presiones y chantajes para interrumpir los programas de colaboración médica de Cuba en la región.

   Este conjunto de medidas fueron diseñadas estratégicamente para limitar los ingresos en divisas de los gobiernos, provocar inestabilidad interna a favor de un cambio de régimen, aislar diplomáticamente a estos países en el escenario regional e internacional, y justificar intervenciones militares bajo la fachada de operaciones policiales.

   Asfixia para un cambio de régimen

   Los eventos del 3 de enero de 2026 constituyen un punto de inflexión que evoca en la memoria de los cubanos los momentos posteriores a la caída de la Unión Soviética, cuando el país se enfrentó a la pérdida de la principal fuente de suministro de combustible y el PIB sufrió una contracción del 37 por ciento. En aquella oportunidad se produjo una reestructuración de la economía en que el turismo y el desarrollo científico fueron el centro en torno al cual giró el cambio estructural, pero también existieron cambios que impactaron el tejido social. 

   Al entrar al Período Especial—etapa posterior al derrumbe de la Unión Soviética y del socialismo en Europa del Este, en el cual Cuba se vio abocada a una crisis profunda—la sociedad cubana era bastante homogénea. La mayor parte de los cubanos, excepto los campesinos, los cooperativistas y limitadas labores ejercidas por cuenta propia, tenían al Estado como empleador. De tal forma que la figura predominante de ingreso era el salario y la diferencia entre el nivel más bajo y el más alto de la escala salarial era de 1:4.

   La salida de ese período estuvo acompañada de una apertura a la inversión extranjera y medidas en el ámbito monetario financiero para alentar la entrada de divisas al país. Con ese propósito fue decretada la despenalización de la tenencia de divisas, con lo cual tanto los cubanos que recibían remesas como aquellos empleados en empresas extranjeras, tendrían acceso a ingresos diferenciados, estableciéndose una diferencia no menor en términos de ingreso y de consumo en dependencia del acceso a las monedas libremente convertibles.

   Pero la actual crisis se da en un contexto internacional y nacional distinto. En el orden internacional, los innegables avances económicos y tecnológicos de China han derribado las barreras subjetivas levantadas en torno al potencial riesgo de “contaminación” con un sistema diferente, abriéndole paso al comercio y a las inversiones de ese país en América Latina y el Caribe. El avance de la presencia china en la región fue propiciado por la infundada idea estadounidense de que su sitial como socio era invulnerable. 

   Cuando Estados Unidos tomó conciencia del terreno perdido y de que su capacidad para competir y desplazar a su rival no le auguraba el éxito acostumbrado, recurrió a la opción de la fuerza. El peligro de que el petróleo venezolano pudiera ser vendido a China en una moneda diferente al dólar resquebrajaba uno de los pilares en que se sostiene su mellado poder. En la práctica, su mejor opción era la coexistencia complementaria, pero no aceptó compartir el espacio.

   La intervención en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa le garantizaba el control sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, desplazando por esa vía a China. Fue así que desmontó el anhelado intento de relanzar PetroCaribe y asestó un golpe a Cuba mediante una demostración de “músculo militar” que transmitía un mensaje claro: cualquier intento de desafiar su posición en la región enfrentaría duras políticas correctivas. 

   La concentración del abastecimiento energético de Cuba en actores con afinidades políticas suele etiquetarse peyorativamente como dependencia, pero tal juicio omite que, en primer lugar, la escala y composición de la demanda cubana de crudo no hace económica, ni técnicamente racional la multiplicación de las fuentes de importación, como ocurre en países de mayor porte y con otra estructura económica.

   En segundo lugar, se subestima el impacto del bloqueo que ha determinado dilemas como la necesidad de comprar el combustible en lugares distantes o pagar precios exorbitantes por el riesgo de comerciar con Cuba o considerar las facilidades de pago, etc. Tanto la Unión Soviética durante la Guerra Fría, como Venezuela después, fueron actores que mostraron mayor resistencia a las presiones estadounidenses y ambos fueron garantes de un ejercicio soberano de la política exterior cubana, incluso cuando existían diferencias de enfoques sobre determinados temas con los suministradores.

   Esta segunda gran interrupción abrupta de los suministros de combustibles se sobrelapa a una situación crítica precedente. El Centro de Estudios de la Economía Cubana en su reporte de 2025 plantea que el déficit de combustible fue responsable de casi la mitad de las interrupciones eléctricas en los últimos meses de ese año. Dado que Venezuela era responsable de entre el 30 y el 35 por ciento de la demanda de crudo, la parálisis del suministro tiene un impacto severo en la economía cubana con afectaciones en la generación de energía eléctrica, en el transporte, en las cadenas logísticas y en la vida cotidiana.

   Los efectos se extienden con rapidez a todos los sectores económicos, con particular incidencia sobre el turismo a partir del agotamiento del combustible para la aviación y las dificultades para el reabastecimiento en otros países, lo que encarece los boletos aéreos y ha llevado al anuncio del cese temporal de operaciones con Cuba de aerolíneas de Canadá y Rusia. A ello se unen las recomendaciones de algunos países a sus ciudadanos para que eviten viajar a Cuba, y a la sobreexposición de ciudadanos de terceros países que hayan viajado a Cuba a restricciones migratorias más severas para su entrada a Estados Unidos.

   Al ser la energía un insumo requerido para la gran mayoría de los procesos productivos y también para la provisión de servicios, la escasez de combustible se ha reflejado rápidamente en un incremento de precios, que alimenta una dinámica inflacionaria precedente condicionada por la depreciación del tipo de cambio en el mercado negro, la existencia de un déficit fiscal que aún se mantiene elevado a pesar de las reducciones alcanzadas en 2025, y una reducida oferta doméstica de bienes, incluidos los de la canasta básica normada. Los impactos no quedan en la esfera productiva, sino que se reflejan con particular dramatismo en la imposibilidad de sostener la provisión de servicios públicos tan sensibles como la salud, el transporte, el abastecimiento de agua, la educación, la cultura y las actividades deportivas y recreativas, entre otras.

   En esa dirección, se ha acelerado la instalación de parques fotovoltaicos y otras fuentes renovables, proceso que ya había comenzado en el marco de la relación económica con China y Vietnam. Tras los acontecimientos en Venezuela y el recrudecimiento del cerco energético por parte de Estados Unidos, se han alcanzado récords recientes de generación a partir de fuentes renovables, fundamentalmente solar, aunque todavía insuficientes para cubrir la demanda nacional.

   Como se anotó anteriormente, en el período de crisis que se abrió con la desaparición de la Unión Soviética, Cuba apostó al turismo y al desarrollo de diferentes campos de la ciencia como la computación, la biotecnología y la medicina, que se convirtieron en una fuente de servicios exportables dentro y fuera de las fronteras del país. El gobierno de Obama reconoció el papel de Cuba en la atención a los enfermos de ébola en África y los médicos cubanos fueron propuestos al Premio Nobel de la Paz por su decisiva presencia en numerosos países en la lucha contra el Covid, por nombrar sólo algunos. Las administraciones de Trump y Biden fueron especialmente agresivas con las medidas dirigidas a golpear a países para que interrumpieran la colaboración y amenazas de restricción de visas a los funcionarios y familiares en esos países que estuvieran relacionados con esa actividad.

   Estas medidas se han exacerbado los últimos meses y algunos gobiernos se han visto precisados a prescindir de la colaboración de los servicios médicos cubanos, y más recientemente, esas presiones se han extendido a la formación del personal sanitario en la isla. Si bien la intervención estadounidense en Venezuela y la Orden Ejecutiva del 29 de enero introducen nuevos elementos de incertidumbre y anticipan mayores rigores para la población cubana, estos se suman a afectaciones derivadas del deterioro de la infraestructura del sector.

   La resistencia al cerco

   En un contexto en que se conjugan las complejidades del entorno internacional y nacional algunos piensan que Cuba se enfrenta al colapso, mientras otros desde el exterior construyen y alimentan esa idea. Sin desconocer la gravedad de un escenario económico magnificado por la posibilidad de la agresión militar, debe tenerse en cuenta que 67 años de Revolución han significado un desafío permanente que la dirección del país ha sabido gestionar, y que contrario a lo que muchos pudieran pensar, las crisis en Cuba no son un terreno abonado para el desaliento.

   La experiencia histórica cubana registra que ante situaciones que amenazan la supervivencia de la nación y sus pobladores, afloran resortes de cohesión no tan visibles en el día a día. Para Cuba la amenaza tiene capacidad renovadora. El debate de la Cuba de hoy pasa por asumir el carácter no excluyente entre la necesidad de cambios y la defensa de la soberanía nacional. En su magistral definición de Revolución, su líder histórico Fidel Castro destacaba que esta era “sentido del momento histórico”, “cambiar lo que debe ser cambiado”, “emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos”, “luchar con audacia, inteligencia y realismo” y “no violar principios éticos”. 6 Castro, F. (2020, mayo 1). Concepto de Revolución. Presidencia de Cuba. https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/concepto-de-revolucion/

   La gran pregunta es si Cuba será capaz de resistir el cerco petrolero, si el gobierno será capaz de conducir los cambios que se requieren para superar la situación y qué otras medidas implementará Estados Unidos con el fin de asfixiar el país.

   La Cuba donde aterriza esa pregunta es mucho más heterogénea de la que fue al triunfo revolucionario. Una Cuba donde se identifican posiciones polarizadas y polarizantes, que van desde quienes se resisten a la introducción de cambios en las instituciones del Estado y a conceder mayor espacio al mercado, hasta quienes abogan por la transformación del sistema político bajo los cánones de la democracia liberal y una liberalización económica a ultranza sin medir sus consecuencias. Incluso existen los que defienden posiciones anexionistas o de renuncia a la soberanía nacional, pasando por quienes, asumiendo un colapso de la isla, sólo ven una salida en la intervención o el tutelaje estadounidense. Este último segmento parece sufrir amnesia de la historia patria e ignorar otras experiencias en países cercanos del Caribe como Puerto Rico y Haití, a los cuales la intromisión externa no ha asegurado prosperidad económica, justicia social o estabilidad “democrática”. Haití todavía paga la factura de su rebeldía, que no ha sido perdonada hasta nuestros días.

   Sin embargo, lo que predomina es el amplio espectro de matices que existe entre uno y otro extremo. Con independencia de las diferencias en el contenido, esa variedad de posturas termina configurando una masa de acompañamiento al proyecto político y social de la Revolución con críticas a la gestión gubernamental, o de oposición que, aunque no comparten la ideología del régimen, rechazan la injerencia extranjera. 

   Entre los temas que concitan mayor debate en esa complicada malla de perspectivas intermedias se encuentran: la amplitud y profundidad de las relaciones basadas en el mercado; el contenido y profundidad de las reformas; la participación del sector no estatal en el sistema económico; la tolerancia social y canalización del disenso, así como la pertinencia de la implementación de reformas bajo la política de máxima presión de Estados Unido. También existen consensos duros en torno a la soberanía nacional, la justicia social como pilar del proceso revolucionario, la preservación de conquistas sociales y el reconocimiento de la necesidad de reformas que actualicen el modelo socioeconómico, entre otros puntos. 

   Un tema que merece una consideración aparte es la relación con Estados Unidos, que es medular en cualquier escenario. Entre los cubanos no existe una animosidad contra una relación constructiva y respetuosa con Estados Unidos, pero su deseabilidad se contrapone a una profunda desconfianza avalada por décadas de un bloqueo y sanciones incrementales que han asfixiado la economía cubana y una retórica hostil y agresiva que alimentan el escepticismo y la desconfianza de un compromiso sostenible por parte de las administraciones estadounidenses para lograrlo.

   Cualquier experiencia emancipadora, mientras exista el imperialismo, estará en riesgo de ser sofocada por fuerzas externas o irreparables errores internos. La educadora popular cubana Esther Pérez con acierto establece la relación entre el socialismo como proyecto y el proceso de su construcción: “El socialismo es un proceso que combina dos cosas: proyecto y proceso. El proyecto de más libertad, más bienestar, hasta llegar al comunismo. Y el proceso, que no es como el proyecto, una cosa recta dirigida claramente hacia el horizonte. El proceso es sinuoso porque está sujeto a las coyunturas, está sujeto a los contratiempos, a los errores… Entonces el socialismo siempre está en riesgo porque tienes que ir siguiendo ese proceso. De manera que si me preguntas si el socialismo cubano está en riesgo te digo que siempre ha estado. No es un hecho dado. Que el riesgo se convierta en realidad depende de nosotros”.

4. El limbo argentino

   marzo 26, 2026 9:07 pm Comentarios desactivados en El limbo argentino

   La rotunda victoria electoral de Javier Milei en octubre de 2025 transformó el panorama político argentino. Lo que parecía ser un gobierno vacilante, consumido por los escándalos y las tensiones cambiarias, se convirtió en la consolidación del poder del mandatario argentino, contra todo pronóstico. Su partido, La Libertad Avanza, duplicó su representación parlamentaria y ganó proyección nacional, imponiéndose en quince provincias. Ese inesperado respaldo de las urnas —concedido más por el agotamiento social y el miedo al caos que por un entusiasmo genuino —permitió al gobierno libertario avanzar con una contrarreforma laboral de una brutalidad sin precedentes, desmantelando protecciones históricas y flexibilizando el mercado laboral con la aquiescencia de una oposición fragmentada y de un sindicalismo mayoritariamente pasivo, que en muchos casos parece concebirse a sí mismo como mero administrador de prestaciones para un núcleo cada vez más reducido de trabajadores formales.

   Todo esto ocurre en un escenario de profunda crisis económica, donde el desempleo comienza a ser un problema estructural, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones se desploma y la precariedad laboral se ha vuelto la norma para millones de personas. En un contexto donde cualquier poder es frágil y la legitimidad se construye sobre arenas movedizas, el siguiente análisis reconstruye el camino que llevó a este punto crítico. Más que la consolidación de un poder absoluto, este triunfo se siente como una «segunda oportunidad» otorgada por una sociedad que, aunque golpeada por una crisis económica que parece no tener fin, no encontró una alternativa clara en la oposición. 

   Hoy, el liderazgo de Milei se apoya en un equilibrio de fuerzas muy particular: la alianza pragmática con los gobernadores, el “guiño” del poder económico local y un respaldo estratégico de Estados Unidos que mira a la región con los viejos ojos de la Doctrina Monroe. Lo que este resultado electoral nos confirma es que la vieja forma de hacer política en Argentina ha cambiado. Ya no se busca el consenso a través de grandes partidos y extensas alianzas, sino la construcción provisoria mediante una polarización constante y negociaciones directas con sectores fragmentados. Sin embargo, detrás de esta foto de victoria, queda la duda de si este resultado es una solución definitiva o si solo ha logrado maquillar, por un tiempo, las profundas grietas que aún atraviesan al país.

   Menos votos, más poder

   En los comicios de octubre de 2025, La Libertad Avanza alcanzó el 40,2 por ciento de los votos a nivel nacional, consolidándose como la primera minoría frente a un peronismo que, pese a competir con listas fragmentadas, retuvo un piso cercano al 32 por ciento. Estos resultados sentencian la inviabilidad de terceras vías, reduciendo el tablero político a una confrontación binaria que define los términos de la disputa hacia las presidenciales de 2027. Al aglutinar el voto antiperonista—una identidad reactiva y transversal a una parte de la sociedad argentina—, Milei ha logrado sostener su base y desplazar a las otras fuerzas de derecha,  incluido el PRO, partido liberal-conservador del expresidente Macri (2015-2019), cuyo apoyo fue fundamental para el balotaje de 2023. Mientras tanto, el peronismo se confirma como la única fuerza con músculo real para dar la pelea, a pesar de sus propias dudas y tropiezos estratégicos.

   Sin embargo, este triunfo encierra una paradoja central. Entre aquel balotaje de 2023 y las legislativas de 2025, el oficialismo perdió más de cinco millones de votos, pasando de 14,5 a 9,3 millones. El 60 por ciento del electorado no se identifica con el mileísmo: un 32 por ciento votó a la oposición y cerca del 34 por ciento se expresó mediante una abstención récord, la más alta desde el retorno de la democracia en 1983. Esto permite inferir que lo que observamos no es el afianzamiento ideológico de un proyecto con más retórica que prestaciones, sino una «segunda oportunidad» condicionada que revela una crisis de legitimidad estructural. En este contexto, la estrategia libertaria consiste en operar como una minoría intensa que capitaliza la fragmentación ajena y la creciente desconexión de la sociedad con la política profesional.

   En términos concretos, a partir de diciembre de 2025, el espacio libertario no solo duplicará su presencia en la Cámara de Diputados, sino que también ampliará significativamente su bancada en el Senado. Allí, se renovaba un tercio de las bancas en 8 de los 23 distritos electorales del país. En la Cámara Baja, donde todas las jurisdicciones tenían cargos en juego, el peronismo (Fuerza Patria) mantuvo 45 de sus 46 bancas. Provincias Unidas, una alianza de gobernadores que buscó constituirse como tercera vía, logró tan solo siete bancas, mientras que el Frente de Izquierda obtuvo cuatro. Este resultado electoral fortalece, sin duda, al gobierno, ya que bajo la nueva conformación del Congreso, tiene la posibilidad de blindar los vetos a sus iniciativas de ajuste y ampliar su capacidad para marcar la agenda parlamentaria, tal y como lo demostró con la aprobación del presupuesto general hacia finales de año y la reducción presupuestaria en materia de ciencia, educación y universidades. 

   Territorialmente, el mileísmo ha trascendido su origen metropolitano para nacionalizarse, imponiéndose en 15 de las 24 jurisdicciones. Este avance resulta particularmente significativo en el Conurbano bonaerense y en los grandes centros urbanos del interior, como Córdoba, Mendoza y Rosario. La geografía electoral de La Libertad Avanza amalgama dos realidades sociales contrastantes: por un lado, sectores precarizados y clases medias empobrecidas donde el rechazo a la «casta» canaliza la frustración de quienes han visto pauperizar su calidad de vida velozmente en la última década. Esto es especialmente significativo entre jóvenes que ya no encuentran en el peronismo una herramienta de ascenso social. 

   Otro bastión del apoyo electoral a Milei son los corredores productivos en áreas de agro-servicios, donde prima un ideario anti-impuestos y una demanda de «orden» pro-mercado. La ruptura con el pasado peronista parece ser la única salida posible a los problemas históricos de ambos sectores, y La Libertad Avanza la única fuerza capaz de llevarla a cabo. De ahí el acierto del eslogan de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

   La nacionalización de la marca libertaria 

   No obstante, esta alianza de clases es precaria y se sostiene fundamentalmente en la incapacidad de la oposición para articular una alternativa creíble y en la desafección masiva hacia la política. Pero pese a esta apatía evidente, pocos comicios de medio término habían generado tanta especulación, tantas narrativas cruzadas y tanto nerviosismo en los medios y en la clase política. En medio de la indiferencia de buena parte de la población, los círculos de poder, los medios y el universo más politizado percibían esta elección como un parteaguas cuyo resultado podría o bien poner fin al ciclo político de Milei—y desencadenar turbulencias económicas de consecuencias inciertas—o bien relanzar su gobierno, como efectivamente sucedió. 

   Esta inquietud tiene su fundamento en la notoria transformación del sistema de partidos y del sistema político que sufre Argentina a raíz de la irrupción libertaria y cuyo desenlace aún está abierto. El contraste con el pasado fue el eje central de la campaña libertaria; sin embargo, para lograr un alcance nacional, Javier Milei debió cimentar su armado político en alianzas pragmáticas con poderes locales. Este proceso de nacionalización fue liderado por Karina Milei, señalada como la estratega principal y responsable de tejer acuerdos coyunturales en cada provincia. La confección de las listas priorizó tanto a figuras ajenas a la política tradicional como a perfiles técnicos desconocidos, una apuesta que capitalizó con éxito el persistente clima antipolítico y los bajos niveles de participación electoral.

   Esta expansión de La Libertad Avanza (LLA) supuso una reconfiguración del mapa partidario y de los mecanismos históricos de construcción política en Argentina. Mientras que el peronismo y el radicalismo—las dos grandes estructuras partidarias del siglo XX—operaron durante décadas sobre redes territoriales sólidas y una militancia masiva, hoy estos modelos se perciben como vestigios ineficientes de un pasado distante. La Libertad Avanza, fundada apenas en 2021, rompió con esa tradición: sin gobernadores, sin estructura territorial previa y con una representación legislativa mínima, alcanzó la victoria en 2023, erigiendo a Milei como el primer presidente auténticamente outsider de la historia argentina.

   Pese a esta debilidad estructural, Milei ha demostrado una notable osadía política para forjar acuerdos de gobernabilidad y proyectar su fuerza hacia las elecciones de medio término, apoyándose en el carisma y la trascendencia nacional de su figura. Esto ha implicado una profunda alteración del discurso público, en el que el oficialismo se posiciona como la ruptura definitiva frente a un pasado calificado de populista, corrupto o «woke», acusado de haber conducido al país a la ruina económica.

   2025, el vertiginoso año libertario

   Lo que hace sorprendente el resultado electoral de 2025 es el camino sinuoso que recorrió el oficialismo para llegar hasta allí. El propio Milei planteó los comicios como un plebiscito sobre su gestión, una apuesta que, hasta el día anterior, parecía casi suicida. Cabe recordar que el 2024 había sido un año dorado para Milei, dado que su gran propaganda consistía en haberle puesto un freno de mano a la inflación—aunque el precio fuera un ajuste brutal y un peso sostenido artificialmente—.  En contraste, durante todo el 2025 el gobierno avanzó entre errores, daños autoinfligidos y un pantano de escándalos y torpezas mediáticas, atrapado en su propia retórica y ante números económicos que encendían varias alarmas. 

   En el mes de febrero surgió el escándalo de la criptomoneda Libra, promovida públicamente por Milei en sus redes sociales, lo que impulsó una fuerte suba, seguida, en cuestión de minutos, de un colapso que dejó a más de 1.000 damnificados y pérdidas de unos 280 millones de dólares. La caída derivó en denuncias penales y pedidos de juicio político en Argentina y Estados Unidos, donde se investiga si el presidente participó en una maniobra fraudulenta. En abril comenzaron a producirse turbulencias en el tipo de cambio, y el gobierno tuvo que acudir a un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares para sostener el valor del peso y armar un esquema para salir de los controles de cambio que había heredado de las administraciones anteriores.

   Este préstamo consolidó a Argentina como el mayor deudor del FMI, al concentrar un abrumador 34 por ciento del crédito total del organismo; tras la aprobación en 2025 de un nuevo paquete de 20 mil millones de dólares, la deuda total asciende a 65 mil millones de dólares, una cifra que supera incluso a la de naciones en conflicto bélico como Ucrania. Al mismo tiempo, este préstamo revela la existencia de un reciclaje de tecnócratas en la gestión del estado, ya que, como bien observa María Haro Sly, el equipo económico de Milei “no representa una nueva y audaz vanguardia, sino un grupo de tecnócratas ya conocidos, provenientes de experimentos neoliberales anteriores, muchos de los cuales culminaron en crisis estrepitosas.”

   Este mal año del presidente se agravó en julio, cuando comenzó una puja de vetos y rechazos de decretos en el Congreso, lo que complicó la gobernabilidad y la iniciativa política del oficialismo. Otro gran escándalo sucedió en agosto, cuando salieron a la luz audios en los que se denunciaba que Karina Milei, hermana del presidente y principal operadora política de La Libertad Avanza, cobraba sobornos a los prestadores de servicios y de medicamentos del Estado. Y en septiembre, otro más, cuando se conoció que su principal candidato en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, estaba siendo financiado por un narcotraficante con un pedido de extradición desde los Estados Unidos Este conjunto de escándalos alcanzó su momento más crítico dos días antes de las elecciones con la renuncia de dos ministros de su gobierno.

   Cabe considerar que el problema más complejo se presentó en el frente en el que el gobierno se consideraba más fuerte: el económico. En las semanas previas a los comicios, nuevas tensiones cambiarias impulsaron el valor del dólar al alza y provocaron micro-devaluaciones del peso, lo que puso en riesgo el programa antiinflacionario. Esta dirección económica, piloteada por el ministro de Economía, Luis Caputo, no se fundamenta en la ortodoxia liberal de contener la emisión monetaria, sino en la estrategia de abaratar artificialmente la divisa quemando las reservas en dólares del Banco Central en el mercado cambiario local.

   ¡Es la inflación, estúpido!

   ​​Para el programa macroeconómico del gobierno, contener la apreciación del dólar, bajar la inflación y estabilizar la macroeconomía significan básicamente lo mismo, por lo que la volatilidad del tipo de cambio es un factor político de primer orden. El problema es que esta política antiinflacionaria se basa en la disponibilidad de reservas en dólares del Banco Central, por lo que cuando estas empiezan a escasear, el nerviosismo crece. Y tal cosa es lo que sucedió días antes de la elección, cuando los mercados y la población comenzaron a ponerse nerviosos ante la escalada del valor del dólar y su posible traslado a precios, lo que amenazaba con una aceleración inflacionaria y el retorno de viejos traumas, en particular el de la hiperinflación de 1989. Como señala Mercedes D’Alessandro, la pérdida de poder adquisitivo con el solo correr de las horas marcó la experiencia vital de una sociedad que, en la década siguiente, pagó muy alto el costo de la estabilidad monetaria: congelamiento salarial, destrucción de la industria, privatizaciones, endeudamiento externo y aumento del desempleo. Sin embargo, cada promesa de “orden macroeconómico” sigue siendo, hasta la actualidad, un mensaje que combina temor y esperanza futura.

   Por ello, para la mayoría de los argentinos, la inflación sigue siendo la vara principal con la que se mide el éxito o el fracaso de su gestión, y es ahí donde el gobierno encontró su mayor fortaleza. En octubre de 2025, el índice mensual de 2,3 por ciento y un anual de 31,3 por ciento contrastaron con fuerza frente al fantasma del 160 por ciento que había dejado el gobierno peronista de Alberto Fernández (2019-2023). Esta «victoria» provisoria sobre los precios también le permitió a Milei conservar una parte vital del apoyo popular—incluso cuando el bolsillo de la gente sentía el rigor del ajuste—, disciplinar a la oposición y absorber completamente buena parte del espacio de centro y a toda derecha.

   Sin embargo, esta política macroeconómica, centrada en contener la inflación mediante el control del tipo de cambio, tiene profundas consecuencias en la microeconomía. En el último año, las ventas minoristas bajaron más del 26 por ciento y el consumo masivo, un 7,5 por ciento interanual, y en algunas áreas llegó a casi el 17 por ciento, lo que empujó a la economía hacia un escenario de estancamiento con inflación. Aunque la inflación mensual descendió de forma acelerada en bienes de consumo, este logro tuvo un alto costo social: salarios y jubilaciones quedaron rezagados y se profundizó la desigualdad. Al mismo tiempo, el sector industrial registró niveles de capacidad ociosa similares a los de la pandemia y la desocupación comenzó a convertirse en un problema estructural.

   Esta obsesión con la inflación no es solo política o económica, sino también social, y es aquí donde se evidencian las fortalezas y los límites del programa de Milei. La moneda es mucho más que un instrumento comercial; es el andamiaje simbólico que sostiene la relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Representa la posibilidad de planificar el futuro y constituye el signo primordial de la organización social. En el contexto actual, el peso ha logrado recuperar sus funciones como unidad de cuenta y medio de cambio, pero aún no se ha convertido para la ciudadanía en una reserva de valor confiable. Las expectativas de intercambio en pesos se han calmado, pero no así las de ahorro, que siguen subordinadas a la cotización del dólar, lo que deja al peso como una herramienta para el presente, pero incapaz de vertebrar una visión de largo plazo.

   “Yankees come home”

   Entonces, fue en este contexto caótico que, asfixiado por el incremento casi diario del dólar, el gobierno debió recurrir a la ayuda de Donald Trump y del Departamento del Tesoro estadounidense en una maniobra tan inesperada como efectiva. El acuerdo estableció una línea de intercambio de divisas (swap) de hasta 20 mil millones de dólares entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro, que además adquirió bonos argentinos. Estos fondos se destinaron, por un lado, al pago de vencimientos con el FMI y, por otro, a intervenciones cambiarias para frenar la escalada del dólar en el mercado informal y reducir drásticamente la volatilidad antes de las elecciones. Se trató de uno de los paquetes de asistencia directa más grandes jamás concedidos por Estados Unidos a América Latina, así como de una intervención explícita en la política electoral de un país extranjero pocas veces vista.

   Este pacto con Washington funcionó como un salvavidas electoral para el gobierno libertario, sin el cual difícilmente habría llegado con competitividad a los comicios. La alianza se cimentó tanto en la afinidad ideológica como en el interés geopolítico estadounidense de contener la expansión de China en la región a través de su principal socio local. A su vez, el entendimiento derivó en un nuevo marco de cooperación comercial en el que Argentina se comprometió a facilitar el ingreso de productos estadounidenses—desde fármacos y tecnología hasta maquinaria y vehículos—, con contrapartidas hasta ahora poco claras por parte de Estados Unidos.

   Sin embargo, la geopolítica de este pacto apunta al desplazamiento de China de la región, que se convirtió en el principal destino de exportación de soja y carne argentina en 2024‑2025. Por ello, la  presión de Washington para desenganchar a Buenos Aires de la influencia china puso en cuestión también la arquitectura material de la balanza comercial argentina.​ En un primer momento las entidades rurales celebraron la baja de las retenciones a las exportaciones, bajo la sospecha de que un alineamiento demasiado rígido con Trump podría poner en riesgo la relación con su principal comprador. Para un país que exporta a China fundamentalmente commodities agroindustriales, existe una amenaza creíble de un desvío de comercio por parte de China hacia otros proveedores “más confiables”, como Uruguay o Brasil. Pero, finalmente, la victoria electoral transformó esa posible desconfianza del sector en un alineamiento incondicional con el gobierno libertario.

   La racionalidad del voto exhausto

   Bajo tales consideraciones, el interrogante persiste: ¿cómo logró entonces ganar la elección? En primer lugar, es necesario tener en cuenta el temor al riesgo inminente de una crisis mayor provocada por la disparada del dólar y la vuelta de una inflación que desorganiza la vida cotidiana de los trabajadores. El voto a Milei bien pudo estar dictado por cierto pánico de una sociedad agotada por una crisis que lleva más de 10 años y que cada vez reduce más el margen para la subsistencia de las familias. El temor de que el peso se devalúe, los salarios pierdan aún más poder adquisitivo y el precio de la canasta básica se dispare, puede haber operado una racionalidad de corto plazo en el electorado.

   Si bien en Argentina menos del 5 por ciento de la población económicamente activa opera con divisas de forma regular, existe una percepción generalizada de que cuando el dólar sube, los ciudadanos se empobrecen un poco más, pues el valor real de sus ingresos se erosiona. En este sentido, la campaña de Milei se concentró en alimentar este temor, mostrando que si no era confirmado en las urnas, podría advenir un caos económico con consecuencias impredecibles. En una población con márgenes cada vez más estrechos, esta psicología del día a día no es menor. En definitiva, el voto a Milei se mostró como una garantía de que el lunes posterior al domingo electoral no estallaría todo por los aires.

   Al mismo tiempo, en estas elecciones parece haber primado una voluntad de darle una segunda oportunidad al gobierno. Un sentimiento que está en consonancia con la percepción de que un cambio de rumbo a mitad de camino exigiría más energía de la que una sociedad exhausta está en condiciones de aportar. Si consideramos el rotundo fracaso de los dos gobiernos anteriores—el liberal de Mauricio Macri (2015-2019) y el peronista de Alberto Fernández (2019-2023)—y la desorientación de la oposición para articular una agenda propia, no resulta extraño que buena parte de la población haya optado por refrendar provisoriamente al oficialismo.

   El peronismo: entre la nostalgia y el laberinto

   Si bien la inflación dejó de ocupar el centro de las preocupaciones, la calidad de vida ha empeorado durante este período. Desde la llegada del nuevo gobierno, los salarios reales sufrieron una fuerte contracción que supera el 15 por ciento y, en algunos sectores—como determinados trabajadores estatales—, se acerca al 40 por ciento. Estas pérdidas salariales se registraron en un contexto de deterioro general de las fuentes de ingresos de los hogares. En particular, las jubilaciones y pensiones—que absorbieron una parte sustancial del ajuste del gasto público—experimentaron una reducción significativa: en términos reales, el haber mínimo vigente es un 7,2 por ciento inferior al de noviembre de 2023 y acumula una caída superior al 25 por ciento respecto de diciembre de 2017. Paralelamente, la economía informal se ha detenido debido a la caída de la actividad económica y, como señalamos, el desempleo se está convirtiendo en un problema cada vez más grave en el modelo libertario.

   La oposición peronista ha sido incapaz de capitalizar el descontento social generado por este contexto. Su falta de propuestas concretas durante la campaña reveló un temor no declarado en público: el profundo rechazo social provocado por la gestión de Alberto Fernández, marcada por la inflación, la falta de iniciativa y diversos escándalos. El resultado del 26 de octubre confirmó este declive; bajo el sello Fuerza Patria, el espacio cayó al 31,7  por ciento a nivel nacional y perdió bastiones históricos como la provincia de Buenos Aires. Aunque conserva las bancadas más numerosas en el Congreso, el peronismo ha perdido su capacidad de bloqueo parlamentario autónomo de la que gozaba hasta ahora. 

   Esta derrota evidencia que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner ya no basta para cohesionar al movimiento. Esto desató la consolidación de un bloque de gobernadores peronistas que se cuentan entre los principales sostenes políticos del gobierno de Milei, otorgando a sus representantes parlamentarios la facultad de aprobar o vetar leyes en negociaciones individuales. Actualmente, el espacio peronista enfrenta un reordenamiento entre un kirchnerismo debilitado, el peronismo disperso de los distritos nacionales sin proyección nacional y el peronismo de la Provincia de Buenos Aires. Este último intenta reorganizarse bajo la figura de Axel Kicillof, actual gobernador y representante del ala progresista.A su vez, fuerzas sociales ligadas al peronismo como el sindicalismo, naufragan sin poder intervenir en esta constelación. El debate oscila entre la resistencia frontal a las reformas de Milei y una adaptación pragmática de cara a las nacionales del 2027. El desafío central sigue siendo resolver el acertijo económico de cómo estabilizar el país y recuperar el crecimiento—estancado desde 2011—sin recurrir a ajustes brutales ni al caos inflacionario. Lo cierto es que aquellos años “dorados” de crecimiento con inclusión y recuperación de las capacidades estatales, apalancados por el precio internacional de las commodities, que se vivieron durante el kirchnerismo (2003-2014), hace tiempo que son un recuerdo muy lejano y su evocación nostálgica seduce muy poco.

   La motosierra ideológica 

   ¿Qué se puede esperar tras una victoria clara pero aún frágil? En primer lugar, es seguro que el gobierno acelerará su agenda conservadora y antifeminista. Esta postura se materializó en medidas simbólicas y legislativas, como la declaración de 2025 como el «Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad», o el impulso de proyectos para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este hito del movimiento feminista enfrentará seguramente un nuevo asedio en 2026, amparado en la nueva configuración parlamentaria y en el fortalecimiento de alianzas con sectores religiosos.

   En este marco, hay que considerar la aparición en la política de grupos evangélicos, que ya cuentan con ocho bancas afines. Si bien el peso de este espacio está muy lejos de la densidad y capilaridad que tiene en Brasil, el hecho de que más del 15 por ciento de la población profesa esta fe lo convierte en un factor social considerable. A pesar de ello, no es claro que esto tenga una traducción al plano político, ya que no existe un bloque evangélico o una estrategia confesional unificada, ni tampoco es claro que los feligreses de estas iglesias definan sus opciones políticas con base en sus creencias religiosas.

   Lo que resulta innegable es que la aguja política en Argentina se ha movido hacia posiciones cada vez más drásticas. Ejemplo claro de esto fue el discurso de Milei en Davos, que no fue solo un evento aislado, sino el lanzamiento de un manifiesto global contra lo que él denomina la «izquierda woke», una batalla cultural que no se queda en los atriles. Esta ofensiva ha bajado a la realidad con acciones directas: desde la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hasta el recorte de programas críticos para las víctimas de violencia de género. En este nuevo mapa de poder, las universidades y los organismos científicos también han quedado en la línea de fuego. El gobierno los ha señalado como usinas de «adoctrinamiento» comunista, transformando en nuevos enemigos a desmantelar lo que antes eran pilares de inclusión y ascenso social.

   La ofensiva contra el trabajo

   La victoria electoral ha impulsado al gobierno para emprender las reformas estructurales que ambiciona. En particular, tres reformas económicas que desde hace tiempo están sobre la mesa: la laboral, la tributaria y la previsional. Esta avanzada tuvo su hito más notorio a comienzos de este año con la sanción de la Reforma Laboral, una ofensiva brutal y sin precedentes contra el trabajo, los sindicatos y los mecanismos de protección laboral. Esta nueva legislación contó con el apoyo de buena parte de la oposición que, entre oportunismo, falta de reacción y desprestigio, acompañó una medida que lleva a otro nivel el desmantelamiento neoliberal de los resguardos sociales. El gobierno libertario esgrimió un argumento simple y refutado en múltiples ocasiones: que la flexibilización laboral permitirá la creación de empleo formal, en una situación de recesión y caída de las ganancias.

   Nuevamente, el discurso libertario responde a la demanda de los sectores empresarios promercado que buscan reducir las cargas impositivas y, al mismo tiempo, lo presenta como solución para los segmentos de la población empobrecida y precarizada. En concreto, la llamada “Ley de modernización laboral” introduce cambios sustantivos en la Ley de Contrato de Trabajo y modifica el régimen de negociación colectiva. Según el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la profundidad de esta reforma debe medirse en tres puntos neurálgicos: 1) la transferencia de recursos del trabajo al capital, 2) el debilitamiento de los sindicatos y los cambios en el derecho a la huelga; 3) los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que fortalecen el poder de los empleadores y la disciplina laboral. 

   Algunas precisiones sobre la reforma que dan una idea de su radicalidad. La nueva ley introdujo un cambio de paradigma en las indemnizaciones por despido mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En el nuevo esquema, la parte empleadora aporta mensualmente un porcentaje del salario (entre el 1 y el 2,5 por ciento, dependiendo del tamaño de la empresa), pero se compensa con una reducción equivalente en las contribuciones que hoy financian el sistema público de seguridad social. En la práctica, los despidos de las empresas privadas se pagarían con recursos que serán tomados del sistema público de seguridad social (ANSES) lo que profundizará la desfinanciación de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, y reducirá los seguros médicos sindicales. Esto ocurre en un contexto en el que jubilados y jubiladas se movilizan cada miércoles para reclamar un aumento en sus ingresos, y que, con esta reforma, se volverá aún más difícil atender. 

   Otro punto crucial de la reforma es el cambio de los convenios laborales que ahora serán realizados por empresa y no por rama, lo que fragmenta las negociaciones salariales, aumenta el poder de los empleadores y destruye el poder de los sindicatos. La ley también elimina el principio de “ultraactividad”, que garantiza la vigencia de los convenios colectivos vencidos hasta la firma de uno nuevo, para evitar que las condiciones laborales queden sin regulación durante períodos de conflicto o de negociación. 

   Este principio ha sido un importante mecanismo de defensa de las condiciones de trabajo, al garantizar la estabilidad de las protecciones y regulaciones laborales en situaciones cambiantes o en negociaciones estancadas. La ley promueve un recorte que roza lo antidemocrático del derecho a la huelga. Por un lado, se amplía el número de actividades consideradas “esenciales” (sin que ello implique un reconocimiento de ningún tipo) y, por lo tanto, con posibilidades limitadas de ir a huelga. Se les exige a los sindicatos que el llamado a la asamblea no afecte el desarrollo de las actividades laborales y que cuente con la autorización del empleador en relación con horarios y duración. 

   Otros cambios relevantes se centran en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, en particular en la organización del tiempo de trabajo, las indemnizaciones y las licencias. El proyecto libertario propone una mayor flexibilidad en el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse en períodos mínimos de una semana y otorgarse en cualquier momento del año. La implementación del denominado “banco de horas” y la reorganización de los horarios según las necesidades productivas constituyen otra novedad a favor del capital. La idea del “banco de horas” consiste en acumular horas de trabajo que se compensan a posteriori con días de descanso, lo que implica abolir el régimen de horas extras. Como aspecto novedoso, el proyecto de ley incluye un capítulo específico para el trabajo en plataformas que, en la práctica, no amplía derechos, pero que responde regresivamente a una problemática específica de un segmento de trabajadores. 

   Enmarcada en los discursos de «modernización» y «competitividad», la iniciativa gubernamental resucita una premisa de dudosa solidez empírica: la idea de que la desregulación del mercado de trabajo es un paso obligado para la creación futura de puestos de calidad. Sin embargo, la evidencia reciente contradice este postulado. Desde el comienzo de la gestión de Milei, el empleo asalariado en el sector privado no ha mostrado signos de recuperación. Por el contrario, se registra una merma superior a 280 mil puestos formales. Paralelamente, han ganado terreno las ocupaciones más inestables, como el trabajo autónomo y por cuenta propia, frecuentemente mediadas por aplicaciones digitales. Este fenómeno ha ido de la mano del aumento de asalariados que, a pesar de tener un empleo registrado, se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y de la extensión del pluriempleo como única vía para afrontar la crisis. Lejos de disminuir el desempleo estructural, la pérdida de derechos y la creciente precarización han exacerbado la incertidumbre laboral.

   La debilidad del enfoque flexibilizador no es solo práctica, sino también conceptual. Desde la perspectiva de la economía ortodoxa, el desempleo es una distorsión originada por salarios elevados o por trabas normativas. No obstante, esta visión omite la función orgánica que desempeña la desocupación en el sistema capitalista. Siguiendo la clásica noción de «ejército industrial de reserva» de Marx, un conjunto de trabajadores desocupados o subempleados actúa como un mecanismo de presión que disciplina a quienes aún conservan su empleo, limitando su poder de negociación. Lejos de ser una imperfección que el mercado tiende a corregir, esta reserva de mano de obra es un engranaje clave para la acumulación. En este sentido, el propósito medular de la reforma no es fomentar el empleo, sino profundizar ese control. Al abaratar los costos del despido, erosionar la negociación colectiva y multiplicar las figuras contractuales precarias, se otorga al capital un mayor margen de acción. La amenaza latente de quedar desempleado o de sufrir un deterioro de las condiciones laborales constituye, así, una eficaz herramienta de disciplinamiento social.

   Un capitalismo a dos velocidades

   Para buena parte de la clase trabajadora, la flexibilización ya es una realidad cotidiana: la informalidad alcanza al 43,2 por ciento de los trabajadores y el incumplimiento de los derechos laborales básicos se ha vuelto moneda corriente. En este contexto, la advertencia de que un gobierno de ultraderecha “viene por tus derechos” choca con la experiencia cotidiana de millones de personas para quienes esos derechos dejaron de ser efectivos hace tiempo. Ese desfase explica, en parte, por qué sectores que hoy no llegan a fin de mes ven caer su poder adquisitivo y padecen la precariedad estructural, consideran plausible “probar algo nuevo” y dan su voto al experimento “libertario”. 

   El modelo económico de Milei está asentado en un combo antiinflacionario que combina el control (no declarado) del tipo de cambio, el ajuste fiscal, la contención de los salarios, la apertura de las importaciones y la reducción de impuestos para las grandes fortunas. Sin embargo, esta desinflación está anclada en una fuerte política ortodoxa de ajuste fiscal y monetario que ha provocado una caída drástica del consumo, los salarios y las jubilaciones, a la vez que ha encarecido el país en dólares, afectando al turismo receptivo, mientras se favorece el turismo emisivo de los sectores con capacidad de ahorro.

   El modelo promueve una «reestructuración reaccionaria» del capitalismo local, virando hacia una economía de servicios y de exportación primaria intensiva en energía (Vaca Muerta), minería (litio) y agroindustria. A través de incentivos como el RIGI, se prioriza la atracción de capital transnacional y grandes grupos locales, ofreciéndoles seguridad jurídica y facilidades para la remisión de utilidades, acompañada de narrativas fantasiosas como las de convertir a Argentina en el “cuarto polo mundial de IA” mediante la producción energética. Este diseño posiciona a los inversores externos como los grandes ganadores, mientras que el empresariado de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMe) y las trabajadoras y trabajadores enfrentan el cierre de empresas, la pauperización salarial y el aumento del desempleo.

   Repolitizar la precariedad

   Para sostener este esquema frente al descontento social, el gobierno complementa su política económica con violencia y represión del conflicto social, lo cual ya ha sido advertido por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El deterioro de la calidad de vida dio lugar a múltiples luchas, protestas y movilizaciones en todo el país. El cierre de empresas o la reducción de personal multiplicó las situaciones de conflicto y generó intensas manifestaciones de miles de trabajadores despedidos, aunque, en general, se mantuvieron desarticuladas entre sí, en un contexto marcado por la desorientación y la pasividad de la Confederación General del Trabajo. 

   La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+, realizada el 1 de febrero de 2025 en repudio al discurso del presidente en el Foro de Davos, no produjo el quiebre esperado ni logró consolidarse como un espacio de resistencia a largo plazo, aunque sí mostró una gran capacidad de movilización en una coyuntura particular. En todo caso, han habido algunas protestas que lograron gran atención y adhesión popular por su fuerte carácter simbólico en el imaginario de la clase media argentina: las movilizaciones de jubilados, trabajadores de universidades y del Hospital Garrahan (uno de los hospitales pediátricos más prestigiosos de Latinoamérica), así como las protestas contra los recortes en los subsidios por discapacidad. Esto muestra que la lucha social todavía está activa y que el gobierno está muy lejos de gozar de la capacidad hegemónica de la que se jacta.

   Por ello, una agenda de resistencia frente a la avanzada libertaria no puede limitarse a esperar pasivamente el desgaste provocado por errores o por la crisis. La resistencia existe y el clima de protesta no se ha calmado, pero se encuentra desarticulado y carece de una representación sólida en el ámbito político. Cualquier freno a este proyecto excluyente requiere reconectar la movilización social con la representación política; es en esa articulación renovada entre sindicatos, partidos y movimientos donde reside la clave para torcer una historia aún no decidida.

5. Democracia fiscal

   marzo 19, 2026 2:25 pm Comentarios desactivados en Democracia fiscal

   El último año del tercer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó en 2026. Con las elecciones previstas para octubre, el debate político tiende a centrarse en la evaluación del actual gobierno. Los indicadores económicos apuntan a que el período comprendido entre 2023 y 2026 estará marcado por los niveles más bajos de desempleo de la serie histórica, por la tasa media de inflación más baja de la historia y por la reducción del déficit primario en casi un 90 por ciento.1De 207 mil millones de reales a 22 mil millones de reales, según el Proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias. El gasto en políticas sociales también supera al de cualquier gobierno anterior. La pobreza y la pobreza extrema registraron las tasas más bajas de la historia.

   A lo largo de los últimos tres años, la política fiscal fue el aspecto de la gestión económica que más tiempo estuvo en el punto de mira. Entre críticas de austeridad excesiva y acusaciones de irresponsabilidad fiscal, el ministro Fernando Haddad deja el Ministerio de Hacienda habiendo cumplido lo que para muchos, en 2022, parecía improbable: volvió a incluir a los pobres en el presupuesto y, por primera vez, gravó a los superricos con el impuesto sobre la renta, haciendo realidad el lema de la campaña que llevó a Lula de vuelta a la Presidencia. En conjunto, la ampliación del gasto social destinado a los más pobres, la aprobación del nuevo régimen fiscal y, con él, la recomposición de los ingresos, la exención del impuesto sobre la renta para los estratos medios de la distribución de la renta y el aumento de la tributación de los más ricos han promovido una verdadera transformación del marco institucional de la política fiscal brasileña. A pesar de las críticas, el rediseño del pacto fiscal brasileño se consolida como el principal legado de esta gestión.

   Entre 2003 y 2014, se observó una mejora significativa en los ingresos de la población más pobre, acompañada de un mayor dinamismo en el mercado laboral formal. La revalorización real del salario mínimo desempeñó un papel central en la reducción de las disparidades de ingresos, y la ampliación de las prestaciones sociales fue fundamental para estimular la demanda y ampliar la formalización de la economía.

   Las encuestas de hogares también muestran que la desigualdad de ingresos en el país disminuyó de manera constante a lo largo de ese período.2Como la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD) y la Encuesta de Presupuestos Familiares, ambas realizadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

   Sin embargo, dado que la renta nacional se concentra en gran medida en la cima de la pirámide social, los instrumentos tradicionales de recopilación de datos rara vez captan el estrato en el que la desigualdad alcanza sus niveles más extremos. Además, dado que la renta de este grupo depende menos de los salarios y se compone mayoritariamente de dividendos, beneficios e ingresos financieros, las estadísticas del mercado laboral ofrecen solo una visión parcial de sus ganancias.

   El uso de nuevas metodologías y bases de datos —especialmente aquellas basadas en las declaraciones del impuesto sobre la renta— ha puesto de manifiesto la asimetría de la distribución de la renta en Brasil. Cuando ordenamos a la población de más pobre a más rica, observamos que, hasta el 80 por ciento «menos rico», la sociedad es relativamente homogénea, lo que hace que, en cierta medida, muchos de los criterios habituales de pobreza utilizados para segmentar grupos demográficos resulten artificiales. La desigualdad comienza a intensificarse entre el 20 por ciento más rico, se acentúa en el decil superior y se vuelve extrema en el 1 por ciento más rico. En otras palabras, hay más disparidad dentro del grupo del 10 por ciento más rico que entre el 90 por ciento restante de la población.

   Este diagnóstico refuerza las críticas del campo progresista al enfrentamiento limitado con las oligarquías económicas durante los primeros gobiernos del PT. Hubo una reducción de la desigualdad en los gobiernos de Lula (2003-2010) y Dilma (2011-2016), pero en menor medida de lo que sugieren las encuestas de hogares y los datos del mercado laboral. La diferencia se hace especialmente evidente en la parte superior de la distribución, sobre todo en la porción de ingresos que acapara el 1 por ciento más rico. En este segmento, la concentración de ingresos se mantuvo prácticamente estable a lo largo de los primeros gobiernos del PT.

   El siguiente gráfico ilustra esta dinámica al comparar la evolución de los ingresos del 50 por ciento más pobre con la del 1 por ciento más rico entre 2002 y 2014. Para cada grupo se presentan dos series: los ingresos «de mercado» (antes de impuestos y transferencias) y los ingresos después de impuestos y transferencias. La comparación pone de manifiesto cómo la política fiscal afecta a cada estrato. Se observa que la renta de mercado del 1 por ciento más rico creció ligeramente a lo largo del período, mientras que el sistema tributario y la política fiscal tuvieron un impacto prácticamente nulo en la reversión de esta situación. Se constata, asimismo, un avance modesto en la renta de mercado del 50 por ciento más pobre. La parte de la renta nacional que corresponde a este grupo, sin embargo, aumenta significativamente cuando se incorporan los efectos de las transferencias.

   

   Los datos sintetizan algunos de los diagnósticos que se han consolidado en el debate económico de los últimos años. En primer lugar, ponen de manifiesto la denominada «agenda descuidada»: al preservar la regresividad del sistema tributario brasileño, caracterizado por la exención de los dividendos y por tipos impositivos efectivos muy bajos en la parte superior de la distribución, los primeros gobiernos del PT apenas modificaron la desigualdad entre los estratos más ricos. Al mismo tiempo, el gasto público dirigido a los más pobres se reveló como una herramienta poderosa para reducir la desigualdad en la base de la distribución, reforzando los avances distributivos y en la lucha contra la pobreza observados en el período.

   El gráfico también sugiere el fenómeno de la «compresión del medio» (middle squeeze). El aumento de la participación en la renta tras la política fiscal del 50 por ciento más pobre y del 1 por ciento más rico implicó, necesariamente, la reducción de la parte que se apropiaba el 49 por ciento restante. Dado que la economía brasileña creció significativamente a lo largo de esos años, todos los estratos registraron un aumento de sus ingresos medios. El grupo intermedio, sin embargo, creció menos y vio cómo su participación en la renta nacional disminuía tanto en relación con la base como con la cima. Además de las implicaciones económicas, este desplazamiento distributivo tuvo importantes consecuencias políticas. Las clases medias, que no se beneficiaron directamente de las políticas sociales ni fueron agraciadas con generosas exenciones fiscales, fueron un importante vector de insatisfacción política contra los primeros gobiernos del PT.

   Si el papel distributivo del Estado brasileño se analiza exclusivamente a través del prisma de las encuestas de hogares, el sistema tributario será, en el mejor de los casos, neutro. Desde la redemocratización, el gasto público ha sido el principal canal de redistribución de la renta utilizado por el Estado, no solo a través de las transferencias, sino también mediante la ampliación del acceso a la salud y la educación. En otras palabras, el gasto público fue el mayor contrapeso a la regresividad de la recaudación, lo que hizo que la intervención estatal, en su conjunto, fuera progresiva —un proceso que se profundizó significativamente durante los gobiernos del PT. La consolidación de estos instrumentos distributivos representó un cambio estructural en el modo de actuar del Estado brasileño, lo que explica el apoyo de las clases populares al presidente Lula y al proyecto político del PT a lo largo de las últimas dos décadas.
   Sin embargo, la transformación de la realidad distributiva del país tiene límites cuando se basa exclusivamente en el lado del gasto. La extrema concentración de la renta en la cima no puede revertirse sin un cambio profundo en la estructura tributaria. Al mismo tiempo, la ampliación de la capacidad redistributiva mediante el gasto público se ve restringida por el propio sistema de recaudación, cuya estructura, históricamente, ha gravado significativamente a los sectores medios mientras que prácticamente ha eximido a los más ricos.

   Los datos anteriores a la entrada en vigor de las reformas fiscales promovidas por el actual gobierno demuestran que, en el período reciente, el brasileño medio pagaba el 40 por ciento de sus ingresos en impuestos (sumando los diferentes impuestos directos e indirectos), mientras que el 0,01 por ciento más rico destinaba la mitad de esa parte al pago de impuestos y pagaba menos del 3 por ciento en el Impuesto sobre la Renta.

   Los pobres en el presupuesto y los ricos en el impuesto sobre la renta

   Para hacer realidad el lema principal de la campaña que llevó a Lula a su tercer mandato, el presidente y su equipo económico tenían dos tareas esenciales. Incluir a los pobres en el presupuesto exigía revocar el Techo de Gastos, una norma fiscal adoptada en 2017 que impedía el crecimiento real del gasto, restringiendo el margen presupuestario para políticas sociales e inversiones públicas. Incluir a los ricos en el impuesto sobre la renta, por su parte, implicaba hacer viable una agenda que ni siquiera en el apogeo de la popularidad de Lula, al final de su segundo mandato, logró avanzar. En un gobierno elegido por un estrecho margen, sin mayoría en el Congreso y bajo un fuerte antagonismo de la extrema derecha, la tarea parecía aún más improbable.

   El compromiso del equipo económico de incluir a «los pobres en el presupuesto» se hizo evidente incluso antes del inicio formal del nuevo gobierno, durante las negociaciones de la PEC de Transición. Tras una gestión desastrosa de la pandemia del Covid, tras siete años de gobiernos reaccionarios y cuatro años de mandato de la extrema derecha, la PEC garantizó el margen presupuestario necesario para el pago del Bolsa Família y para la financiación de otros programas sociales que constituían una parte innegociable del programa ganador en las urnas. Su aprobación en el Congreso Nacional, sin embargo, se condicionó a la presentación, por parte del nuevo gobierno, de una norma fiscal que sustituyera el techo de gasto a partir de 2024.

   Ante el estrangulamiento presupuestario heredado, la expansión del gasto social en 145 mil millones de reales autorizada por la PEC era una necesidad. El presupuesto anterior para 2023 ni siquiera preveía recursos suficientes para el mantenimiento de las prestaciones sociales existentes. Aun así, gracias a los esfuerzos de recomposición de los ingresos y revisión de los gastos, el resultado primario de ese año registró un déficit de 117 mil millones de reales (una vez descontados los pasivos dejados por la gestión de Guedes-Bolsonaro, como el pago de sentencias judiciales atrasadas y las deudas con estados y municipios). En otras palabras, el primer año de la política fiscal combinó responsabilidad social, económica e institucional. Fue en este contexto donde se negoció la nueva regla fiscal. A finales de 2023, el gasto primario se encontraba en un nivel elevado, cercano al 20 por ciento del PIB, que pasó a servir de base para la aplicación del nuevo régimen fiscal.

   Bautizado como Régimen Fiscal Sostenible (RFS), el nuevo marco supuso un avance con respecto al Límite Máximo por dos razones principales.

   En primer lugar, al abandonar la congelación real del gasto, introdujo un componente anticíclico: incluso en períodos de desaceleración de la economía, el gasto público puede seguir creciendo, lo que permite que la población se beneficie de los frutos del crecimiento económico mediante la ampliación disciplinada de los servicios públicos y las inversiones. En segundo lugar, al vincular el crecimiento del gasto al rendimiento de los ingresos, el nuevo régimen pasó a desincentivar el uso de exenciones fiscales como atajo para «hacer política» bajo la restricción del Techo. En el régimen anterior, el límite de gasto se fijaba independientemente de la recaudación, es decir, las reducciones de ingresos mediante exenciones fiscales no afectaban directamente al margen de gasto. En el RFS, por el contrario, la evolución del gasto pasa a depender de la recaudación: la pérdida de ingresos reduce el margen fiscal, mientras que su aumento permite ampliar el gasto.

   Nuevo paradigma tributario

   El realismo presupuestario inaugurado por la combinación de la PEC de Transición con el Régimen Fiscal Sostenible ha allanado el camino para un cambio estructural en el sistema tributario. Las medidas aprobadas por el actual Gobierno responden, de forma inédita, a la demanda de transformaciones más profundas en la economía brasileña. Se inaugura, por fin, una reconfiguración del régimen tributario con potencial para abordar una dimensión central de la desigualdad social que el gasto público, por sí solo, no alcanza: la extrema concentración de la riqueza.

   Las medidas económicas adoptadas a lo largo de los tres primeros años de gobierno revelan una agenda orientada simultáneamente hacia la distribución de la renta y el equilibrio fiscal, basada en la recomposición de los ingresos, el fortalecimiento de la justicia tributaria y la mejora de la eficiencia en la asignación de recursos. Por primera vez en la historia del país se aprobó una amplia reorganización de la fiscalidad indirecta en un régimen democrático. Y, también de manera inédita, la recomposición de los ingresos públicos pasó a incluir medidas que exigen a los más ricos contribuir más a la financiación del Estado.

   Para fines expositivos, la reestructuración tributaria del actual Gobierno puede dividirse en tres ejes principales: la reforma de la tributación del consumo; la recomposición de los ingresos; y la reforma de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, especialmente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

   En el eje del consumo, la nueva arquitectura tributaria fue el resultado de una iniciativa política intensa y ambiciosa: concluir una reforma que se venía debatiendo en el país desde hacía al menos dos décadas. La Enmienda Constitucional n.º 132/2023 promovió una amplia reestructuración del sistema tributario brasileño al sustituir la lógica fragmentada de los impuestos indirectos por un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dual, compuesto por la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), de competencia federal, y por el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), compartido por estados y municipios.

   Entre los principales cambios promovidos por la reforma, destacan el fin de la tributación en cascada, la adopción del principio de destino y la incorporación de mecanismos de justicia social. Al permitir un crédito amplio a lo largo de las cadenas productivas y reducir la acumulatividad, la reforma busca eliminar las distorsiones que llevaban a las empresas a integrar artificialmente etapas productivas, seleccionar insumos y tecnologías menos eficientes u organizar sus cadenas por razones fiscales, y no económicas.

   En la misma línea, la tributación en el destino reduce los incentivos a la competencia depredadora entre estados mediante beneficios fiscales. Esto tiende a disminuir la «guerra fisca»» entre entidades federales y a reorganizar la geografía productiva del país en torno a fundamentos económicos reales, y no a ventajas tributarias.

   Aunque concebida para ser neutra en términos de tipos impositivos, la reforma puede elevar la recaudación estructural al promover una mayor eficiencia económica y ganancias de productividad. Sus efectos de asignación van acompañados de medidas de carácter distributivo, como la exención de impuestos sobre la cesta básica y la introducción del mecanismo de reembolso, que devuelve a los consumidores de menores ingresos parte de los impuestos indirectos pagados. De este modo, aun preservando la neutralidad formal del sistema, la reforma contribuye a corregir una distorsión histórica de la fiscalidad brasileña: el peso proporcionalmente mayor de los impuestos indirectos sobre la base de la pirámide social, derivado del hecho de que las familias con menores ingresos destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo.

   El esfuerzo por reestructurar los ingresos siguió la misma lógica de combinar una mayor eficiencia económica con la promoción de la justicia fiscal. En este eje se incluyen medidas como la reintroducción de impuestos sobre los combustibles y el restablecimiento del voto de calidad en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), que restableció la prevalencia del interés público en casos de empate en los litigios tributarios y redujo los incentivos para convertir las disputas administrativas en una estrategia financiera de aplazamiento del pago de impuestos. En la misma línea, el Gobierno ha tratado de limitar las compensaciones fiscales, restringiendo los mecanismos automáticos y el uso excesivo de créditos, sobre todo los derivados de resoluciones judiciales.

   También se inscribe en este movimiento el acuerdo en torno a la reversión gradual de las exenciones de la nómina, así como la revisión de programas sectoriales de gran coste fiscal, como el Programa de Emergencia para la Reactivación del Sector de Eventos (Perse), adoptado en 2021 para atenuar los impactos negativos de la pandemia. Además, la Ley Complementaria 224/2025 trató de hacer frente al crecimiento acelerado de los gastos tributarios al establecer un recorte lineal del 10 por ciento y crear directrices para un nuevo modelo de gobernanza de estos beneficios, con requisitos de objetivos, plazos de vigencia y mecanismos de seguimiento.

   Otras medidas combinaron la corrección de distorsiones económicas con la ampliación del recaudo. El Decreto n.º 12.499, de 11 de junio de 2025, por ejemplo, reajustó los tipos del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) en diferentes operaciones. La medida buscó reducir las asimetrías tributarias entre instituciones con productos similares y mejorar la incidencia del impuesto. Al eliminar el IOF sobre la repatriación de capital asociado a la inversión directa, el decreto uniformizó el tratamiento tributario de esos rendimientos en relación con las operaciones en el mercado financiero y de capitales, reforzando los incentivos a la entrada de inversión extranjera. En la misma línea, en diciembre de 2025 se aprobó el aumento de la tributación de las fintechs, reforzando la igualdad de condiciones competitivas con otras instituciones que ofrecen servicios financieros similares. También se revisaron las normas de tributación de las apuestas, con la introducción de mecanismos de corresponsabilidad (incluso para los intermediarios) destinados a frenar las operaciones irregulares del sector y a mitigar sus costes sociales, como el endeudamiento y la dependencia asociados al juego.

   Por último, a lo largo de esta gestión, se han impulsado diversas medidas destinadas a ampliar la tributación sobre las rentas del capital y los grandes patrimonios. Entre ellas, destacan la tributación de las sociedades offshore y de los fondos exclusivos, el aumento del tipo impositivo del impuesto sobre la renta retenido en origen sobre los intereses sobre el capital propio, el establecimiento de una tributación mínima sobre las multinacionales mediante un recargo de la Contribución Social sobre el Beneficio Neto, la fijación de un tipo impositivo mínimo para las remesas de dividendos a no residentes y la lucha contra las estrategias de elusión fiscal en la inversión en fondos de previsión.

   Como resultado, la participación del impuesto sobre la renta en el total de los ingresos primarios aumentó 1,4 puntos porcentuales a lo largo del mandato. En conjunto, el esfuerzo por recomponer la capacidad recaudatoria debería garantizar más de 480 mil millones de reales en ingresos adicionales para las arcas públicas hasta finales de 2026.

   Leídas en conjunto, estas iniciativas ilustran el esfuerzo del equipo económico por transformar radicalmente el sistema tributario del país, combatiendo privilegios y distorsiones y, de este modo, haciéndolo más eficiente y justo. Es en este contexto donde se inscribe la aprobación de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La aprobación de la Ley n.º 15.270, de 26 de noviembre de 2025, forma parte de un proyecto más amplio de gestión pública que se ha consolidado como una victoria política gracias a la organización del sector popular, a la articulación del Gobierno y a la construcción de un consenso social en torno a la urgencia de hacer frente a la extrema desigualdad brasileña.

   Esta acumulación política y social se ha ido construyendo a lo largo de muchos años, especialmente durante la etapa del PT en la oposición. Ya en 2018, la propuesta de una reforma tributaria justa y solidaria figuraba en el programa de la candidatura de Lula–Haddad como respuesta directa a uno de los rasgos más persistentes de la economía brasileña: la coexistencia entre elevados niveles de desigualdad y un sistema tributario que pesa proporcionalmente más sobre la base de la pirámide social. Durante el gobierno de Bolsonaro, la oposición mantuvo el tema de la justicia fiscal en el centro de su agenda política. En 2022, esta agenda se convirtió en lema de campaña y, posteriormente, en una de las prioridades del programa de transición.

   La reforma del IRPF, neutra desde el punto de vista recaudatorio, tiene como mérito su ingeniosa simplicidad. Desde enero de 2026, quienes ganan hasta 5.000 reales al mes quedaron exentos del impuesto sobre la renta. A partir de ese valor, la tributación aumenta progresivamente hasta alcanzar la incidencia plena en los ingresos mensuales de 7.300 reales o más. Para compensar estas exenciones y deducciones, las personas con una renta imponible superior a 600 mil reales al año pasan a pagar un tipo impositivo mínimo, que puede llegar al 10 por ciento para quienes perciben más de 1,2 millones de reales. En la práctica, un impuesto mínimo recaudado de unos 140 mil contribuyentes permitirá reducir el impuesto pagado por más de 15 millones de personas. Para quienes ganan hasta 5.000 reales al mes, el beneficio anual acumulado equivaldrá a casi un salario extra.

   La medida promueve una mayor justicia fiscal, abre nuevos caminos para el debate político y fortalece, en la base de apoyo popular del Gobierno, el vínculo con los sectores de clase media que hasta entonces permanecían más al margen de la centralidad política del programa del PT. Este punto cobra especial relevancia ante la pérdida relativa de peso de la clase media en el ciclo anterior de distribución de la renta. Al ampliar la carga fiscal de la cima de la pirámide, abordando la raíz de la desigualdad brasileña, la gestión económica de Fernando Haddad allanó el camino para la reconciliación de los sectores medios con el proyecto del PT.

   Algunos aspectos del diseño de la propuesta contribuyeron a facilitar su tramitación. En primer lugar, al vincular la ampliación de la exención —una agenda políticamente muy popular— a mecanismos de compensación en el propio Impuesto sobre la Renta, la propuesta creó dificultades para su rechazo. Además, en lugar de aumentar la tributación de los dividendos o establecer tipos impositivos diferenciados para distintos tipos de ingresos, la elección de un tipo impositivo mínimo simplificó tanto la implementación de la medida como su comunicación al público. Por último, la lógica paramétrica adoptada, tanto en lo que respecta al tipo mínimo como a los tramos de renta a partir de los cuales este empieza a gravar, deja margen para que el debate sobre una mayor justicia fiscal continúe dentro de los propios marcos establecidos por la nueva ley.

   Además de la acumulación de iniciativas que prepararon el terreno para la reforma del Impuesto sobre la Renta y de las cualidades de la propuesta en sí, su aprobación se debió, en gran medida, a la actuación política de la actual administración. Un elemento decisivo fue la capacidad del Gobierno para transformar los vetos del Congreso al aumento del IOF, en junio de 2025, en un debate público sobre el carácter antipopular de parte de la actuación legislativa. La movilización en torno al lema «Congreso enemigo del pueblo» desencadenó una ofensiva política en las calles y en las redes sociales, cuestionando el papel del poder legislativo en la defensa de los privilegios asociados a los sectores de mayores ingresos.

   El clima social tuvo un papel decisivo, pero también merece destacarse la actuación de algunos actores individuales. La centralidad que el presidente Lula atribuyó al tema desde la campaña, el peso político del ministro Fernando Haddad, ex candidato a la Presidencia que, en 2018, recibió más de 45 millones de votos, y la ponencia dirigida por Artur Lira, figura central en la articulación de la agenda legislativa de los últimos años, ávido por impulsar una agenda positiva, fueron elementos clave en la tramitación de la propuesta.

   Este conjunto de factores permitió a un gobierno minoritario en el Congreso aprobar lo que parecía imposible para gran parte de los analistas. La reacción social en defensa de la justicia fiscal, en particular, fue esencial para transformar lo que parecía políticamente improbable en algo inevitable. En este sentido, tan relevante como el contenido de la reforma y sus implicaciones materiales es el capital político e ideológico acumulado durante su tramitación. La movilización popular y la concienciación colectiva sobre la gravedad de las injusticias fiscales en el país son logros de la izquierda y para la izquierda. La articulación entre el equipo económico, los partidos políticos y los movimientos sociales ha puesto en tela de juicio la idea generalizada de que el pueblo brasileño se opondría a una mayor tributación de los más ricos y ha abierto un nuevo frente de disputa política en torno a una fiscalidad más justa.

   La misma estrategia puede, ahora, allanar el camino para la reducción de la jornada laboral, con un cambio en la distribución de la jornada y la preservación de los salarios. Se trata de un paso civilizatorio capaz de ampliar el tiempo disponible, el bienestar y la salud de las familias brasileñas, con impactos económicos que, en el contexto actual del mercado laboral, tienden a ser nulos o incluso positivos. Al situar esta agenda en el centro del debate en un año electoral, el Gobierno señala su intención de profundizar en el camino abierto por la reforma fiscal: convertir el conflicto distributivo no solo en un tema de política económica, sino en un verdadero eje organizador de la política y la movilización social en el país.

   La democratización del Estado y los gobiernos del PT

   La ausencia de reformas estructurales fue el centro de las críticas a los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores (2003-2016). Desde la derecha, se argumentaba que el PT habría promovido una redistribución artificial de la renta, no acompañada de ganancias de productividad, inicialmente posible gracias al auge de las materias primas y, tras su agotamiento, mantenida a costa del desequilibrio fiscal. En la izquierda, se sostenía que la bonanza externa permitió al gobierno distribuir la renta a los «de abajo» sin enfrentarse a los «de arriba», lo que se conoció como un «proyecto de conciliación de clases». Se reconocía, en parte, el carácter virtuoso de los gobiernos del PT, pero se señalaban sus límites ante los cambios estructurales que el país exigía.

   Aun así, hay que destacar que, aunque algunas medidas fueron menos ambiciosas que otras, muchas de las reformas promovidas por los primeros gobiernos del PT fueron, de hecho, estructurales: al reorientar el esfuerzo público hacia demandas históricamente desatendidas, la presencia de la izquierda en el gobierno contribuyó, objetivamente, a la democratización del Estado y de la acción estatal.

   Diversos indicadores sintetizan los efectos estructurales de un proyecto que avanzó en la lucha contra las lacras históricas de nuestro país. En el plano social, la combinación de políticas de transferencia de ingresos con un ciclo de reactivación del mercado laboral llevó a Brasil a salir del mapa del hambre. Programas como Luz para Todos, Mais Médicos y Cisternas ampliaron el acceso a servicios públicos esenciales y contribuyeron a reducir las desigualdades territoriales y sociales.

   La ampliación del acceso a la educación superior, con especial destaque para el sistema de cuotas en las universidades —y su extensión al servicio público federal— ha incrementado la presencia de personas negras en los espacios de poder. En el plano macroeconómico, el pago de la deuda externa y la acumulación de más de 300 mil millones de dólares en reservas de divisas han reducido sustancialmente la vulnerabilidad del país ante las crisis internacionales.

   Por mucho que estos avances hayan sido posibles gracias a un contexto internacional favorable, la gestión de la política económica fue determinante para el ciclo virtuoso de crecimiento económico con redistribución de la renta y aumento de la inversión pública. El reconocimiento de los méritos de los primeros gobiernos del PT, sin embargo, no es incompatible con la constatación de que, hasta hace poco, la estructura oligárquica de la economía y la política brasileñas -marcada por una elevada concentración de la renta y el poder- no había sido alterada de manera significativa. El tercer gobierno de Lula fue, desde esta perspectiva, el más radical entre los gobiernos del PT.

   Durante las negociaciones del Régimen Fiscal Sostenible, existía un gran temor entre los sectores progresistas de que la nueva norma fiscal no supusiera una verdadera ruptura con la lógica del antiguo Techo de Gastos. El problema del Techo, lejos de ser la mera existencia de una regla fiscal, eran las implicaciones que generaba para la dinámica del gasto público. Al imponer una congelación real de los gastos, la regla ejercía presión sobre el gasto social, incentivaba la expansión de los gastos tributarios y se basaba en parámetros que, con el tiempo, resultaron poco realistas.

   La aprobación de la PEC de Transición —que garantizó que la nueva norma fiscal partiera de un nivel de gasto público ya elevado—, la garantía de crecimiento real de los gastos y la vinculación del crecimiento de los gastos a los ingresos son elementos fundamentales y determinantes que distinguen el actual régimen fiscal del Límite de Gasto. A la luz de los resultados económicos observados en este Gobierno, resulta evidente que los efectos negativos que se atribuían al Límite Máximo no se han manifestado bajo el RFS.

   Los resultados del período muestran una expansión simultánea del empleo, el gasto social y la inversión pública, acompañada de una reducción de la desigualdad medida por las encuestas de hogares. El Beneficio de Prestación Continuada pasó de 84.600 millones de reales en 2022 (en valores de 2025) a 127 mil millones de reales. El programa Bolsa Família, que atendía a unos 18 millones de familias en julio de 2022, alcanzó los 21 millones al inicio del actual Gobierno y ha registrado una reducción reciente debido a la mejora del mercado laboral. En conjunto, el gasto social experimentó el mayor crecimiento real en diez años, un 6,16 por ciento.

   La inversión pública también volvió a crecer y se prevé que cierre el año 2026 en el nivel más alto de la década: 529 mil millones de reales. Una parte importante correspondió a las inversiones en infraestructura, que en 2024 batieron el récord de los últimos tres mandatos presidenciales, con un total de 261 mil millones de reales.

   El número medio mensual de viviendas financiadas con el FGTS fue de 47 mil unidades, el mayor volumen de la serie histórica. Al mismo tiempo, el rendimiento de la actividad económica superó las expectativas de muchos analistas, que preveían una desaceleración bajo el nuevo marco fiscal: el PIB avanzó y, en los últimos tres años, creció a una media anual del 3 por ciento, la mayor en más de quince años.

   Por último, a pesar de la expansión del gasto social y de la inversión, el resultado fiscal mejoró significativamente. El déficit primario se redujo del 2,09 por ciento del PIB en 2023 al 0,48 por ciento en 2025, y la media del mandato debería ser la más baja desde 2014. Todo ello se produjo en un contexto de minoría parlamentaria en el Congreso y bajo una política monetaria restrictiva a lo largo de todo el período.

   Este desempeño fue posible gracias a un enfoque que reorganizó la política fiscal partiendo de un principio claro: conciliar la justicia social, el crecimiento y la credibilidad. El RFS se reveló necesario para hacer frente a restricciones fiscales que no solo existen, sino que expresan el propio conflicto distributivo. En el plano político, estas restricciones se derivan de la correlación de fuerzas que sustenta al Gobierno; en el plano económico, se relacionan con la capacidad instalada de la economía, la gestión de la deuda pública y la conducción de la política cambiaria. A este panorama se suma una menor tolerancia a la inflación, observada tanto en Brasil como en el escenario internacional.

   La dinámica de la economía brasileña bajo el RFS y los cambios fiscales implementados a lo largo del actual mandato ponen de manifiesto que, tan importante como el volumen del gasto público es quién lo financia y quién se beneficia de él. La defensa de una expansión fiscal indefinida no debe confundirse con la defensa de la justicia fiscal. Se trata de un discurso que ignora el conflicto distributivo y desplaza el foco del debate hacia el volumen absoluto del gasto —que incluye una parte significativa de gastos regresivos, favorables a los más ricos— en lugar de su orientación y sus fuentes de financiación.

   Como ilustran los datos sobre la distribución de la renta en Brasil, la capacidad del gasto público para influir en la concentración de la renta en la cima es prácticamente nula si no va acompañada de cambios fiscales más profundos. La historia del país, desde la quema del café hasta los programas de desgravación, está repleta de ejemplos en los que el expansionismo fiscal no fue más que una forma de socializar las pérdidas de las élites en momentos de desaceleración económica, agravando las desigualdades del país en nombre del sostenimiento de la actividad. De manera inédita, la reorganización fiscal de este gobierno se basó en una mayor tributación de los más ricos, en la revisión del gasto fiscal regresivo y en la ampliación de las transferencias a los más pobres.

   La crítica progresista a las primeras experiencias de gobierno del PT, sumada al trabajo político de formación y movilización de los sectores populares, contribuyó a madurar tanto el programa partidario como la conducción de la política económica en el tercer gobierno de Lula. Este proceso dio lugar a una agenda más ambiciosa y transformadora. A diferencia de un modelo basado únicamente en la mejora de las condiciones en la base de la pirámide social, sin hacer frente a los privilegios de la cima, este mandato permite afirmar que, por primera vez en la historia reciente del país, los más ricos han pasado a pagar más impuestos al mismo tiempo que los más pobres han ampliado su acceso a las transferencias y a las políticas sociales.

   A medida que se acerca el calendario electoral, cualquier balance de la política económica debe tener en cuenta no solo los resultados alcanzados en materia de empleo, inflación y desigualdad, sino también las transformaciones promovidas en el marco institucional de la política fiscal brasileña. En última instancia, la reconstrucción fiscal y tributaria en curso representa también una afirmación de la soberanía democrática: al reformar las normas fiscales y tributarias, el Gobierno busca plasmar, en la estructura del Estado, el proyecto político que se impuso en las urnas.

6. Aportes críticos de Aníbal Pinto

   10:07 am Comentarios desactivados en Aportes críticos de Aníbal Pinto

   Aún es demasiado pronto para comprender plenamente las condiciones que han propiciado el auge mundial de la extrema derecha durante la última década. Sin embargo, la profundización de las divisiones materiales dentro de las clases trabajadoras parece haber desempeñado un papel clave, desmoronando las solidaridades históricas que en su día constituyeron la base de la política de izquierdas. Si bien el implacable afán del capital por acumular “divisiones y diferencias dentro de la clase trabajadora” no es nada nuevo, el neoliberalismo parece haberlo intensificado.

   Dylan Riley sugirió recientemente que, en el caso de los países ricos, el problema “no es tanto que los trabajadores en su conjunto se estén volviendo hacia la derecha, sino que la clase está fundamentalmente fracturada por los intereses materiales derivados de la posición de mercado de sus partes constitutivas”. Una fractura que ha sido aprovechada por el movimiento MAGA.

   La tradición de la economía política crítica en América Latina tiene mucho que decir sobre esta dinámica de división entre las clases trabajadoras. En la década de 1970, caracterizada por un álgido desarrollo del pensamiento crítico en la región, una preocupación central era comprender cómo las características sectoriales de la acumulación de capital afectaban a la estructura de clases, y cómo los cambios en esta última condicionaban a su vez la política de desarrollo. La estratificación cambiante de la fuerza de trabajo estaba en el centro de los esfuerzos por investigar la transformación de la estructura económica y sus implicaciones políticas.

   Pocos llevaron esta línea de investigación más lejos que el economista chileno Aníbal Pinto. Al aunar el pensamiento estructuralista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el análisis de la política de clases desarrollado por los teóricos de la dependencia, Pinto desarrolló un método para investigar las sociedades capitalistas que fue notablemente perspicaz en su momento y que sigue arrojando luz sobre los dilemas actuales. Este año se cumple el quincuagésimo aniversario de uno de sus artículos más importantes, «Estilos de desarrollo en América Latina». Para conmemorar la ocasión, contextualizaré brevemente la obra de Pinto dentro de los debates contemporáneos sobre el desarrollo y mostraré cómo llevó a cabo una síntesis creativa de la teoría cepalina y dependentista.

   Nacido en Chile en 1919, Pinto se incorporó a la CEPAL en 1957 y permaneció en la institución hasta su muerte en 1996. La historia que quiero contar comienza a principios de la década de 1950, unos años antes de que él entrara en escena, cuando la economía del desarrollo aún se encontraba en sus primeros pasos.

   Grandes esperanzas

   En aquella época, el desarrollo se entendía esencialmente como industrialización. La visión estándar la proporcionó Arthur Lewis, quien, en su artículo clásico de 1954, entrelazó diversos conceptos tomados de otros economistas para crear un modelo unificado, basado en la suposición de que las economías periféricas se dividían en dos sectores: uno capitalista y otro de subsistencia. El sector capitalista se definía por el uso de “capital reproducible”, mientras que el sector de subsistencia se refería a la vasta reserva de trabajadores subempleados, desde campesinos hasta trabajadores ocasionales urbanos y domésticos. Lo cual era considerado por Lewis como una oferta “ilimitada” de mano de obra.

   En este marco, el desarrollo significaba reasignar la mano de obra del sector de subsistencia al sector capitalista; es decir, fomentar una industria manufacturera y promover una transformación capitalista de la agricultura campesina. La principal barrera para esta reasignación era la acumulación de capital, ya que se necesitaría construir fábricas y comprar maquinaria para poder emplear mano de obra en el sector capitalista. Pero una vez iniciado el proceso, este tendía a cobrar impulso.

   Dada la oferta ilimitada de mano de obra, los capitalistas podían contratar a los trabajadores pagándoles poco más que el ingreso medio—muy bajo—del sector de subsistencia, de modo que las ganancias tendían a ser elevadas. En opinión de Lewis, los fondos para aumentar el stock de capital provendrían precisamente de estas ganancias. De ahí el proceso acumulativo: las ganancias permitían la acumulación de capital que, a su vez, absorbía mano de obra hacia el sector capitalista, aumentando aún más las ganancias y acelerando así la acumulación. “Una vez que ha surgido un sector capitalista”, escribió Lewis, “es solo cuestión de tiempo que adquiera una dimensión considerable”.

   Los datos disponibles sugieren que, al menos durante un tiempo, el “sector capitalista” sí creció en algunas partes de la periferia global. La participación de la industria manufacturera en el PIB, por ejemplo, aumentó entre 1950 y 1960 del 19% al 30% en Brasil, del 15% al ​​19% en Taiwán y del 16% al 20% en Sudáfrica. Brasil alcanzó la participación promedio de las economías avanzadas, que subió del 29% al 30% en la década de 1950. Para América Latina en su conjunto, la participación de la industria manufacturera se aproximó a ese nivel una década después, a principios de la década de 1970. Además, los países pioneros (como Brasil, Corea del Sur, Taiwán y Turquía) vieron cómo su PIB per cápita y sus niveles de productividad laboral se acercaban a los del núcleo capitalista entre las décadas de 1950 y 1970. Si bien algunos países asiáticos mantuvieron esta tendencia después de la década de 1980, América Latina experimentó un retroceso en sus ganancias.

   Tensiones

   Las implicaciones sociales y políticas del desarrollo ya habían comenzado a preocupar a los cepalinos en la década de 1960, dos décadas antes de que se hicieran patentes. A pesar del avance continuo de la producción manufacturera, su capacidad para absorber el excedente de mano de obra se redujo rápidamente. En 1968, Albert Hirschman señaló un “desencanto considerable” con la industrialización como “solución concreta al problema del desarrollo” y señaló, con cierto tono irónico, que “¡se esperaba que la industrialización cambiara el orden social y lo único que hizo fue suministrar productos manufacturados!”.

   La predicción fundamental del modelo básico de Lewis quedó aparentemente refutada por la experiencia histórica—aunque cabe reconocer que el propio Lewis se mostrara más cauteloso en algunos de sus escritos—. Mientras que él había pensado que el dualismo entre los sectores capitalista y de subsistencia era solo una fase transitoria, y que el primero acabaría absorbiendo al segundo, en realidad esta polaridad persistió. De hecho, el sector capitalista siguió creciendo, pero atrajo cada vez menos mano de obra del sector de subsistencia. Esto convirtió la división de las clases trabajadoras periféricas, divididas entre trabajadores asalariados y grupos marginados, en una aflicción permanente.

   En 1964, Pinto comentó sobre el “carácter agudamente desequilibrado” del desarrollo económico latinoamericano, que se manifestaba con mayor claridad en la “marginación de las poblaciones rurales y de las periferias urbanas”. Unos años más tarde, se refirió al crecimiento de la “masa marginada de las periferias urbanas” como “el fenómeno más significativo de las últimas décadas”. En lugar de la absorción gradual del sector de subsistencia por parte del sector capitalista, la expansión de la industria capitalista había llevado a la multiplicación de los barrios marginales.

   Un informe de 1961 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugería que uno de los factores impulsores de este “problema de empleo” era la “elección de técnicas”: la industrialización era excesivamente intensiva en capital, inadecuada para la dotación de factores que prevalecía en la periferia.1Merece la pena leer la (<)a href='https://doi.org/10.1017/S1740022818000372'(>)historia de los esfuerzos de la OIT(<)/a(>) para abordar este tema, escrita por Aaron Benanav. En términos sencillos, esto significaba que la industria manufacturera dependía demasiado de la mecanización en lugar de aprovechar la abundancia de mano de obra. Mientras que la mecanización, o “profundización” del capital, era lo esperado en un modelo como el de Solow, que asumía la escasez de mano de obra, Lewis argumentó explícitamente que una oferta ilimitada de mano de obra permitiría una “ampliación” ilimitada del capital.

   En el mundo de los economistas convencionales eso podía parecer lógico, pero resultaba totalmente contradictorio al curso real del desarrollo—y, por supuesto, con las predicciones de otros economistas como Nicholas Kaldor (véanse sus “leyes del crecimiento”)—. A medida que se multiplicaban las chimeneas en la periferia, se elevaban los ratios de capital/mano de obra. Simplemente no era realista suponer que se pudiera producir acero, automóviles o electrodomésticos con herramientas sencillas, sustituyendo la maquinaria cara y las instalaciones modernas por un mayor número de trabajadores. La tecnología era mucho menos flexible de lo previsto.

   A mediados de la década de 1960, el economista brasileño Celso Furtado, uno de los cepalinos más influyentes, revisó el modelo de Lewis para tener en cuenta el carácter intensivo en capital de la industrialización periférica. Para Furtado, era importante tener en cuenta las condiciones de la demanda a las que se enfrentaba el “sector capitalista”: la oferta ilimitada de mano de obra implicaba ingresos estancados para la gran mayoría, lo que significaba que no se desarrollaría un mercado de consumo masivo en auge. Por el contrario, los ingresos que se quedaban los ricos y los trabajadores de «cuello blanco» tendían a crecer de forma significativa, creando un mercado rentable para los bienes de lujo, cuya producción intensiva en capital reducía la capacidad de la industrialización para transformar la estructura general del empleo.

   En otras palabras, Furtado pronosticó que el agotamiento de la oferta ilimitada de mano de obra se pospondría indefinidamente. En su modelo, los salarios estancados polarizaron el mercado de consumo, sesgaron la industrialización hacia sectores intensivos en capital, desaceleraron la creación de empleo y afianzaron el estancamiento de los salarios.

   Reflexión crítica

   Los cepalinos no solo se preocupaban por los aspectos económicos de la experiencia latinoamericana. También reaccionaban ante la agitación política que entonces envolvía a la región. Los cinco años transcurridos entre la toma del poder por las fuerzas revolucionarias en Cuba (1959) y el golpe militar en Brasil (1964) resultaron decisivos para la CEPAL, como ha demostrado Margarita Fajardo. Bajo la presión de los miembros más izquierdistas del personal de la comisión, Raúl Prebisch—entonces secretario general de la comisión—accedió a establecer una misión técnica para ayudar al gobierno de Fidel Castro.

   El plan seguía los pasos de anteriores misiones de la CEPAL en la Argentina, Brasil y Chile, impartiendo formación sobre técnicas de planificación y ayudando a formular la política económica. Sin embargo, la misión en Cuba fue mucho más controvertida, lo que situó a la CEPAL en medio del fuego cruzado entre la isla caribeña y Estados Unidos. Preocupado desde el principio por las implicaciones políticas de la participación de la comisión, y como resultado de la presión del Departamento de Estado de Estados Unidos, Prebisch puso fin a la misión de forma unilateral en 1960.

   Al año siguiente, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha un programa de ayuda para América Latina denominado Alianza para el Progreso, en respuesta a la revolución cubana. El objetivo era contener la propagación de los movimientos revolucionarios en la región. Inicialmente se pidió a la CEPAL que contribuyera a su diseño y esta aceptó asumir la tarea. Aunque pronto quedó marginada, el daño a su reputación ya estaba hecho. Como escribió Fajardo, “la posición de la CEPAL había pasado de ser aliada de la revolución [cubana] a ser socia de los contrarrevolucionarios, especialmente al alinearse con el programa de ayuda exterior de Estados Unidos”. La imagen de la comisión se transformó “de encarnar una revolución contra la desigualdad global a ser una fuerza contraria al cambio radical y la justicia social”.

   Mientras tanto, en Brasil Furtado, que había dejado la CEPAL unos años antes, dirigía ahora la SUDENE, una agencia gubernamental centrada en el desarrollo de la región más pobre del país. Limitado por la falta de recursos, puso sus esperanzas en obtener fondos de la Alianza para el Progreso. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, tenía otros planes, y destinó el dinero a lo que Furtado calificó de “simples operaciones de fachada”. Más significativo aún, a medida que el gobierno brasileño comenzaba a inclinarse hacia la izquierda para hacer frente a las condiciones de un conflicto de clases cada vez más profundo, los fondos de la Alianza se redujeron y la CIA intervino para respaldar un golpe militar. Poco después, Furtado se vio obligado al exilio, y regresó a la CEPAL, en Santiago de Chile.

   Desacreditados ante la izquierda y desestimados por el gobierno estadounidense, los cepalinos perdieron influencia y se volvieron vulnerables a los desafíos de sectores más radicales, lo que allanó el camino para los teóricos de la dependencia. En una entrevista en 1971, Pinto señaló que «La Alianza para el Progreso fue el canto del cisne del enfoque de la industrialización, de la reforma agraria moderada”. Mientras que “la Revolución Cubana [y] el estancamiento de América Latina precipitaron la reflexión crítica”.

   Estilos de desarrollo

   El análisis de Furtado sobre el sesgo de la industrialización hacia los lujos, presentado tras el golpe militar en Brasil, fue su primer intento de ajustar su perspectiva teórica a la experiencia de la derrota política. Pinto, que había dirigido la oficina de la CEPAL en Brasil durante la primera mitad de la década de 1960, había observado esta derrota de cerca. Su primera reacción, en un artículo publicado en 1964 bajo un seudónimo, fue centrarse en la dinámica política que condujo a la toma del poder, en contraposición a las condiciones económicas. Su punto de partida fue el argumento de Lenin de que una situación prerrevolucionaria requiere tanto una profunda crisis del orden existente como un instrumento político revolucionario capaz de aprovecharla, con el apoyo de una parte significativa de las clases trabajadoras.

   En opinión de Pinto, la ausencia de tal instrumento en Brasil fue lo que permitió a los militares intervenir y preservar el orden dominante. Esto, argumentó, fue el resultado del fracaso de los partidos de izquierda a la hora de abordar el carácter fracturado de las clases trabajadoras. El Partido Comunista no había llegado al nuevo proletariado industrial ni a las periferias urbanas, mientras que “el movimiento político en las zonas rurales ha sido fragmentario y esporádico, sin lograr integrarse orgánicamente con la frágil maquinaria política de la izquierda”.

   En 1970, de vuelta en Santiago para dirigir la División de Desarrollo de la CEPAL, Pinto centró su atención en el concepto de “heterogeneidad estructural”, resultado de la “gran contradicción” del modelo de desarrollo latinoamericano sobre el que había escrito Furtado. América Latina había intentado reproducir la estructura productiva de la “sociedad de consumo opulenta” del núcleo capitalista con niveles de renta per cápita mucho más bajos.

   El resultado fue que el crecimiento dependía cada vez más de la demanda de consumo de los muy ricos, ante la ausencia de un mercado de consumo de masas que pudiera permitirse los bienes producidos. Haciendo eco de las premisas de Furtado, Pinto argumentó que esto implicaba una inversión de la tendencia esperada hacia la homogeneidad económica en términos de niveles de ingresos y productividad: “la capacidad de irradiación o de arrastre del ‘sector moderno’ resultó ser, como mínimo, mucho más débil de lo esperado. De este modo, en lugar de un avance hacia la ‘homogeneización’”’ de toda la estructura, se observa una profundización de su heterogeneidad”.

   Desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la de 1970, algunas economías latinoamericanas demostraron que este modelo podía sostenerse, al menos desde el punto de vista del capital, a pesar de su “gran contradicción”. Si bien el proceso acumulativo reproducía las fracturas en las clases trabajadoras, impidiendo el agotamiento de las reservas ilimitadas de mano de obra, no condujo al estancamiento, como Furtado había supuesto. A principios de la década de 1970 Maria da Conceição Tavares y José Serra, bajo la dirección de Pinto, analizaron el llamado milagro económico brasileño—el repentino crecimiento impulsado por la dictadura militar—como refutación del estancamiento de Furtado. “El capitalismo brasileño se desarrolla satisfactoriamente”, escribieron, mientras que “la mayoría de la población permanece en una situación de gran privación económica, y esto se debe principalmente al dinamismo del sistema o, más bien, al tipo de dinamismo que lo caracteriza”.

   Furtado no había considerado seriamente la posibilidad de que América Latina pudiera seguir creciendo e industrializándose sin abordar la marginación persistente de la mayoría de los latinoamericanos. Le correspondió a Tavares, Serra y, especialmente, a Pinto desvincular el proceso acumulativo del estancamiento que predijo. No era necesariamente un círculo vicioso lo que conducía al bajo crecimiento; más bien podía ser una espiral de desigualdad que generaba altas tasas de acumulación de capital. En un destacado artículo de 1976 sobre los “estilos de desarrollo”, Pinto expuso este argumento de forma sistemática. Al igual que Lewis había codificado su optimismo en 1954, Pinto hizo lo mismo con el desencanto y la derrota dos décadas más tarde.

   Pinto definió un estilo de desarrollo como un proceso acumulativo entre las estructuras de la demanda (el patrón de demanda y la distribución de la renta) y la oferta (la composición sectorial de la producción y el empleo), tal y como se muestra en la siguiente figura. Un aumento significativo de la desigualdad—como el promovido por la dictadura brasileña, que redujo el salario mínimo y reprimió a los sindicatos—desplazó el patrón de consumo hacia los artículos de lujo que, en aquel momento, incluían automóviles y electrodomésticos. Los datos presentados por Pinto mostraban que, en 1970 el 85 por ciento de los vehículos en América Latina se vendían al 10 por ciento más rico de la población, junto con el 74 por ciento de los muebles y el 50 por ciento de los aparatos eléctricos y mecánicos. El aspecto más importante de un estilo de desarrollo, argumentaba, era “para quién” producía.

   Un patrón de consumo tan sesgado se reflejaría en la composición sectorial de la producción y el empleo, creando pocos puestos de trabajo—en relación con la tasa de crecimiento—y ampliando de manera desproporcionada los puestos directivos. Como resultado, la polarización de la distribución de los ingresos, que separaba a la gran mayoría con salarios estancados de la minoría de capitalistas y profesionales integrados, se ampliaría y el ciclo volvería a comenzar. Este estilo de desarrollo era “un fenómeno acumulativo que refuerza gradualmente las tendencias hacia una mayor… desigualdad”.

   En una simulación presentada hacia el final del artículo, indicó que la continuación de ese estilo de desarrollo reduciría la proporción de la población activa latinoamericana subempleada del 53 al 45 por ciento entre 1970 y 2000. A este ritmo, el agotamiento de la oferta ilimitada de mano de obra tendría que esperar hasta mediados del siglo XXII.
   

   

   Marxista keynesiano

   Contra el catastrofismo que atribuía a algunos teóricos de la dependencia, Pinto insistió en esbozar posibles alternativas. Sin embargo, al ser un analista político tan meticuloso tanto como su ser economista, no evaluó dichas alternativas únicamente desde una perspectiva técnica, sino que discutió en profundidad las condiciones políticas que podrían permitir su realización. (Le gustaba invocar la frase de Marx en el Dieciocho de Brumario de que los hombres hacen la historia, pero en condiciones ya dadas.)

   En 1968, por ejemplo, había ofrecido un detallado análisis de clases del caso chileno, trazando un mapa de las diferentes fracciones de las clases dominantes y trabajadoras, y examinando cuidadosamente los obstáculos para construir una mayoría popular. Cuando Salvador Allende fue elegido presidente en 1970 y comenzó a construir el “camino chileno hacia el socialismo”, Pinto señaló que “Allende captó con gran claridad las tareas fundamentales” y añadió que estaba “impresionado por la seriedad del proceso chileno y de sus líderes… por su rechazo al populismo y a las alternativas fáciles”.

   Interpretó la elección de Allende como el ascenso al poder de la fracción organizada de las clases trabajadoras y argumentó que la cuestión decisiva para el futuro de Chile era si la izquierda sería capaz de cumplir la “tarea histórica” de la “incorporación real” de las masas marginadas a la sociedad. La respuesta, por supuesto, fue anticipada por el golpe de Estado orquestado por Pinochet en 1973.

   Este tipo de estudio, que examina la dinámica de las estructuras de clase de las sociedades periféricas y sus implicaciones políticas, se asocia hoy en día con los teóricos de la dependencia, pero Pinto ya lo había emprendido en 1963, en paralelo a su trabajo sobre la heterogeneidad estructural y los estilos de desarrollo. La importancia de conceptualizar los estilos de desarrollo radicaba en ofrecer una forma de analizar, conjuntamente, las características sectoriales de la acumulación de capital (con sus consecuencias macroeconómicas) y la transformación de la estructura de clases y la lucha de clases, combinando así las mejores ideas de los cepalinos y los dependentistas.

   El enfoque de Pinto, en otras palabras, apunta hacia una sofisticada economía política del desarrollo que se toma en serio tanto la política como la economía. Esto es algo cada vez más difícil de encontrar, a medida que la especialización disciplinaria sigue esterilizando el pensamiento crítico. Al describir su bagaje teórico, Pinto dijo que era “una especie de marxista keynesiano” y que, para él y su generación, el pensamiento de la CEPAL ofrecía una “gran perspectiva para la interpretación del fenómeno latinoamericano”. Sus discípulos vieron de cerca el potencial de esta combinación y lo aprovecharon. “Todo mi pensamiento herético”, señaló Tavares, “lo heredé de él”.

   El poder del legado de Pinto se manifestó en algunos análisis de la marea rosa latinoamericana de la década de 2000 y principios de la de 2010, los cuales se basaron en las tesis de los estilos de desarrollo para examinar el patrón sectorial de acumulación y sus implicaciones macroeconómicas, distributivas y políticas. Los trabajos sobre los casos de Brasil y Argentina identificaron una espiral igualadora en la que, paradójicamente, la disminución de la desigualdad salarial y la regresión estructural interactuaban de manera acumulativa. Este estilo de desarrollo también redujo los beneficios y la participación en la renta de las clases medias, poniendo de relieve el conflicto de clases, al tiempo que concentraba a las clases trabajadoras en sectores con escasa sindicalización.

   El análisis de la economía política de esta experiencia reciente es, sin duda, un punto de partida relevante para comprender la crisis que siguió y el auge de la extrema derecha en estos países. Mientras tanto, en el núcleo capitalista, la investigación sobre la dualidad y la dinámica sectorial se ha inspirado hasta ahora principalmente en los escritos de Lewis—que, por muy perspicaces que sean, tienden a pasar por alto la interacción acumulativa entre las estructuras de la oferta y la demanda y sus implicaciones dinámicas para la estructura de clases. Medio siglo después de su ensayo histórico, los aportes críticos de Pinto tienen todavía mucho que enseñarnos.

7. La ilusión de Venezuela

   marzo 12, 2026 11:31 am Comentarios desactivados en La ilusión de Venezuela

   A primera vista, la justificación estratégica de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán parece difícil de definir. Mientras que el presidente Trump ha descrito la campaña en los habituales términos de la liberación democrática, prometiendo derrocar a la República Islámica, el secretario de Estado Marco Rubio la ha presentado como un ataque preventivo. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se unió a Rubio al afirmar que los objetivos principales son la destrucción de los programas nucleares y de misiles de Irán y el debilitamiento de sus capacidades navales —no exactamente un cambio de régimen, sino una coacción contra sus capacidades—.

   Sin embargo, los objetivos bélicos de Estados Unidos no deben buscarse en las sesiones informativas oficiales de la administración Trump, sino en los cambios a largo plazo en la política estatal estadounidense. Desde principios de la década de 2010, Washington se ha alejado cada vez más de las ocupaciones militares a gran escala para orientarse hacia el uso del poder aéreo, los instrumentos financieros, la presión diplomática y la eliminación selectiva de adversarios clave. Ha tratado de imponer su voluntad a otros Estados al tiempo que limita los costes internos y geopolíticos asociados a una presencia militar prolongada, en lo que equivale a un modelo de ingeniería política a distancia.

   El episodio venezolano marcó la culminación de este enfoque, demostrando cómo un ataque contra un líder concreto, combinado con la aplicación de una intensa presión externa, puede generar un cambio político sin las cargas que supone el control territorial. Este, al parecer, es el mismo escenario que Washington querría representar en Irán. Trump invocó explícitamente el precedente venezolano cuando, después de ordenar el asesinato de Ali Jamenei, hizo la declaración de que el hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, sería un sucesor «inaceptable»: «Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy».

   Pero, ¿puede Washington simplemente imponer su líder preferido en Irán, como hizo tras la captura de Maduro? Las pruebas sugieren que no puede. La República Islámica tiene una arquitectura de gobierno compleja y una coalición cohesionada de la clase dirigente. A lo largo de tres décadas, Ali Jamenei transformó el cargo de Líder Supremo en un extenso aparato burocrático y de seguridad integrado en un denso entramado de instituciones militares, clericales y económicas. Este «complejo militar-bonyad», como lo he denominado en otras ocasiones, no puede ser derrotado mediante una estrategia de mera decapitación. El resultado más probable de la campaña estadounidense-israelí será reforzar la coordinación securitizada en todo el Estado, al tiempo que se corre el riesgo de un conflicto más amplio en toda la región.

   Gestión del régimen

   El enfoque actual de Estados Unidos hacia Irán tiene una larga prehistoria. La inestabilidad financiera provocada por la crisis de 2008, junto con la creciente oposición interna a las ocupaciones de Irak y Afganistán y la creciente competencia con China, impulsó una reorientación de la estrategia imperial. En lugar de costosos intentos de cambio de régimen y construcción del Estado en el extranjero, Washington buscó ahora ganar influencia sobre las instituciones existentes en los países objetivo —desde la burocracia estatal hasta el poder judicial y los medios de comunicación— al tiempo que preservaba el margen de maniobra para un conflicto de grandes potencias a más largo plazo en Eurasia y el Indo-Pacífico.

   El bombardeo de la Otan sobre Libia en 2011, cuyo objetivo era derrocar a Muamar el Gadafi y que provocó la muerte de 50 mil libios, marcó el inicio de este nuevo enfoque. Aunque los estadistas estadounidenses siguieron utilizando el discurso de la democracia y el humanitarismo, sus sueños de una transformación política generalizada dieron paso a un repertorio de política exterior más limitado: estabilización, lucha contra el terrorismo, gestión de alianzas y protección de los corredores energéticos. Trump ha continuado en esta línea, al tiempo que ha abandonado en gran medida el lenguaje de la democracia y el orden basado en normas que en su día fue la gramática moral del poder estadounidense.

   Uno de los pilares de este giro posterior a 2008 fue la expansión de la guerra financiera y comercial como sustituto de las intervenciones terrestres. Las sanciones ya no son una herramienta política marginal, sino un instrumento central para reorganizar un Estado objetivo. Su objetivo es sistémico más que táctico: restringir el acceso a las finanzas, las redes de aprovisionamiento, los mercados de seguros, las rutas marítimas y los sistemas de liquidación, obligando así a terceros a elegir entre la participación en el orden centrado en Estados Unidos y los vínculos comerciales con el país sancionado.

   Las sanciones económicas fueron una de las principales armas de la Administración Obama, que Trump complementó posteriormente con aranceles: un instrumento contundente para generalizar las fricciones económicas, elevar los costes de transacción y disciplinar las cadenas de suministro, que a menudo opera junto con controles a la exportación, filtrado de inversiones y restricciones financieras. Esta combinación de sanciones y aranceles ha reforzado la infraestructura de la coacción económica, ampliando las palancas que Washington puede utilizar para castigar, disuadir u obligar a adoptar determinadas formas de comportamiento político.

   Otro pilar es el traspaso de la responsabilidad de la coacción externa a los Estados aliados: animándolos a absorber mayores costes en primera línea mientras Estados Unidos proporciona el paraguas de escalada, la inteligencia, la logística y las capacidades de alto nivel. La Otan ofrece el ejemplo más claro. El giro estratégico de Estados Unidos ha ido acompañado de una presión sostenida sobre los socios europeos para que aumenten el gasto en defensa como porcentaje del PIB, lo cual no es tanto una exigencia aislada como una señal estructural de que los compromisos estadounidenses se han convertido en algo condicionado a que los aliados asuman una mayor parte de la carga. En este sentido, también hay más continuidad que ruptura entre Obama y Trump, aunque este último tienda a expresar la misma lógica en términos más ásperos.

   Sin embargo, esta reorientación va más allá de Europa. En todo el mundo, Washington busca preservar su dominio estratégico al tiempo que redistribuye las responsabilidades operativas hacia fuera y hacia abajo, lo que le permite ejercer libremente la coacción sin verse envuelto en campañas de duración indefinida para garantizar la estabilización. «Liderar desde atrás» se convierte así en una necesidad operativa. En Oriente Medio, Estados Unidos ha pasado la última década animando a los aliados regionales a vigilar su propio vecindario de una manera que promueva los intereses estadounidenses. Esto fue especialmente evidente tras la Primavera Árabe, cuando el bloque del Golfo liderado por Arabia Saudí ayudó a reprimir o neutralizar los levantamientos populares y a forjar un orden regional alineado con las prioridades tanto del Golfo como de Estados Unidos. La redistribución de responsabilidades también amplió el margen de maniobra de Israel, ya que el respaldo estadounidense a la agresión israelí, especialmente desde el 7 de octubre, se ha mantenido en líneas generales constante a lo largo de las administraciones de Biden y Trump.

   La «gestión de regímenes» se presenta así como una solución atractiva a un dilema estratégico recurrente, en el que Washington considera que ya no puede asegurar los resultados deseados —el cumplimiento, la realineación o la neutralización de regímenes hostiles— mediante guerras a gran escala para el cambio de régimen. Este modelo se ha utilizado en Venezuela y en otros lugares para crear una situación política más favorable dentro de un Estado objetivo, al tiempo que se preserva su maquinaria administrativa existente. El protocolo estándar consiste en eliminar a la cúpula, mantener intacta la burocracia y, a continuación, aplicar un alivio de las sanciones, un mayor acceso a los activos y los mercados, y el reconocimiento diplomático para disciplinar a la élite sucesora y llevarla a un acuerdo.

   El Estado dentro del Estado

   Las características distintivas de la economía política de Irán plantean un problema fundamental para esta estrategia. Desde que asumió el cargo en 1989, Alí Jamenei ha institucionalizado sistemáticamente la Oficina del Líder Supremo. Jamenei siempre careció del carisma de su predecesor, el ayatolá Jomeini, y su prestigio clerical fue más cuestionado desde el principio. Su respuesta a este déficit de legitimidad fue transformar la Oficina en la cima del poder del régimen: un denso complejo burocrático con capacidades paralelas en las esferas de la administración, la política, las finanzas, las comunicaciones, la seguridad, la cultura y los seminarios. Lo que antes era una modesta secretaría de coordinación de unos veinte empleados se convirtió, bajo el mandato de Jamenei, en algo mucho más amplio: un Estado dentro del Estado, un aparato en la sombra compuesto por miles de personas con un amplio alcance extralegal y la capacidad de anular o marginar a los poderes electos. El objetivo de esta institucionalización era garantizar que el sistema pudiera funcionar sin depender de la autoridad personal del Líder Supremo como único hombre fuerte.

   Esta expansión institucional tuvo lugar junto con una reestructuración más profunda del bloque gobernante a partir de principios de la década de 1990, que culminó con el auge del complejo militar-bonyad: la actual coalición de la clase dirigente iraní. Al nombrar a figuras clave para instituciones no elegidas y al supervisar el aparato coercitivo del Estado, las fundaciones clave y los sectores económicos estratégicos, la Oficina del Líder Supremo funciona cada vez más como la expresión institucional de los intereses de esta coalición. En otras palabras, la cúspide del régimen no es meramente una persona, sino un nexo de gobierno que reproduce una configuración particular del poder.

   Este bloque comenzó a tomar forma a través de las luchas intraelitistas que siguieron al giro hacia la neoliberalización a principios de la década de 1990. Bajo las presidencias de Rafsanjani y Jatamí (1989-2005), una corriente tecnocrática de orientación occidental ganó protagonismo en Irán, promoviendo la privatización, la desregulación y la reintegración en los mercados globales como vía para la reconstrucción de la posguerra. Esas políticas dieron lugar a un panorama de empresas semipúblicas; el poder y la riqueza fluyeron cada vez más hacia entidades como filiales bancarias, fondos de pensiones y organizaciones cuasi gubernamentales que, aunque oficialmente eran privadas, tenían fuertes vínculos con los ministerios estatales y las élites políticas. En este contexto, una nueva capa de burócratas con orientación comercial y gestores con conexiones políticas ganó mayor influencia. Promovieron una política exterior basada en la distensión con Europa y, finalmente, con Estados Unidos, con la esperanza de asegurar entradas de capital, transferencias de tecnología y acceso a los mercados globales.

   Sin embargo, este proyecto fue siempre profundamente inestable. La elección de Mahmud Ahmadineyad como presidente en 2005 marcó el ascenso de un modo diferente de formación del Estado neoliberal. Ahmadineyad llevó a cabo una transferencia a gran escala de activos estatales a redes vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a las principales fundaciones revolucionarias, entre ellas la Fundación Mostazafan, la Fundación para la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini (Setad) y la Fundación del Santuario del Imán Reza. De este modo, se transformaron en conglomerados en expansión que combinaban la actividad con ánimo de lucro con la retórica del desarrollo nacional y las misiones benéficas. Mientras la privatización continuaba a buen ritmo, sus beneficiarios estaban ahora cada vez más integrados en el Estado de seguridad.

   A finales de la década de 2000, este proceso de reestructuración de la élite había dado lugar a una nueva facción dominante de la clase dirigente. Representado políticamente por el movimiento de los Principistas, el nuevo complejo militar-bonyad se basaba en la lealtad absoluta al Líder Supremo, una nueva orientación estratégica hacia China y Rusia, y la resistencia a la integración con el capital occidental.

   Esta coalición llegó a funcionar no solo como un bloque económico, sino como toda la arquitectura de gobierno de Irán. Sus instituciones —la Oficina del Líder Supremo, el IRGC y los organismos de seguridad asociados, las principales fundaciones revolucionarias, el poder judicial y el Consejo de Guardianes— están todas aisladas de la rendición de cuentas electoral. Su liderazgo se reproduce a través de cadenas de nombramientos bajo la autoridad última del Líder Supremo, mientras que la autoridad supervisora del Consejo de Guardianes abarca tanto la legislación como la elegibilidad de los candidatos para instituciones electas como la presidencia y el parlamento. El poder dentro de este sistema se basa en la fusión de la capacidad coercitiva con el control económico, incluyendo el acceso preferencial a los recursos estatales, mecanismos de transferencia opacos, monopolios de contratación y canales para eludir las sanciones. En esas circunstancias, las presiones externas, lejos de debilitar este bloque a menudo han reforzado su dominio.

   Ejércitos paralelos

   Irán no tiene un único ejército cuyos miembros puedan desertar. Su arquitectura coercitiva es mucho más compleja: un sistema estratificado de fuerzas paralelas, órganos de inteligencia superpuestos y estructuras de mando diferenciadas, diseñado para proteger al régimen tanto de los ataques externos como de las luchas internas por el poder. La estrategia estadounidense de intentar eliminar la cúspide y reorientar la burocracia es, por lo tanto, inaplicable. Junto al ejército regular (artesh), el IRGC tiene la tarea no solo de la defensa territorial, sino también de salvaguardar el propio orden político, a través de las capacidades disuasorias fundamentales del régimen (misiles, drones, elementos clave de la defensa estratégica del espacio aéreo). El desarrollo de este sistema de fuerzas armadas duales fue un intento deliberado de blindar el Estado contra los golpes de Estado. El paralelismo institucional puede crear redundancia, pero también genera restricciones mutuas: ninguna estructura de mando tiene por sí sola la autoridad para hacer que el aparato coercitivo pase de la lealtad a la deserción.

   Sin embargo, ni siquiera el IRGC es un actor unificado, sino una federación de centros de poder semiautónomos, entre los que se incluyen la Fuerza Aeroespacial, las Fuerzas Terrestres, la Armada, la Fuerza Quds, los Basij y múltiples unidades de inteligencia y seguridad, cada una con su propio mandato operativo, jerarquía interna e intereses institucionales. Esta fragmentación eleva los costes de transacción de una deserción coordinada. Cuando se produce un conflicto entre tiende a adoptar la forma de negociaciones de alto nivel, regateos, redistribución de poderes institucionales y reordenación de prioridades internas, más que de una ruptura organizativa. La Guardia tiene complejos lazos de lealtad vertical y mecanismos de coordinación horizontal que hacen extremadamente arriesgado para cualquiera de sus fuerzas internas desafiar la estructura de poder o actuar de forma unilateral.

   El aparato de seguridad de Irán también opera mediante la duplicación y el solapamiento de competencias. La Organización de Inteligencia del IRGC funciona junto al Ministerio de Inteligencia, mientras que otros organismos afiliados a la Guardia supervisan la vigilancia interna y la labor de contrainteligencia. Fundamentalmente, el nombramiento y la supervisión de las figuras de liderazgo pasan por la Oficina del Líder Supremo. Lo que podría parecer una burocracia desordenada es, por lo tanto, una técnica deliberada de gobernanza. El solapamiento institucional ayuda a garantizar la vigilancia de los vigilantes: minimizando la coordinación conspirativa, aumentando la probabilidad de detección y desalentando la acción colectiva fuera de los canales autorizados.

   A nivel operativo, los mecanismos de mando y control de Irán son igualmente capaces de frustrar los objetivos de Washington. Los métodos de coordinación entre las fuerzas ayudan a garantizar la continuidad cuando la estructura es objeto de un ataque, mediante nodos de mando dispersos y la preservación de la capacidad de represalia. Incluso si el enemigo logra decapitar o debilitar el aparato, esto no garantiza en modo alguno el colapso organizativo. El sistema está construido de tal manera que ninguno de sus nodos individuales tiene la autoridad para entregar el conjunto, lo que lo hace particularmente resistente a los golpes.

   Estas características estructurales, a su vez, determinan los incentivos de la élite en condiciones de conflicto. Cuando las presiones externas se intensifican, los actores políticos iraníes se inclinan naturalmente a proteger la coalición gobernante —y el sistema que garantiza su autoridad, riqueza y seguridad— en lugar de desertar de ella. Los desacuerdos internos tienden a resolverse mediante negociaciones sucesorias y acuerdos, en lugar de la capitulación de un solo bloque ante las exigencias de EE. UU. La paradoja, pues, es que cuanto más intenta la Administración Trump remodelar la estructura de poder iraní, más cohesionada se vuelve esta. La supervivencia se convierte en su principio organizativo. Su aparato coercitivo —no una jerarquía militar convencional, sino una arquitectura de protección del régimen construida precisamente para desviar este tipo de amenazas— hace que cualquier repetición del escenario venezolano sea extremadamente improbable.

   Costos de exportación

   Irán difiere de Venezuela en otro aspecto decisivo. La doctrina de disuasión del país se ha basado durante mucho tiempo en la premisa de que cualquier confrontación importante no se limitará al territorio iraní. Esto no significa que Teherán sea lo suficientemente poderoso como para dictar el curso de la escalada. Sin embargo, las capacidades estratégicas de la República Islámica le otorgan la capacidad de imponer costes dispersos y persistentes en todo el Golfo y el Levante.

   Esta capacidad es el resultado acumulativo de más de dos décadas de proyección de poder regional, que se remonta a 2003. La invasión estadounidense de Irak rompió el equilibrio regional y creó oportunidades para que Irán expandiera su influencia a través de partidos, milicias y redes armadas afines. Con el tiempo, estas relaciones se fusionaron en lo que comúnmente se conoce como el Eje de la Resistencia: una coalición flexible pero adaptable de actores estatales y no estatales capaz de activar múltiples frentes y complicar la planificación operativa de los adversarios.

   Desde 2023, esta red ha estado sometida a una presión sostenida. Las operaciones israelíes contra las fuerzas alineadas con Irán en toda la región, combinadas con el colapso del gobierno de Assad en Siria, han degradado partes del eje y disminuido su profundidad logística. Sin embargo, no ha sido eliminado por completo. Su infraestructura de alianzas, grupos armados y vínculos políticos sigue parcialmente en pie, lo que significa que las perspectivas de Irán no dependen de una única confrontación decisiva. En cambio, puede ejercer presión en múltiples frentes.

   Las fuerzas de misiles y drones constituyen el segundo pilar de esta estrategia. La postura de disuasión de Irán se ha construido en torno a capacidades de ataque a distancia: la capacidad de alcanzar bases estadounidenses en todo el Golfo y la región en general, de amenazar a Israel y de poner en riesgo la infraestructura aliada sin tener que igualar el poder aéreo occidental plataforma por plataforma. En la doctrina iraní, estos sistemas no son activos auxiliares, sino instrumentos compensatorios diseñados para contrarrestar la inferioridad convencional e imponer costes a cualquier adversario que contemple operaciones aéreas sostenidas. Esto tiene implicaciones directas para el modelo venezolano, ya que socava la suposición de que la escalada puede contenerse limpiamente. Una campaña destinada a decapitar al liderazgo y degradar el aparato coercitivo desde el aire puede, por el contrario, activar la lógica de represalia que pretende evitar: ataques regionales calibrados, movilización de redes de socios y un teatro de operaciones en expansión en el que la capacidad de dirección política del coercidor se erosiona más rápidamente que su capacidad para destruir objetivos.

   Una tercera palanca es geoeconómica, centrada en la capacidad de larga data de Teherán para amenazar con la interrupción del mercado energético mundial a través de los cuellos de botella marítimos. El estrecho de Ormuz ocupa aquí una posición fundamental. Como estrecho paso que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, sirve como principal salida marítima para los exportadores de petróleo del Golfo y como conducto para una parte significativa de los flujos energéticos mundiales. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., en 2024 atravesaron el estrecho aproximadamente veinte millones de barriles de petróleo al día, alrededor de una quinta parte del consumo mundial de hidrocarburos. Esto convierte a Ormuz en el punto de estrangulamiento de tránsito petrolero más importante del mundo. Incluso una interrupción parcial puede hacer subir los precios, poner a prueba los mercados de seguros y transporte marítimo, y transmitir presiones inflacionistas a Asia y Europa. Estas externalidades económicas más amplias otorgan a Irán el tipo de influencia sistémica de la que carecía Venezuela.

   Disputa prolongada

   Aunque estos instrumentos no garantizan el éxito estratégico de Teherán, le brindan múltiples vías para elevar el coste de la coacción y ampliar el círculo de actores afectados por sus repercusiones. La República Islámica no es Venezuela. Es un sistema institucionalizado construido para absorber las perturbaciones, gestionar la sucesión y resistir la presión externa. La decapitación no disuelve esta arquitectura; la activa.

   Para Washington, el atractivo de la técnica de «gestión del régimen» es obvio, ya que promete una transformación política sin las cargas que conlleva la construcción del Estado. Sin embargo, las mismas condiciones que la hacen atractiva también la hacen frágil. La coalición gobernante de Irán, su estructura de seguridad y su capacidad para exportar los costes garantizan que Estados Unidos tendrá dificultades para contener la escalada o determinar sus consecuencias políticas. El intento de Washington de lograr una transición controlada puede, por lo tanto, convertirse en algo completamente distinto: una contienda prolongada que genere una inestabilidad creciente en lugar de un rápido acatamiento. La elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo subraya este punto: el sistema aún no se ha roto; se ha reproducido a sí mismo.

8. La apuesta de Hezbolá

   10:39 am Comentarios desactivados en La apuesta de Hezbolá

   Mientras Estados Unidos e Israel lanzaban su asalto criminal contra Irán, muchos en la región esperaban ver cómo respondería Hezbolá. Tras su devastador enfrentamiento con Israel en 2024, las capacidades del partido libanés se habían visto considerablemente mermadas y gran parte de su antigua dirigencia había muerto. El Partido había firmado un acuerdo de alto el fuego profundamente desigual, mediado por Estados Unidos, en el que se comprometía a retirarse al norte del río Litani y abandonar sus bases en el sur, mientras Israel continuaba ocupando partes del Líbano y llevando a cabo ataques constantes. Cuando comenzaron a caer las bombas sobre Teherán, algunos dudaban de si Hezbolá sería capaz o estaría dispuesto a volver a enfrentarse al enemigo.

   Sin embargo, Hezbolá también había pasado el último año rearmándose y reorganizando sus estructuras de mando bajo la premisa de que una confrontación de este tipo era probablemente inevitable, y de que necesitaba reposicionarse en el cambiante panorama de Oriente Medio. El 2 de marzo, dos días después del inicio de la guerra, Hezbolá abrió fuego contra Israel con una andanada de misiles. Israel respondió emitiendo avisos de evacuación para todo el sur del Líbano, así como para los suburbios del sur de Beirut. Un número sin precedentes de 600 mil residentes abandonó la zona, mientras otros quedaron atrapados en el área marcada para la destrucción. Los posteriores bombardeos israelíes devastaron la infraestructura civil, causando casi 500 muertes e hiriendo a más de 1.300 personas. En este punto, no está claro cuándo terminará la guerra, en medio de señales contradictorias desde Washington. Sin embargo, sea cual sea el calendario, el retorno de las hostilidades en el Líbano podría tener implicaciones a largo plazo tanto para Hezbolá como para Israel. ¿Qué espera ganar cada bando?

   Hay razones para especular que la entrada de Hezbolá en el conflicto fue preventiva. En los días previos, Israel había movilizado a unos 100 mil reservistas, con una fuerte concentración en su frontera norte con el Líbano. Según un cable filtrado de la embajada estadounidense fechado en la víspera de la guerra, Israel dudaba de que el gobierno libanés cumpliría su promesa de desarmar a Hezbolá, lo que implicaría, quizá, que Israel tendría que tomar el asunto en sus propias manos. Un informe del Canal 12 de Israel afirmaba que un ataque contra el Líbano ya había sido aprobado antes de que Hezbolá actuara.

   Sin embargo, independientemente de si Israel planeaba desde el inicio expandir la guerra al Líbano, su cálculo es bastante claro: considera el debilitamiento de Irán como un medio para eliminar a sus rivales regionales —empezando por Hezbolá y luego, casi con toda seguridad, siguiendo con Ansarullah en Yemen— y así consolidar su posición como líder indiscutido de Oriente Medio. Al hacerlo, también podría expandir su territorio hacia el Líbano, Siria y Gaza, con el fin de compensar su relativa falta de profundidad estratégica. Por su parte, Hezbolá probablemente ve en la respuesta firme de Irán a la agresión —luchando con uñas y dientes para preservar su soberanía— la creación de una posibilidad, por pequeña que sea, de restablecer su posición en el sur del Líbano y expulsar a los israelíes. Si el alto al fuego de 2024 corría el riesgo de convertir a Hezbolá en una fuerza marginal y domesticada, ahora podría percibir una oportunidad para revertir esa situación.

   Además, Hezbolá podría estar aprovechando una oportunidad para ejercer presión sobre el frente norte de Israel, mientras los misiles balísticos iraníes tensan los sistemas de defensa aérea en toda la región y la mayor parte de la fuerza aérea y los servicios de inteligencia israelíes concentran su atención en Irán. Según informes, los ataques con misiles de Hezbolá han causado algunos daños en el centro de Israel y en los asentamientos del norte. El partido afirmó haber destruido un centro de comunicaciones satelitales, y sus ataques coordinados con Irán sugieren una estrecha coordinación entre su ala militar y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) en el inglés original—. La ofensiva también evidencia un cambio estratégico, con Hezbolá volviendo a las tácticas de guerra de guerrillas que utilizó en la década de 1990: funcionarios militares israelíes informan que Hezbolá ha desplegado pequeñas unidades que atacan a sus fuerzas antes de desaparecer rápidamente.

   El gobierno libanés de Nawaf Salam, llevado al poder bajo un mandato estadounidense para desarmar a Hezbolá, respondió al intercambio de fuego prohibiendo de manera absoluta las actividades militares del partido. Salam condenó los ataques de Irán contra los países del Golfo y llamó a negociar con los israelíes, afirmando que discutiría “cualquier agenda” en “cualquier formato” y en “cualquier escenario”. Naturalmente, las solicitudes de Salam fueron rechazadas y, según informes, la administración Trump se negó a atender sus llamadas. Sin embargo, aunque Hezbolá ha frustrado hasta ahora los intentos del gobierno de contenerlo, todavía debe enfrentarse a la opinión pública libanesa, que se opone firmemente a la decisión de volver a la guerra. Muchos consideran que Hezbolá ha sumido a su ya frágil país en otro conflicto desafortunado, ya sea a instancias del IRGC o para recuperar el control sobre territorios ocupados en el sur – territorios que algunos de sus opositores políticos podrían estar cada vez más dispuestos a abandonar si eso evita una mayor escalada.

   Adicionalmente, existen riesgos de que las tensiones internas generen conflictos sectarios en el Líbano. Con más de medio millón de chiíes desplazados en todo el país, los informes de agitación sectaria son cada vez más frecuentes. Las divisiones geográficas del país se han ampliado, ya que los habitantes del sur, que sufren bombardeos constantes por parte de Israel, sienten que el gobierno en Beirut no ha hecho nada para protegerlos. Muchos de los simpatizantes de Hezbolá, que aún no se han recuperado de la ronda anterior de combates en la que murieron más de 4.000 personas, no están a favor de este conflicto renovado. Sin embargo, dado que el partido sigue siendo la única fuerza que potencialmente podría disuadir a Israel de anexar gran parte de su territorio, ha logrado conservar una legitimidad duradera, independientemente de las críticas que pueda tener su base social.

   A pesar de lo que afirman los opositores de Hezbolá tanto en el Líbano como en Occidente, el partido no se considera a sí mismo una extensión del IRGC ni un peón de la política exterior iraní; es un actor regional con una visión estratégica y una perspectiva política propias. Sin embargo, sería erróneo concluir a partir de esto que Hezbolá no es un elemento esencial de la defensa avanzada de Irán. La alianza entre Irán y Hezbolá es inevitablemente asimétrica, pues la relación entre ambos está necesariamente mediada por la lógica de los intereses de seguridad nacional de Teherán. Esto sigue siendo así independientemente de las relaciones individuales entre ambas partes y de sus disposiciones ideológicas. Hezbolá, plenamente consciente de este desequilibrio de poder, debe sopesar cuidadosamente sus propios intereses frente a los de Irán; sus acciones desde el 2 de marzo reflejan esta compleja relación. En ese sentido, deben entenderse no solamente como un intento de defender a Irán, sino también como una gran apuesta, posiblemente incluso existencial: un intento de recuperar el legado del partido tras la derrota de 2024, junto con los territorios ocupados por Israel.

   Adicionalmente, Hezbolá está tratando de reposicionarse en el emergente orden geopolítico de la región, cuyos contornos precisos siguen siendo inciertos. Tras haber hecho una apuesta de altísimo riesgo por la capacidad de Irán de disuadir con éxito a Estados Unidos e Israel, Hezbolá demostrará su valor como socio de seguridad si la República Islámica logra preservar su soberanía al final de la guerra. Sin embargo, si esta estrategia fracasa —ya sea porque el gobierno iraní cae o porque firma un acuerdo de alto al fuego desfavorable, que parece ser la resolución que Trump desea ahora— Hezbolá podría quedar nuevamente aislado. En ese caso, el partido podría verse obligado a enfrentarse al ejército israelí cuando este deje de centrarse en Irán y dirija toda su furia únicamente contra el Líbano. No se puede prever cuán desastroso podría ser este resultado.

9. Crisis de Plausibilidad

   marzo 11, 2026 8:14 pm Comentarios desactivados en Crisis de Plausibilidad

   Chile dio un giro oscuro en las elecciones generales de 2025. El candidato de extrema derecha José Antonio Kast ganó la presidencia con el 58 por ciento de los votos, superando a su rival comunista Jeannete Jara en la segunda vuelta por un margen significativo, mientras que su alianza electoral Cambio Por Chile aumentó su representación en la Cámara de Diputados. Con una de las tasas de participación más altas en décadas, gracias a un nuevo sistema de voto obligatorio, más de 7 millones de personas votaron a favor del optimista programa de «ley y orden» de Kast, que aboga por una represión de la delincuencia, los sindicatos y la migración, el retorno a los principios del libre mercado y la derogación de las políticas sociales progresistas. Su toma de posesión marca el fin de una breve apertura política para la izquierda del país, que impulsó a Gabriel Boric al poder en 2022 tras una ola de protestas generalizadas que desafiaron el orden constitucional chileno. Las esperanzas de desmantelar las estructuras neoliberales heredadas de la dictadura de Pinochet parecen ahora enterradas en un futuro previsible.

   Se han ofrecido diversas explicaciones para este cambio de rumbo. El resultado de las elecciones se ha descrito como una reafirmación del conservadurismo innato del pueblo chileno, una expresión del sentimiento anti-gobierno, un síntoma de la creciente preocupación por la delincuencia o un reflejo de las tendencias regionales más amplias. Sin embargo, estas interpretaciones suelen pasar por alto lo que distingue a la coyuntura chilena. No se ha producido una conversión masiva y repentina hacia la derecha. Más bien, el modelo económico existente en el país, fundado tras la dictadura, se ha visto afectado por lo que podría denominarse una «crisis de plausibilidad».

   Este modelo se basaba no solo en la promesa de crecimiento, sino también en una mayor integración nacional. Se suponía que la estabilidad macroeconómica se traduciría en mejores condiciones de vida para la mayoría. Chile combinó una rápida expansión con una reducción significativa de la pobreza y un aumento de los salarios reales. El modelo funcionó lo suficiente, durante el tiempo suficiente, para crear un consenso sobre cómo se vería el progreso.

   Sin embargo, incluso en su fase más exitosa, el acuerdo de integración posterior a 1990 contenía un desplazamiento. La promesa de movilidad se basaba en una combinación de gasto social específico, disciplina macroeconómica y ampliación del acceso a servicios organizados de forma privada y semiprivada. Esta integración basada en el acceso se convirtió en un sustituto de los derechos, financiada a través de los balances familiares, los mercados de crédito y un sistema mixto de prestación pública y privada. El conflicto distributivo se convirtió en un proyecto a largo plazo. Los gobiernos pueden pedir paciencia, porque se espera que los beneficios lleguen más adelante.

   Si bien esta idea pudo tener sentido en la década de 1990, desde el cambio de milenio parece cada vez más descabellada. El sistema educativo, como herramienta de movilidad social, no cumplió sus promesas. Los procesos constitucionales para reformular la Constitución de 1991 funcionaron temporalmente para hacer comprensibles las reformas graduales como pasos hacia un acuerdo más amplio. Pero una vez que ese horizonte se cerró con las derrotas en los plebiscitos de 2022 y 2023, la lenta reforma comenzó a parecer menos un progreso y más una deriva.

   El cambio decisivo no es que la redistribución haya dejado de ser importante, sino que la política parece incapaz de generar un futuro. En ese contexto, la experiencia de gobierno de Gabriel Boric se entiende como un problema de sincronización bajo restricciones. En medio del estancamiento, el endeudamiento y el cansancio institucional, la política de «seguridad» de la derecha logró ganar terreno. Para comprender cómo se desarrolló este proceso y cómo la izquierda podría reorientarse bajo el próximo gobierno de Kast, debemos echar la vista atrás a la trayectoria de Chile tras Pinochet.

   El pacto

   Chile salió de la era de la dictadura en 1990 con una economía muy liberalizada que debía mucho a la Escuela de Chicago. La transición democrática del país combinó una disciplina macroeconómica continuada con un aumento del gasto social. Esto dio lugar a un peculiar acuerdo de desarrollo. En lugar de volver a la sustitución de importaciones o a una estrategia industrial dirigida por el Estado, las élites buscaron la «estabilidad» mediante la preservación de partes clave del orden económico de Pinochet, además de una mayor inclusión social a través de una redistribución selectiva y programas sociales.

   A medida que los indicadores comenzaron a mejorar durante la década siguiente, este pacto fue aceptado por amplios sectores de la población. Entre 1990 y 1998, el crecimiento real del PIB de Chile fue de un 7,3 por ciento anual, mientras que el PIB real per cápita aumentó una media del 5,6 por ciento anual y los salarios reales crecieron cerca de un 4 por ciento anual a lo largo de la década. La pobreza se redujo drásticamente, del 38,6 por ciento al 21,7 por ciento, mientras que la pobreza extrema cayó del 12,9 por ciento al 5,6 por ciento. Aunque estos avances no eliminaron la desigualdad ni crearon una economía de altos salarios para la mayoría de los chilenos, hicieron que el objetivo de la integración pareciera alcanzable. Parecía que el crecimiento, la estabilidad y la redistribución gradual podían darse simultáneamente.

   Las implicaciones políticas fueron significativas, ya que las instituciones del país comenzaron a ejercer una autoridad real y los hogares comunes y corrientes consideraron que las dificultades que estaban atravesando eran una situación temporal y no una condición estructural.
   Sin embargo, el acuerdo posterior a 1990 desplazó la promesa de movilidad hacia un canal institucional específico. A medida que el aumento de la productividad y la convergencia salarial seguían siendo desiguales, los hogares comenzaron a considerar la movilidad no como una certeza del mercado laboral, sino como un proyecto educativo. Se necesitaban credenciales para hacer realidad la perspectiva de progreso. La «masificación» de la educación superior se aceleró rápidamente durante este período. Los análisis oficiales muestran que la matriculación neta entre las personas de 18 a 24 años aumentó del 13 por ciento en 1990 al 27,5 por ciento en 2006, y luego al 30,8 por ciento en 2009.

   Este aumento tuvo una doble función. Simbólicamente, representaba la inclusión, la dignidad y la promesa de una identidad profesional para la nueva generación de chilenos. Institucionalmente, funcionaba como un mecanismo de integración sustitutivo, en una sociedad en la que los derechos universales en materia de salud, pensiones, vivienda y asistencia seguían siendo limitados o segmentados. Existía una sensación cada vez mayor de que el esfuerzo educativo podía compensar las desigualdades estructurales. Así, todo el acuerdo político se basó en los beneficios de la educación.

   Este era un punto de gran vulnerabilidad. Cuando la movilidad social depende de las credenciales educativas, estas se convierten naturalmente en objeto de un intenso escrutinio. Si la calidad de la oferta resulta desigual, si la absorción del mercado laboral está segmentada o si pagar la educación significa endeudarse en exceso, la situación puede volverse políticamente explosiva. En otras palabras, la educación solo puede desempeñar un papel estabilizador si sus costos no se consideran punitivos.

   Fue el régimen de créditos estudiantiles de Chile el que encendió esta mecha. Creado en 2005, el Crédito con Aval del Estado (CAE) institucionalizó el acceso financiado con deuda como un pilar fundamental de la expansión. Integró la expansión de la educación superior en los circuitos financieros y redefinió el significado social del acceso, que ya no era solo una cuestión de admisión y matrícula, sino una obligación a largo plazo. Se estableció un vínculo directo entre las condiciones macroeconómicas, los balances de los hogares y la legitimidad política. A finales de 2021, una caracterización oficial de la población deudora del CAE informó de que más de un millón de estudiantes se habían acogido al plan de crédito y que la morosidad había aumentado de forma persistente desde 2015, alcanzando el 48 por ciento a finales de 2021. El mismo informe muestra que la morosidad era de alrededor del 77 por ciento entre los que no completaron sus estudios.

   La apertura de la educación superior chilena, por lo tanto, no fue una simple historia de ampliación de oportunidades, sino más bien una compleja red de provisión mercantilizada y arquitectura financiera que trasladó el riesgo a los hogares. Esto creó las condiciones para una política de decepción, en la que las expectativas no cumplidas dieron lugar al resentimiento popular. Aunque este último se evitó mientras la economía siguió creciendo, acabó saliendo a la luz cuando el ciclo expansionista se ralentizó y el sueño de la integración comenzó a desmoronarse.

   Estudiantes en revuelta

   Esta desaceleración produjo una serie de convulsiones políticas, en 2006, 2011 y 2019, cada una de las cuales expresó la misma tensión subyacente: el acceso a la educación se estaba expandiendo más rápidamente que la capacidad para garantizar una calidad decente y asegurar los resultados deseados. En una sociedad aún organizada en torno a la oferta privatizada y el crédito, el sistema se mostró incapaz de cumplir sus promesas. Con la experiencia vivida de la movilidad social ahora mediada por los problemas de las matrículas y la deuda estudiantil, el conflicto distributivo se centró en el sector educativo.

   En 2006, los estudiantes de secundaria lanzaron la llamada «Revolución Pingüino». Lo que comenzó como una serie de demandas concretas sobre cuestiones como el coste del transporte y las tasas de examen, pronto se convirtió en una crítica global de la desigualdad educativa. El movimiento volvió a situar el debate sobre la educación en la agenda nacional y puso de manifiesto las disparidades del sistema. En 2011, la atención se centró en la educación superior. Durante los dos años siguientes, las federaciones universitarias y otros actores sociales más amplios participaron en movilizaciones que apuntaban directamente a los intereses del mercado en la educación, como la provisión con fines lucrativos y la financiación de la deuda. El movimiento logró vincular los balances financieros de las familias a cuestiones más amplias de legitimidad política.

   Esas dos oleadas cambiaron la base política para la siguiente década, legitimando un vocabulario de derechos sociales y aumentando las expectativas sobre el ritmo al que la política institucional debería traducirse en mejoras materiales. Esta nueva perspectiva asertiva alimentó el levantamiento social de 2019, que se desencadenó inicialmente por una subida de las tarifas del transporte público y pronto se transformó en una lucha masiva contra la desigualdad, la deuda y el alto coste de la vida. Cuando los manifestantes pidieron una reforma de la educación, la sanidad y las pensiones, exigiendo que sirvieran al público en lugar de a los especuladores, el Estado se sumió en una crisis.

   La única forma de calmar la situación era iniciar un proceso constitucional que se había negociado en el Congreso. El detonante político fue el Acuerdo para la Paz Social y una Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, en el que los partidos se comprometieron a una salida institucional mediante un plebiscito con dos preguntas. Se preguntaría a los votantes si querían una nueva constitución y qué órgano debía redactarla. En diciembre de 2019, esa hoja de ruta se formalizó mediante una enmienda constitucional, la Ley 21.200. En ella se establecían las normas de funcionamiento del órgano constituyente y se fijaba la secuencia de etapas. El plebiscito, pospuesto debido a la pandemia, se celebró finalmente el 25 de octubre de 2020. La participación fue alta para los estándares de la era del voto voluntario, con un 50,9 por ciento. Ese día, la opción «Aprobado» obtuvo el 78,27 por ciento de los votos. El mecanismo de la Convención Constitucional también se impuso de manera decisiva, con el 78,99 por ciento de los votos.
   Políticamente, el resultado funcionó como un mandato sustitutivo con una legitimidad cuantitativa abrumadora.

   No se trataba simplemente de cambiar un texto. Se abrió una vía para reordenar el contrato social en condiciones democráticas, con un horizonte explícito de mayor igualdad. Esa expectativa se vio reforzada por el diseño institucional del propio órgano. En la elección de los miembros de la convención, celebrada los días 15 y 16 de mayo de 2021, se eligieron 155 representantes. Se aplicó la paridad de género. Se incluyeron 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. También hubo una presencia inusualmente fuerte de listas independientes. El mensaje del mecanismo tenía dos caras. Por un lado, pretendía ampliar la base sociopolítica del proceso. Por otro lado, señalaba que el nuevo pacto no sería un acuerdo de élites, sino una producción institucional capaz de absorber las presiones y demandas de las bases.

   La Convención se instaló el 4 de julio de 2021 y se abrió una intensa fase de organización y redacción. Se eligió una mesa directiva, se definieron las comisiones, se aprobaron las normas de procedimiento, se establecieron los métodos de trabajo y se fijó un calendario de deliberaciones. Desde el principio, su arquitectura combinó las aspiraciones participativas con exigentes restricciones de procedimiento.1 Entre las características más destacadas se encuentra la Ley 21.200, que estableció que las disposiciones constitucionales y las normas de votación debían ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros en ejercicio. La Convención tampoco podía modificar esos quórumes ni los procedimientos para la adopción de acuerdos. Este umbral elevado se diseñó como garantía de la amplitud multipartidista. También introdujo una tensión persistente entre la transformación y la capacidad práctica para cerrar acuerdos. Al mismo tiempo, el proceso buscaba mantener la legitimidad mediante mecanismos de participación destinados a dar importancia a la opinión de los ciudadanos. Las normas de participación pública, aprobadas por el Pleno en octubre de 2021, crearon una estructura interna con una comisión política y una secretaría técnica. También se implementaron una plataforma digital y un registro público para canalizar las propuestas. Uno de los instrumentos más visibles fue la Iniciativa Popular de Norma. Cualquier persona o grupo podía proponer disposiciones a nivel constitucional. Si una propuesta alcanzaba 15 000 firmas de al menos cuatro regiones, adquiría un estatus comparable al de una propuesta presentada por los miembros de la convención y debía ser debatida y votada. También se contemplaron las reuniones autoconvocadas, que eran espacios deliberativos organizados desde dentro de la sociedad. Se incluyó también la idea de un plebiscito dirimente, como forma de desbloquear las disposiciones que no alcanzaban los dos tercios pero sí los tres quintos en una segunda votación, aunque su viabilidad dependía de ajustes institucionales adicionales. La promesa era combinar la representación electoral con una participación efectiva, aportaciones trazables y alcance territorial. De ese modo, el texto final podría presentarse como la síntesis de una deliberación pública ampliada.

   La política chilena se reorganizó en torno al momento constituyente y dio cabida a una nueva generación de líderes. Gabriel Boric llegó a La Moneda tras las elecciones presidenciales de 2021, que registraron la mayor participación electoral de la historia del país. La apuesta era canalizar el malestar a través de las instituciones, reconectar la democracia con la protección social y dar orientación política al prometido ciclo de transformaciones. Para gran parte de la coalición y el electorado de Boric, el Gobierno y la Convención parecían dos piezas de la misma ola. La esperanza era que la protesta se convirtiera en una arquitectura institucional para crear un cambio material sostenible.

   Boric y el carácter vinculante de la estabilización

   Boric se enfrentó a un camino difícil desde el principio. Su administración asumió el cargo mientras el ciclo constitucional aún estaba abierto, con la esperanza de que el proceso pudiera proporcionar una base renovada de legitimidad. Esa expectativa se desvaneció rápidamente. El 4 de septiembre de 2022, en el plebiscito obligatorio, el borrador de la Convención Constitucional fue rechazado por un amplio margen.2El «Rechazo» obtuvo el 61,86 por ciento frente al 38,14 por ciento del «Apruebo». La participación también fue excepcional, superior al 85 por ciento del electorado, lo que cambió el perfil del electorado efectivo en relación con la era del voto voluntario.

   La derrota de 2022 eliminó el vehículo institucional que podría haber ampliado el espacio para la reforma. Ese cierre se profundizó después de que el segundo intento también fracasara. Se puso en marcha un nuevo proceso, más controlado, con bases predefinidas, una comisión de expertos y una revisión técnica de admisibilidad, que culminó en otro plebiscito. El 17 de diciembre de 2023, el segundo texto propuesto fue nuevamente rechazado. El «en contra» ganó con un 55,76 por ciento frente al 44,24 por ciento del «a favor». Dos derrotas consecutivas consolidaron un efecto de fatiga y reforzaron la lección de que las alternativas percibidas como demasiado alejadas del votante medio probablemente serían castigadas. El resultado práctico fue una lógica vinculante más fuerte de secuencia, cautela y gobernabilidad. El espacio para una redistribución ambiciosa se redujo aún más, no solo por las limitaciones macroeconómicas, sino porque el mandato simbólico de una rápida refundación había sido rechazado dos veces en las urnas.

   Ese cierre político se produjo además de las restricciones macroeconómicas. El ciclo pandémico había creado una base inusualmente alta de capacidad estatal a los ojos de los hogares, al tiempo que dejaba unas condiciones macroeconómicas que requerían estabilización. En la propia planificación fiscal del Gobierno, la estrategia se organizó en torno a la convergencia hacia unos equilibrios estructurales más estrictos, con el objetivo de reducir el déficit estructural que se había ampliado durante el periodo de emergencia. En 2022, la consolidación fiscal fue dramática. Las cuentas y resúmenes presupuestarios oficiales indican que el año cerró con un superávit efectivo de alrededor del 1,1 por ciento del PIB y una disminución real del gasto público de aproximadamente el 23,1 por ciento con respecto a 2021, una contracción excepcional en las últimas décadas.

   La reducción de la incertidumbre y las menores expectativas de inflación son valiosas, pero no se traducen en una mejora visible en la vida cotidiana a la velocidad que necesitan las coaliciones reformistas. Las restricciones tampoco desaparecieron tras el ajuste inicial. En 2024, los informes fiscales oficiales documentaron un déficit efectivo de alrededor del 2,9 por ciento del PIB y un déficit estructural de alrededor del 3,2 por ciento del PIB, lo que confirma que la tensión fiscal se reconfiguró en lugar de resolverse.

   La inflación añadió un segundo canal, más corrosivo. La inflación anual cerró 2022 en el 12,8 por ciento y alcanzó un máximo del 14,1 por ciento en agosto de ese año. La política monetaria se volvió contractiva. La tasa de política monetaria de Chile alcanzó un máximo del 11,25 por ciento antes de descender gradualmente hasta alcanzar el 5,0 por ciento en diciembre de 2024. La desinflación protege los salarios reales a medio plazo, pero lo hace mediante instrumentos que enfrían el crédito y la inversión, con efectos desiguales sobre el empleo y la precariedad. Esto es especialmente perjudicial cuando los hogares tienen altos niveles de deuda de consumo y educativa y comparan la restricción actual con el recuerdo de las transferencias masivas durante la pandemia.

   Por lo tanto, la política social operó dentro de una paradoja. Se esperaba que el Estado actuara a gran escala porque lo había hecho recientemente. El mejor ejemplo es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El IFE se creó como una transferencia extraordinaria durante la pandemia y se amplió con el tiempo, culminando en la fase IFE Universal. En julio de 2021, la comunicación oficial del Gobierno indicaba que el IFE Universal llegaba a 15.805. 563 personas y 7.676.627 hogares.

   El informe resumido oficial de julio de 2021 también señalaba que el 95,8 por ciento de las personas inscritas en el registro social de hogares recibían el IFE en ese momento. En el aspecto fiscal, una cuenta oficial de Dipres informó de que el IFE costó 24.600 millones de dólares entre 2020 y 2021.

   Por lo tanto, volver a los instrumentos específicos supuso un colapso de las expectativas. El Gobierno de Boric sí que puso en marcha medidas importantes. En septiembre de 2022 se activó el Copago Cero para los usuarios de Fonasa en la red pública, eliminando los copagos en la atención institucional. Los informes oficiales del Ministerio de Salud indicaron que, entre septiembre de 2022 y mayo de 2024, se beneficiaron 1 510 227 personas y el ahorro total se estimó en 202 000 millones de pesos. En septiembre de 2025, el Gobierno informó de que 1 919 190 personas se habían beneficiado directamente desde su implementación. La política salarial también cambió, de modo que el salario mínimo mensual aumentó a 539 mil pesos para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años.

   Estas políticas abordaron los gastos sanitarios a cargo de los usuarios, respaldaron los salarios formales y protegieron a grupos específicos. Sin embargo, en el contexto de la reciente inflación, la fragilidad del mercado laboral, el endeudamiento generalizado y un entorno de cierre posconstitucional, muchos hogares percibieron estas medidas como una contención más que como una promesa creíble de mejora sostenida. En otras palabras, las políticas no pudieron reconstruir la integración de la mayoría con la rapidez suficiente bajo las restricciones de la estabilización y en las condiciones políticas creadas por dos derrotas constitucionales.

   El fracaso de la reforma fiscal del Gobierno en marzo de 2023 dificultó aún más su capacidad para financiar una agenda universal más amplia. Sin nuevos ingresos permanentes, la ambición redistributiva se ve obligada a moverse en estrechos márgenes. Aunque la agenda de pensiones se aprobó en enero de 2025, sus efectos no siempre se percibieron como inmediatos. Una política que se aplica gradualmente a lo largo de varios años puede ser fiscalmente responsable y socialmente significativa, pero no lograr un alivio inmediato en el período que importa electoralmente.

   Por qué ganó Kast

   La victoria de José Antonio Kast en diciembre de 2025 marcó la cristalización de una larga secuencia política en la que la promesa de integración se volvió inverosímil, mientras que la experiencia cotidiana de inseguridad y pérdida de control se convirtió en el hecho político más legible. En la segunda vuelta presidencial, Kast obtuvo el 58,16 por ciento de los votos frente a Jeanette Jara, con el 41,84 por ciento con 11.367.113 votos emitidos. La magnitud del margen es importante, pero lo más significativo es lo que ese margen condensaba. Kast no ganó porque Chile se volviera de repente ideológicamente homogéneo. Ganó porque una gran parte del electorado llegó a considerar el orden, la disciplina y la aplicabilidad como las únicas promesas que aún parecían ejecutables dentro de una economía limitada y un panorama institucional fatigado.

   Kast no es un recién llegado que apareció al final del ciclo. Es una figura veterana de la derecha chilena que profesionalizó su candidatura a través de la repetición, la construcción del partido y la disciplina en la agenda. Formado como abogado, construyó una carrera local temprana y más tarde ocupó el cargo de diputado durante varios mandatos. Se presentó por primera vez a la presidencia en 2017 como un outsider respecto a las coaliciones de derecha mayoritarias, luego regresó en 2021 y de nuevo en 2025. Esa trayectoria creó una marca política capaz de sobrevivir a las derrotas, absorber los agravios y normalizar un vocabulario de derecha más duro dentro de la competencia democrática. En 2021, Kast ya era capaz de liderar la primera vuelta y forzar una segunda vuelta, en la que obtuvo el 44,13 por ciento de los votos. Incluso en la derrota, ese resultado lo consolidó como algo más que un candidato de protesta. Señaló que una oferta de extrema derecha podía convertirse en un polo estable de representación, especialmente cuando el centro-derecha parecía fragmentado y la izquierda gobernante se veía obligada a adoptar una política de moderación.

   El vehículo organizativo de esa oferta es el Partido Republicano de Chile. Kast fundó y lideró el partido tras romper con la antigua derecha conservadora, construyendo un partido que se posiciona como más intransigente en materia de orden público, control de la inmigración y conservadurismo cultural que la derecha tradicional que surgió del período de transición. La derecha dominante en Chile ha equilibrado históricamente la favorable actitud hacia las empresas y la ortodoxia macroeconómica con una voluntad pragmática de gobernar dentro del consenso posterior a 1990. El partido de Kast se diseñó para explotar la percepción de que este pragmatismo se había vuelto indistinguible de la inercia administrativa. Su ventaja comparativa era prometer claridad, jerarquía y rapidez, y tratar el lenguaje de los derechos no como un horizonte, sino como una fuente de desorden e indisciplina fiscal.

   Kast también debe interpretarse como un producto de una infraestructura transnacional de derecha que ahora funciona como un atajo geopolítico dentro de la competencia nacional. Mucho antes de la segunda vuelta de 2025, se había integrado en redes que conectan la organización conservadora adyacente al CPAC con actores europeos y latinoamericanos. Su aparición en el CPAC Brasil junto a Javier Milei y Jair Bolsonaro, y su reunión posterior a la victoria con Milei, hicieron que esa alineación fuera públicamente legible. Su posterior gira europea como presidente electo incluyó una agenda compartida con Santiago Abascal en Bruselas, una reunión con Viktor Orbán en Budapest y una parada en Roma con Giorgia Meloni, todo ello organizado en torno a un repertorio familiar de seguridad, migración y orden.

   La victoria de Kast se basó en varios mecanismos. El primero es el agotamiento de la promesa de movilidad. Cuando la expansión educativa se convierte en un sustituto de los derechos universales, puede estabilizar una sociedad muy desigual durante mucho tiempo, pero solo si los beneficios siguen siendo creíbles. Si las mejoras son lentas, parciales o administrativamente complejas, muchos votantes interpretan el retraso no como la paciencia que requiere la democracia, sino como una prueba de que el sistema no puede cumplir sus promesas.

   El segundo mecanismo es el cansancio institucional tras el ciclo constitucional. La apertura constitucional que comenzó tras el levantamiento de 2019 creó un período en el que el gradualismo podía narrarse como un movimiento hacia un destino colectivo. El fracaso de ese proceso erosionó la creencia de que la política puede traducir el conflicto en acuerdos vinculantes. La consecuencia relevante es psicológica y estratégica, más que un simple rechazo de la izquierda3La autoridad estatal chilena encargada de la migración ha documentado que las entradas irregulares alcanzaron un máximo en 2021 con 56 585 casos, y luego disminuyeron en los años siguientes, incluyendo 44 235 en 2023, con nuevas reducciones registradas para 2024 Los votantes se muestran más dispuestos a cambiar horizontes ambiciosos por instrumentos de control inmediatos, recompensando lo que parece aplicable. El discurso de Kast se construye precisamente para ese entorno.

   Un tercer mecanismo es el reordenamiento del miedo cotidiano en torno a la seguridad y la migración. No es necesario que un país tenga niveles catastróficos de homicidios para que la inseguridad se vuelva dominante. Las cifras oficiales de homicidios en Chile siguen siendo bajas para los estándares regionales, pero el debate público se ha visto influido por la percepción de un cambio cualitativo, la dinámica del crimen organizado y el control territorial en barrios específicos, lo que amplifica el miedo incluso cuando los promedios nacionales avanzan lentamente. En ese contexto, una política de ley y orden puede convertir ansiedades dispares en una demanda unificada. La migración se fusionó con esa demanda. En la narrativa de Kast, el problema es la pérdida de control, la solución es la reafirmación del control.

   Un cuarto elemento es la forma en que la experiencia política se convierte en una ventaja en condiciones de decepción. Las repetidas candidaturas presidenciales de Kast, junto con las victorias electorales intermedias de su partido, señalaron un impulso y normalizaron su presencia. En las elecciones de 2023 para el Consejo Constitucional, el Partido Republicano de Chile obtuvo el 35,41 por ciento de los votos y veintitrés escaños, convirtiéndose en la lista más votada en esa contienda. Ese resultado sirvió como prueba de que el partido no era una reacción temporal, sino una organización duradera capaz de ganar.

   En conjunto, estos mecanismos ayudan a explicar por qué la victoria de Kast fue al mismo tiempo un giro hacia la derecha y un evento sancionador. Expresó una demanda de orden que surgió del estancamiento, el endeudamiento y el cansancio institucional, y recompensó a un actor que había pasado casi una década construyendo un vehículo organizativo coherente para esa demanda. En una economía abierta con restricciones de estabilización, en un entorno posconstitucional en el que los horizontes colectivos son débiles y en un panorama social en el que el miedo y el control dominan la percepción cotidiana, la oferta ganadora tiende a ser aquella que convierte la frustración difusa en una única promesa ejecutable. Eso es lo que ofreció Kast, y por eso la victoria debe entenderse como la culminación de un ciclo más largo y no como una conversión repentina.

   Estrategia socialista en una economía abierta

   ¿Cómo es un programa económico socialista creíble en una pequeña economía abierta como la de Chile, donde el tipo de cambio, el equilibrio externo y las expectativas financieras limitan el margen de redistribución, y donde la reproducción social se ha organizado durante décadas a través de servicios privatizados, derechos segmentados y crédito barato? Una respuesta viable debe ser compatible desde el punto de vista macroeconómico y materialmente legible.

   De ello se desprenden dos lecciones políticas. La primera es que la estabilidad debe reivindicarse como parte de una estrategia de clase, en lugar de cederla a la tecnocracia conservadora. La inflación y la depreciación de la moneda castigan primero a los grupos de ingresos bajos y medios, porque aumentan el costo de los productos básicos y erosionan los salarios más rápidamente de lo que se ajustan los contratos. El pico de inflación del 14,1 por ciento en 2022 y el pico de la tasa de política monetaria del 11,25 por ciento no son solo datos macroeconómicos. Son acontecimientos distributivos con consecuencias políticas. Una estrategia socialista que trate la estabilidad macroeconómica como una mera restricción externa se percibirá como una resignación. Una estrategia que ignore la estabilidad será castigada a través de canales de inflación y depreciación que destruirán rápidamente la legitimidad popular.

   La segunda es que, para la izquierda chilena, el modelo de «integración» basado en el acceso tiene un límite estructural que se vuelve fatal en situaciones de volatilidad y crisis. Cuando la inclusión está mediada por los presupuestos familiares, las condiciones crediticias y los precios de mercado, cualquier choque macroeconómico se traduce inmediatamente en estrés cotidiano, y la legitimidad se erosiona más rápido de lo que las reformas pueden repararla. El problema se agrava cuando la expansión de la política social funciona principalmente como un canal de financiación indirecta para la provisión privada, porque el aumento del gasto público puede experimentarse menos como un alivio universal que como una transferencia al gran capital privado que captura rentas en sectores esenciales. En ese contexto, la promesa de integración pierde credibilidad no solo porque es vulnerable a las crisis, sino también porque su significado distributivo se vuelve ambiguo.

   Por lo tanto, una agenda para la desmercantilización de la política social en Chile debe entenderse como una transformación del costo de vida y no como una retórica doctrinal antimercado. Los ciudadanos evalúan los proyectos a través de reducciones concretas en el gasto obligatorio. La renta, el transporte, los copagos sanitarios, la energía y la asistencia son los verdaderos campos de batalla. Copago Cero es importante desde el punto de vista analítico porque señala el tipo de plataforma universal que puede reducir los gastos de bolsillo directamente a gran escala. Los 202 000 millones de pesos que, según se informa, ahorrará la política a los beneficiarios entre septiembre de 2022 y mayo de 2024 muestran la magnitud del alivio que puede generar el diseño universal cuando se aplica a través de una red pública dominante. 4Instituto Nacional de Estadísticas, 2023; Banco Central de Chile, 2024. La misma lógica se aplica a la vivienda y la asistencia. El Estado debe ampliar las plataformas universales que funcionan como opción predeterminada o como referencia reguladora que disciplina los precios privados, de modo que el gasto público se convierta en un alivio verificable en lugar de un flujo de pagos mediado a proveedores con poder de mercado.

   Es poco probable que un programa de izquierda creíble en Chile se parezca a una sustitución total del sector privado. Debería parecerse a una reconfiguración gradual pero irreversible del papel del sector público. Esto significa banca de desarrollo, contratación pública y orientación de las inversiones para cambiar la estructura de la oferta que subyace al costo de la vida. Significa plataformas públicas en materia de salud, asistencia, transporte y energía que reduzcan la volatilidad de los precios y la exposición a los gastos de bolsillo. Significa endurecer la regulación en los mercados cautivos y mejorar las normas laborales que refuerzan la predistribución. Y requiere una base impositiva que pueda financiar la permanencia. El fracaso de la reforma fiscal de 2023 ilustra la fragilidad de la redistribución sin una arquitectura de ingresos estable.

   Por último, la izquierda debe reconstruir un discurso de integración más allá del acceso, que no dependa de momentos excepcionales. Las transferencias por la pandemia crearon un punto de referencia que no puede replicarse de forma permanente. Por lo tanto, un proyecto sostenible debe traducir el recuerdo de la escala en un tipo diferente de permanencia. No cheques de emergencia, sino reducciones permanentes del costo de vida y mejoras permanentes en la seguridad del suministro.

   Ese es el verdadero significado de la crisis chilena para la izquierda tras la victoria de Kast. El electorado no solo votó a la derecha. Votó en contra de la inverosimilitud. Reconstruir la credibilidad requiere un programa que produzca mejoras visibles en la seguridad material y que, al mismo tiempo, sea compatible con la estabilidad en una economía abierta. Sin eso, el reformismo volverá a ser castigado y la demanda de orden seguirá desplazando a la demanda de derechos.
   

   
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10. Drones como bicicletas

    12:01 am Comentarios desactivados en Drones como bicicletas

    El dron Shahed-136, de fabricación iraní, es un arma sencilla. Las alas delta, con una envergadura de 2,5 metros, están fabricadas en fibra de vidrio y terminan en dos estabilizadores verticales fijos. Las aletas de control traseras se accionan mediante servomotores sencillos. El dron lleva un sistema de piloto automático, un receptor de posicionamiento global y un módulo de datos. La propulsión la proporciona un motor básico de cuatro pistones refrigerado por aire, fabricado en aluminio fundido, que produce 50 caballos de potencia para impulsar una hélice de empuje. Aunque está construido según las especificaciones de la aviación, el motor no es muy diferente al de una motocicleta pequeña. El dron puede volar a una velocidad de 185 kilómetros por hora mientras transporta una ojiva de 40 kilogramos a una distancia de dos mil kilómetros.

    Esta sencilla arma ha sumido a la economía mundial en el caos. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra ilegal contra Irán el 28 de febrero, las fuerzas iraníes han respondido lanzando miles de drones Shahed-136 contra objetivos de toda la región. Estos no solo han atacado instalaciones militares, sino también infraestructuras civiles, como refinerías, centrales eléctricas, aeropuertos, hoteles y barcos; los drones han constituido un elemento central de la estrategia de represalia de Irán y han paralizado el tráfico marítimo y aéreo. Los reinos del Golfo, Israel y Estados Unidos han gastado escasos y costosos misiles interceptores para repeler los ataques con drones. La mayoría de las interceptaciones han tenido éxito, pero el gran volumen de lanzamientos significa que Irán ha alcanzado muchos de sus objetivos.

    Para entender el armamento aéreo de largo alcance que define la devastación y el caos cada vez mayores que producen los drones iraníes, los periodistas se han fijado en el coste de la plataforma Shahed-136. Docenas de artículos citan el coste de los drones en un rango de entre 20 mil y 50 mil dólares, una mera fracción del coste de los misiles interceptores, cuyo precio puede alcanzar los 3 millones de dólares. La yuxtaposición de precios está recibiendo mucha atención, ya que ilustra de forma evocadora la rápida evolución de la guerra contemporánea.

    Pero, ¿es precisa la comparación? Un análisis del grupo de expertos del CSIS sobre el precio de la variante rusa del Shahed-136 explica la forma poco científica en que se suelen elaborar estas estimaciones:

    Es difícil saber con precisión el coste unitario de los drones de tipo Shahed de Rusia, que este país fabrica a nivel nacional como «Geran-2». Un experto israelí en misiles, en un artículo publicado en enero de 2023, estimó que el coste por dron era de tan solo entre 20 mil y 30 mil dólares. Más tarde, un analista británico situó la cifra más cerca de los 80 mil dólares, basándose en su inspección personal, en octubre de 2022, de los componentes de un Shahed-136 capturado. Forbes Ucrania ha utilizado 50 mil dólares por Shahed para calcular el coste de los ataques rusos… No obstante, para nuestros cálculos, utilizamos un coste unitario conservadoramente alto de 35 mil dólares, el punto medio entre la estimación de coste más baja y los 50 mil dólares que se citan con más frecuencia.

    La mayoría de las estimaciones del coste del Shahed-136 se basan en el análisis de las variantes rusas y ninguna de las estimaciones públicas parece derivarse de un desglose real de los componentes de un dron de fabricación iraní. Los costes reales de los drones iraníes podrían ser mucho más baratos de lo que se supone, lo que aumentaría aún más la asimetría de costes. Estados Unidos e Israel han impuesto un régimen de sanciones cada vez más severo y una ofensiva militar que sigue intensificándose con el objetivo aparente de hacer que la guerra resulte demasiado «cara» para Irán. A medida que la guerra elegida envuelve la región y siembra el caos en la economía mundial, es imperativo comprender lo «barata» que puede resultar una guerra en la actualidad.

    El costo de un Shahed

    Si Irán estuviera montando el Shahed-136 a un coste unitario de 35 mil dólares, ello representaría un gran fracaso para la industria de defensa del país, que ha dado prioridad al desarrollo de plataformas baratas que puedan producirse en serie con una dependencia limitada de los componentes importados. Los medios de comunicación iraníes no han informado sobre el coste de producción del Shahed-136. Curiosamente, cuando se citan los costes en los informes en lengua persa, se utiliza el mismo rango de 20 mil a 50 mil dólares que aparece en los informes de los medios de comunicación.

    Estados Unidos ha presentado recientemente su versión del Shahed-136, denominada Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Sistema de ataque de combate no tripulado de bajo coste) o LUCAS. El CENTCOM ha informado a los periodistas que el LUCAS tiene un coste de producción de 35 mil dólares. Esta es la prueba más clara de que las estimaciones de coste del Shahed-136 ampliamente difundidas son incorrectas. Aunque es ligeramente más pequeño, el LUCAS es un dron más avanzado, fabricado con materiales compuestos, mayor precisión y más funciones, incluida una terminal Starlink integrada. Incluso si el LUCAS fuera más rudimentario y, por lo tanto, más parecido al Shahed-136, las diferencias inherentes en los costes de los factores que intervienen en la producción de defensa —equipos, materiales y mano de obra, especialmente mano de obra cualificada— entre Estados Unidos e Irán significan necesariamente que los dos drones no pueden tener el mismo coste de producción.

    Esto me pareció desconcertante. La producción de un dron kamikaze en Irán no puede tener el mismo coste que la producción de un dron similar con mano de obra más cara, materiales más avanzados y tecnología más avanzada en Estados Unidos. Así que le pregunté a un académico de Teherán con conocimientos sobre la industria de defensa iraní si alguna vez había visto una estimación del coste de producción de un Shahed-136. Él preguntó por ahí. La cifra que obtuvo fue de 6 mil millones de riales iraníes, es decir, unos 4 mil dólares al tipo de cambio actual. Aunque la verificación de esta cifra excede el alcance de este artículo, nos da una pista de que el Shahed-136 debe ser más barato de producir de lo que se ha informado.

    Un coste unitario de 4 mil dólares es obviamente mucho más bajo que la mayoría de las estimaciones que circulan sobre el coste del Shahed-136. Por un lado, el precio en dólares refleja la importante devaluación del rial iraní, impulsada por la presión de las sanciones sobre el mercado de divisas de Irán. En este sentido, el tipo de cambio puede estar haciendo que los drones parezcan más baratos de lo que realmente son. Por otro lado, el bajo precio podría reflejar la importante indigenización de la producción del Shahed-136. Más que los requisitos monetarios reales, representaría la disponibilidad relativa de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para fabricar estos drones. Mi contacto insistió en que la producción del Shahed-136 estaba ahora totalmente indigenizada, lo que significa que los componentes clave se ensamblan en el país.

    Se ha informado ampliamente que el motor MD-550 utilizado en el Shahed-136 se produce íntegramente en Irán. Los componentes electrónicos podrían ensamblarse en el país utilizando antenas, microcontroladores, reguladores de voltaje y osciladores importados. El montaje nacional de los componentes electrónicos no solo reduce los costes, sino que también ayuda a mantener las cadenas de suministro frente a las sanciones. Los componentes completos, como los sistemas de piloto automático, pueden clasificarse como de «doble uso» y ser difíciles de obtener. Expertos iraníes asesoraron sobre el establecimiento de la línea de producción del dron ruso Geran-2 en el parque industrial de Alabuga, lo que ofrece una visión de las prácticas de producción que probablemente se utilizan en Irán.

    El director de la fábrica rusa ha descrito públicamente un proceso de producción muy eficiente: «Llegan barras de aluminio, con las que se fabrican los motores; la microelectrónica se fabrica a partir de chips eléctricos; los fuselajes se fabrican con fibra de carbono y fibra de vidrio: una localización completa». Según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, la planta de Alabuga produce actualmente entre 18.540 y 24.460 drones al año.

    Dada la dinámica en torno al tipo de cambio y la probabilidad de que el Shahed-136 tenga un contenido limitado de piezas importadas, la mejor manera de comprender la asequibilidad de los drones en el contexto de la base industrial de defensa de Irán es comparar el coste de producción con el coste de otros productos manufacturados, especialmente los que también se fabrican en Estados Unidos. Este análisis puede ayudar a revelar las diferencias en los costes de los factores que subyacen a la producción de defensa en Estados Unidos e Irán.

    Tractores

    Los países en guerra tienen grandes sectores agrícolas y ambos producen tractores a nivel nacional. Por ejemplo, el John Deere 5075M fabricado en Augusta, Georgia, tiene capacidades y características similares a las del tractor ITM 475 de la Iran Tractor Company fabricado en Tabriz, Irán. Ambos utilizan motores de combustión interna de gasolina o diésel, producen alrededor de 75 caballos de fuerza y tienen tracción en las cuatro ruedas. El tractor John Deere tiene una electrónica mejor y utiliza un motor turboalimentado, pero los dos tractores son de tamaño similar, producen una potencia similar y ofrecen una funcionalidad similar.

    A principios del año pasado, el precio de factura del fabricante para el ITM 475 era de 8.500 millones de IRR. Tras deducir el IVA y tener en cuenta el margen bruto de la Iran Tractor Company, que suele rondar el 13 por ciento según los documentos presentados por la empresa, el coste de producción del ITM 475 puede estimarse en 6.800 millones de riales iraníes. Utilizando el tipo de cambio principal a principios de 2025, eso significa que el coste de producción del ITM 475 era de unos 7 mil dólares. En comparación, el precio de catálogo del John Deere 5075M era de unos 50 mil dólares en ese mismo periodo. Teniendo en cuenta un margen bruto de alrededor del 25 por ciento según los documentos presentados por John Deere y unos márgenes de distribuidor de alrededor del 8 por ciento, el precio de factura del fabricante es probablemente de unos 35 mil dólares. En otras palabras, los costes de los factores de un tractor producido en serie son aproximadamente cinco veces más altos en Estados Unidos que en Irán.

    Los cálculos del tractor y los del dron coinciden perfectamente. Si aplicamos la proporción de cinco a uno en los costes de fabricación revelada por la comparación de los tractores al coste de producción de 35 mil dólares de la plataforma LUCAS, el precio de un Shahed-136 fabricado en Irán es de 7 mil dólares. Dicho de otro modo, con los recursos que Estados Unidos gasta en fabricar un LUCAS, Irán puede producir cinco Shahed-136.

    Debido a la dinámica del tipo de cambio, citar un precio en dólares para explicar el coste de producción de los drones iraníes puede ser engañoso. El precio iraní debe compararse con el de un sistema estadounidense similar para revelar la diferencia en los costes de los factores. En última instancia, la conclusión clave aquí es que la producción de un dron Shahed-136 solo requiere tantos recursos y mano de obra para Irán como la producción de un tractor agrícola básico. Por lo tanto, la comparación pecuniaria subestima la viabilidad de que Irán continúe con su actual campaña de drones. La Iran Tractor Company produce 35 mil tractores al año, incluso bajo las importantes restricciones de las sanciones de «máxima presión». Pero un dron tampoco es mucho más complejo de producir que un coche pequeño, y el sector automovilístico iraní produce más de un millón de vehículos de pasajeros al año, con el apoyo de una gran industria del acero y el aluminio y numerosos fabricantes nacionales de piezas. En resumen, Irán cuenta con una prodigiosa capacidad industrial y unas existencias de materiales que pueden pasar de la producción civil a la de defensa en caso de urgencia bélica.

    Las sanciones económicas y los controles a la exportación no lograron afectar la capacidad de Irán para producir drones, dado el bajo costo de la plataforma y el avance hacia la indigenización. Ahora, las fuerzas estadounidenses e israelíes solo pueden recurrir al uso de la fuerza militar para contraatacar el arsenal de drones de Irán. Los ataques aéreos han tenido como objetivo las instalaciones pertenecientes al fabricante del Shahed-136, la Compañía Industrial de Fabricación de Aeronaves de Irán, también conocida como HESA. Pero Irán responderá dispersando la producción de drones en numerosas instalaciones, incluidas ubicaciones subterráneas. Las autoridades estadounidenses también están en conversaciones para adquirir drones interceptores ucranianos como un medio más rentable para defenderse del Shahed-136. Pero estos sistemas, aunque son más baratos que el uso de baterías Patriot o THAAD, solo ofrecerán una mejora marginal en las tasas de interceptación, que ya son cercanas al 100 por ciento.

    El general Hossein Salami, que dirigió el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hasta su muerte en un ataque aéreo israelí el verano pasado, dijo una vez a una audiencia que los avances en la industria de defensa de Irán habían hecho que la fabricación de sistemas de armas fuera «tan fácil como producir bicicletas». El coste real de producción del Shahed-136 sugiere que la afirmación de Salami estaba más cerca de la verdad de lo que a muchos les gustaría.